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Claudia Mónica Portilla solo sintió un fuerte ardor en su cara. Fue el 30 de noviembre de 2020, fecha que dice nunca olvidará. El reloj marcaba las 10:00 p. m. Regresaba de una jornada extensa en la droguería donde trabajaba en Orito (Putumayo). Su hijo, entonces con 17 años, la recogió en la moto y juntos llegaron a la casa. Lo que recuerda es difuso. Nunca había visto al hombre que la atacó, quien tenía un tapabocas, gorro y buzo. “Lo primero que pensé fue que nos iba a robar”, narra. Y sí, le pidió que le pasara el bolso y luego le lanzó al rostro un agente químico. Su hijo también sufrió lesiones.
Entonces, todo se tornó nublado. “Yo solo me quedé quieta. Bloqueada. Entré en shock”. Fue su hijo quien la sacó del trance a gritos. “¡Mami, corramos!, me gritaba”. Los vecinos acudieron a su auxilio y de manera intuitiva empezaron a lavarlos con agua. Nunca llegó la ambulancia. Un samaritano fue quien los llevó en su camioneta hasta el hospital más cercano. El diagnóstico para ella era devastador. Su hijo, por fortuna, sufrió quemaduras leves en espalda y cuello.
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Claudia tuvo que ser trasladada en una avioneta-ambulancia hasta el Hospital Simón Bolívar en Bogotá, donde estuvo en UCI largas semanas y duró un semestre internada. En estos seis años, ha sido sometida a 38 cirugías reconstructivas. La cara, el pecho y las piernas fueron las principales lesiones desde el ataque con agente químico.
Ella fue una de las 589 víctimas de ataques con agentes químicos en el país durante el 2020, según cifras del Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo-SIEDCO de la Policía Nacional. Y es que en Colombia, se estima que el 80 % de las víctimas son mujeres y el 82 % de los agresores, hombres. De hecho, el país ocupa el deshonroso tercer lugar a escala global en número de casos, con un aproximado de 100 casos cada año, según la organización benéfica ASTI (Acid Survivors Trust International).
“Se le va a acabar esa belleza”
Mapear los ataques con agentes químicos puede no ser exacto. Algunas víctimas no saben cómo denunciar u otras temen hacerlo. Ese es el caso de Martha Herrera Sandoval, quien 39 años después, el agresor nunca fue judicializado. Como Claudia, ella también recuerda la fecha exacta: un 6 de marzo de 1987, en el barrio Venecia (Tunjuelito). Tenía 27 años.
Ese día, salió de su casa sobre las 7 de la mañana. Se disponía a tomar un bus cuando un sujeto que cubría su identidad con gafas oscuras la llamó. Cuando volteó, sintió un líquido que le escurría en su rostro. El ardor fue inmediato. Para ese momento, los centros médicos no estaban preparados y fue después de un tiempo que la remitieron al Hospital Simón Bolívar.
Claudia y Martha, con una línea temporal de cuatro décadas de diferencia, tienen algo en común: su expareja masculina las amenazó luego de romper la relación sentimental. Con ello, vino después el ataque. “Le dije que no íbamos a volver y me advirtió que era una orgullosa por mi belleza y eso se me iba a acabar. Que iba a derramar lágrimas de sangre”, menciona Claudia. “Mi novio de ese momento me dijo que si yo no era para él, no era para nadie”, aseguró por su parte Martha.
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De ahí que este tipo de violencia extrema sea considerada también como una forma de violencia de género. Un crimen presidido por una violencia machista que responde, de acuerdo con la literatura, a un acto de desconocer toda humanidad en las mujeres y tratarlas como un objeto, una propiedad privada o un ente que carece de derechos.
Los efectos no solo buscan ser físicos, sino también violentar su salud emocional, moral, de autoestima y el derecho de construir un proyecto de vida. De hecho, estudios de la Secretaría de la Mujer muestran que la mayoría fueron atacadas en edades productivas, por lo que, al momento del ataque, no contaban con la suficiente experiencia laboral o formación académica para acceder a empleos cualificados una vez finalizados sus procesos de recuperación.
“La primera vez que me miré al espejo luego de la agresión, fue impactante. Duré 7 años encerrada en mi casa, solo viendo a mis papás y mis hermanas. Me costó mucho trabajo salir a la calle porque tenía miedo (…) Fue un amigo quien me dio la oportunidad de trabajar y ahí empecé a salir adelante. Hoy me siento orgullosa de la persona que soy”, resalta Martha.
Según datos de la Secretaría de la Mujer, entre el 31 de enero y el 1 de julio de este año, 35 mujeres están en riesgo de ataque con agente químico y 45 mujeres han sido atendidas bajo esta estrategia en la entidad distrital. De este total, 6 son sobrevivientes. La mayoría de casos provienen de la localidad de Kennedy (10), Suba (6) y Ciudad Bolívar (5). Además, 25 de ellas se encuentran en edades entre los 29 y 66 años.
Prevenir el delito
El efectivo derecho a la justicia es clave cuando se presenta este tipo de violencia de género. Colombia, desde el ataque con químico a Natalia Ponce de León, sancionó en 2016 la ley que lleva su mismo nombre y creó el tipo penal ‘Lesiones con agentes químicos, ácido y/o sustancias similares’, endureciendo las penas a los agresores y regulando la venta de estas sustancias.
A pesar de este importante avance, las mujeres siguen enfrentando largos procesos judiciales, donde el sistema penal puede presentar dificultades a la hora de investigar. Por ejemplo, en el caso de Claudia Portilla, aseguró que en 2021 rindió doble testimonio a la Fiscalía y la estación de Policía en Orito, Putumayo. Su representación de víctimas está en manos de la Personería municipal.
Cinco años después, el ente acusador logró librar orden de captura contra el presunto autor material, Fredy Larrahonda, y el autor intelectual, su expareja, Jesús Emiro Ángulo. Ambos fueron imputados por el delito de lesiones con agentes químicos. Mientras tanto, Larrahonda deberá responder, además, por homicidio en grado de tentativa y Ángulo por feminicidio agravado. El caso está en etapa de juicio y los dos se encuentran recluidos en la cárcel de Pitalito (Huila) y Palmira (Valle).
En el marco de la respuesta estatal para no solo atender, sino prevenir este tipo de violencia, la Secretaría de la Mujer viene acompañando a las sobrevivientes desde 2014 con atención psicosocial y sociojurídica, además de la articulación con otras entidades distritales para promover su acceso a formación, empleo y salud. Cuenta de ello es el rol del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud (IDCBIS), que se encarga de favorecer el acceso a un banco de tejidos con disponibilidad de piel para el caso de trasplantes.
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A nivel preventivo, la Secretaría destaca actividades para vincular a la academia, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la construcción de conocimiento que incentive el diálogo y caracterización de esta forma de violencia.
Claudia y Martha no se conocen, pero su ímpetu y fortaleza de llamarse sobrevivientes las une a kilómetros de distancia. Ambas reconstruyeron su proyecto de vida y son el rostro de quienes aún esperan justicia para cerrar este capítulo, pero sobre todo, las historias de lo mucho que falta por prevenir en la sociedad.
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Por María Angélica García Puerto
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