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Un año después del deslizamiento que dejó más de 28 muertos en la vereda Granizal, las familias de este asentamiento del nororiente del Valle de Aburrá ahora deben esperar carros que les lleven bidones de agua. Viven al lado de la zona que fue declarada campo santo, a la espera de soluciones que les garanticen un techo definitivo.
En el barranco que dejó el deslizamiento se ven las columnas de algunas casas derribadas por el alud, las estructuras que se están construyendo para proteger la zona crítica, tubos del servicio de agua que no llegan a ningún lado, trochas que se abrieron con el tiempo por las que se mueven motos casi al borde del desfiladero y viviendas desocupadas a ambos costados del deslizamiento, aunque, no muchos metros más allá, todavía hay casas habitadas.
Para el aniversario de la tragedia, la alcaldía de Bello presentó un balance de la recuperación de la zona y de las obras en las que han destinado más de 9.220 millones de pesos; aunque para la comunidad lo que se ha hecho es insuficiente y la zona, como dice el habitante Kevin Oquendo, “quedó en el olvido por las administraciones de las alcaldías”.
El movimiento en masa ocurrió aproximadamente a las 3:00 a.m. del 24 de junio de 2025, tras más de 36 horas de lluvias. El derrumbe se presentó en los sectores de Altos de Oriente 1 y 2, Manantiales, El Pinar, El Oasis y Las Flores; y en la parte alta de Santo Domingo Savio, en Medellín. En total, se hallaron 27 personas fallecidas, otra murió después en un centro asistencial, 23 resultaron heridas de gravedad y cinco están desaparecidas. Esa cifra, sin embargo, es objeto de disputa, pues habitantes como Oquendo sostienen que bajo la tierra quedaron más cuerpos que las autoridades no reconocen.
Según la Alcaldía de Bello, después de la tragedia, en convenio con EPM, se instaló más de un kilómetro de tubería y se mantienen en operación 122 bidones estacionarios que entregan unos 290 metros cúbicos diarios del líquido y que se distribuye en cinco carrotanques. Además, se invirtieron COP 4.912 millones en abastecimiento y hay un convenio en marcha para más de 7.000 metros de redes y seis puntos para la potabilización del agua, “logrando que esta cumpla con todos los parámetros normativos exigidos para que sea apta para el consumo humano”, según explica EPM.
Por otro lado, el acueducto, proyectado en unos COP 80.000 millones, sigue en evaluación del Ministerio de Vivienda, que debe dar COP 50.000 millones por confirmar, por lo que el suministro seguirá siendo por bidones hasta que no se concreten obras en la zona.
“Nosotros no nos hemos olvidado de Granizal como muchos pueden creer, estamos trabajando en proyectos macro que mejorarán sus condiciones de habitabilidad, seguridad y confianza en el territorio”, aseguró la alcaldesa de Bello, Lorena González, pero esta no es la única preocupación de la comunidad. Tras la tragedia se evaluaron 267 viviendas, 131 fueron clasificadas para demolición o están en zona roja, pero decenas de familias siguen sin techo y en las zonas aledañas al deslizamiento nadie puede construir.
Ante esa situación, González aseguró que se han entregado 242 subsidios a 43 familias, por más de COP 212 millones. Y añadió que, aunque los apoyos eran por tres, seis y nueve meses, se siguen dando a las familias.
Oquendo, quien fue afectada por el lado de Medellín, en Santo Domingo Savio, hizo parte del equipo comunitario que ayudó en el rescate en Granizal. Recuerda que le tocaba “ver por día cómo sacaban seis, siete cuerpos de personas sin vida; eso fue algo muy traumante”, pero resalta que los vecinos actuaron “desinteresadamente porque ninguno de los que fuimos a ayudar recibimos un solo peso, como dicen muchos”. Él también cree que bajo la tierra quedaron más personas de las reportadas oficialmente, pues “hay muchas personas que no logramos encontrar”.
La investigación
En el último año también se han buscado respuestas de lo que pasó. Una investigación del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) determinó que no se debió a una única causa y atribuyó el desastre a una mezcla de factores como lluvias intensas, pendientes pronunciadas, falta de drenaje y cortes en el terreno por las viviendas y las vías.
A esto se le añade un factor del subsuelo que es la dunita, la roca predominante en la zona que deja pasar el agua y facilita que el terreno se afloje, por eso advierte que la tierra que quedó suelta en la parte alta “representa una posible amenaza para la comunidad asentada ladera abajo”. Sobre esto, la Gobernación, Medellín, el Área Metropolitana y la alcaldía de Bello contrataron otro estudio a la Universidad Nacional.
También se activó el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, basado en sensores, modelación digital e inteligencia artificial para anticipar deslizamientos e inundaciones como el de la tragedia, mientras que EPM ha estado vigilando el canal que transporta agua cruda hasta la planta de potabilización La Montaña, que en principio se creyó que pudo generar el deslizamiento. La empresa precisó que “la inspección permitió confirmar la integridad de esta estructura y descartar que el movimiento en masa haya sido causado por una falla en este componente del sistema de acueducto, además de que el movimiento en masa hubiese afectado la infraestructura”.
El concejal de Medellín Farley Macías (partido Liberal) radicó una propuesta para crear una comisión que investigue lo ocurrido, incluida la posible incidencia del canal de EPM, pues a pesar de las investigaciones realizadas por las autoridades, los líderes comunitarios todavía aseguran que se trató de un canal de agua de la empresa de servicios públicos. Además, para que se vigile la atención a las víctimas, pues advierte que “las condiciones de inestabilidad del terreno continúan siendo visibles en la vereda Granizal y el barrio Santo Domingo. Falta la estabilización estructural del terreno, falta el acompañamiento permanente estatal, las garantías reales, no las jurídicas de papel, sino las del suelo firme”.
Para Julián Otálvaro, ingeniero civil de la Universidad Nacional, evitar una tragedia como la de Granizal exige actuar por varios frentes, que incluyen estudiar la quebrada para saber cada cuánto puede crecer y hasta dónde llega el agua, así como hacer estudios de suelo, y a partir de esto se puede definir “qué obras de mitigación se podían establecer sabiendo que ya existen unos asentamientos ahí”.
Pero advierte que cualquier plan debe empezar por saber quiénes habitan la zona: cuántas familias hay, cuántos niños y adultos, porque las soluciones se deben pensar sociológicamente, pero también educar a la gente. Ante las demoras en las soluciones, es necesario que sepan cómo actuar para prevenir otra tragedia similar.