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La investigación por la muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, quien murió luego de un procedimiento estético, en el centro ilegal Beauty Láser, podría abrir un nuevo frente judicial. Además de los procesos penales por homicidio y desaparición forzada, la representación de las víctimas estudia solicitar a la Fiscalía que examine una eventual acción de extinción de dominio sobre bienes y recursos asociados a los principales implicados en el caso.
En contexto: Las preguntas que dejan las muertes por procedimientos estéticos en Bogotá
La iniciativa surge tras conocer las declaraciones de una auxiliar que trabajó en el establecimiento y aseguró públicamente que en ese lugar se habrían realizado entre 500 y 600 procedimientos estéticos. Aunque esa cifra la contrastan las autoridades, para el apoderado de las víctimas, el abogado Juan Camilo Caicedo, plantea interrogantes sobre el volumen económico que habría movido el negocio, así como el origen y el destino de esos recursos.
“Si han hecho 500 o 600 procedimientos estéticos, con costos altos, algunos de más de COP 10 millones, ¿cuánto dinero habrá obtenido esa fachada de centro estético? Entonces hay que preguntar ¿dónde están la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF y la DIAN y qué pasó con esos recursos? También corresponde analizar una posible extinción de dominio, porque provendrían de una actividad ilegal”, señaló Caicedo.
Su hipótesis amplía el alcance de una investigación que, hasta ahora, se ha concentrado en establecer las responsabilidades por la muerte de Toloza y el posterior intento de ocultar lo ocurrido. De prosperar esa línea, las autoridades no solo tendrían que determinar quiénes participaron en el procedimiento médico y en la desaparición del cuerpo, sino también reconstruir el funcionamiento económico de Beauty Láser, establecimiento que operaba sin las condiciones exigidas para realizar intervenciones invasivas, como la que le practicaron a Yulixa.
La situación reaviva las preguntas sobre los mecanismos de control institucional. Para Caicedo, resulta preocupante que las personas involucradas en el procedimiento que derivó en la muerte de Toloza hayan podido realizar, según versiones conocidas públicamente, cientos de procedimientos estéticos sin que las autoridades detectaran oportunamente las posibles irregularidades. “Esto era una tragedia anunciada”, afirmó.
El cuestionamiento coincide con un debate de control político que se realizó en el Concejo de Bogotá, donde varios cabildantes examinaron las estrategias de inspección, vigilancia y control del Distrito frente a centros estéticos y establecimientos donde se practican procedimientos invasivos. En la discusión se advirtió sobre el aumento de complicaciones médicas asociadas a estas intervenciones y sobre la capacidad de las autoridades para identificar negocios que operan por fuera de las normas sanitarias.
El caso de Beauty Láser se mencionó como uno de los ejemplos más visibles de una discusión más amplia sobre los alcances y limitaciones de la vigilancia estatal, en un sector donde conviven clínicas habilitadas, centros de estética y establecimientos clandestinos.
Entre otros datos, durante el debate se cuestionó la efectividad de los controles, pues a pesar de que el Distrito realizó 2.831 visitas entre 2024 y 2025, tan solo se emitieron 74 medidas de suspensión o clausura.
La necropsia consolidó la tesis de homicidio
La nueva arista aparece pocos días después de que Medicina Legal concluyera que la muerte de Yulixa Toloza fue un homicidio. El informe forense determinó que la víctima sufrió un embolismo graso pulmonar, insuficiencia respiratoria aguda y una severa pérdida de sangre asociadas al procedimiento invasivo que le practicaron.
Para la representación de las víctimas, ese dictamen cerró cualquier discusión sobre una eventual complicación médica imprevisible y fortaleció la hipótesis de un homicidio doloso agravado. Caicedo insiste en que la intervención se realizó en un lugar que no reunía las condiciones necesarias para atender una emergencia médica e insistió en que quienes participaron en el la intervención optaron por no trasladar a la paciente a un centro asistencial cuando su estado de salud colapsó.
“Ya tenemos certeza de que la causa de muerte estuvo directamente relacionada con el procedimiento. También sabemos que, si se le hubiera prestado la atención médica correspondiente, la situación habría podido ser diferente”, indicó. La necropsia también modificó el panorama procesal para los implicados, de los cuales dos se encuentran privados de la libertad en Colombia y tres en Venezuela.
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El proceso contra los primeros capturados
Actualmente, Kelvis Daniel Sequera y Jesús Hernández Morales permanecen detenidos por su presunta participación en el ocultamiento de pruebas relacionadas con el caso. La Fiscalía sostiene que ambos habrían colaborado en las maniobras para desaparecer el vehículo utilizado durante los hechos y que era una pieza clave para la investigación.
De acuerdo con el apoderado de las víctimas, la confirmación de que se trató de un homicidio refuerza la teoría del caso que construye la Fiscalía y podría agravar la valoración de las conductas. Advierte que el aspecto más relevante es que la Fiscalía ya cuenta con una base probatoria más sólida para avanzar.
“La Fiscalía ya tiene completa su teoría del caso frente a estas personas y puede radicar el escrito de acusación dentro de los términos legales”, explicó. Una vez se presente ese documento, el proceso continuará con las audiencias de acusación, preparación de juicio y eventualmente el juicio oral, salvo que los procesados decidan aceptar cargos.
Carta rogatoria: el movimiento para evitar impunidad
Mientras tanto, el expediente mantiene otro desafío: el futuro judicial de los tres principales implicados capturados en Venezuela. Se trata de las personas que, según la investigación, tuvieron participación directa en el procedimiento practicado a Yulixa Toloza y en las decisiones adoptadas después de que su estado de salud se agravó.
El apoderado de las víctimas aseguró que la Fiscalía adelanta las gestiones necesarias para tramitar una carta rogatoria (instrumento formal de solicitud de cooperación judicial internacional) con el fin de solicitar su extradición o, en su defecto, como último recurso, que sean juzgados en territorio venezolano.
Uno de los obstáculos iniciales era que el delito de desaparición forzada, una de las conductas investigadas en Colombia, no tiene un equivalente directo en la legislación venezolana. Sin embargo, el resultado de la necropsia abrió una nueva posibilidad.
“Ahora existe un soporte claro para sustentar la solicitud sobre la base del delito de homicidio, que sí está contemplado en ambos países”, explicó. Pese a ello, el abogado insistió en que la prioridad debe ser que las autoridades colombianas avancen en las audiencias de imputación contra estas personas, para evitar cualquier escenario de impunidad.
La posibilidad de que el proceso se adelante exclusivamente en Venezuela genera preocupación entre las víctimas, debido a las dudas sobre la independencia del sistema judicial de ese país y las dificultades que podría enfrentar la familia para acceder a la verdad y participar activamente en el proceso.
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Un cuarto implicado
Otro de los asuntos que sigue abierto es la ubicación de un ciudadano cubano conocido como “Leo”, a quien el abogado identifica como la persona encargada de la anestesia durante la cirugía realizada a Yulixa Toloza. Según la información conocida hasta ahora, este hombre habría participado directamente en la intervención médica y su papel es considerado fundamental para reconstruir lo que ocurrió dentro de Beauty Láser antes de la muerte de la paciente.
Por esa razón, las víctimas solicitaron a la Fiscalía avanzar en su identificación plena y establecer su paradero. “Es una persona que tuvo una participación central en el procedimiento y es necesario que responda ante la justicia”, sostuvo el abogado.
Mientras las autoridades intentan ubicarlo, la investigación continúa ampliándose. Lo que comenzó como un caso de desaparición después de una intervención estética en un centro clandestino, se ha convertido en un expediente que involucra un presunto homicidio, una red de colaboradores que habrían ayudado a ocultar pruebas, un proceso internacional para llevar ante la justicia a varios sospechosos y, ahora, la posibilidad de rastrear el origen y destino de los recursos que durante años habría generado Beauty Láser.
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