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A la Corte Constitucional llegó una tutela que busca poner en cintura a una de las empresas más grandes del mundo: Google. El gigante estadounidense y su empresa filial en Colombia no estarían cumpliendo las órdenes que desde 2020 les dictó la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) relacionadas con el tratamiento de datos personales de los colombianos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. La acción es impulsada por tres organizaciones que han insistido por todos los medios para que las empresas respondan sobre cómo están manejando la información y hasta qué punto están cumpliendo con las obligaciones que les fueron impuestas.
En septiembre de 2020 la SIC expidió una resolución en la que dio cuenta de una investigación que realizó a las empresas Google LLC y Google Colombia Limitada. Lo que encontró la superintendencia es que las empresas recopilan información de adultos y niños como nombres, contraseñas, fecha de nacimiento, direcciones de correo electrónico, datos financieros y de contacto. También guarda fotos, videos y documentos de todos los usuarios. Sin embargo, no era claro para la entidad cómo era que la empresa hacía todo esto. Por eso, les ordenó crear un procedimiento para informar de manera clara a los usuarios sobre el tratamiento de su información, destacando lo que tenga que ver con los datos de menores.
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Aunque la orden fue emitida desde ese momento, las empresas, aparentemente, siguen sin cumplirla. De hecho, desde 2022 Google LLC y Google Colombia Limitada sostienen que las leyes colombianas no les son aplicables. Según expusieron ante estrados judiciales, en el caso de Google, el tratamiento de datos personales se hace desde Estados Unidos, no desde Colombia. Y en el caso de su filial en el país, supuestamente, no es una empresa dedicada al tratamiento de datos sino a servicios de marketing y publicidad, por lo que tampoco le aplicaría la Ley 1581 de 2012, en la que se estableció el marco general de protección de datos personales en Colombia.
Aunque las empresas se mantienen en esa defensa, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), la Fundación Karisma y El Veinte, organizaciones que le han seguido la pista a los derechos digitales de los colombianos, insisten en que deben cumplir con la orden de la SIC y dar a conocer cómo vienen tratando los datos de los usuarios, especialmente los de los menores de edad. Maryluz Barragán, subdirectora de Dejusticia, le dijo a El Espectador que “Google ha venido demandando las órdenes de la SIC y sus argumentos son básicamente evasivas. Hasta la fecha no deja claro si cumplen o no cumplen”.
Dentro de las respuestas que han dado las empresas en los derechos de petición, sostienen que “Google Colombia Limitada, no participa en la prestación efectiva de los servicios de ‘Google’ y/o ‘YouTube’ ni tiene injerencia sobre sus operaciones, incluidos los aspectos relacionados con el tratamiento de datos personales de sus usuarios. La única titular y administradora de las plataformas y/o herramientas digitales de Google es Google LLC”. Este diario contactó a la defensa de Google en Colombia para conocer su postura sobre la petición que le hacen las organizaciones a la Corte Constitucional, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
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La petición de las tres organizaciones está golpeando las puertas de la Corte Constitucional, pero viene recorriendo un largo camino. Desde mayo de 2025 le enviaron derechos de petición a Google LLC y Google Colombia Limitada para que contestara sus dudas sobre el manejo de los datos, pero las respuestas, aseguran, fueron siempre negativas, porque las empresas consideran que no están obligadas a responder sobre normas que, según ellas, no les aplican. El caso escaló a lo judicial en enero de este año. En primera instancia, el juzgado 73 penal de Bogotá negó la petición, considerando que la respuesta de Google LLC y Google Colombia Limitada fue suficiente. En segunda instancia, el juzgado 15 penal lo confirmó.
A pesar de las negativas de la justicia, las organizaciones se mantienen en que el caso debe ser tratado, pues va más allá de una simple respuesta. La subdirectora de Dejusticia sostiene que “los datos que recogen terminan explotándose comercialmente. Incluso, desde enero cuestionamos lo adictivo de estas plataformas, el scroll infinito y tiene afectaciones en la salud mental y física de los usuarios”. De hecho, la tutela resalta que “un tratamiento de datos opaco posibilita el uso de estrategias publicitarias agresivas a las que no se les puede hacer ningún tipo de control desde la ciudadanía y que difícilmente privilegian el interés superior del menor, pues es común que se promocionen productos nocivos para su salud”.
Por su parte, la codirectora de la Fundación Karisma, Catalina Moreno, le manifestó a este diario que “lo que está sucediendo con las grandes empresas tecnológicas es que pudieron desarrollar su negocio en una ausencia de regulación y esa ausencia de regulación clara también se repite en Colombia”. Por eso, dice, “es importante que nosotros aquí en Colombia podamos tener una forma de ajustar también y decir ‘bueno, aquí también hay una autoridad de datos colombiana que está en cabeza de la SIC, para el manejo de datos y que pueda agenciar los derechos’”. Las organizaciones apuntan a que su tutela sea aceptada y que vaya más allá de que le ordenen a Google responder las preguntas.
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“Esto arranca con Google, pero puede, en el futuro, llevar a que otras plataformas como Tik Tok sean claras con su tratamiento de datos de los ciudadanos, especialmente los de los niños, niñas y adolescentes. Además, no es un tema relevante solo para Colombia, sino para la región”, asegura la subdirectora de Dejusticia. La codirectora de Fundación Karisma considera que los menores de edad son personas especialmente vulnerables, pero que “también tenemos que empezar a pensar en personas de la tercera edad que les pasa lo mismo, es una población que es altamente vulnerable, maleable y que su consumo de contenido está siendo mediado y manipulado por ciertas empresas tecnológicas”.
Aunque las organizaciones tienen la esperanza, el futuro de la tutela está en manos de los magistrados Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quienes presiden la Sala de Selección que iniciará a las 10 de la mañana de este martes y decidirán si las peticiones hechas a Google son de la mayor relevancia para la justicia colombiana o si, una vez más, la empresa puede mantenerse en el argumento de que la legislación nacional no le aplica por tener su sede principal en California, Estados Unidos. Por ahora, lo dictado por la SIC sigue en el limbo y la forma como Google trata los datos personales de los niños, niñas y adolescentes sigue siendo un misterio.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
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