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María Eugenia Sánchez Chacón tiene 62 años, el cabello florecido de canas y la mirada cansada por el tiempo y el dolor que causa la desaparición forzada. Es madre de tres hijos y los últimos 24 años, con muletas o en silla de ruedas, los ha dedicado con amor y dignidad a limpiar el nombre de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez, uno de ellos. Ha recorrido laboratorios forenses, oficinas de la Fiscalía, organizaciones de derechos humanos, unidades militares y despachos judiciales innumerables veces. En la mayoría de las ocasiones solo ha recibido portazos. Pero aunque cada respuesta sea más desalentadora que la anterior, sigue buscando a su hijo, asesinado y desaparecido en 2002 por exmilitares en el departamento del Meta.
El caso de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez es uno de los 209 de falsos positivos y 65 de desapariciones forzadas que investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el Meta. El expediente hace parte del caso 03 de la justicia transicional y recientemente 27 exintegrantes de la Séptima Brigada del Ejército, el Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas (Bivar) y el Gaula Militar Meta aceptaron que, en alianza con paramilitares del Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cometieron entre los años 2002 y 2007 cientos de crímenes de guerra y de lesa humanidad. El segundo de los tres hijos de María Eugenia Sánchez Chacón es una de esas víctimas que, si la justicia se sigue moviendo, podría ser identificada pronto.
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Justo este 30 de junio habrá una mesa de trabajo entre el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda (que representa a María Eugenia Sánchez Chacón), la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con un objetivo claro: agilizar la identificación de los restos de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez. Su madre, sus dos hermanos y su sobrina, Michelle Dayana, esperan recibirlo después de que uno de los comparecientes confirmara en audiencia lo que esta madre sabía desde marzo de 2002 y que la justicia ignoró: que su hijo fue sepultado como persona no identificada (NN) en la tumba 03 del cementerio del municipio de Granada (Meta).
“Me siento feliz de que me lo entreguen, aunque sean solo los huesitos”, expresó en diálogo con El Espectador doña María, como la conocen todos los funcionarios de la JEP. “Por lo menos podremos darle una sepultura digna”, agregó Michelle Dayana, su nieta mayor y quien desde hace unos ocho años anda con ella, para arriba y para abajo, en cada reunión y audiencia a la que las citan y llegan con la esperanza de hallar una pieza de ese cristal roto de la verdad que llevan más de dos décadas reconstruyendo. Pero los planes de María Eugenia Sánchez Chacón son distintos. En ellos no hay tumbas, osarios ni visitas a los cementerios: “Sepultarlo no. Elegiremos un río para tirar las cenizas, que se vaya y descanse en paz”, dijo la mujer.
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Carlos Eduardo, un niño juicioso
Doña María alarga su mano para alcanzar la pequeña cartera que su nieta, Michelle Dayana, pone sobre una mesa del auditorio de un hotel en Villavicencio. Usa sus dedos como pinzas para buscar en el fondo algo que parece necesitar antes de hablar sobre Carlos Eduardo Muñoz Sánchez. Saca un labial rojo y con cuidadosa pericia lo pasa por sus labios. “A mi hijo le encantaba como me quedaba este labial, decía que me miraba muy bonita”, expresó. Cuando habla sobre él, los ojos se le achinan por una emoción que mezcla el orgullo con la nostalgia. “Él era un niño muy juicioso, aunque no le gustó estudiar y solo hizo hasta quinto de primaria. Pero le gustaba trabajar. Era trabajador y muy acomedido”, recordó en su diálogo con este diario.
Carlos Eduardo Muñoz Sánchez nació el 29 de septiembre de 1985 y creció en el Barrio Industrial, en la comuna cuatro de Villavicencio. Una de las zonas de mayor expansión urbana y densidad poblacional de la capital del Meta, según el Ministerio de Vivienda. Como era apenas un niño cuando dejó la escuela, empezó a trabajar para ayudarle a doña María a sortear los gastos de una familia en la que las necesidades eran grandes y las fuentes de ingresos escaseaban. Se levantaba a las 5:00 de la mañana, todos los días, para salir a vender limones por las calles de la ciudad. Pasaba el día trabajando bajo el sol, a pesar de la temperatura que puede alcanzar los 31 grados centígrados, y regresaba a casa entrada la noche.
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“Era un niño muy noble, nunca fue grosero conmigo”, recordó María Eugenia Sánchez Chacón. Mientras Carlos Eduardo Muñoz Sánchez vendía limones, su madre trabajaba como empleada doméstica. Desde niña ha sufrido de una parálisis que le redujo considerablemente la movilidad. Primero sorteó la vida trabajando en muletas. Hasta que hace 20 años el desgaste de sus piernas la obligó a pasar a una silla de ruedas y empezó a ganarse el sustento preparando comidas. “Empecé a hacer empanadas y arepas para vender. Cuando se llevaron a mi hijo, yo vendía chorizos”, recordó. La fecha de la desaparición la tiene tatuada en su memoria: 26 de febrero de 2002. Era martes y doña María sintió que ese día le arrebataron la mitad de su vida.
Carlos Eduardo Muñoz Sánchez estaba en las calles de Villavicencio vendiendo limones, como siempre lo hacía, cuando hombres desconocidos lo engañaron con una falsa promesa laboral. “Se lo llevaron con mentiras para un trabajo en una finca. Estábamos en una situación económica muy mala. Yo estaba mal y teníamos que pagar el arriendo. Me dijo que lo había invitado un señor y que a la semana volvía”. La persona que le ofreció ese trabajo le entregó COP 100.000. El joven de apenas 17 años, cuando se despidió de su mamá, le dio COP 60.000 y le prometió que regresaría a ayudarla económicamente. “Hasta el sol de hoy, porque han pasado 24 años y nunca lo volví a ver”, expresó doña María.
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Una fotografía de la barbarie
A Carlos Eduardo Muñoz Sánchez no le gustaban los huevos con cebolla y María Eugenia Sánchez Cañón recuerda que siempre le gustó dormir con ella. “Yo tengo guardada una cobijita morada con la que él se arropó hasta los 17 añitos. Cuando estaba bravo, se enroscaba en ella y se iba a dormir a otra pieza”, narró su mamá. Pero casi siempre durmieron en la misma cama, hasta la noche antes de su desaparición. “Aunque Villavicencio era tranquilo, sí llegaban personas a llevarse a los más inocentes. Y la gente decía: ‘Ojo que se están llevando a los chinos’. Pero jamás en mi vida pensé que él iba a caer en una de esas redes”, expresó. Cuando su hijo se fue, doña María se quedó con la incertidumbre inundándole el corazón.
Aunque su hijo le prometió que regresaría una semana después, su visita nunca ocurrió. Tampoco hubo una llamada, una carta o mensaje de él ni de otros tres jóvenes desaparecidos el mismo día. Olga Naizir, abogada del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y representante de víctimas del caso 03 ante la JEP, le contó a El Espectador que las pocas pistas que ha podido recoger la justicia permiten establecer que, al parecer, se trató de un caso de ejecución extrajudicial a manos de uniformados del Ejército. Para la fecha de los hechos, el comandante del Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas (Bivar) era el teniente coronel (r) Héctor Alejandro Cabuya de León, hoy compareciente ante la JEP.
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También el sargento segundo (r) Asmir Téllez aceptó responsabilidad el 4 de junio ante la JEP y ante María Eugenia Sánchez por su participación en el asesinato de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez. La abogada Olga Naizir explicó que el joven de 17 años, tras ser engañado en Villavicencio, fue llevado al municipio de San Martín (Meta), puntualmente a un sitio llamado Hacienda La Cachamera. Con él también fue llevada otra persona identificada como Dairon Villafañe. “Los asesinaron en San Martín. Pero a doña María Eugenia le informaron que el cuerpo estaba en el cementerio de Granada (Meta), porque esa era una forma de operar. Los mataban en un lado y los enterraban en otro para que no se supiera qué pasó”, explicó la jurista.
Dos años después de la desaparición de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez, doña María recibió una llamada relacionada con él: “Me dijeron que si quería saber de mi hijo, fuera a Medicina Legal en Granada, que allá tenían información”. Su cuerpo había llegado a ese lugar el 3 de marzo de 2002. La mujer fue junto a las familias de los otros tres jóvenes desaparecidos el mismo día. Solo dos de ellos, Dairon Villafañe e Indalecio González, fueron plenamente identificados tras ser presentados como guerrilleros muertos en combate. A María Eugenia Sánchez Cañón le entregaron un álbum forense en el que reconoció a su hijo, asesinado con crueldad. “En ese libro estaba él. Lo degollaron y los comparecientes no me han respondido por qué le hicieron eso”, narró.
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El perdón y las respuestas pendientes
El regreso que Carlos Eduardo Muñoz Sánchez le prometió a su madre nunca ocurrió y su visita a Medicina Legal le dio a la mujer la certeza de que había sido asesinado. María Eugenia Sánchez Cañón les pidió a los funcionarios que le dijeran dónde estaba y que se lo entregaran. Solo le respondieron que estaba en la tumba 03 del cementerio de Granada (Meta). Un dato que durante 24 años esta mujer ha atesorado en su corazón con la esperanza de que lo identifiquen y se lo entreguen para poder despedirlo. Hizo todo lo posible para que la justicia ordinaria escuchara su petición y nunca lo logró. Por el contrario, cada visita a la Fiscalía era como un golpe en el estómago que profundizaba aún más la herida abierta por la desaparición de su hijo.
“Yo puse una denuncia ante la Fiscalía y nunca me dieron respuesta. Iba y me decían que no había aparecido o me rechazaban por mi discapacidad. Nunca me atendieron”, narró María Eugenia Sánchez Cañón a este diario. En 2017, aproximadamente, el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda tuvo conocimiento del caso y asumió la representación judicial de la familia de Carlos Eduardo Muñoz Sánchez. La abogada Olga Naizir explicó que durante los años en los que el expediente estuvo en manos de la justicia ordinaria, la respuesta siempre fue la misma: “No se ha logrado la plena identificación y por eso no han hecho la entrega del cuerpo”. Pero, además, señaló que la institucionalidad durante años solo le dio la espalda.
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“Doña María Eugenia en algún momento tuvo que ir a la Fiscalía y, como no la dejaban entrar, tuvo que subir las escaleras a gachas”, narró la jurista. Solo hasta que el proceso llegó a la JEP, hace unos ocho años, el expediente empezó a moverse. El caso de María Eugenia Sánchez Cañón entró en el subcaso Meta del macrocaso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate por agentes del Estado. Los comparecientes, entre ellos Héctor Cabuya y Asmir Téllez, aceptaron su responsabilidad en el crimen. Incluso, en la reciente audiencia señalaron que son diez las tumbas del cementerio de Granada (Meta) en las que hay desaparecidos. Para doña María, esa confesión fue un bálsamo que ayudó a curar la herida y alimentó un perdón que, en su caso, no tiene límites.
“Yo los perdono de todo corazón porque nos han dado respuestas. Lo único que les pido es que me entreguen a mi hijo, que me ayuden a encontrarlo”, expresó. Pero también hay responsabilidades que el Estado debe saldar, como su reconocimiento por parte de la Unidad para las Víctimas, para que pueda acceder a una reparación integral. Ese proceso también ha estado lleno de tropiezos. Incluso, la abogada Naizir contó que interpusieron una tutela contra la mencionada entidad para avanzar en el reconocimiento de varias de las víctimas del Meta. El recurso fue admitido hace una semana por un juez de Bogotá. Al tiempo que los abogados se mueven en las aguas de los procesos judiciales, María Eugenia Sánchez Cañón habla de lo que le da esperanza cada día: “Saber que me lo van a entregar y que todavía hay que seguir adelante”.
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Por Gustavo Montes Arias
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