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Desde los tiempos en los que Roma era gobernada por reyes, los dioses incidían en su labor. Les otorgaban “imperium”, que era la facultad de mandar, de dar órdenes. Quien ejercía el poder, tenía “imperium”, y esa cualidad era la fuerza con la cual se mantenía la “res pública”. Cuando a los reyes los sustituyeron los magistrados, éstos también heredaron su “imperium”, y la posibilidad de consultar con los dioses sus decisiones, una acción que llamaban “auspicium”. Como lo explicaba Peter Watson en su libro “Ideas, historia intelectual de la humanidad”, “En su primer día en el cargo, un magistrado se levantaba temprano para orar a los dioses y establecer si contaba con la aprobación divina para ejercer su ‘imperium’. A pesar del hecho de que no conocemos ningún caso en que los dioses hayan negado su aprobación, el ritual siempre se estimaba necesario”.
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Pasados los años y los siglos, los romanos decidieron que habría unos magistrados con “imperium” y otros que no. Los que estaban investidos de aquel poder eran los dictadores, los cónsules y los pretores, una nueva clase dirigente de magistratura que se había establecido en el año 366 a. C. para hacerles más sencilla y eficaz sus tareas a los cónsules. Debajo de ellos se ubicaban los “cuestores”, unos magistrados sin “imperium” que investigaban asuntos financieros y jurídicos, los tribunos de los plebeyos, que administraban los consejos de la plebe, y los ediles, que supervisaban obras de infraestructura, como carreteras, murallas, acueductos y demás. El último eslabón de aquel entramado dirigencial era el de los “censores”, encargados de establecer la cantidad de ciudadanos que había, el estado civil en el que vivían, las funciones que desempeñaban, y de velar por la moral de los servidores públicos.
Según Watson, “La forma de democracia representativa romana era bastante compleja. Y tenía que serlo, porque para la época de Augusto, el primer emperador (63 a.C-14 d.C.), Roma tenía ya un millón de habitantes y el imperio se extendía casi cinco mil kilómetros de oeste a oriente (del Atlántico hasta el Caspio) y cerca de tres mil de norte a sur (de Inglaterra hasta el Sahara). Ni siquiera un hombre como Augusto, que sentía auténtica pasión por la eficacia, podía administrar solo semejante territorio”. En el sentido práctico, fuera de los magistrados se habían creado cuatro organismos políticos, El ‘comitia centuriata’, el ‘comitia tributia’, el ‘comitia plebis’ y el senado. El primero estaba compuesto por la población según la cantidad de unidades militares que poseía. La ‘classis’, que era la más alta, contaba con setenta centurias.
La más baja, que “ni siquiera estaba reconocida como ‘classis’”, sólo estaba registrada con una centuria a lo sumo, y no poseía propiedades en el censo. “Se les denominaba los ‘proletarii’ debido a que estaban fuera del activo (y útil) sistema agrario y sólo podían producir hijos (proles). Los ‘comitia tributa’ y ‘comitia plebis’ eran asambleas compuestas, la primera, por el pueblo romano en su totalidad, y la segunda, por la plebe. Aunque las tres asambleas tenían cierto poder, en el fondo dependían de los magistrados, y eran ellos los que determinaban qué temas se iban a debatir, en qué fechas, y cómo. El senado, por último, era el cuarto organismo político, o el primero, de acuerdo con la historia. “Inicialmente, los cónsules elegían un nuevo senado cada año. Sin embargo, una vez que los censores adquirieron esta responsabilidad (en el siglo IV a. C.), el cargo de senador comenzó a ser vitalicio”.
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Esa pequeña modificación, “simple pero trascendental”, como la calificó Peter Watson, logró que el senado romano se volviera la más fuerte y duradera de las instituciones del estado en Roma. El hecho de que sus miembros estuvieran en sus cargos hasta la muerte, hacía que ejercieran sus funciones con una gran experiencia, y más allá de aquella cualidad, libraba a los senadores de tener ambiciones que los alejaran del cumplimiento de sus deberes. El prestigio del senado romano fue poco menos que infinito, y aunque se dedicaban únicamente a aconsejar, sus integrantes eran recurrentemente solicitados. Sus opiniones, “senatus consultum”, eran en la práctica decisiones. Pocos cónsules se arriesgaban a desobedecer los consejos de un estamento en el cual trabajarían por el resto de sus vidas cuando acabaran sus doce meses de gestión.
De una u otra manera, aquel sistema republicano de Roma, “res populica”, la cosa pública o el estado del pueblo, produjo el derecho romano, que según varios historiadores y legisladores, ha sido el aspecto más trascendente de su obra y su pensamiento. Watson, por ejemplo, haciendo una comparación con Grecia, decía que “Los griegos nunca desarrollaron un corpus de leyes escritas o una teoría de la jurisprudencia y, por tanto, este es un logro que los romanos alcanzaron por sí solos”. Unas líneas más adelante, aseguraba que “El derecho romano es la base de muchas de las legislaciones utilizadas actualmente en los países occidentales y todavía se enseña en las facultades de derecho. Según los historiadores de la escuela de los ‘Annales’, el hecho de que tantos países de Europa compartan una herencia jurídica común es uno de los elementos que contribuyeron al desarrollo que experimentó Europa desde el siglo XII en adelante”.
El punto culminante del derecho romano fue el Código de Justiniano, quien nació en el año 482 en Tauresium y falleció en Constantinopla en noviembre del 565. Fue emperador del Imperio Romano Oriental, el último de ellos que utilizó el latín como lengua estatal, y según los historiadores que escribieron e investigaron sobre él, su matrimonio con Teodora, a quien convirtió en emperatriz, tocó los extremos de la virtud y el vicio. Procopio, unos de los cronistas de Justiniano, escribió varios libros sobre ellos y terminó por considerar en unos textos que llamaba la “Historia secreta” que eran crueles, lascivos, superficiales, injustos, desleales, corruptos, ineptos y despilfarradores. Por otro lado, admitió, igual que muchos después de él, que su reinado fue esplendoroso y que trascendió por la recopilación del Corpus iuris civiles (Cuerpo de derecho civil).
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Por Fernando Araújo Vélez
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