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Además de la caldeada contienda electoral por la Presidencia de la República, otro de los focos preocupantes en Colombia es la delicada situación de orden público que viven algunas regiones del país. Entre ellas la guerra que desatan las disidencias de alias «Iván Mordisco» y “Calarca Córdoba” en zona limítrofe de Guaviare y Meta. Durante la última semana de mayo pasado, un enfrentamiento entre ambos grupos criminales dejó un saldo de 50 muertos en un punto conocido como Barranco Colorado, jurisdicción del municipio de San José del Guaviare y que, a su vez, colinda con el municipio metense de Mapiripan, la cual es territorio de control del bloque Comandante Jorge Suárez Briceño de las disidencias de Calarcá.
Justo la semana que pasó, y en esa misma zona convulsa del país, la Fiscalía General y la Policía pusieron al descubierto una investigación que llevan adelante hace meses y que está relacionado con un fenómeno que afecta gravemente al sur del país: la deforestación. Las autoridades identificaron una red de 17 personas que habrían deforestado más de 52.000 hectáreas entre 2008 y 2026. Dentro de ese expediente, conocido por la Unidad Investigativa de El Espectador, una de las cabezas de esa presunta organización criminal, está un reconocido empresario de la región: el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, punta de la multinacional ítalo-española Poligrow, la cual opera en Mapiripán desde 2008.
El italiano de 60 años, quien se entregó a las autoridades el jueves pasado, fue entre 2015 y 2016 parte de la junta directiva de Fedepalma, el gremio que representa a los productores de palma de aceite en Colombia. Sin embargo, no es la primera vez que el turinés tiene que rendirle cuentas a la justicia colombiana. Hace 10 años, en la páginas de este diario, contamos cómo la Fiscalía lo llamó a juicio por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada y fraude procesal. Entre 2015 y 2016, la fiscal Gloria Smith Gualdrón, quien luego fue removida del caso, inició una investigación para lograr determinar su teoría del caso, la cual tiene puntos de conexión con el reciente expediente de la Fiscalía.
El informe contra Poligrow
Hace una década, cuando por primera vez las autoridades enfilaban baterías contra Vigna, la Fiscalía lo señaló de tejer todo un entramado para quedarse de manera irregular con 1.000 hectáreas de una finca en Mapiripán. Sin embargo, en mayo de 2017, un juez lo absolvió de todos los cargos, y señaló que las pruebas y los testimonios llevados al juicio por la Fiscalía no eran contundentes para hallar como culpable al director de la multinacional, la cual tiene cerca de 7.000 hectáreas sembradas con palma de aceite en ese municipio. En los informes de la investigación, liderada por la fiscal Gualdrón, hacen un recuento pormenorizado de los terrenos que tenían vínculo con Poligrow en esta zona.
En ese listado aparecen los predios que hoy la Fiscalía señala sufrieron graves daños. El principal de ellos es el megaterreno Santa Ana, el cual abarca 120.000 hectáreas y que es propiedad de los nietos de la familia de Dumar Aljure, el guerrillero liberal de los años cincuenta. Cinco integrantes de esa familia, que son hermanos del congresista William Aljure, fueron capturados el pasado miercoles en Villavicencio y les fueron imputados cargos por ecocidio, aprovechamiento ilícito de recursos naturales, concierto para delinquir y fraude procesal. Ese extenso lote, que equivale aproximadamente a 168.000 canchas de fútbol, tiene un valor histórico, pues el guerrillero liberal recibió esos terrenos al mismo tiempo que fue amnistiado por la dictadura militar de Gustavo Rojas Pinilla. Según el ente investigador, 1.910 hectáreas de ese predio fueron deforestadas.
Los investigadores sostienen que “la eliminación de la cobertura boscosa no corresponde a un evento aislado de tala, sino a una fragmentación ecosistémica planificada”. Además, peritajes del CTI y reportes del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (Sinchi) para señalar que el bosque natural y las sabanas existentes en el área fueron sustituidos por 29 hectáreas de palma de aceite, infraestructura agroindustrial y actividades de ganadería extensiva. A partir de esas evidencias, el informe afirma que “los Aljure (…) y Poligrow, representada por el ciudadano italiano Carlo Vigna Taglianti, conocían que debían eliminar el bosque y lo hicieron voluntariamente”.
En materia de contaminación de fuentes hídricas, los documentos conocidos por este diario señalan que existirían elementos para investigar un presunto aprovechamiento ilícito de recursos naturales y daños sobre ecosistemas acuáticos por parte de Poligrow. Según el documento, durante las inspecciones técnicas y la revisión de información aportada por las autoridades ambientales se estableció que las operaciones agroindustriales requerían un uso intensivo del recurso hídrico, especialmente para el funcionamiento de la planta extractora de aceite de palma. Los investigadores sostienen que “la operación genera una alta carga orgánica que (…) puede causar eutrofización y contaminar fuentes hídricas”, advirtiendo que este fenómeno puede alterar la calidad del agua y afectar la fauna y flora asociadas a estos ecosistemas.
El informe también señala que, de acuerdo con información de Cormacarena, “la empresa utiliza aguas superficiales del Caño Macondo”, y concluye que “cualquier uso actual del agua para mantener el cultivo es un aprovechamiento sin título legal”, al indicar que no se habría acreditado la existencia de los permisos ambientales requeridos para determinadas actividades descritas en el expediente. Asimismo, los investigadores reportaron que “se observaron emisiones visibles de humo desde la planta extractora” y advirtieron sobre el riesgo de que los residuos derivados del procesamiento industrial de la palma pudieran afectar cuerpos de agua cercanos. Con base en estos hallazgos, el informe sostiene que “el aprovechamiento ilícito se configura al ejercer una actividad agroindustrial de gran escala prescindiendo de la licencia ambiental”, una hipótesis que deberá ser debatida y sustentada por la Fiscalía durante las etapas posteriores del proceso judicial.
El inicio de la investigación por deforestación y otros delitos ambientales
En 2020, funcionarios del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) fueron los primeros en alertar que, aparentemente, en Mapiripán, estaban deforestando a gran escala. Diecisiete informes de esta entidad gubernamental, emitidos entre 2020 y 2023, identificaron 624 polígonos de deforestación en el megapredio Santa Ana. Según los informes, las áreas intervenidas correspondían originalmente a bosque natural y sabanas, antes de ser transformadas para el establecimiento de 29 hectáreas de palma de aceite y actividades de ganadería extensiva.
La hipótesis de los investigadores sostiene que el esquema comenzó con la ocupación y protocolización de grandes extensiones de baldíos de la Nación, que posteriormente fueron fragmentados, transferidos y explotados económicamente bajo una apariencia de legalidad. Una supuesta acumulación de baldíos que la Contraloría General denunció en 2017, pero que nunca tuvo eco en los estrados judiciales.
A partir de esa fragmentación, afirman fuentes del caso, las tierras fueron divididas en 60 predios y transferidas a terceros mediante escrituras públicas y contratos de posesión. Los investigadores describen esta etapa como un proceso de “fraccionamiento estratégico” destinado a dispersar la titularidad aparente de los terrenos y evitar alertas sobre la concentración de grandes extensiones de tierra.
Sin embargo, el núcleo central de la teoría del caso gira alrededor de la relación entre la familia Aljure y el empresario italiano Carlo Vigna Taglianti, fundador y directivo de Poligrow. Según los investigadores, los Aljure actuaron como poseedores históricos del predio Santa Ana, mientras que Vigna y las sociedades vinculadas a Poligrow aportaron el capital, la infraestructura agroindustrial y la capacidad empresarial para desarrollar proyectos productivos en la zona.
El informe sostiene que esta alianza se materializó mediante contratos de compraventa de posesión de la tierra, así como a través de la constitución de sociedades comerciales como Ganadería Santa Ana S.A.S., de la cual hacen parte los hermanos Aljure Peña y el italiano.
El dueño de Poligrow y las empresas asociadas
El proyecto palmicultor está soportado por una red corporativa con presencia en Colombia, España, Italia, Reino Unido, Brasil, Uruguay y Panamá. La casa matriz del grupo, según la Fiscalía, es Poligrow Inversiones S. L., con sede en España, y alrededor de ella girarían varias sociedades utilizadas para actividades agrícolas, energéticas y financieras. un informe de Indepaz identificó al menos 11 empresas vinculadas al proyecto empresarial. Entre ellas aparecen Poligrow Colombia Ltda., Poligrow Agroindustrial S. A. S., Ita Aceites Vegetales S. A. S., Fundación Poligrow, Electrimapiri S. A. E. S. P., Poligrow Servicios Agrícolas I, II, III y IV S. A. S. y Ganadería Santa Ana S. A. S. De esta última forma parte la familia Aljure.
El documento destaca que Carlo Vigna Taglianti figuró como representante legal o directivo en varias de estas compañías, incluyendo Poligrow Colombia, Poligrow Agroindustrial, Ita Aceites Vegetales, Fundación Poligrow y Ganadería Santa Ana. Uno de los nombres que aparecen en los expedientes de la Fiscalía es el de Agostino Re Rebaudengo, quien tiene el 10 % de las acciones de Poligrow Inversiones S. L., la casa matriz de la empresa palmicultora. Este empresario italiano es reconocido por su trayectoria en el sector de las energías renovables. Es fundador y presidente de Asja Ambiente Italia S. P. A., una compañía especializada en la producción de energía a partir de fuentes renovables y en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
En 2013, “La Silla Vacía” reveló que Re Rebaudengo acompañó a Carlo Vigna Taglianti a una reunión con el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en momentos en que el Incoder evaluaba demandar a Poligrow por una presunta acumulación irregular de baldíos. Una denuncia que luego hizo la Contraloría, pero que jamás tuvo eco en lo judicial. Los reportes periodísticos también han descrito a Re Rebaudengo como una figura influyente dentro del sector empresarial italiano. Aunque en la actual investigación la Fiscalía no le atribuye conductas delictivas a Rerebaudengo, en los documentos del primer proceso lo catalogó como “indiciado” junto al abogado de Poligrow, Wilson Saray Palacios, asesinado en Meta, en 2019.
Este diario se contactó con Vigna Taglianti para conocer su versión de los hechos. Sin embargo, solo envió una carta en la que señala: “Quedamos confiados en la actuación de la justicia y estamos a la espera de que se termine la investigación y se llegue a la eventual formulación de imputación, lo que nos permitirá conocer con más precisión los hechos objeto de la investigación y la responsabilidad que nos endilga. Preferimos no referirnos a asuntos sobre los cuales no estamos seguros y pueden o no ser tema de investigación por parte de la Fiscalía; y que, en caso de serlo, serán objeto de debate antes un juez; lo anterior, no con el ánimo de restringir la labor periodística, sino de dar lugar a lo importante, dejando de lado la información que no es pertinente o necesaria para dar claridad de nuestro actuar. De nuestro lado tenemos la tranquilidad de haber siempre obrado conforme a la ley colombiana y en el interés de llevar desarrollo al municipio de Mapiripán”.
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Por David Escobar Moreno
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