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Los ciclos políticos del primer cuarto de siglo XXI cada vez están más marcados por discusiones polarizadas sobre Estado o libre mercado, términos que tienden a presentarse como binarios y, acaso, mutuamente excluyentes. La realidad de cómo funcionan las economías y Estados modernos controvierte esta oposición, más adecuada para llenar plazas, que para ejercer administración pública.
Los discursos, plagados de radicalismos retóricos reviven una larga letanía de discusiones que no sólo apestan a naftalina, sino que poca utilidad tienen a la hora de solucionar problemas reales en momentos en los que la política pública ha evolucionado más allá del mundo anterior a la caída del Muro de Berlín.
La realidad detrás de cómo funciona la economía global es que el mercado no puede vivir sin el Estado y cada vez más el Estado depende de un mercado que tribute lo justo para su funcionamiento. En este orden de ideas, pensar en el siglo XXI que la solución a todos los males es el recorte del Estado funciona bien como retórica digital, pero de fondo es una idea que sólo queda en las poesías de campaña y desaparece con la prosa de ser Gobierno. Lo mismo sucede al dibujar un Estado cuya sombra es la única garante de la vida y la prosperidad.
El principal reto económico del próximo Gobierno es el saneamiento de las finanzas nacionales, una crisis silenciosa que, aunque no goza de la misma publicidad y despliegue de otros indicadores (como el desempleo, la inflación o el PIB), tiene todo el potencial de descarrilar seriamente el funcionamiento del Estado y llevarse por delante el bienestar de empresas y ciudadanos. Cero presión.
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El tamaño del agujero fiscal en Colombia
Colombia atraviesa, desde hace un par de años, algunos de los desequilibrios fiscales más pronunciados de su historia reciente —exceptuando el período pandémico, cuyas causas son evidentes—. A esta cifra alarmante se suman una tributación a la baja, presupuestos sin respaldo suficiente y ajustes recortando el gasto. El panorama se complica aún más con las rebajas en las calificaciones de riesgo soberano, el encarecimiento del crédito externo y una inflación que no solo se resiste a converger hacia el objetivo del Banco de la República, sino que en este momento va en aumento.
Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, Colombia terminaría 2026 con un hueco fiscal equivalente al 5,3 % del PIB, cifra que supera el 5,1 % que el Plan Financiero había anticipado a comienzos del año. A partir de ahí, la hoja de ruta contempla una corrección gradual: 4,5 % en 2027, 3,6 % en 2028 y un piso de 2,7 % del PIB hacia 2037.
El horizonte luce esperanzador sobre el papel, pero alcanzarlo depende de un conjunto de condiciones y decisiones que distan mucho de ser triviales.
La primera de ellas es sacar adelante una reforma tributaria de carácter estructural que abra nuevas fuentes de ingresos permanentes, capaces de convertirse en el cimiento real sobre el que se construyan los presupuestos del país año tras año.
El adjetivo estructural no es un detalle menor. Colombia tiene una arraigada costumbre de aprobar reformas tributarias que sirven al gobierno de turno, pero cuyo alcance no va mucho más allá de eso. Se estima, incluso, que el país introduce cambios a su sistema impositivo en promedio cada año y medio. Y a pesar de esa cadencia, nada se transforma de raíz ni de manera duradera.
Libertad, Estado y prosperidad
Varios movimientos políticos en la región, especialmente de derecha (y con un barniz grueso de populismo encima), han monopolizado el concepto de libertad y lo asocian casi que exclusivamente a la ausencia de intervención del Estado en el mercado y, por consiguiente, a un menor tamaño del mismo.
Sin embargo, como lo argumenta el nobel de economía Joseph Stiglitz en su último libro (titulado “Camino de la libertad”), esta es una visión incompleta: las privaciones de libertad no sólo llegan por el camino que conduce al Estado, sino también por estructuras oligopólicas del mercado, por pobreza, discriminación o inequidad.
En resumen, la tesis de Stiglitz es que la libertad de unos puede restringir la de otros y es ahí donde el rol del Estado puede aumentar la libertad de la mayoría de la población.
Esto se puede ver claro en la provisión de asuntos como defensa o derechos sociales básicos, como acceso a educación pública o salud subsidiada para deciles de bajos ingresos, para los que el mercado no puede ofrecer soluciones.
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De acuerdo con modelaciones y cálculos hechos por el Ministerio de Hacienda, cada peso de inversión proveniente del gasto público que se inyecta en la economía tiene un efecto multiplicador sobre el PIB, de COP 0,8 después de un año y de COP 1 en dos años. En el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la entidad concluye que “aunque estos efectos de mediano plazo no son estadísticamente significativos, su magnitud sugiere que la inversión tiene el potencial de generar un crecimiento sostenido de la economía”.
En otras palabras, la inversión pública es uno de los renglones de la economía que tiene mayores efectos multiplicadores para países como Colombia.
Más allá de estos cálculos, a la hora de hablar de recortar el gasto, el detalle de la discusión lleva rápidamente a ver cómo una gran parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) se vuelve inflexible, pues los gastos del Estado no son sólo burocracia (que la hay, claro), sino garantías de derechos en salud, educación y agua potable que se materializan en las transferencias regionales del Sistema General de Participaciones (SGP).
Estas transferencias son obligatorias y de orden constitucional y crecen según el promedio de los ingresos corrientes de la Nación presupuestados en los últimos cuatro años. Y este es apenas un ejemplo de recursos inflexibles en el PGN que, junto con pensiones, regímenes especiales y garantías de derechos, no dan espacio a grandes recortes.
Esto no quiere decir que no se pueda mirar con lupa en diferentes sectores y generar una visión más eficiente del gasto.
Para este punto de la historia, todos los actores están de acuerdo en que sanear las finanzas públicas pasa por intervenir el gasto público: es parte del discurso económico de los dos candidatos presidenciales (aunque sus aproximaciones a esta cuestión son diametralmente opuestas), pero también es una prioridad identificada por el Minhacienda en el Marco Fiscal.
No hay consolidación fiscal que no pase por meterle mano al gasto del Estado. Pero esto ya no es algo que se pueda solucionar en el presente y queda en la lista de pendientes, subrayado, en tinta roja y en letras mayúsculas, para el próximo Gobierno.
Sobre este asunto, César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, asegura que “el Marco Fiscal de Mediano Plazo confirma que el ajuste fiscal volvió a aplazarse”. Y agrega que, bajo las proyecciones del documento, “el gasto total aumentaría a 21,8 % del PIB en 2027, impulsado por intereses de 3,9 % del PIB. El gasto primario bajaría apenas a 17,9 % del PIB, lo que muestra que la presión estructural del gasto sigue alta”.
Ahora bien, la salud fiscal y, volviendo a Stiglitz, el desarrollo de una libertad positiva (tener las capacidades y oportunidades para desarrollar el propio potencial), requieren gasto público y, claro, nuevos ingresos.
Las muchas caras de la reforma tributaria
Acá se llega a la necesidad de ingresos frescos, que claramente, vendrán de la mano de una reforma tributaria, de la que nadie habla en campaña, pero que todos deben hacer una vez se enfrentan al realismo del Presupuesto, los cheques por girar y los teléfonos sonando con preguntas de entidades y mandatarios preguntando por las transferencias de recursos.
Las proyecciones de la cartera de Hacienda son claras: retomar la senda de la regla fiscal y reducir el déficit exige que el recaudo crezca 1,4 % del PIB desde 2027 con la constancia de un metrónomo y que, en el mediano plazo, ese crecimiento escale hasta 1,6 % del PIB.
Pero esta meta se antoja improbable, si se quiere, cuando se miran los fantasmas de las reformas tributarias pasadas. Según datos de la Red de Trabajo Fiscal, a pesar de haber implementado tres reformas, entre 2019 y 2025, el recaudo creció apenas 0,4 % del PIB.
Bajo las cifras del Ministerio, sólo para 2027 se requiere un ajuste fiscal de unos COP 30 billones para comenzar a enderezar el rumbo (tanto en ingresos nuevos, como en recorte de gastos).
Las proyecciones del Marco han sido cuestionadas por algunos analistas. Desde Fedesarrollo, por ejemplo, se argumenta que el ajuste deberá ser más grande para volver a una relación estable entre deuda pública y PIB.
Con este trasfondo, hablar de bajar impuestos en pro del ideal de la libertad de empresa es poco probable en un país como Colombia con una base gravable relativamente pequeña y una economía informal que supera el 50 %.
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Es común por estos días que, al calor de las campañas, se hable de eliminar impuestos como el 4 x 1.000 (que ya no debería aplicarse como antes, por cierto) o prometer menores tasas de renta corporativa. Pero lo que pareciera cierto en este escenario es que la enorme inflexibilidad de las finanzas públicas no permita la realización de algunas de estas propuestas.
Más allá de la discusión electoral, y mirando las cifras y hablando con técnicos y funcionarios del Estado, hay muchos impuestos ineficientes y el 4 x 1.000 ciertamente es uno de ellos, pero su nivel de recaudo (cercano a 1 % del PIB) no es fácil de reemplazar de la noche a la mañana y requiere nuevas fuentes de ingreso y un crecimiento sostenido cercano al PIB potencial al menos en una década.
Por otro lado, pensar que una reforma que sólo toque a los superricos también soluciona el hueco es desconocer las proporciones de recaudo de las finanzas públicas junto con las estrategias de las grandes corporaciones globales para deslocalizarse ante esos escenarios.
Entonces, ¿cuáles son los nuevos impuestos que van a dar los recursos para seguir garantizando las libertades y los derechos, permitiendo un crecimiento empresarial y económico?
Vendrán debates polémicos, pero muchas exenciones deben ser eliminadas y, según varios analistas y expertos, es necesario pensar en umbrales menores de declaración de renta para toda la población. Incluso, los trabajadores informales con un ingreso superior a la renta media deben tributar, según expertos (hay informales en el top 1 % de ingresos en Colombia, aunque suene algo descabellado).
Claramente, estas ideas tienen una contraparte: las grandes rentas extractivas y los patrimonios del top 0,1 % también deben tributar de manera progresiva.
Pensar en nuevos horizontes de ingreso es tan necesario, como complejo, porque lleva a establecer debates de fondo sobre desarrollo social y crecimiento económico, con tensiones profundas que tocan temas como equidad, pobreza y sostenibilidad fiscal.
Fedesarrollo lo puso de esta forma: “El próximo gobierno enfrentará el reto de materializar dicho ajuste en un contexto fiscal exigente. Un ajuste de esta magnitud requerirá un amplio debate y la búsqueda de consensos entre los distintos actores de la sociedad para alcanzar unas finanzas públicas sostenibles”.
Es aquí que se requiere de una discusión novedosa y estructural acerca de las finanzas públicas. No sólo tirarse los platos en el Congreso y manejar el país con el espejo retrovisor en primer plano.
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