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Defensoría rechaza llamado de concejal a “bombardear” zonas que votaron por Iván Cepeda

La entidad señaló que ninguna diferencia política o ideológica puede justificar llamados a acciones dirigidas contra comunidades ni la estigmatización de poblaciones por la manera en que votaron.

Según Ana María Rodríguez, directora de la Comisión de Juristas de Colombia, una mujer en el cargo de defensora del Pueblo podría abordar las problemáticas de derechos humanos desde un enfoque interseccional.
La entidad indicó que ninguna diferencia política o ideológica puede justificar llamados a acciones dirigidas contra comunidades ni la estigmatización de poblaciones por la manera en que votaron en los comicios.
Foto: Cortesía

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La Defensoría del Pueblo rechazó las declaraciones públicas del concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como “El Guri”, en las que solicita “bombardear” territorios del país por los resultados obtenidos en segunda vuelta por la candidatura presidencial de Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

En redes sociales circulan videos en los que se escucha al concejal señalar: “Le doy un consejo al próximo presidente de este país. Si ya sabemos, exactamente, en qué mesas de votación porcentajes superiores al 80 % fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos a esas zonas”.

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En respuesta, la Defensoría señaló que las afirmaciones de “El Guri” parten de la suposición de que “la amplia votación obtenida por la candidatura de esa fuerza política evidencia constreñimiento por parte de grupos armados”. En ese sentido, la entidad indicó que ninguna diferencia política o ideológica puede justificar llamados a acciones dirigidas contra comunidades ni la estigmatización de poblaciones por la manera en que votaron en los comicios.

Asimismo, el órgano de control aseveró que los pronunciamientos de quienes ejercen funciones públicas deben estar revestidos de veracidad, diligencia, responsabilidad, imparcialidad y respeto por los derechos humanos, debido al impacto que pueden generar.

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“Las expresiones conocidas públicamente podrían configurar conductas graves, incluso delictivas, que deben ser evaluadas por las autoridades competentes, entre ellas posibles actos de instigación a delinquir, amenazas colectivas, hostigamiento o conductas asociadas a discriminación y violencia política”, mencionó la Defensoría.

Además, señaló que el ejercicio de un cargo de elección popular no constituye una autorización para promover discursos de odio o incitaciones a atacar a la población civil. “Resulta especialmente grave que este tipo de afirmaciones se produzcan en un país atravesado históricamente por la violencia, la persecución política y la acción armada en contra de comunidades enteras”, concluye la entidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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