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Uno de los primeros retos que tendrá que afrontar el próximo presidente de Colombia está relacionado con el ambiente. El inicio de gobierno se dará en un contexto particular, cuyo inicio ya fue confirmado por el Ideam: un fenómeno de El Niño que será “fuerte o muy fuerte”, y se podría extender hasta 2027.
Los efectos de este fenómeno tienen repercusiones en la agricultura por la falta de agua, en la generación de energía hidroeléctrica por los bajos niveles de los embalses, e incluso en el aumento de la probabilidad de incendios forestales por las altas temperaturas.
Todos estos efectos serán cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático, una crisis que afecta no solo el ambiente, también influye en la economía, la salud, la energía y el desarrollo. Por esto, como menciona el Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF), este cuatrienio (2026- 2030) será determinante para la estabilidad económica, social y ambiental del país. “Las decisiones que se adopten ahora definirán la capacidad de Colombia para reducir los riesgos asociados al cambio climático y la pérdida de biodiversidad, proteger a su población y sostener su desarrollo”.
Aunque, hasta el momento, ni Abelardo De La Espriella ni Iván Cepeda han mencionado públicamente cómo va a enfrentar el fenómeno de El Niño que se avecina, ambas candidaturas cuentan con planes en los que plantean su visión frente a los principales retos ambientales en uno de los países más biodiversos del planeta y la manera como pretenden gestionar sus recursos naturales.
Justamente, sobre el cambio climático, los dos candidatos tienen varios enunciados en sus programas de gobierno. Por su parte, Iván Cepeda se compromete a cumplir y superar el compromiso de reducir en 51% las emisiones de gases efecto invernadero al 2030, y a crear una Plataforma Nacional de Datos de Biodiversidad y Clima gobernada por el Estado, que sirva para desarrollar modelos de inteligencia artificial aplicados a la agricultura resiliente, la gestión sostenible del agua, la prevención de desastres naturales y la conservación de ecosistemas estratégicos.
Por otro lado, Abelardo De La Espriella tiene varias propuestas enfocadas en adaptación y financiación. Una de estas es impulsar inversiones y sistemas de planificación capaces de anticipar riesgos, reducir vulnerabilidad y fortalecer resiliencia de ciudades, sistemas productivos y territorios frente a cambios climáticos futuros. También propone una contribución obligatoria (parafiscal verde) para recaudar dinero y destinarlo a proyectos de restauración, adaptación, entre otros.
Aunque existen diferencias en el enfoque de sus propuestas, las campañas de ambos candidatos tienen varias coincidencias. Los dos hablan de la protección de biodiversidad, reconocen la minería ilegal y otros delitos ambientales como impulsores de deforestación, consideran el agua un recurso estratégico, incluso, plantean una agenda de bienestar animal que incluye desde atención veterinaria pública gratuita o de bajo costo (como propone De La Espriella), hasta la creación del viceministerio de los derechos de los animales (como propone Cepeda).
Sobre este último punto, ha habido varias críticas por parte de científicos que consideran que un enfoque animalista no responde a los conflictos y necesidades ambientales. “El animalismo suma votos, pero reduce un problema complejo a la sintiencia de algunos organismos. El manejo ambiental exige una visión ecosistémica que preserve estructura, función y biodiversidad”, escribió la bióloga Nataly Castelblanco, en sus redes sociales.
¿Dónde están las principales diferencias?
Para Carlos Javier Velásquez, docente investigador y director de la Maestría y la Especialización en Derecho Ambiental y Urbano-Territorial de la Universidad del Norte, la diferencia central entre las dos propuestas es que “De la Espriella formula una política minero-energética de seguridad, crecimiento y abastecimiento; mientras que Cepeda formula una política ambiental-territorial de defensa de la vida, el agua y los territorios, con crítica al extractivismo”.
Por un lado, el programa ambiental de Defensores por la Patria, sostiene que “la política ambiental no puede seguir siendo tratada como un sermón sentimental ni como una lista de restricciones contra el desarrollo, sino como una política de Estado para proteger la vida, ordenar el territorio, producir riqueza y asegurar el porvenir”. Basados en esta idea, la campaña publicó un plan llamado ABC (Agua, Biodiversidad y Comunidades), apoyado por Sandra Bessudo, quien fundó y ha dirigido la Fundación Malpelo y estuvo cerca de ser la ministra de Ambiente de Juan Manuel Santos.
Por otro lado, la mirada del candidato del Pacto Histórico se basa en que, como se lee en su programa de gobierno, “la naturaleza no es una despensa inagotable, sino la base misma de la vida; cuidarla no es un obstáculo al desarrollo, sino la condición de nuestra existencia como sociedad y como especie biológica”.
Estas dos visiones distintas se reflejan en asuntos concretos. Uno de los más notables es el fracking, un tema que abordamos a detalle en este artículo. Esta es una técnica de extracción de hidrocarburos que consiste en inyectar a presión grandes volúmenes de fluidos al subsuelo con el fin de fracturar rocas que tienen atrapado en su interior gas y petróleo.
Esta práctica ha sido cuestionada por sus impactos ambientales: contaminación del agua, aire y suelos, consumo excesivo de agua, contaminación de ríos y acuíferos con productos químicos tóxicos, generación de residuos peligrosos (algunos con presencia de materiales radiactivos), entre otros, según el Ministerio de Ambiente.
En junio del año pasado, ese ministerio radicó el proyecto de ley que busca prohibir, en todo el país, la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de petróleo y gas, así como el uso de fracking. Es la sexta vez que se presenta el proyecto desde 2019, sin que haya logrado su aprobación en el Congreso.
Sobre esta técnica De La Espriella es claro: “hay que hacer fracking a lo que dé”, lo ha repetido en diferentes discursos. Para esto, detalla en su plan ABC que en los primeros 100 días de gobierno desarrollará un marco normativo de los pilotos regulados.
Su posición es completamente opuesta a la de Cepeda, quien rechaza esta práctica. En su programa de gobierno afirma que prohibirá la técnica, así como la exploración y explotación en yacimientos no convencionales; “prácticas que arrasan con el agua, que fracturan el suelo y el subsuelo, que son poco rentables y que envenenan nuestros territorios”.
En su lugar propone priorizar la estructuración de proyectos de transición energética a gran escala. “Desarrollaremos infraestructura portuaria orientada a la transición energética, incluyendo capacidades para energías limpias, hidrógeno y eólica offshore”.
Las distintas miradas de seguridad y biodiversidad
Otro de los puntos en los que no coinciden los candidatos es en el tema de seguridad. Si bien ambos reconocen que hay diferentes amenazas para la biodiversidad, como la minería ilegal y el tráfico de especies, la manera en cómo pretenden abordarlas es muy distinta.
De La Espriella cree que “la política ambiental y la política de seguridad tendrán que hablar el mismo idioma”, por esto propone recuperar el control del territorio a través de presencia militar-policial en las zonas críticas. Mientras que Cepeda propone un enfoque de seguridad humana, “no solamente con la fuerza y con la presencia de la Policía y de la de las autoridades, sino también eliminando las causas de la desigualdad y de la pobreza en primer lugar”.
Para Clara Solano, directora de la Fundación Natura, ambos enfoques son necesarios, pero se deben complementar en un concepto de “seguridad multidimensional”. “No es solo llegar con ejército, atrapar a quienes cometen delitos ambientales, sino que simultáneamente hay que asegurar la presencia institucional, protección de líderes y organizaciones y que esto genere un freno a la deforestación y otras amenazas”.
Estas medidas serían claves para hacerle frente a problemáticas como la deforestación, que en 2025 afectó 72.409 hectáreas, un 6% más que en 2024. Como contamos en este artículo, el enfoque de De la Espriella para combatir esta problemática sería mayormente militarista, mientras que el de Cepeda le apunta a una presencia estatal que “no llegue solo con armas”, sino también con servicios, y a propiciar una conversación permanente entre la Fuerza Pública y los movimientos sociales y comunitarios.
Otra de las estrategias que menciona De La Espriella es fortalecer el Programa Nacional REDD+, iniciativa que ofrece créditos de carbono a países o empresas que sean grandes emisores de CO₂ a cambio de capturar o evitar emisiones a través de proyectos que conserven grandes áreas de bosque. Sin embargo, varios de estos proyectos han recibido críticas por no cumplir con los objetivos de conservación y la falta de transparencia en las ganancias para las comunidades.
Para temas puntuales como la ganadería extensiva, que también ha sido uno de los motores de deforestación en Colombia, Cepeda ha propuesto avanzar hacia sistemas sostenibles y regenerativos como la ganadería silvopastoril, un sistema de producción que integra árboles o arbustos con pastizales y ganado en el mismo terreno, como alternativa a los potreros tradicionales.
De lo que no se habla (directamente)
También hay temas ausentes en los programas de gobierno. Uno de estos, de acuerdo con Solano, es el fortalecimiento y financiación del Sistema Nacional Ambiental de Colombia (SINA), conformado por el Ministerio de Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), institutos de investigación (como el Ideam, el Instituto Humboldt y el SINCHI). Esta red ha permitido, según Solano, “avanzar en propuestas y desarrollos normativos e institucionales para abordar los distintos desafíos que tenemos”.
Para Felipe Roa, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, el próximo gobierno debería basar sus políticas públicas ambientales en evidencia científica generada por el SINA. “Todos se crearon con una razón: generar evidencia para la toma de decisiones. Deberían atender las alertas tempranas, reconocer los focos de deforestación, qué está pasando y cómo se pueden abordar los desafíos”, sostiene.
Sin embargo, el programa de Abelardo De La Espriella propone reformar el SINA. “Colombia necesita abandonar de una vez por todas la visión según la cual la política ambiental es una lista interminable de restricciones, prohibiciones y discursos simbólicos desconectados de la realidad nacional”.
Pero no menciona la financiación. De hecho, una de sus propuestas más fuertes es la reducción del Estado en un 40 %, una propuesta que podría afectar a este mismo sistema. “En las propuestas económicas de candidatos no habla de invertir sino de ahorrar, reducir, y seguramente habrá fusión de ministerios”, asegura Solano, de Fundación Natura.
A los ojos de Pablo Palacios, PhD en Biología y profesor de la Universidad Javeriana, “más que una reestructuración del SINA debemos pensar en cómo las instituciones pueden innovar para enfrentar tres problemas principales: cambio climático, pérdida de biodiversidad y conservación que genere bienestar a las comunidades”.
Otro de los ausentes, (en el programa de Cepeda), son los océanos de Colombia, que representa aproximadamente el 45% de la superficie total del país. Mientras que De La Espriella propone consolidar sus territorios marinos y costeros como activos estratégicos para el desarrollo nacional, la seguridad alimentaria, la resiliencia climática y la conservación de la biodiversidad, su adversario no los menciona.
Tampoco hablan explícitamente de los compromisos internacionales que tiene el país, varios de los cuales tienen plazo para cumplirse en 2030, como el Marco Global de Biodiversidad Kunming Montreal. De hecho, De La Espriella evaluaría retirar a Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), actor clave para la creación, negociación y seguimiento de esos tratados.
Más allá de las propuestas, el reto para el próximo gobierno (además del Fenómeno de El Niño) será traducir estas posturas en políticas que respondan a las realidades de los territorios y a la capacidad institucional del país, y que además, como señala Roa, de Los Andes, tengan como prioridad el desarrollo rural, porque “ahí es donde están las oportunidades de desarrollo, pero también los principales problemas de seguridad y pobreza”.
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