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Las autoridades suelen medir la seguridad y mostrar resultados a partir de indicadores como cantidad de homicidios, hurtos o capturas. Sin embargo, esa ecuación suele comunicarse sin los indicadores de un componente menos visible pero fundamental a la hora de determinar la capacidad del Estado para garantizar la convivencia: lo que ocurre después de que se abre un proceso por una conducta que infringe las normas de convivencia ciudadana.
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Un reciente informe de la Personería de Bogotá ahondó en las circunstancias de la administración de justicia en la ciudad y concluyó que la capital enfrenta un represamiento que, si bien responde a un problema estructural de años, ha ido creciendo. Según los datos revelados por la entidad, actualmente existen 1.487.091 expedientes policivos abiertos en Bogotá, una cifra que por sí sola refleja el tamaño del desafío institucional.
Pero más preocupante que el volumen acumulado es lo que ocurre al interior de esos procesos.
La revisión realizada por la entidad encontró que 931.790 expedientes, equivalentes al 62 % del total, no cuentan con una autoridad asignada para adelantar su trámite. Así las cosas, hoy, seis de cada diez casos, entran a un sistema que evidencia serias dificultades para tramitar procesos y permanecen sin una autoridad asignada para adelantar su trámite. Además, apenas el 5,8 % registra actuaciones sustanciales, es decir, avances orientados a resolver de fondo las controversias o comportamientos que dieron origen a cada caso. En otras palabras, la mayoría de los procesos permanece estancado en etapas preliminares o sin movimientos significativos.
El hallazgo alerta por una dificultad que va más allá de la congestión administrativa. Los expedientes policivos constituyen una de las principales herramientas con las que cuenta el Estado para hacer cumplir las disposiciones del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la norma que regula comportamientos cotidianos relacionados con el espacio público, el ruido, los conflictos vecinales, la actividad económica, el porte de armas y otros asuntos que afectan la convivencia en las ciudades.
Por eso, detrás de cada expediente abierto existe una actuación institucional que, al menos en teoría, debería concluir con una decisión capaz de corregir una conducta, imponer una medida o resolver un conflicto. Pero si algo deja claro el informe de la Personería, es que la ciudad está lejos de ese escenario.
La magnitud del represamiento se refleja en otro dato que ayuda a entender el panorama: el 94,2 % de los expedientes abiertos no registra actuaciones sustanciales. Es decir, la inmensa mayoría aún no ha llegado a etapas que permitan una resolución efectiva de los casos.
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“Un saludo a la bandera”
Para Daniel Amado Murillo, profesor de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, el informe hace mella en lo que “no es una novedad”: las limitaciones estructurales en la capacidad institucional para responder al volumen de actuaciones que recibe el sistema.
“Que apenas el 5,8 % de los expedientes registre actuaciones sustanciales es una cifra muy baja; un saludo a la bandera, algo irrisorio. Significa que la gran mayoría de los procesos no ha avanzado hacia una decisión de fondo, lo que termina afectando la capacidad de respuesta institucional frente a conflictos que impactan la convivencia ciudadana”, explica.
Aunque los procesos policivos son distintos de los procedimientos penales que tramitan jueces y fiscales, el académico considera que ambos fenómenos comparten un problema común: la dificultad del aparato estatal para evacuar oportunamente el volumen de casos que recibe.
“El cuello de botella aparece después de la actuación inicial. Se hacen procedimientos, se abren expedientes y se registran actuaciones, pero posteriormente el sistema encuentra dificultades para procesar todos esos casos y transformarlos en decisiones efectivas”, señala.
Según Murillo, la pandemia marcó un antes y un después. Aunque el sistema ya enfrentaba dificultades antes de 2020, el incremento de procesos registrado en los años posteriores terminó profundizando un rezago que hoy supera la capacidad institucional para resolver los casos oportunamente.
“En últimas, lo que el grueso de la ciudadanía lee de estas situaciones es un sistema colapsado en el que los conflictos cotidianos no hacen mella y, en consecuencia, la confianza en las instituciones se sigue minando y la denuncia se sigue debilitando”.
La deuda pendiente en los casos por porte de armas
Entre los hallazgos más preocupantes del informe figura el comportamiento de los expedientes relacionados con porte de armas.
Desde la entrada en vigencia del actual Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en 2017, Bogotá ha abierto más de 1,2 millones de expedientes por dicha conducta. Sin embargo, 507.800 continúan activos y, de ellos, cerca de 392.000 no cuentan siquiera con una dependencia asignada para adelantar el trámite correspondiente.
La cifra resulta especialmente significativa porque el porte de armas ha sido una de las conductas sobre las cuales distintas administraciones distritales han concentrado esfuerzos de control durante los últimos años, en medio de debates recurrentes sobre seguridad ciudadana y violencia urbana.
Según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad, en 2025 las autoridades lograron incautar más de 1.700 armas de fuego en Bogotá, en medio de más de 34.000 capturas por distintos delitos. Sin embargo, el informe advierte que cientos de miles de esos procesos continúan sin una definición de fondo.
Para Murillo, el represamiento de este tipo de procesos envía una señal preocupante sobre la capacidad del sistema para transformar las actuaciones de control en decisiones concretas.
“Cuando se acumulan cientos de miles de expedientes sin resolver, la discusión ya no es únicamente cuántos procedimientos se realizan, sino qué tan efectiva es la capacidad institucional para darles trámite y producir resultados. Sobre todo cuando hablamos de un delito que genera afectación grave a la seguridad ciudadana como el porte de armas”, afirma.
Un problema que revela las tensiones de la ciudad
Más allá de las cifras, el informe ofrece una fotografía de las tensiones que enfrenta Bogotá para gestionar los conflictos derivados de la convivencia urbana.
Buena parte de los expedientes policivos nace de situaciones que ocurren diariamente en el territorio. En ese sentido, los casi 1,5 millones de expedientes abiertos no representan únicamente una acumulación de trámites, también reflejan la enorme demanda de intervención institucional que genera una ciudad de más de ocho millones de habitantes.
El represamiento también tiene una dimensión territorial. La Personería encontró que La Candelaria concentra la mayor proporción de expedientes en curso (62,8 %), seguida por Los Mártires (55,8 %), Suba (52,7 %) y Ciudad Bolívar (51,9 %). El dato sugiere que las dificultades para tramitar y cerrar procesos no se distribuyen de manera uniforme en Bogotá y que algunas zonas de la ciudad enfrentan una presión particularmente alta sobre las autoridades encargadas de gestionar los conflictos de convivencia.
La preocupación de la Personería radica en que la capacidad estatal para procesar esos conflictos parece avanzar a un ritmo considerablemente menor que la velocidad con la que se producen.
La profundidad del rezago queda ilustrada en un hallazgo excepcional: la Personería encontró expedientes que siguen abiertos desde 1985, 1986 y 1987. Es decir, procesos que llevan cerca de cuatro décadas sin cerrarse.
Las causas detrás del represamiento
La Personería atribuye parte del problema al cierre de las inspecciones de descongestión, dependencias creadas para evacuar procesos acumulados y que, según el informe, permitían cerrar cerca de 36.000 expedientes mensuales. Tras su desaparición, la capacidad de cierre habría descendido hasta cerca de 24.000 casos por mes.
Aunque el organismo considera que esta decisión contribuyó al aumento del rezago, expertos coinciden en que el problema tiene raíces más profundas.
Para Murillo, las cifras sugieren la necesidad de revisar la estructura institucional encargada de tramitar estos procedimientos y fortalecer la capacidad operativa de las entidades responsables. Algo que se ha dicho con insistencia.
“Cuando se observa un volumen tan alto de expedientes represados, es evidente que existe una discusión pendiente sobre los mecanismos con los que se gestionan estos procesos y sobre la capacidad institucional disponible para atenderlos. El país necesita avanzar en ese sentido, al paso que vamos llegará un punto insostenible”, sostiene.
Por ahora, el informe de la Personería deja una conclusión difícil de ignorar: Bogotá no solo enfrenta desafíos relacionados con la seguridad y la convivencia. También enfrenta crecientes dificultades para procesar institucionalmente los conflictos que genera la vida cotidiana de una gran ciudad.
Al final, el informe no solo retrata una montaña de expedientes acumulados. También revela una paradoja de la ciudad: mientras las autoridades producen miles de actuaciones para controlar los conflictos de convivencia, una parte creciente de esos casos queda atrapada en un sistema que parece avanzar más lento que los problemas que intenta resolver.
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