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En las campañas de los dos aspirantes a suceder a Gustavo Petro en la Casa de Nariño saben bien que, más allá de las encuestas y los choques vía redes sociales, este 21 de junio se jugará un partido cerrado en el que solo un puñado de votos podría marcar la diferencia. Es por esto que tanto Abelardo de la Espriella como Iván Cepeda no solo apuntan a las estrategias digitales, las tácticas para conquistar al centro y la plaza pública, sino también a la política tradicional, la de esas estructuras que llevan varias décadas demostrando su maestría para organizar electorados y asegurar sufragios.
En las últimas horas, ambas orillas llevaron a la cancha a algunos de los nombres más sonados del poder regional, puntualmente a varios gobernadores que tienen a sus redes políticas jugadas con uno u otro candidato. El aspirante del movimiento Defensores de la Patria señaló a los mandatarios de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y de Boyacá, Carlos Amaya, de supuestamente estar participando en una alianza de “politiqueros corruptos” para “comprar votos” en favor de Iván Cepeda. Sin embargo, hasta el momento, no hay denuncias formales, solo un llamado del candidato a Estados Unidos para que ponga una lupa sobre estos asuntos.
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En la esquina del oficialismo no están quietos. Uno de los primeros en fijar la mirada en la disputa regional fue el presidente Gustavo Petro, quien de hecho ha realizado varias giras por departamentos para defender la continuidad de su modelo. El jefe de Estado apuntó contra el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, a quien cuestionó por la presentación de una propaganda de De la Espriella en la Feria de la Ganadería que se realiza en ese departamento y la cual, según indicó, se financia con recursos públicos. El mensaje caló rápido en la campaña de Cepeda, pues el abogado Miguel Ángel del Río, apoderado del candidato en otros escenarios, anunció que pedirá ante la Procuraduría la suspensión de Zuleta por participación indebida en política.
Otro de los mandatarios de corte opositor al actual gobierno sobre el que pesa una queja del mismo tipo es Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, denunciado por Esteban Restrepo, secretario general de la Supersalud que maneja Daniel Quintero. Según la petición, Rendón ha publicado videos en los que habla de presiones de grupos armados para que la ciudadanía vote “en favor del candidato de la izquierda”. También existe un caso similar en contra de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y férreo opositor del petrismo.
Zuleta y Rendón no se han referido puntualmente a los señalamientos, que ya estudia la Procuraduría, pero ambos siguen publicando en sus redes sociales mensajes en contra de la actual administración. Por otra parte, los gobernadores Escobar y Amaya han rechazado los pronunciamientos de De la Espriella. El primero dijo que el abogado está estigmatizando a todo Nariño y el segundo aseguró que “Boyacá está por encima de cualquier campaña”.
El ente de control disciplinario aún no ha tomado medidas sobre los gobernadores, pero ya suspendió a alcaldes de municipios como San Onofre (Sucre), El Paujil (Caquetá), Carmen del Darién (Chocó), entre otros. En esta lista entraron la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez; el embajador de Colombia en Brasil, Alfredo Saade; y el ahora exdirector de la UNGRD, Carlos Carrillo. Cabe anotar que el propio presidente Gustavo Petro entró en el terreno de la participación indebida en política y, pese a las críticas y las investigaciones sobre el tema en la Comisión de Acusaciones, mantiene sus pronunciamientos.
Más allá de estos casos que tendrán que resolverse (o no) en los ámbitos competentes -hay más de 500 casos en la Procuraduría-, de fondo hay una tensión por la dirección que las grandes casas políticas le darán a sus maquinarias en esta segunda vuelta. El mapa de la primera vuelta ya planteó una parte de la disputa, pues está claro que el oficialismo controla el Caribe, el Pacífico y la Amazonía, mientras la fuerza de “El Tigre” se concentra en el centro del país, Antioquia y el Eje Cafetero.
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Solo en la región Caribe hay más de 4,2 millones de votos en juego. Prueba del interés de los candidatos en estos departamentos son las giras de De la Espriella por Cartagena y Montería y el cierre de campaña de Cepeda en Soledad (Atlántico), donde en primera vuelta logró más de 100.000 apoyos. En esta parte del país, las grandes casas tradicionales (Char, Blel, Besaile, Bechara) están con De la Espriella e incluso en algunos círculos políticos de esa región se habla de que grupos como el de los Torres, que en 2022 respaldó a Petro, han tenido acercamientos con el candidato de la derecha.
En Santander, donde ganó De la Espriella en primera vuelta, los apellidos Díaz Mateus hacen parte de las fuerzas que lo apalancan, esto luego de haber apoyado a Paloma Valencia. Entre los principales alfiles de este grupo están el gobernador Juvenal Díaz y el senador electo Luis Eduardo Díaz Mateus. En Boyacá aparece el nombre de Carlos Amaya, cuyo grupo político, que incluye a media docena de congresistas, entre salientes y electos, le busca votos a Cepeda. Esta estructura toma relevancia ante los 377.000 votos que logró el abogado en este departamento, para imponerse a Cepeda, que obtuvo 216.000.
En el Valle hay un escenario similar, pero en este caso es De la Espriella quien busca remontar, pues el Pacto Histórico se quedó con 1.119.000 votos frente a los 710.000 de la contraparte. La ventaja de la izquierda es indiscutible y se ha mantenido durante los últimos cuatro años, pero en la otra esquina, con figuras como Jhon Milton Rodríguez, Christian Garcés y Carlos Fernando Motoa, así como con movidas como la de cerrar la campaña en Buga, buscan revertir el panorama.
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En el Huila y Tolima, las fuerzas liberales, conservadoras y de otros bloques tradicionales mantienen su respaldo al movimiento Defensores de la Patria. María Lucía Villalba, hija del gobernador huilense Rodrigo Villalba, ya anunció su respaldo a las toldas de De la Espriella. Así mismo, las fuerzas tolimenses de los Barreto hicieron lo propio.
Además de Bogotá -donde Cepeda y De la Espriella también han reforzado sus campañas- y del voto indeciso, los candidatos buscan el favor de las maquinarias. En los tableros de ambos aparecen decenas de municipios de Córdoba, Atlántico y Sucre, donde, según sus estimaciones, hay más de 300.000 votos en juego. Valle y Boyacá también están en disputa por la alta probabilidad de crecimiento de ambos sectores. Con la lupa de la Procuraduría y las peleas al alza, en ambas campañas emplearán a fondo las menos de 120 horas que separan al país de la decisión final para sumar los votos que podrían sentar el precedente.
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