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Judicializan a dos funcionarios del Inpec por presunta fuga de integrante del Tren de Aragua

Según la Fiscalía, habrían recibido COP 500 millones para permitir el escape de un interno recluido en La Picota con fines de extradición a Perú.

Instalaciones de este centro penitenciario y carcelario
La investigación señala que el escape habría ocurrido el 1 de abril en la cárcel La Picota, en Bogotá.
Foto: Óscar Pérez

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La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), señalados de, presuntamente, facilitar la fuga de un integrante del grupo delincuencial Tren de Aragua de la cárcel La Picota, en Bogotá, a cambio de COP 500 millones.

Los procesados son el dragoneante José Daniel Yunda Fajardo y el inspector Édgar Alfredo Melo Forero, quienes, según la investigación, habrían participado en el escape de un ciudadano venezolano que permanecía privado de la libertad con fines de extradición hacia Perú por el delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, la fuga ocurrió el 1 de abril de 2026, cuando el interno logró escapar utilizando una cuerda artesanal elaborada con sábanas y prendas de vestir.

La investigación estableció que, durante el turno de vigilancia, los dos funcionarios habrían dejado abierta la puerta de la lavandería, omitido verificar la presencia del privado de la libertad durante los conteos reglamentarios y no activado la alerta de fuga ni registrado las novedades en la minuta oficial del servicio.

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La ausencia del interno fue detectada hasta la mañana siguiente. Sin embargo, el hombre fue recapturado el 8 de mayo en Medellín, Antioquia.

Según el ente acusador, las omisiones de los funcionarios habrían sido acordadas a cambio del pago de COP 500 millones, dinero que, presuntamente, recibieron para facilitar el escape.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de favorecimiento de fuga y cohecho propio.

Los dos procesados no aceptaron los cargos. No obstante, una juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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