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Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de Colombia. El abogado cordobés llegará a la Casa de Nariño este 7 de agosto para gobernar hasta 2030, un año clave en cuanto a los objetivos ambientales que se ha trazado el país.
En sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), que son los compromisos ante las Naciones Unidas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático, Colombia se ha fijado la meta de disminuir la tasa de deforestación a 50.000 hectáreas por año en 2030.
Hasta el momento, la cifra más baja de pérdida de bosque se ha registrado durante el gobierno de Gustavo Petro, en 2023, con 79.256 hectáreas afectadas, seguida por 2024, cuando se perdieron 113.608 hectáreas.
Los retos son particularmente complejos en la Amazonia, que es la más impactada por la deforestación, pues en 2024 concentró el 68 % de este fenómeno. Las NDC definen esta región no solo como un “patrimonio esencial para la humanidad”, sino también como “el corazón de la acción climática” de Colombia. Al ser parte de la selva tropical más grande del mundo, sus ecosistemas brindan servicios vitales para el planeta, de regulación del agua y del clima.
De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), las causas directas de la deforestación, son la praderización para el acaparamiento de tierras, la ganadería extensiva, la construcción de carreteras no planificadas, los cultivos de uso ilícito, la ampliación de la frontera agrícola, la extracción ilícita de minerales, entre otras.
De la Espriella asumirá el desafío que implican todos esos motores. Por ejemplo, en cuánto a la ganadería, el gobierno acaba de sancionar una ley de trazabilidad para garantizar que la carne que llega a los platos de los colombianos sea sostenible y libre de deforestación. Quedará en manos del nuevo presidente electo y su gabinete coordinar su efectiva implementación.
Por otro lado, el abogado deberá hacer frente a la minería ilegal de oro y sus impactos directos por la contaminación con mercurio, una situación especialmente alarmante en Colombia. Como ha señalado la Procuraduría General de la Nación, somos el país con la mayor liberación de mercurio per cápita al medio ambiente, lo cual provoca daños irreversibles tanto en los ecosistemas como en la salud de la población.
Juan David Varela, coordinador del Laboratorio sociojurídico de la Fundación Gaia Amazonas, afirma que el gobierno entrante tendrá el reto de implementar las órdenes de la Sentencia T-106 de 2025 de la Corte Constitucional, en la cual señaló que los pueblos indígenas del macroterritorio Jaguares del Yuruparí corren un riesgo alarmante por la contaminación con mercurio.
El alto tribunal dispuso 32 remedios que vinculan distintas entidades nacionales, como los ministerios del Interior, Ambiente, Salud, Defensa, el Departamento Nacional de Planeación, entre otras. Las responsabilidades de estos actores, dice Varela, se tendrán que seguir fortaleciendo para “superar las afectaciones identificadas por la Corte Constitucional y avanzar gradualmente en la descontaminación de aguas de la Amazonia y la desintoxicación de los alimentos y cuerpos de las personas que habitan estos territorios. La implementación de esta sentencia requerirá acciones concretas, pero también en presupuestos definidos”.
Además, el próximo gobierno tendrá que reducir cada vez más la tasa de deforestación como “un compromiso inaplazable para salvaguardar la biodiversidad, garantizar el equilibrio climático y proteger los medios de vida de los pueblos étnicos y comunidades que históricamente han custodiado el bosque”, de acuerdo con la más reciente actualización de las NDC.
Sin embargo, para Jesica López, bióloga ambiental experta en la Amazonia e investigadora afiliada de la Universidad de Lund, en Suecia, estas metas entran en tensión con la agenda extractivista, de explotación de hidrocarburos, minería e incluso fracking, que De la Espriella ha planteado para su gobierno. “Esto contrastará muy fuertemente con la propuesta que venía desde el Gobierno Petro, de prácticamente negar esos contratos de exploración, con una consciencia más proteccionista”, dice.
María Isabel Valderrama, Asesora en Ordenamiento Territorial Fundación Gaia Amazonas, subraya que el próximo presidente deberá comprender que la Amazonia no se debe incorporar a proyectos de desarrollo definidos desde afuera. “La Amazonía tiene una vocación propia asociada al mantenimiento de funciones vitales para Colombia y para el planeta, y cualquier proyecto de futuro para la región debe partir de esa realidad”, asegura. Menciona, además, que gran parte de la solución puede estar en los sistemas de gobierno indígena que históricamente han regulado el uso y manejo de estos territorios.
Una presencia estatal integral
“En la Amazonia colombiana hay una alta protección del medio ambiente, pero, así mismo, tiene grandes desafíos y amenazas, muy conocidos por gran parte de la institucionalidad y la sociedad: deforestación, minería ilegal, cultivos de uso ilícito, presencia de grupos armados al margen de la ley y proyectos extractivos”, afirma Óscar Daza Gutiérrez, Secretario General de la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC).
La Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) ha señalado que la Amazonia noroccidental, que incluye territorios de Bolivia, Ecuador, Perú y parte de Brasil y Venezuela, ya es una de las regiones con más conflictos socioambientales del planeta, pues tiene presencia de más de 17 grupos armados ilegales que se disputan la tierra y el control de economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal de oro. Algunos de esos actores en Colombia son el ELN y facciones disidentes de las antiguas Farc, como el Estado Mayor Central (EMC) y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).
Por su parte, Comandos de Frontera, una de las estructuras de la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), es uno de los grupos con los que el gobierno de Gustavo Petro ha mantenido una mesa de diálogos. Sin embargo, De la Espriella ha dicho que no continuará con esa apuesta de negociaciones de paz.
A ojos de López, el vacío que quede al abandonar los diálogos y durante la transición a las estrategias que decida implementar el próximo presidente, puede provocar que los frentes de deforestación en la Amazonia se vuelvan mucho más vulnerables. En otras palabras, es posible que la pérdida de bosque se acelere.
También existen inquietudes por las consecuencias que puede traer una estrategia de contención de la deforestación con un enfoque militar. Un ejemplo es la Operación Artemisa, que se dio durante el gobierno de Iván Duque y en la que participaron alrededor de 22.000 agentes de seguridad. Más de 200 personas, presuntos infractores ambientales, fueron capturadas. El problema es que, según ha documentado la organización internacional Crisis Group, esa misión persiguió principalmente al eslabón más débil de la cadena de deforestación, como campesinos, en vez de “enfocarse en los grandes financiadores de actividades ambientalmente devastadoras”.
Un desafío importante para De la Espriella, entonces, será implementar medidas que logren controlar el entramado de la deforestación y su financiación, a la vez que el Estado llegue con alternativas económicas y recupere la confianza por parte de las comunidades. Para Pablo Palacios-Rodríguez, PhD en Biología y profesor de la Universidad Javeriana, sobre estos asuntos se requiere una estrategia integral, pues, como dijo hace unos días a este diario, las respuestas exclusivamente coercitivas tienen efectos limitados si no hay transformaciones de fondo.
¿Construir sobre lo construido?
Desde 2018, una de las iniciativas de Colombia, del programa REM Visión Amazonía, ha sido transformar los núcleos donde se concentra la pérdida de bosque hacia Núcleos de Desarrollo Forestal y la Biodiversidad (NDFyB), buscando, básicamente, una reconversión productiva en los territorios. Otra de las estrategias planteadas son las Concesiones Forestales Campesinas (CFC), pensadas para ayudar a controlar la pérdida de bosque en esos núcleos activos de deforestación y reconocer al campesinado como un actor central en la conservación.
La primera de estas concesiones fue entregada hace poco más de un mes por Corpoamazonia, la autoridad ambiental del departamento de Caquetá, a una asociación campesina del municipio de Solano. Esta figura les permitirá a 75 familias de las veredas Pizarra, Peregrino e Isla Grande, que integran el NDFyB de Paraíso Amazónico, hacer uso sostenible de cerca de 23.000 hectáreas de bosque durante los próximos 30 años.
El Gobierno Petro también ha impulsado iniciativas como Conservar Paga, que consiste en otorgar incentivos económicos a campesinos, pueblos indígenas y comunidades negras que rechacen la deforestación y se comprometan a proteger los bosques. En su fase inicial, este programa, del Ministerio de Ambiente, se ha adelantado en las zonas más afectadas, en los departamentos de Putumayo, Guaviare, Caquetá y Sur del Meta, donde se ha llegado a acuerdos voluntarios con familias.
“Esa confianza, esas alianzas con las comunidades se han venido tejiendo a pesar de que, por distintas razones, tengan sus fricciones”, menciona López. “La nueva administración tiene que mantener esa estrecha relación, o al menos moderar su retórica y entender que esta agenda lleva años y mucha negociación. Se debe construir una hoja de ruta y darle la bienvenida al diálogo, que no se separe drásticamente una idea de la otra, encontrar esa balanza”.
Se refiere a la oportunidad de que el gobierno de De la Espriella adopte parte del trabajo que se ha venido adelantando, pues desdibujarlo y tomar decisiones demasiado fragmentadas “va a fragmentar los bosques y la comunicación con las comunidades indígenas. Va a haber una cascada de consecuencias”, advierte.
Una de las preocupaciones que menciona la investigadora tiene que ver con la propuesta de erradicación de cultivos de coca de De la Espriella. En su programa de gobierno, el abogado contempla destruir 330.000 hectáreas valiéndose de “todas las herramientas” que permite la ley y la tecnología, incluyendo la fumigación aérea. Sin embargo, López apunta que este tipo de acciones también tiene una historia de tensiones y de rechazo por parte de las comunidades, pues se ve comprometida tanto su salud, como la de los ecosistemas.
“Se tienen que tomar unas medidas muy claras, precisas, en aras de conservar la Amazonia, pero el reto también implica la protección de los pueblos indígenas”, dice, por su parte, Daza.
El Secretario General de la OPIAC agrega que en ese propósito es clave el fortalecimiento de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI).
A pesar de que quedaron contempladas en la Constitución Política de 1991, las primeras ocho ETI fueron formalizadas hace apenas unos meses, con la firma de los decretos por parte del presidente Petro. Ubicados a lo largo de casi 9,5 millones de hectáreas en los departamentos de Amazonas y Vaupés, dichos territorios ahora gozan, oficialmente, de autonomía política, administrativa y fiscal y pueden gobernar con base en sus sistemas de conocimiento, en articulación y coordinación directa con los ministerios y otras entidades, tanto nacionales como departamentales. Pero el proceso todavía no ha terminado.
Otros 17 territorios indígenas, aproximadamente, han mostrado interés o han avanzado en su formalización, de la mano de la OPIAC y las fundaciones Etnollano y Gaia Amazonas. Casi 17 millones de hectáreas de la Amazonia Oriental colombiana podrían, eventualmente, declararse ETI y para ello el Decreto 488 de 2025 establece la hoja de ruta. “Hacemos ese llamado como pueblos indígenas: esperamos de De la Espriella implemente las ETI, pues es una deuda histórica en la Amazonia”.
Para Varela, de Gaia Amazonas, con la formalización de las primeras ocho ETI se abren distintas oportunidades, pero también grandes retos para el gobierno entrante, que tendrá que aportar y precisar las fuentes de financiamiento para que las competencias de estos territorios indígenas, asociadas a salud, educación, agua, saneamiento básico, ambiente e infraestructura, se ejecuten efectivamente.
“Uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno será reconocer que la presencia indígena en la Amazonia no es solamente una realidad cultural o demográfica, es también una realidad institucional”, agrega Valderrama. “Los sistemas de gobierno indígena constituyen una expresión legítima de autoridad territorial reconocida por la Constitución y son actores fundamentales para cualquier estrategia de futuro para la región”.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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