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La desaparición y muerte de Yulixa Toloza convirtió un procedimiento estético en una noticia criminal. Pero el debate que realizó el Concejo mostró que detrás hay una discusión más amplia: el aumento de las complicaciones médicas asociadas a intervenciones estéticas y las dificultades del Distrito para controlar un mercado donde conviven clínicas legales, centros de estética y negocios ilegales. Aunque no hay consenso, las cifras evidencian el problema: mientras el concejal Julián Sastoque dice que entre 2023 y 2026 hubo 15 muertes en Bogotá, la Secretaría de Salud habla de 13.
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La diferencia no es solo numérica. Según el subsecretario de Salud Pública, Julián Fernández, el sistema de vigilancia permite saber que una persona se sometió a un procedimiento estético antes de morir, pero no siempre demostrar que esa fue la causa. ¿Qué tan grande es el problema? Más allá de la diferencia entre fallecimientos, las cifras muestran un aumento sostenido de complicaciones asociadas a estos procedimientos.
Lo que dicen las cifras
Al analizar los datos entre 2024 y 2025 se tiene que los pacientes que terminaron en urgencias tras un procedimiento estético pasaron de 136 a 289 casos (+112,5 %); las hospitalizaciones, de 93 a 221 (+137%), y los ingresos a unidades de cuidados intensivos, de 24 a 53 (+120%). En cuanto a las complicaciones específicas, las infecciones aumentaron de 58 a 141 reportes (+143 %); la necrosis —muerte de tejido por complicaciones severas— pasó de dos a 21 casos (+950%), y los eventos por uso de biopolímeros, de siete a 22 reportes (+214 %), pese a que su uso está prohibido. En el debate, los concejales insistieron en que las cifras obligan a mirar el fenómeno más allá de los casos con notoriedad pública.
Yulixa no fue la única víctima que mencionaron en el cabildo. También recordaron a Laura Maya, de 23 años, quien murió durante una liposucción en un sitio registrado como peluquería. Además, presentaron testimonios de mujeres con secuelas graves tras un procedimiento estético. Esa es una de las razones por las que varios cabildantes resaltaron la idea de que el riesgo no solo se concentra en establecimientos ilegales, sino en una amplia gama de negocios, alrededor del mercado de la belleza. De ahí que el foco ahora se centra en la capacidad institucional para prevenir estos casos.
¿Prevención o reacción?
Una de las críticas apunta a que la respuesta institucional se fortaleció después del caso de Yulixa. El concejal Julián Espinosa comparó las actuaciones antes y después del caso, en Tunjuelito, donde funcionaba Beauty Laser. Según las cifras, entre 2024 y los primeros meses de 2026 hubo apenas 10 inspecciones a este tipo de establecimientos. Tras la muerte de Toloza se hicieron 46, en pocos días. Para Espinosa, la diferencia plantea una pregunta: ¿por qué no se ejerció antes ese nivel de control? De igual manera, cuestionó la efectividad de los controles, pues a pesar de que el Distrito realizó 2.831 visitas entre 2024 y 2025, tan solo se emitieron 74 medidas de suspensión o clausura. La comparación lleva a otra pregunta: si aumentan las visitas, ¿por qué aumentan las complicaciones médicas?
Los mayores riesgos
Aunque el debate se concentró en los establecimientos ilegales, tanto las cifras de Sastoque como las explicaciones de la Secretaría de Salud apuntan en buena parte a que los eventos graves se asocian a cirugías de contorno corporal, como liposucciones; procedimientos mamarios, y aplicaciones de sustancias de relleno. Fernández explicó que los casos más severos suelen estar relacionados con intervenciones invasivas, que pueden derivar en infecciones, embolias, hemorragias o complicaciones que requieren atención en UCI.
El subsecretario advirtió también que el riesgo no se limita a establecimientos ilegales, ya que procedimientos complejos, en sitios que cumplan la norma, pero sin estándares adecuados de seguridad, pueden terminar mal. Según la Secretaría, los eventos adversos tienden a concentrarse en localidades con alta oferta de servicios estéticos y quirúrgicos, como Suba, Kennedy, Engativá y Chapinero, aunque las autoridades reconocen que el fenómeno está en toda la ciudad.
Las barreras del control
La respuesta de la Secretaría de Salud apunta a una dificultad estructural. Fernández explicó que las autoridades tienen capacidad para inspeccionar IPS habilitadas y establecimientos registrados ante los sistemas de vigilancia sanitaria. El problema es con quienes operan por fuera de la ley. Muchos lugares donde se realizan procedimientos irregulares funcionan en viviendas, apartamentos o locales que no reportan su actividades para evitar los controles institucionales. Esa situación genera una paradoja: los establecimientos más visibles suelen ser los más fáciles de inspeccionar, mientras que los de mayores riesgos son difíciles de detectar.
A esto se suman los obstáculos de los equipos de inspección cuando intentan verificar estos lugares. Las autoridades han señalado que en algunos casos se niega el ingreso o se oculta la actividad. Según Fernández, por eso las labores de vigilancia requieren coordinación con otras entidades. “No somos Policía, no podemos entrar a la fuerza. Tenemos funcionarios que han sido agredido, amenazado, etc. Para cerrar sitios nos ha tocado hacernos pasar por pacientes”, relata.
Espinosa sostuvo que existe una fragmentación de responsabilidades entre la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y las alcaldías locales. Mientras Salud ejerce vigilancia, las alcaldías tienen competencias sobre actividades económicas y funcionamiento de establecimientos. El resultado, según el concejal, es una zona gris y un “pinponeo de responsabilidades” sin quien lidere una estrategia. El Distrito rechaza esa interpretación y sostiene que cada entidad ejerce sus funciones.
Sin embargo, evidenció que la discusión no apunta solo a quién debe hacer los controles, sino sobre si la respuesta institucional es oportuna y suficiente ante el creciente fenómeno. Lo cierto es que Bogotá sigue enfrentando preguntas sin respuesta. Lo que sí parece claro es que el caso de Yulixa Toloza dejó de ser únicamente una historia criminal y hoy se convierte en el punto de partida de una discusión sobre salud pública, control y prevención.
Más allá de la controversia sobre cuántas muertes han ocurrido producto de procedimientos estéticos, el debate plantea si las complicaciones graves, las hospitalizaciones y los ingresos a UCI siguen aumentando, ¿está Bogotá identificando el problema a tiempo o reaccionando con la celeridad que se necesita para evitar nuevas víctimas? De momento, las cifras dicen que no.
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