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El proyecto Sendero de las Mariposas, que pretendía construir un corredor turístico y cortafuegos en los Cerros Orientales, desde Usme hasta Usaquén, y que en su momento presentó el exalcalde Enrique Peñalosa como una “iniciativa revolucionaria”, quedó sepultado definitivamente. Esto, luego de zanjar un pleito, por una ínfima suma de dinero, entre entidades distritales, que impedía firmar el acta de liquidación del convenio interadministrativo que dio vida a la iniciativa.
Sin duda, el plan de prevenir y tener una ruta para contrarrestar incendios forestales en la principal reserva de capital y, de paso, generar espacio para el disfrute de la ciudadanía, era una iniciativa atractiva. Sin embargo, algunos ambientalistas lo vieron más como un ecocidio, razón que llevó al traste el proyecto, que se archivó hace más de seis años. Lo nuevo es que el convenio entre entidades distritales que impulsaba la obra seguía vigente.
Acá vale recordar que con el arribo de Claudia López al Palacio Liévano y su visión sobre el cuidado y la conservación de los cerros orientales (en línea con la sentencia del Consejo de Estado que ordenó protegerlos), en 2020 la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, retiró la solicitud de licencia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). Luego comenzó un proceso para liquidar el convenio; reintegrar los recursos que aportaron varias entidades distritales y redirigirlos para atender la emergencia del Covid-19.
Fue en este escenario que se dio la diferencia entre el IDIGER y el Acueducto, que estuvo a punto de irse a los tribunales, de no haber sido por la intervención de la Secretaría Jurídica, que luego de tres años le puso fin al pleito. Lo llamativo fue el monto por el cual discutieron: COP 16 millones.
La conciliación
El acuerdo, por más de COP 16 mil millones, que dio vida al Sendero de las Mariposas lo firmaron el 11 de julio de 2016 la Empresa de Acueducto, el IDIGER y la Secretaría de Ambiente, para “aunar esfuerzos para el estudio y diseño” del proyecto. Con el archivo del trámite ambiental y el vencimiento del plazo de ejecución el 30 de abril de 2021, las partes suscribieron el acta de liquidación bilateral el 27 de octubre de 2023. Allí se entregó el balance de los recursos no ejecutados, por COP 4.000 millones.
El dinero lo debía reintegrar el Acueducto al Idiger. Y lo hizo, pero no completo: se presentó una diferencia de COP 16 millones, de los cuales, según el Acueducto, obedecían al cobro del Gravamen a Movimientos Financieros (4×1000). Ambas entidades no se pusieron de acuerdo y el Idiger acudió a la Secretaría Jurídica, para que sirviera de árbitro en la disputa. “Entramos a mediar en aspectos de interpretación normativa (y aquí no fue la excepción), precaviendo la existencia de pleitos entre el Distrito y descongestionando la administración de justicia”, señaló a El Espectador el secretario jurídico, Mauricio Moncayo.
Tres años duró la conciliación, que finalmente se resolvió el pasado 11 de mayo: la Secretaría Jurídica revisó antecedentes entre entidades públicas y encontró que la DIAN se había pronunciado en 2025, donde dictaba que cuentas bancarias usadas para ejecutar recursos de convenios interadministrativos pueden quedar exentas del 4×1000.
El error, si así se puede denominar, fue que, de acuerdo con la Secretaría Jurídica, en dicho convenio no se reguló expresamente qué parte asumía la carga de obligaciones tributarias. La conciliación, entonces, definió que el Acueducto accedía a pagar el valor retenido (teniendo la posibilidad de reclamar a la entidad bancaria) y el Idiger manifestaba su conformidad.
Este era uno de los 120 enfrentamientos entre entidades del Distrito que, de acuerdo con Moncayo, recibieron al inicio de la administración. En estos dos años y medio, resaltó, han logrado subsanar 80 pleitos, algunos generados por interpretaciones de la normativa o de contenido económico. “Hemos tenido alrededor de unas 12 solicitudes de mediación. Lo que tratamos es darle tranquilidad a los diferentes actores administrativos, dando soluciones efectivas a las problemáticas y así poder avanzar en una ejecución segura y eficiente del recurso”, concluyó el secretario jurídico.
Aunque buscamos al Idiger para ahondar en la polémica, prefirió no pronunciarse públicamente. Por su parte, el Acueducto respondió que cuentan con máximo 60 días hábiles para realizar el desembolso, sin que, al término de esta edición, detallaran si acudirán a la entidad bancaria para reclamar el gravamen del 4×1000.
No hay fantasmas del sendero de las mariposas
El sendero cortafuegos se concebía principalmente como un camino con pasos y puentes peatonales sobre fuentes hídricas, ciclorutas, así como un acceso en la mitad de los cerros orientales, para facilitar la entrada a los bomberos en caso de emergencias. Mientras duró su trámite de licencia ambiental, en varias audiencias públicas fueron más las voces de reclamo que cuestionaban las cargas que iba a soportar la reserva protectora Bosque Oriental (de la que hacen parte los Cerros Orientales) por cuenta del turismo; los daños ecológicos irreparables a la fauna y flora de la reserva, hasta perjuicios a las comunidades que aún viven en el área de reserva.
Tras la decisión voluntaria de la Secretaría de Ambiente en 2020 de retirar el proceso de licenciamiento ambiental, los vestigios de este proyecto reaparecieron en 2024 durante los devastadores incendios forestales en los cerros orientales, ante las altas temperaturas generadas por el fenómeno de El Niño. En esta coyuntura, el alcalde Enrique Peñalosa resaltó que el proyecto habría evitado mayor conflagración e, incluso, el concejal Juan David Quintero (En Marcha), en entrevista con Revista Semana, propuso revivirlo con algunos ajustes.
Aun así, la Secretaría de Ambiente señaló a este diario que no se contempla retomar esta idea, ni presentar ninguna solicitud al Ministerio de Ambiente. Desde la CAR Cundinamarca y la ANLA, respondieron también que no se ha tramitado dicha solicitud de licenciamiento. De momento, ya con el conflicto entre entidades saldado, la idea del sendero pasa a ser una más de los tantos proyectos inconclusos en la ciudad.
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Por María Angélica García Puerto
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