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En esta segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella, la educación parece haber quedado relegada a un segundo plano. Omar Garzón Ospina, economista e investigador del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, considera que una de las razones es que la agenda pública está dominada por asuntos que hoy generan una mayor sensación de urgencia, como la seguridad, la paz, la salud o el estado de la economía.
Sin embargo, esa ausencia preocupa a varios expertos. Como advirtió recientemente Luz Karime Abadía, decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana, en su más reciente columna de opinión, resulta inquietante porque, después de todo, “pocas políticas públicas tienen un impacto tan profundo sobre la productividad, la movilidad social, la reducción de la pobreza y la construcción de ciudadanía” que la educación.
Frente a este sector, los dos candidatos proponen enfoques muy diferentes. Si bien ambos señalan varios problemas del sistema educativo colombiano, para Alfonso Tamayo, docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), los abordan de una manera diferente y proponen soluciones diferentes. El enfoque de Cepeda, por ejemplo, está orientado principalmente hacia una educación pública, mientras que De La Espriella parece apostarle más a una educación para el trabajo.
Un punto que comparten ambos candidatos, señala Garzón, es la intención de introducir cambios en el currículo escolar colombiano. Mientras Cepeda propone fortalecer áreas como la educación para la paz, De La Espriella plantea incorporar programas obligatorios de formación en valores. Aunque ninguna de las campañas habla abiertamente de una reforma educativa de fondo, para Garzón este tipo de propuestas implicaría modificar la Ley General de Educación. Y si bien eso podría lograrse mediante un amplio acuerdo nacional, el docente advierte que se trata de un proceso políticamente complejo y lejos de ser una aprobación automática.
A Diego Cortés, investigador del Observatorio Colombiano de Políticas Educativas y Profesión Docente de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), le preocupa que ninguno de los dos candidatos esté abordando de manera clara los desafíos que plantea la transición demográfica. “Cada vez tenemos menos niños y niñas y debemos pensar cómo será la educación preescolar, básica, media y superior”.
Otra preocupación, planteada por Abadía en su columna, es que los planes de gobierno suelen concentrarse en las metas, pero dicen poco sobre los mecanismos para alcanzarlas o los recursos necesarios para financiarlas. “Es relativamente sencillo prometer más universidades, más colegios o más recursos para las instituciones públicas”, afirma. Lo complejo, añade, es explicar de dónde saldrá el dinero y cómo se garantizará la sostenibilidad de esas propuestas en el largo plazo.
Iván Cepeda y una apuesta por la educación pública
En los últimos días, la campaña de Cepeda publicó un documento adicional a su plan de gobierno de poco más de 400 páginas que el país conoció hace unas semanas. En este nuevo documento, más corto, de 118 páginas, el candidato plantea la educación como un derecho y un bien público, describe Diego Cortés, de la UPN. Su apuesta, a los ojos de Alfonso Tamayo, exvicerrector en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), está orientada a que la educación contribuya a las transformaciones sociales y reconozca los territorios.
En esa línea, Cepeda propone ampliar la cobertura de educación inicial en zonas rurales y con baja atención estatal, así como impulsar una nueva Ley Estatutaria de Educación y un modelo de financiación que reconozca las diferencias territoriales.
Buena parte de sus propuestas educativas están concentradas en la educación superior pública, que, detalla Omar Garzón Ospina, economista e investigador del LEE, gira alrededor de la permanencia estudiantil, un aspecto que considera clave. “En el país solo cuatro de cada 10 estudiantes logran completar el ciclo educativo de educación superior con sus pares, es decir, con quienes ingresaron”, señala Garzón. En ese contexto, el programa plantea entonces fortalecer la gratuidad, financiar la alimentación y el transporte de los estudiantes y ampliar la infraestructura universitaria mediante 80 proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.
Parte de esa expansión se apoyaría en una estrategia conocida como multicampus regionales. Como explica Cortés, los 80 proyectos contemplados en el programa pueden traducirse en la ampliación y el fortalecimiento de sedes regionales ya existentes o en la creación de nuevos espacios universitarios, como el multicampus de Mompox o la Universidad Wayuu, en La Guajira. “No es una visión orientada hacia la educación virtual, sino hacia la ampliación de la oferta presencial”, resume Cortés. Para Sergio Lancheros, politólogo y magíster en ciencias económicas de la Universidad Nacional, esto se traduce en llevar educación superior pública a territorios históricamente desatendidos mediante infraestructura y dotación estatal.
Entre las propuestas de Cepeda para la educación superior también aparecen un par de reformas. Por un lado, el candidato plantea aumentar la participación de estudiantes, profesores y trabajadores en los órganos de gobierno universitario. Por otro, propone reformar el Icetex para incluir mecanismos de condonación dirigidos a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad. En su programa, sin embargo, no hay una mención explícita al papel de las universidades privadas. De hecho, una de las principales críticas de la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) es lo que considera un silencio del candidato frente al reconocimiento de un sistema mixto de educación superior.
La primera infancia también ocupa un lugar en su programa, pues propone una formación que incluya arte y literatura y en la que el juego, el arte, la literatura y la exploración sean herramientas centrales para el desarrollo infantil.
Asimismo, dice Álvarez, el programa del candidato dice querer buscar fortalecer la articulación entre el Ministerio de Educación y el ICBF mediante la creación de centros que atiendan a niños y niñas de 0 a 5 años bajo un mismo modelo pedagógico y propone implementar programas permanentes de arte, deporte, cultura, ciencia y tecnología en unas 5.500 instituciones educativas oficiales.
En cuanto a los docentes, Cepeda propone crear un Sistema Nacional de Formación Docente con enfoque territorial y fortalecer la planta de maestros en las regiones donde existe déficit de personal. Además, plantea revisar el sistema de salud del magisterio, que atiende a más de 800.000 personas y fue reformado en 2024 durante el gobierno de Gustavo Petro. En opinión de Garzón, es importante que se aborde con claridad ese cambio en el Fomag, entidad encargada de pagar las prestaciones económicas, como cesantías, pensiones e incapacidades. “Si un profesor se enferma hoy, el encargado de expedir la incapacidad es el Fomag y, si tarda un día en expedirla, la secretaría no puede contratar al docente que lo reemplace. Los estudiantes quedan sin profesor”, ejemplifica.
Aunque en educación media el programa de Cepeda sugiere que el SENA tenga un papel importante en la formación para el trabajo, por medio de la articulación entre colegios y su propuesta en educación rural es muy completa, a juicio de Garzón, del LEE, todavía queda una deuda pendiente con la infraestructura.
La estrategia de una universidad virtual de Abelardo De La Espriella
En el programa de De La Espriella, organizado alrededor de lo que denomina “milagros”, la educación no aparece entre las prioridades centrales, señala Lancheros, integrante del grupo de investigación en políticas públicas de educación superior de la Universidad Nacional. “La educación aparece hasta el noveno punto, después de varias propuestas de reforma y transformación para el país”, explica. A su juicio, el programa concibe la educación principalmente como una herramienta para facilitar la inserción de las personas en el sector productivo.
Para conseguir que los jóvenes ingresen al mercado laboral, De la Espriella propone implementar modelos de formación dual que articulen educación media, técnica y empleo por medio de ciclos cortos. Sin embargo, para Lancheros, este modelo podría profundizar las desigualdades educativas. “Los más pobres solo tienen la posibilidad de acceder a ciclos cortos para ir a trabajar rápidamente, es decir, mano de obra relativamente calificada”, cuenta, pero añade que “en la escala salarial, gana más una persona que, además de un título profesional, tenga una especialización, maestría o doctorado”.
Otra de las propuestas de De la Espriella que ha generado dudas es la de la “Universidad Virtual en Casa”, con la que busca aumentar el acceso a la educación superior. “Aunque sonó como una novedad”, indica Cortés, de la UPN, podría entenderse “como un desconocimiento del sistema de educación superior”, pues recuerda que en la actualidad el país ya cuenta con oferta pública virtual, como es el caso de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
Entonces, Cortés se pregunta si la mejor opción es crear más instituciones desde el Estado o fortalecer la oferta que ya existe. “Sin contar que la oferta virtual que tiene acreditación de alta calidad realmente es poca, es muy limitada”, anota.
Entre sus propuestas para la educación superior también figuran garantizar el acceso gratuito o subsidiado a internet para estudiantes de todo el país, impulsar la enseñanza de inteligencia artificial, programación, robótica y otras tecnologías emergentes, y crear créditos blandos junto con un programa de méritos para estudiantes destacados. Esta última iniciativa, sin embargo, no ofrece mayores detalles sobre su implementación y, según Cortés, deja espacio para distintas interpretaciones. “Se podría llegar a pensar que sería una nueva versión de Ser Pilo Paga”, señala.
Aunque Alfonso Tamayo, magíster en Filosofía y profesor de la UPN, ve con buenos ojos algunas propuestas como la universalización de la educación preescolar o la modernización y ampliación de la infraestructura educativa mediante herramientas tecnológicas, le angustia el rol que tendrá Fecode. Como se lee en su programa, propone reducir la influencia del sindicato en la definición de la política educativa, lo que, sostiene, “es demasiado radical. Somos una organización que tiene 340.000 afiliados y que lleva más de 60 años trabajando con los docentes sobre diferentes aspectos”.
A Garzón, del LEE, uno de los puntos que más le llama la atención de esta propuesta es que agrupa educación, cultura, deporte y arte dentro de un mismo sector. Allí aparecen algunas propuestas que considera interesantes, como la creación de centros culturales en los municipios para ampliar el acceso a la oferta cultural o la creación de 700 escuelas de emprendimiento rural. Sin embargo, para él persiste un problema: no se explica con claridad de dónde saldrían los recursos para financiarlas. “Esta propuesta puede costar fácilmente un billón de pesos”, comenta.
La pregunta que permanece abierta, entonces, es cómo piensa ejecutar varias de sus propuestas y de dónde saldrán los recursos para financiarlas.
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