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A falta de los debates entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, las dos campañas que buscan llegar a la Casa de Nariño para suceder a Gustavo Petro también han apostado por trasladar parte de la contienda electoral al terreno jurídico. Cada candidatura juega sus cartas con las que, de paso, esperan conquistar electorado antes de la jornada del próximo 21 de junio.
La jugada no es nueva. Durante meses, tanto Cepeda como De la Espriella han adoptado esta estrategia en medio de una disputa electoral marcada por acusaciones y señalamientos. Desde “el heredero de las Farc” hasta “aliado de paramilitares”, han sido los recursos con los que las campañas refuerzan sus discursos y que hasta el último día de las elecciones, parece, serán banderas que no se bajarán.
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En una misma jornada los dos aspirantes presidenciales dieron un paso similar. Desde Barranquilla, el senador Iván Cepeda anunció que interpondrá este martes una denuncia penal contra Abelardo De la Espriella y uno de sus jefes de campaña, Joaquín Gutiérrez, por supuestamente “participar del desfalco del sistema de la salud”. El señalamiento tiene varios componentes relacionados a presuntas actuaciones que —dijo el aspirante— tocan con administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación y peculado por apropiación oficial diferente.
En su comparecencia dijo que De la Espriella y su firma de abogados, De la Espriella Lawyers, supuestamente recibieron un contrato que ascendía a los COP 18.000 millones con la Salud Vida EPS, justo cuando esta se encontraba en proceso de liquidación por orden de la Superintendencia de Salud en el año 2018. “Hubo pagos de defensa jurídica con recursos públicos de salud”, afirmó. Además, agregó que Gutiérrez aparece en “los pagos Salud Vida y otras EPS de paramilitares (…) el señor controla Amritsar IPS. Él figura en su junta directiva desde hace varios años, concretamente desde del año 2012. Es decir, el señor Gutiérrez es un empresario de la salud y al mismo tiempo el jefe de la campaña electoral”.
La respuesta, casi que inmediata, fue la de ampliar la acusación que De la Espriella había hecho a varias figuras políticas que están próximas o ligadas a la campaña Cepeda. “Existe una alianza con los politiqueros corruptos de siempre para comprar votos”, dijo el candidato hace una semana, cuando acusó a más de una decena de congresistas y actores políticos. Pero, además, este lunes agregó en su señalamiento los nombres de “la viceministra de Defensa, Angélica Verbel, y Luis Llinás (ex-DIAN y ex-UIAF) en otros departamentos; y en Risaralda, Rodrigo Toro, exalcalde de Santa Rosa de Cabal”. Horas antes, desde Buga había acusado de un supuesto constreñimiento al electorado a Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño.
Esas acusaciones, sin embargo, no han sido llevadas a la justicia colombiana, sino que el abogado aprovechó su cercanía con autoridades estadounidenses y las remitió al subsecretario de Estado, Christopher Landau, pues este aseguró que Estados Unidos se encuentra vigilando la compra de votos en Colombia.
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Ahora bien, Cepeda también ha tocado los terrenos internacionales, pues la semana pasada anunció que llevaría ante la Corte Penal Internacional a De la Espriella por supuestos vínculos con paramilitares. Le acusa, entre otros, de complicidad en el reclutamiento de menores por parte de esas estructuras armadas. En Defensores de la Patria negaron la acusación y dijeron que los delitos denunciados por Cepeda ya habían sido investigados. “La única manera de hacer política que conoce Iván Cepeda es mediante montajes judiciales”, afirmó De la Espriella.
Pero la contienda en los tribunales con amplios tintes electorales también la desarrollan otros actores del escenario político. El que más ha entrado en ese terreno es el presidente Gustavo Petro, quien por estos días cuestionó la supuesta participación indebida en política del gobernador Erasmo Zuleta en la campaña presidencial. La acusación tuvo lugar por la presentación de un video en el que se invitaba a votar por De la Espriella en la Feria de la Ganadería de Córdoba. Por ese caso, la Procuraduría le abrió al mandatario regional una investigación preliminar. El jefe de Estado también ha hablado de un intento de intervención extranjera en el proceso colombiano por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.
No obstante, ese mismo organismo, al igual que el Consejo de Estado, ya ha hecho varios llamados de atención al mandatario nacional por una supuesta y reiterada participación en política. Antes de los comicios de primera vuelta, el procurador General, Gregorio Eljach, le dijo a Petro que “su condición de jefe de Estado no lo exime de su rol como servidor público; al contrario, lo obliga a ser el primer guardián de la Constitución y de la ley, lo que incluye la prohibición absoluta de indebida participación en política electoral”. El ministerio público también tiene indagaciones abiertas contra varios ministros por la misma conducta por la que indaga ahora al gobernador de Córdoba.
Esa misma conducta tiene en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por lo menos 12 procesos contra el presidente, entre ellos está con el que incluso la representante Gloria Arizabaleta le quiso suspender del cargo hasta el cierre de las urnas el 21 de junio. El caso no prosperó y tuvo rechazo generalizado en el país político, a la par que los sectores de oposición hablaron de un “autogolpe”.
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El componente jurídico, al menos en el caso Cepeda, ha tenido un protagonismo marcado, pues fue la disputa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez la que le dio el impulso final para entrar en la carrera presidencial. Y es que la condena en primera instancia del líder natural del Centro Democrático –que hoy respalda la candidatura de De la Espriella– en julio de 2025 fue el empujón definitivo para un anuncio que llegó a finales de agosto del mismo año bajo las banderas del Polo Democrático.
Además, el pasado de De la Espriella como abogado y la defensa de figuras como David Murcia Guzmán, Salvatore Mancuso, Alex Saab, Jorge Pretelt o los primos Nule han sido combustible para que sectores oficialistas, incluido el presidente Petro, señalen muchas de las posturas que este candidato hoy defiende.
Pero es que en misma medida desde los sectores opositores vinculan a Cepeda con grupos armados, especialmente con las Farc. Utilizando las fotos del proceso de paz de La Habana, en el que Cepeda sirvió como mediador, lo tildan de “heredero” de ese grupo armado e incluso han asegurado que el candidato oficialista “legitima” al Eln. Esas acusaciones encuentran un rechazo rotundo desde todos los sectores de izquierda.
El panorama después de las elecciones del 31 de mayo no ha cambiado. Esa contienda inició con Cepeda cuestionando el uso de la camisa de la Selección Colombia, y otros símbolos patrios, por parte de De la Espriella en actos proselitistas. Su queja se fue a terrenos judiciales y derivó en una prohibición por parte del Tribunal Superior de Bogotá para emplearlos en escenarios políticos. No obstante, la Corte Suprema de Justicia dio reverso a esa medida.
Y al encontrar una prohibición de realizar actos públicos para dar altavoz a sus mensajes políticos –que en ambas campañas han buscado esquivar– el escenario del debate de los últimos días de campaña será el de los tribunales a través de numerosas denuncias y señalamientos. Así llegará Colombia a la segunda vuelta que definirá al sucesor de Petro en la Casa de Nariño, en medio de relatos que se han reforzado en ambas campañas afirmando que se busca evitar “que nos roben las elecciones”.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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