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La cartera de Minas y Energía ya tiene designada a la próxima ministra, para cuando comience el gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Se trata de María Noemí Arboleda Arango, quien cuenta con experiencia en el sector.
Arboleda Arango es ingeniera electricista de la Universidad Nacional, especialista y magister en Distribución y Trasmisión de Energía. El mandatario resaltó que “fue una de las primeras mujeres en ocupar cargos de liderazgo en el sector energético colombiano”.
Actualmente se desempeña como gerente general de XM, que es el operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del mercado de energía mayorista.
Entre las labores principales e inmediatas, que le encargó el próximo presidente, está la de evitar un apagón en Colombia, ante las dificultades que enfrenta el país para garantizar su seguridad energética. Pero ese no es el único reto, le contamos de cuáles se trata.
Alistarse para El Niño
Para empezar, hay que decir que las acciones en el sector de energía son uno de los puntos más calientes de la agenda del entrante Gobierno, por varias razones.
La primera, y más urgente, es la preparación y atención ante el fenómeno de El Niño, que según las más recientes proyecciones entrará con una fuerza inusitada al país y podría reducir sustancialmente las lluvias durante el segundo semestre. El IDEAM estima que hay más de 80 % de probabilidad de que el fenómeno sea “muy fuerte”.
De consolidarse un Niño extremo, esto podría tener un fuerte impacto en la generación de energía en el país, cuya demanda se alimenta, en más de 70 %, mediante la generación hidroeléctrica.
La meta es intentar llegar a diciembre (inicio de la temporada seca estacional) con el llenado de embalses nacional por encima de 80 %. Por eso desde varias esquinas del ecosistema energético se ha pedido que las plantas térmicas comiencen a tener un papel prioritario desde ya para así ayudar a ahorrar agua en el lado de la generación hidroeléctrica.
Los problemas con el gas
La otra fuente de energía eléctrica vine de las plantas térmicas. Estas se alimentan con tres combustibles, principalmente: carbón, diésel y gas. De estos tres energéticos, el que presenta mayores complejidades es el gas, pues es totalmente importado a través de la regasificadora de Cartagena (SPEC) y alimenta las térmicas desde 2016.
Si bien el gas puede encarecer la generación de electricidad (pues está atado a precios internacionales, con todas las volatilidades geopolíticas del momento), lo complicado en este punto es que esa terminal de regasificación también viene alimentando parte de la demanda comercial del país, que desde 2024 dejó de suplirse localmente por falta de este combustible.
Y el punto crítico acá es que, si las térmicas deben funcionar a toda máquina para sobrevivir al Niño sin apagones, habrá menos gas disponible para suplir los faltantes que requiere el resto de la demanda nacional.
Para diciembre del año pasado, Naturgas estimaba que el déficit de gas nacional en firme (cuyo suministro está garantizado) es de 26 %.
El problema es estructural, como destacó Tomás González, director del CREE: Colombia pasó de tener 13,6 años de reservas en 2010 a 5,9 años de reservas actualmente, una baja de 57 %.
Y si bien hay una luz al final de ese largo túnel, con el abastecimiento que traería el proyecto Sirius (que supliría la demanda nacional, además de dejar excedentes para exportación), ese combustible no llegará el mercado sino hasta 2030, en el mejor de los escenarios.
Por el lado de la regasificación, o sea el de las terminales de importación, ya hay varios proyectos en marcha, pero ninguno está operando en este momento. Y el más cercano a entrar a contribuir al mercado nacional es a través de Puerto Bahía (Cartagena), pero su fecha de operación está para diciembre de este año, si nada se descarrilla en la mitad del camino.
Uno de los puntos clave en la agenda del próximo Gobierno es volver a apuntalar la seguridad en el suministro de gas natural en el país, un combustible que hoy mueve no sólo industrias y comercios, sino parte del parque automotor de servicio público en ciudades como Bogotá.
El espeso panorama del petróleo
Otro punto crítico en la agenda energética del país es el de la exploración y producción de petróleo.
Durante el gobierno Petro se congeló la exploración de nuevos pozos, pero a la vez hubo una especie de racionalización de los recursos ya existentes: una producción mejorada en las explotaciones activas que algunos analistas han descrito como “raspar los pozos de una forma más eficiente”.
Y, aunque este paso no es poca cosa (y algunos lo describen como necesario), lo cierto es que el panorama de reservas del petróleo en el país no es el mejor. En su más reciente informe, la Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó que, para 2025, las reservas probadas de petróleo sumaron 2.020 millones de barriles. Cuando esto se contrasta con la producción de crudo, se tiene que las reservas de este energético en el país alcanzarían para mantener una explotación por 7,4 años, levemente mejor que el dato de 2024 (7,2 años).
Aunque hay una leve mejoría y un mantenimiento del tiempo de uso de las reservas de petróleo al comparar con 2024, respectivamente, si el análisis se hace con años atrás lo que se tiene es una baja en ambos energéticos. De hecho, la última vez que hubo una suma en los dos renglones fue para 2021.
Y si se ven los números exclusivamente de reservas (no del horizonte de su uso), las cifras de 2025 son inferiores a las de 2024: 2.020 millones de barriles de crudo contra 2.035 millones de barriles (baja de 0,7 %).
Cuando se miran los datos de producción también se ven contracciones en ambos productos energéticos, de 3,3 % en el caso del petróleo, con un promedio anual de 746.500 barriles diarios.
Sobre estos resultados, Julio César Vera, presidente de Xua Energy, dijo que “son una confirmación de una situación preocupante y decreciente en el sector por la desafortunada política del gobierno saliente”.
A los temas de exploración y producción hay que sumar los flacos resultados financieros de Ecopetrol, que tuvo un 2025 muy malo, aunque arrancó 2026 con algo más de esperanza (impulsada por mejores precios del petróleo por cuenta de la guerra en Irán).
En el primer trimestre de este año, la petrolera tuvo utilidades por COP 2,9 billones, una caída del 7,7 % frente al mismo período del año anterior. Los ingresos cayeron 8,7 %, hasta COP 28,6 billones, mientras que el ebitda mejoró levemente (1,5 %), ubicándose en COP 13,5 billones. El margen ebitda fue del 47 %.
Las cifras muestran caídas en utilidades e ingresos frente a un año de malos resultados: en el acumulado de 2025, las ganancias de la petrolera se desplomaron casi un 40 %.
La empresa resaltó que sus utilidades fueron “jalonadas” por los mayores precios del petróleo. En promedio, en el primer trimestre del año, el brent se ubicó en USD 78,4, mientras en el mismo período de 2025 estuvo en USD 75. Si bien por la guerra de Oriente Medio el precio ha estado por encima de USD 100, Hurtado explicó que este incremento solo se “materializó” en las últimas semanas de marzo.
El mayor precio del petróleo se sentirá con fuerza en el segundo trimestre del año. Camilo Barco, vicepresidente Corporativo de Finanzas y Valor Sostenible, explicó que por cada dólar que sube el brent, la caja para la compañía aumenta COP 300.000 millones; el ebitda sube entre COP 750.000 millones y COP 800.000 millones y la utilidad aumenta entre COP 350.000 millones y COP 400.000 millones.
Ahora bien, el tema Ecopetrol no se agota en los temas de producción, pues la empresa lleva años envuelta en varias polémicas por su gobierno corporativo, comenzando por Ricardo Roa, quien ha liderado la empresa durante la administración del presidente Gustavo Petro (y fue su gerente de campaña).
En medio de varios procesos legales en contra de Roa, la junta directiva decidió que el directivo se fuera de vacaciones y después tomara una licencia justo cuando el ejecutivo fue imputado por presunta violación de topes electorales (mayo); en marzo ya había sido imputado por presunto tráfico de influencias.
Además de esto, durante la era Petro, la junta también fue cuestionada por tomar decisiones dictadas por el presidente y no tanto del lado de las prioridades de la empresa. Este fue el caso en la negativa a expandir sus operaciones en el bloque Permian en EE.UU., uno de los activos más importantes de la compañía actualmente. En ese entonces, al menos dos miembros de la junta directiva (que luego renunciaron en medio de una disputa muy pública con la administración) dijeron que los estudios respaldaban la expansión, pero que una reunión con Petro echó por tierra estos planes.
Aquí vale recordar que esta exploración se hace mediante fracturación hidráulica, técnica más conocida como fracking.
El punto clave del fracking
Para este momento de la discusión, la administración del presidente electo ya ha señalado que planea varios cambios en el gobierno corporativo de Ecopetrol.
Y, a la vez, ha dicho públicamente que en sus planes sí se encuentra la posibilidad de hacer fracking “responsable”, como han ido mercadeando la idea ante la opinión pública.
Sin embargo, esta agenda choca con los deseos (y acciones) de la administración Petro, que radicará el próximo 20 de julio un proyecto de ley que busca prohibir el fracking en Colombia.
La iniciativa, que presentarán conjuntamente los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente, se sustenta en evidencia científica sobre los riesgos ambientales, sociales y de salud pública asociados a esta técnica de extracción, dijeron recientemente estas carteras. El anuncio coincidirá con la instalación del nuevo Congreso para el periodo 2026-2030.
Sin embargo, varios gremios del sector petrolero han insistido que es necesario explorar mediante fracking en el país para mejorar la seguridad energética. Según sus estimaciones, los recursos existentes en el Valle Medio del Magdalena podrían duplicar las reservas de petróleo.
Con el radicado de la ley antifracking, el Gobierno saliente busca dejar en el Congreso una discusión que ha sido recurrente en el debate energético del país: si esa es una alternativa viable para la producción de hidrocarburos o un riesgo que Colombia no debería asumir. La iniciativa deberá surtir su trámite legislativo bajo la nueva composición del Congreso, cuyo respaldo o rechazo a la propuesta aún está por verse.
Es importante destacar los amplios cuestionamientos en materia ambiental que tiene la propuesta. Una comisión de expertos independientes en 2019, que reunió a científicos de Colombia y otras partes del mundo, analizó los riesgos de hacer fracking en Colombia. Una de las ideas con las que se encontraron en ese momento era que las fracturas artificiales que se generaban al inyectar la mezcla podrían generar contaminación en las fuentes de agua superficiales.
Expertos consultados por este medio destacan que existan riesgos para los ecosistemas y el agua. “No existe actividad industrial con riesgo cero”.
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