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Este viernes, varios habitantes de un barrio al sur de la ciudad se concentraron en la Plaza de Bolívar y la carrera décima para defender sus viviendas. Uno de los que participó fue Duván Gaitán, quien vive junto a su mamá en el sector El Remanso I desde hace 15 años.
Como sus vecinos, quienes también contaron su historia a este diario, aseguró que fueron engañados con la promesa de tener una vivienda propia. Para 2011, cuenta que un hombre les ofreció un lote de 40 m² por el que pagaron COP 12 millones y, con el que a la fecha, construyeron una casa de un primer piso. “Nosotros vivíamos en María Paz cuando llegaron a ofrecer unos lotes prometiendo una buena ubicación”, recuerda.
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15 años después y a pesar de estar pagando impuesto predial y servicios públicos, solo un documento de promesa de compraventa es la garantía de su propiedad. No hay escrituras. De ahí que desde abril, cuando se definió la fecha del primer desalojo, vivan en zozobra sobre qué pasará con su casa.
Este es el predio en disputa
El 6 de mayo fue la primera fecha de intento de desalojo de este barrio donde viven cerca de 483 personas, entre adultos mayores, niños y población vulnerable. Precisamente fue a partir de una acción de tutela de la Personería de Bogotá que pidió el amparo a las personas de especial protección, lo que al final detuvo la diligencia y su reprogramación para el 14 de julio.
Esta fecha fue nuevamente pospuesta. Según conoció El Espectador, el inspector Distrital 7A de Convivencia y Paz presentó una incapacidad médica que le impidió materializar la orden de policía por perturbación a la posesión, así como asistir a la sexta mesa de seguimiento y articulación interinstitucional que estaba programada para este 10 de julio. En la comunicación, el inspector señaló que emitirá el correspondiente acto administrativo mediante el cual fijará una nueva fecha para el desalojo sin que, hasta ahora, se conozca.
Ubicado en la KR 87C# 74-70 sur, el predio en disputa tiene casi 5 mil metros cuadrados, encierra cuatro cuadras y colinda con el Río Tunjuelo. El caso se remonta a 2011, cuando la Sociedad Transportadora de los Andes S.A. – Sotrandes, denunció que le fue arrebatado mediante ocupación. Ese año la empresa interpuso una querella contra las personas indeterminadas que ocupaban el lote, pero el fallo salió en contra en 2018. De acuerdo con el inspector de policía, los acusados no eran quienes habitaban las viviendas y sí otras personas naturales, que en su momento adujeron ser ocupantes de buena fe y luego revendieron el lote.
Sin embargo, el antiguo Consejo de Justicia de la Secretaría de Gobierno resolvió la apelación a favor de Sotrandes (uno de los operadores de transporte en Bogotá) argumentando que sí se había perturbado la posesión del lote. “El fallo mencionó al señor Agustín la Rotta, quien junto a otro señor ocupó el inmueble y luego vendieron a otros tierreros, que se aprovecharon de mis clientes. Los que habitan allí son en realidad víctimas”, dijo el abogado Hárold Pierr Rengifo, quien representa a algunos residentes.
El tire y afloje en la compra del predio
El Remanso I es uno de los ejemplos sobre la ocupación informal en Bogotá y cómo sus periferias acogieron el acelerado crecimiento de la ciudad. De hecho, según cifras de Camacol, se estima que Bogotá alberga 12.324 manzanas de origen informal, es decir, el 35% de los hogares aún habita en viviendas informales.
De ahí que la legalización de barrios no solo sea una condición esencial para garantizar el derecho a la vivienda y sus derechos conexos -como lo señaló la Corte Constitucional en su Auto 373 de 2016-, sino también clave para reducir la pobreza monetaria, que es casi dos veces mayor en los hogares que habitan en viviendas informales. De acuerdo con el Plan Distrital de Desarrollo de Galán, la Secretaría de Hábitat tiene como meta aumentar la legalización a 350 HA.
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Desde que se suspendió en mayo la orden de desalojo, concejales, Personería de Bogotá, Defensoría del Pueblo, entidades distritales y Sotrandes han venido adelantando mesas de diálogo para allanar el camino a la solución que pide la comunidad: la venta del predio a la Alcaldía y con ello, el inicio de un proceso de entrega de títulos.
Aunque parece una salida fácil e incluso sustentada bajo el artículo 19 de la ley 2044 de 2020, que establece que en procesos de expropiación administrativa por motivos de utilidad pública para legalizar asentamientos humanos, el Estado puede pagar al propietario legítimo un valor equivalente al 10% del avalúo comercial del predio, es precisamente este punto lo que no se ha logrado concertar entre Distrito y Sotrandes.
De acuerdo con la factura de impuesto predial de 2026 —donde, por decir de más, Sotrandes aparece como el 100 % propietario—, el avalúo catastral del lote se tasó en COP 2.551 millones. Sin embargo, al consultar también la base de datos del Distrito, el valor comercial de metro cuadrado puede llegar a costar COP 1.6 millones, lo que englobaría un costo comercial de un poco más de COP 9.000 millones.
El freno en el pedal también está en una deuda que tiene Sotrandes por la falta de pago del impuesto predial desde 2016 y donde el pasivo ya suma COP 1.145 millones. Sin esto, tampoco se podría hacer la transferencia del terreno.
En diálogo con El Espectador, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, destacó que desde la administración distrital mantienen la voluntad de resolver este pleito que data de hace 15 años. Por ello, expidieron un decreto con el que crearon una mesa de diálogo entre los distintos involucrados. En estos dos meses, resaltó que han llevado oferta institucional y diálogos internos entre las mismas entidades distritales para buscar una salida concertada.
Frente al tema puntual de la compra del predio, parece no haber un camino tan avanzado. Quintero señaló que pidieron a la Unidad Administrativa de Catastro Distrital el avalúo comercial (mencionado incluso en este artículo) para que sirva como base para definir el posible precio de adquisición del lote y así negociar con Sotrandes.
“El 10 % es una de las posibilidades que se están explorando. El Distrito cuenta con bolsas para estas contingencias judiciales. Pero todavía no tenemos el escenario definitivo de cómo va a ser adquirido. Aun así, está toda la voluntad de lograr una salida concertada que será informada a la jueza para que ella también las pueda tomar en consideración. Incluso con el anuncio de la suspensión de desalojo, tenemos un tiempo que va a ser provechoso”.
Sobre las otras salidas de expropiación o incluso embargo por la mora de Sotrandes en el impuesto predial, Quintero respondió que siguen apostando a la concertación. “Después de eso, hay otros escenarios que también contemplaremos (…) El llamado es a la comunidad, que puede estar tranquila. Vamos a ser respetuosos de sus derechos”, aseguró Quintero.
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Aunque buscamos a la empresa Sotrandes y enviamos un cuestionario para conocer también la oferta que están realizando al Distrito, al término de esta publicación no hubo respuesta.
Duván y las 96 familias de El Remanso I dicen sentirse estafados con un lote que compraron de buena fe y bajo la ilusión de tener una vivienda propia. Su exigencia es que Sotrandes oferte a precios razonables y el Distrito pueda avanzar en la compra y legalización del barrio, para por fin pasar de tener una promesa de compraventa a una escritura que los acredite como los propietarios que, aseguran, siempre han sido. Las mesas de diálogo continúan en medio de una zozobra sobre cuándo será fijado el próximo desalojo.
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Por María Angélica García Puerto
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