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Las dos primeras sentencias restaurativas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) están en firme. Llevan siete días con la firma de los magistrados de la Sección de Apelación de ese tribunal transicional, que durante 10 meses resolvieron más de 30 recursos en contra de los fallos de primera instancia. En esos dos documentos históricos sancionaron por primera vez al último Secretariado de las Farc, por más de 21.000 secuestros, y a 12 exmilitares del Batallón La Popa (César), por 135 ejecuciones extrajudiciales. Pese a que están listas para cumplirse y firmadas por jueces, hay una pregunta sensible que ronda esta situación: ¿cómo y quiénes van a garantizar la financiación de estas órdenes judiciales para que pasen del papel a la realidad?
El problema no es menor. La Contraloría dice que se necesitan al menos COP 500.000 millones, pero hoy solo hay COP 20.000 millones. El Acuerdo de Paz de 2016, que trazó las líneas de la cancha en la que se mueve la JEP, dice que la ejecución de sus sentencias depende del Gobierno. En esa medida, también recae en él la responsabilidad de consignarle los recursos necesarios al Fondo Colombia en Paz, que administra, coordina y ejecuta los dineros destinados a la implementación de lo pactado en La Habana. El problema es que, hasta el momento, no es claro si el presidente electo, Abelardo de la Espriella, va a poner la financiación de las sentencias de la JEP como un punto prioritario de su agenda de gobierno.
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Las pistas que ha dado sobre su postura frente a la JEP generan preocupación en esa entidad, así como entre organizaciones de representantes de víctimas y entidades que le miden la implementación del Acuerdo. El próximo jefe de Estado dijo durante su campaña presidencial que no mantendría activa la JEP, aunque en teoría no podría eliminarla, pues hace parte de la Constitución y, para lograrlo, tendría que promover una reforma constitucional, una estrategia que él mismo rechazó. Para Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombia de Juristas (CCJ), organización que representa a víctimas en la JEP, es obligación del presidente disponer los recursos necesarios para el cumplimiento de las sanciones.
La jurista agregó en diálogo con El Espectador que, si bien es importante que el pasado 26 de junio el Ministerio de Justicia haya emitido el decreto con el que se dictan los lineamientos para el cumplimiento de las sanciones propias de la JEP, no es suficiente con el plan que está trazado en el papel. “Las obligaciones derivadas del Acuerdo Final y de las decisiones de la JEP son obligaciones del Estado colombiano, no del gobierno de turno. Esto significa que, aunque cada administración tiene la facultad de definir sus políticas públicas y prioridades presupuestales, ninguna puede desconocer los compromisos constitucionales e internacionales que el Estado adquirió con las negociaciones en La Habana”, expresó Rodríguez.
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Una de las entidades responsables de administrar la subcuenta del Fondo Colombia en Paz es la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Su directora, Alejandra Miller, señaló que la cifra estimada por la Contraloría “refleja la magnitud del desafío que tenemos como Estado” y que el costo total de las sanciones todavía no es definitivo. “Estamos hablando de proyectos restaurativos que se desarrollarán en diferentes regiones del país. Por eso, en este momento no es posible establecer con total precisión el costo definitivo de todas las sanciones. Muchos de estos proyectos aún se encuentran en proceso de estructuración y requieren avanzar en su diseño técnico y en los estudios que permitan determinar su valor real”, señaló.
Aunque para la directora Miller tener COP 20.000 millones asegurados es “un paso importante” para la implementación de las sanciones confirmadas hace una semana, la justicia transicional está de cara a un limbo financiero. ¿La razón? Que la crisis fiscal del país ha obligado a hacer recortes importantes desde el año pasado. En 2025, el Fondo Colombia en Paz pidió COP 1,10 billones para su funcionamiento y COP 2,73 billones para inversión en 2026. Pero el gobierno Petro terminó entregándole solo COP 632.233 millones desagregados así: COP 547.585 millones para funcionamiento y COP 84.648 millones para inversión. Ahora bien, la esperanza para el cumplimiento de las sentencias de la JEP es que su financiación no solo depende del Estado.
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En la implementación de las sanciones también intervienen los aportes de actores privados y de la cooperación internacional. Pero esto no libera al Gobierno Nacional de su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las sentencias y, por ende, del Acuerdo de Paz. Sea cual sea su postura frente a una política de Estado o sus prioridades financieras, como señalan los expertos. Para Ana María Rodríguez, de la CCJ, el gobierno de Abelardo de la Espriella no debería “sacrificar” el cumplimiento de lo pactado en La Habana, porque sería una forma de revictimización para quienes durante años han puesto su esperanza en las garantías de verdad, reparación y no repetición que están en la base del Acuerdo Final.
Por su parte, María Camila Moreno Múnera, directora de la oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional, expresó que ya el país tiene experiencia con el tema de la financiación de la Rama Judicial y, por eso, ya existen sentencias que han dicho que “la reducción del presupuesto de algún órgano de justicia puede ser interpretada como una obstrucción a la justicia y un ataque a la independencia judicial”. No obstante, para la experta, es importante “reconocer que, probablemente, la JEP sí es demasiado costosa y tiene muchísimos funcionarios”. Eso sí, aclaró que en diciembre de este año, el panorama podría cambiar porque la jurisdicción podría reducirse, pues terminaría la fase de investigación.
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En esa línea, la directora del ICTJ para Colombia señaló que parte de que el camino para la reducción presupuestal no golpee de forma contundente a la JEP es que empiecen por ellos. “La misma JEP debería hacer una revisión exhaustiva y juiciosa del plan para los años. Y que, a partir de esas nuevas necesidades, que se concentrarán en la fase de juicio, pueda hacer los ajustes correspondientes y proactivamente proponer ciertas reducciones para que no sean impuestas por el Gobierno”. En todo caso, María Camila Moreno concluyó que ante cualquier reducción presupuestal que afecte la seguridad jurídica de la JEP y la administración de justicia, en el fondo lo que se pondría en duda “es la seriedad del Estado y su compromiso con las víctimas”.
En esto último coincide Ana María Rodríguez de la CCJ. “Si el Gobierno, por falta de asignación de recursos, impide el cumplimiento de las sanciones, podría interpretarse, desde el Derecho Internacional, como falta de voluntad de hacer justicia o como una forma de amnistía encubierta o disfrazada”, señaló Rodríguez, quien puntualizó que esto podría generar consecuencias para Colombia en el ámbito internacional y “una afectación a la credibilidad del Estado frente a esa comunidad que ha respaldado el proceso de paz”. Así las cosas, está por verse la posición que realmente asuma Abelardo de la Espriella desde la Casa de Nariño ante unas decisiones que, más allá de la política, son sentencias judiciales.
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