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Los fétidos olores e insalubridad llevaron a que esta semana, vecinos del barrio Socorro, en la localidad de Kennedy, denunciaran que en una bodega del sector, al parecer, se estaban procesando productos derivados de la carne en precarias condiciones de salubridad y asepsia. En efecto, las autoridades confirmaron que en el lugar se estaba elaborando morcilla, plato típico que consiste en rellenar el intestino de un cerdo o una res con una mezcla de arroz y verduras, adobadas con la sangre del animal, proceso que requiere un exigente control de salubridad que no se contempló.
En contexto: Matadero ilegal que comercializaba carne de equinos fue cerrado en Bogotá
Hasta este lugar llegaron funcionarios de la alcaldía local, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional. En la inspección encontraron heces de roedores en zonas de procesamiento de alimentos, animales rondando, falta de almacenamiento con cadena de frío y contaminación cruzada entre químicos usados para limpieza y los alimentos.
“A pesar de que en ese lugar ya habíamos hecho trabajos de sensibilización, inspección, vigilancia y control, nunca cumplieron con los requisitos mínimos de ley, convirtiéndose en reincidentes, arriesgando la salud de la ciudadanía con la fabricación y venta de ese producto tan apetecido por la comunidad”, señaló Karla Tathyana Marín, alcaldesa de Kennedy. La intervención terminó con el sellamiento del establecimiento por 90 días.
Este caso reabre una discusión de vieja data: la proliferación de mataderos clandestinos en Bogotá, donde no solo se vulneran normas sanitarias, sino que se entrecruzan el maltrato animal, el abigeato y la contaminación ambiental.
San Benito: carne podrida y sangre en el río
La situación no constituye una novedad en la ciudad. En algunos sitios es, incluso, un secreto a voces. Una escena semejante ocurrió hace unos meses en el barrio San Benito, en la localidad de Tunjuelito. Allí, las autoridades sellaron una vivienda de tres pisos que operaba como centro clandestino de procesamiento y distribución de carne en condiciones insalubres que, por decir lo menos, representan una amenaza latente para el vecindario.
Allí hallaron restos animales en descomposición, sangre acumulada y carne almacenada sin refrigeración. En los operativos se evidenció una problemática anexa igual de compleja: los residuos —incluyendo sangre y vísceras— estaban siendo vertidos directamente al río Tunjuelito, que desemboca en el río Bogotá. Este afluente, por décadas, ha recibido los desechos de mataderos y curtiembres que, aprovechando los laxos controles, se han convertido en unos los principales focos de contaminación, afectando los ya frágiles ecosistemas hídricos de la capital y convirtiendo al río en una cloaca a cielo abierto.
Según la investigación, en el lugar se producía “mota”, un subproducto cárnico proveniente del raspado de pieles en curtiembres. Este producto, prohibido para consumo humano, sigue circulando en el mercado informal de Bogotá, usado como insumo para embutidos, empanadas y pinchos. Su bajo precio (entre $900 y $1.500 la libra) lo hace atractivo para pequeños comerciantes y vendedores callejeros. En esa ocasión, las autoridades capturaron a cuatro personas y advirtieron que podrían enfrentar penas de cinco a 12 años de prisión por delitos como corrupción de alimentos y contaminación ambiental.
Otros casos: Fontanar, La Gaitana y Mochuelo Alto
En marzo, en el sector de Fontanar del Río (Suba), la Fiscalía desmanteló un matadero clandestino, donde se sacrificaban bovinos enfermos sin ningún tipo de control. Se incautaron cerca de 1.500 kilos de carne, sebo y hueso, y capturaron a tres personas. Los delitos imputados incluyeron maltrato animal, falsedad marcaria, contaminación ambiental y corrupción de alimentos.
Poco después, en el barrio La Gaitana (también en Suba), rescataron a 19 ovejas y 22 terneros vivos, en condiciones de hacinamiento y desnutrición. También encontraron restos de 28 animales sacrificados, además de 10 canecas con vísceras, sangre y cabezas de ganado. La bodega fue sellada y los animales quedaron bajo custodia del Instituto Distrital de Protección Animal.
En abril, otra operación, en la vereda Mochuelo Alto (Ciudad Bolívar), halló seis canales de bovino en descomposición, listos para ser comercializados. Tres personas fueron detenidas. La operación fue posible gracias a denuncias ciudadanas.
Cifras dispersas
Uno de los problemas estructurales para enfrentar esta realidad es la fragmentación de la información y la falta de consolidación de cifras oficiales. Las instituciones responsables no tienen un sistema unificado que registre los casos, operativos o sanciones relacionados con mataderos ilegales en Bogotá.
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba), por ejemplo, reportó que entre 2024 y lo corrido de 2025 solo recibió dos reportes por posibles mataderos clandestinos. Sin embargo, medios de comunicación han documentado al menos siete operativos de este tipo solo en el primer semestre de 2025.
El Idpyba informa que las actuaciones iniciales dependen de entidades como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Policía Ambiental y las alcaldías locales. Solo cuando se evidencia maltrato animal, se activa su participación. Esta dispersión dificulta el seguimiento de casos, impide identificar patrones y debilita la respuesta institucional. Por su parte, la Secretaría de Salud, al ser consultada, reconoció que no posee cifras unificadas o de fácil acceso sobre operativos o denuncias ciudadanas. Esta opacidad alimenta la informalidad y bloquea políticas de control basadas en evidencia.
Pese a precedentes legales como el Decreto 1500 de 2007 —que regula la cadena de producción cárnica y delega su vigilancia al Invima—, la aplicación en Bogotá y otras regiones ha sido desigual. Muchos pequeños mataderos no pueden cumplir los requisitos técnicos y sanitarios exigidos, lo que ha fomentado la clandestinidad.
Otra arista que pasa inadvertida es la manera en que se llevan a cabo las muertes. De hecho, el decreto habla del bienestar animal, pero sin mecanismos claros de exigencia ni sanciones efectivas. Golpes, transporte inadecuado y sacrificios sin aturdimiento siguen ocurriendo con normalidad en zonas rurales y periféricas, situación que ha sido denunciada por el Idpyba sin que tenga mayores repercusiones.
La falta de inversión pública y apoyo técnico para formalizar pequeñas plantas de sacrificio ha causado un efecto contrario al deseado: la ilegalidad ha crecido y las condiciones sanitarias han empeorado.
Por otro lado, buena parte de la carne que alimenta esta red clandestina proviene de regiones como Guaviare, Caquetá y Meta, donde la ganadería extensiva —muchas veces ilegal— avanza sobre los bosques amazónicos, generando deforestación y operando en entornos de informalidad, ausencia estatal y criminalidad.
En ese contexto ha crecido el abigeato. Estas reses robadas son sacrificadas sin control sanitario y sus partes distribuidas a través de canales irregulares. Muchas terminan en mataderos ilegales en Bogotá, donde, como se ve, la carne es procesada y vendida en mercados populares sin trazabilidad ni condiciones higiénicas.
Los mataderos clandestinos son, así, el último eslabón de una cadena que comienza en la deforestación y termina en el plato del consumidor urbano. En medio quedan animales desprovistos de cualquier tipo de regulación que la promueva: aguas contaminadas y barrios enteros expuestos a enfermedades.
Colombia ha oscilado entre normas permisivas y regulaciones técnicas difíciles de aplicar. Lo que falta no es un nuevo decreto, sino voluntad política, articulación interinstitucional y un enfoque territorial ético y realista. Mientras las cifras sigan dispersas, los controles sean aislados y la informalidad gane terreno, los mataderos ilegales seguirán operando en silencio, y sin ninguna garantía para quienes consumen ni para los animales que allí terminan.
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