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Lo hemos visto en prácticamente todas las elecciones recientes en América Latina, como las legislativas de Argentina o las presidenciales de Honduras, Perú y Colombia: jefes de Estado o líderes políticos de un país opinando sobre los procesos democráticos de otro. El más notorio ha sido, sin duda, Donald Trump. Con todas las letras, condicionó un paquete de ayuda financiera al hecho de que La Libertad Avanza, de Javier Milei, ganara los comicios, y respaldó la candidatura de Nasry Asfura, quien resultó elegido en el país centroamericano. Más recientemente, lo hemos leído elogiando a Abelardo de la Espriella, en Colombia.
El apoyo provocó la reacción de al menos 20 legisladores estadounidenses que en distintas cartas manifestaron su rechazo a la interferencia electoral. En una de ellas, de hecho, 11 congresistas se refirieron a la reciente detención del activista colombiano Beto Coral, quien según el Departamento de Seguridad Nacional estuvo en el país norteamericano de forma irregular por 10 años, por lo que fue detenido con fines de deportación. El presidente Petro calificó este acto como una persecución política.
“Lamentablemente estamos viviendo un retroceso a lo que ocurría en el siglo XX, con una injerencia directa, primero, por parte de Estados Unidos, pero también muchos líderes políticos de la región están tomando posición y haciendo llamados de injerencia en procesos que tienen que ser soberanos de cada país”. Así describe el panorama Marcela Ríos Tobar, directora regional de la organización intergubernamental IDEA Internacional, en entrevista con este diario.
La intromisión, en muchos casos, ha sido de doble vía. Mientras que el presidente Gustavo Petro ha reprochado que su homólogo estadounidense anuncie su apoyo a De la Espriella, el mandatario colombiano ha hecho lo propio con Perú. “Restableceré completamente las relaciones diplomáticas y le solicitaré al nuevo presidente que iniciemos una fusión del Pacto Andino con Mercosur”, trinó el 8 de junio, cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú ni siquiera estaba cerca de oficializar el resultado de la segunda vuelta entre el izquierdista Roberto Sánchez (a quien Petro daba como ganador) y la candidata de la derecha, Keiko Fujimori.
“Hay un viejo principio del derecho internacional público que es la no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, recuerda Ignacio Labaqui, analista político de la Universidad Católica Argentina. En eso coincide Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia: “Eso no debería suceder. Las opciones de otro gobierno deberían ser neutrales, es decir, apoyar el proceso democrático, la elección popular, elogiar si se quiere que haya procesos libres, justos y democráticos”.
Para Labaqui, un comentario de un jefe de Estado o un funcionario de otro país puede producir el “efecto inverso si lleva a una reacción nacionalista de parte del electorado”. Fue lo que, según el consultor Dorian Kantor, sucedió en Canadá: la retórica anexionista de Trump frente a su vecino del norte movió el voto a favor de Mark Carney, actual primer ministro. Como señala Kantor, si bien el apoyo de Trump parece haber logrado su objetivo en Honduras y Argentina, otras veces ha sido sencillamente ruido, como en el caso de las elecciones de Hungría, en donde la Casa Blanca abiertamente apoyó a Victor Orbán, quien “perdió de todos modos”.
Pero más allá de que se rompan las “buenas costumbres”, esas intromisiones pueden tener impactos tangibles, como crisis diplomáticas. Ya lo vimos cuando Perú retiró a su embajador de Bogotá por las “reiteradas expresiones injerencistas y ofensivas del presidente Gustavo Petro”. Así lo explicó la Cancillería del país vecino, que bajo el gobierno de Dina Boluarte reprochó que el presidente colombiano desconociera “que el 7 de diciembre de 2022 se produjo en el Perú un golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo” (a quien, por cierto, dice Petro que Sánchez reivindica).
Defender a Jorge Glas, exvicepresidente de Rafael Correa, también le ha valido al mandatario colombiano roces con el gobierno de Daniel Noboa, quien por cierto le ha dado su espaldarazo al candidato de Defensores de la Patria. Noboa anunció el levantamiento de aranceles contra Colombia luego de una charla con el aspirante presidencial. La administración Petro, si bien anunció que también quitaría las tasas, rechazó la intromisión y le recordó a Ecuador que quitar los aranceles era una orden de la Comunidad Andina.
En cualquier caso, como dice Labaqui, si el candidato que recibe el apoyo del presidente de otro país no gana “la relación bilateral queda comprometida”. Ese fue uno de los temores cuando Joe Biden ganó la presidencia en Estados Unidos en 2020, luego de que integrantes del partido de gobierno en Colombia, el Centro Democrático (CD), enviara mensajes a favor de Donald Trump. Una antigua miembro de esa colectividad, María Fernanda Cabal, recientemente también apoyo la supuesta victoria de Keiko Fujimori en Perú, sin que todavía hubiera un ganador oficial. “¡Keiko Fujimori es la nueva presidente del Perú! Estamos en Lima celebrando la reivindicación de un legado (…)”, escribió la senadora en X.
Son las redes sociales, precisamente, las que con frecuencia aparecen en el centro de la violación al principio de no intervención. Como explica Piñeros, “líderes políticos en ocasiones se excusan en el manejo de redes personales vs. institucionales, para señalar que en las primeras dicen lo que les viene a la mente, sin tener en cuenta que son no solo personas públicas, sino que representan a un Estado”. Dicho eso, Labaqui subraya que en todo caso “manifestar abiertamente una preferencia es bastante menos grave que aportar dinero de campaña de manera secreta, por ejemplo, o financiar la difusión de “fake news” como han hecho otros países”.
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