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Siete bloqueos mantienen paralizada la Troncal del Caribe, un corredor clave del norte del país que conecta Magdalena con La Guajira. El comercio está cerrado, mientras turistas y campesinos se encuentran atrapados, y organizaciones de derechos humanos exigen un corredor humanitario para evacuarlos. La situación se originó tras una operación de las Fuerzas Militares, el pasado 15 de junio, que derivó en combates entre la fuerza pública y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). En represalia, este grupo criminal anunció un paro armado en el corredor vial, que hoy afecta el tránsito desde Santa Marta (Magdalena) hasta Dibulla (La Guajira). Los combates, que iniciaron en la vereda Quebrada del Sol, en zona rural de Santa Marta, también obligaron al confinamiento de comunidades indígenas kogui.
Aunque los bloqueos se mantienen desde ayer, la gobernadora de Magdalena, Margarita Guerra Zúñiga, denunció una “inexplicable demora” por parte de la Policía “para intervenir y restablecer la movilidad en la Troncal del Caribe”. La funcionaria señaló que actualmente “hay cientos de ciudadanos afectados: menores de edad, adultos mayores y turistas atrapados en medio de siete bloqueos que mantienen aislada una parte fundamental de nuestra región”. Guerra agregó que tropas del Ejército se encuentran listas para intervenir, pero “la directriz para el ingreso de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) no llega. Cada hora de retraso agrava la situación humanitaria y pone en riesgo a la población civil”.
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Al inicio de la operación militar contra las ACSN, comunidades indígenas y campesinas denunciaron bombardeos que pusieron en riesgo a civiles. Sin embargo, el comandante del Ejército, el general Royer Gómez, explicó a El Espectador que la operación de las Fuerzas Militares se trató de un asalto aéreo, que no incluyó bombardeos y “tampoco presentó un riesgo para la población civil”. Según el alto militar, como represalia, “la organización criminal constriñó a la población civil y la obligó a salir a la Troncal del Caribe para bloquearla”. Estos bloqueos evitaron la captura de alias “Cholo”, presunto integrante de las ACSN, y dejaron dos civiles heridos. Asimismo, la estación de Policía de Buritaca, ubicada en la Troncal, fue atacada con drones, dejando un uniformado herido.
La situación de seguridad que hoy se presenta en la Sierra Nevada cuenta con antecedentes de varios meses. Por un lado, las hostilidades de las ACSN, que incluyen extorsiones, llevaron a que el pasado 19 de febrero el Gobierno ordenara el cierre, durante 17 días, del Parque Tayrona, en Santa Marta. Un mes después, combates entre las ACSN y el Clan del Golfo, el segundo grupo armado con mayor presencia en la región, desataron una crisis humanitaria en zona rural de Aracataca (Magdalena). Un niño de seis años y un adulto de 92 años fueron dos de las víctimas mortales, además de 11 heridos que fueron evacuados en un corredor humanitario del Ejército el pasado 10 de marzo.
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Ahora, frente a los nuevos impactos que deja este paro armado, Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, señaló que gran parte del comercio y la movilidad en Santa Marta y Dibulla se encuentra afectado. “No es posible que una ciudad como Santa Marta se paralice frente a una gobernanza criminal que está en el territorio, y tampoco se puede permitir que, frente a alguna acción militar, se presenten bloqueos y una crisis para los pobladores y turistas”. Las organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que hasta ahora no hay un balance oficial de afectados, por lo que solicitaron la presencia de entidades como la Defensoría.
Con el riesgo de que el paro armado se extienda y pueda afectar las elecciones del 21 de junio en la región, el experto en seguridad y profesor de la Universidad del Norte, Luis Fernando Trejos, señaló que este panorama se encuentra condicionado a la prolongación de la ofensiva militar. “De igual forma, ya se causó un daño significativo al sector comercial porque los combates se escucharon en muchas de las zonas turísticas”. Para Trejos, la operación “es una reacción muy tardía del Estado contra un grupo con el que mantiene diálogos, al que no lograron darle un golpe significativo y tampoco contuvieron la reacción del grupo, que hoy produce todas esas afectaciones a la población civil. Es la muestra de un gobierno débil”.
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A la espera de que las autoridades puedan garantizar la plena movilidad en la Troncal del Caribe, se mantiene la exigencia de las comunidades indígenas: el cese de las actividades militares en su territorio. Un líder indígena de la Sierra Nevada que, por su seguridad, pidió omitir su nombre, insistió en que la militarización “lleva a que los mismos campesinos estén obligados a crear un cerco de seguridad para los grupos armados, generando una situación insostenible para los civiles. Necesitamos ser incluidos en los diálogos y que se respalde a las autoridades tradicionales para que puedan tomar las decisiones que dejen al territorio por fuera del conflicto”.
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