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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevas sanciones contra Irán tras el fin del cese al fuego y la reanudación de ataques entre ambos países. La medida llega en un contexto político sensible, sin la aprobación del Congreso y con los aliados de las partes situados en medio de la escalada.
Desde el martes en la tarde, EE. UU. aplicará un impuesto del 20 % al transporte de mercancías que cruce por esa zona. En respuesta, el mando militar iraní advirtió que no permitirá que Washington intervenga en la gestión de esa vía estratégica. La tensión aumentó después de que se reactivaran los bombardeos en la región, tras una ola de ataques lanzados por Washington y las ofensivas de represalia de Teherán contra varios puntos claves del golfo Pérsico.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que las medidas alcanzan a Ali Ansari, a quien acusa de dirigir una red de activos en beneficio del líder supremo Ali Jamenei, y a las firmas CDM Trading Limited, en Hong Kong, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, en Emiratos Árabes Unidos. Según la versión estadounidense, estas estructuras habrían servido para canalizar operaciones financieras vinculadas con la élite iraní.
Por su parte, Teherán respondió que EE. UU. habría violado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, porque ese texto incluía no imponer nuevas sanciones a Teherán. El canciller Abás Araqchí afirmó en X que Irán ha cumplido “hasta ahora” y advirtió que solo puede haber “cumplimiento mutuo”.
Según Guillermo Ospina, profesor de la Universidad de San Buenaventura, señala que las sanciones buscan maximizar la presión económica sobre Irán (bloqueo de activos y prohibición de transacciones), que se apoyan en un marco legal de sanciones y órdenes ejecutivas que facultan al Ejecutivo; por ello, su aplicación puede hacerse sin voto del Congreso, usando poderes del Tesoro y de Seguridad Nacional, aunque el Legislativo aún dispone de herramientas para limitar o revisar esas medidas.
Sin embargo, Lawrence Gumbiner, exdiplomático y consultor internacional, afirma que, si bien esto es algo que han hecho los mandatarios estadounidenses a lo largo de la historia, Trump es un caso sin precedentes y que por ende ahora hay un conflicto legítimo entre los poderes: el del Congreso de manejar el comercio internacional, y el del presidente, quien tiene el poder constitucional sobre política exterior.
“La realidad es que los presidentes hoy día, como jefes de las Fuerzas Armadas, pueden instigar y participar en guerras cuando quieran. La Constitución le entrega al Ejecutivo poderes sobre política exterior. Y aunque el Congreso tiene la facultad de ‘declarar la guerra’, la realidad hoy día es que esa es una capacidad del presidente”, afirmó Gumbiner.
El Congreso de Estados Unidos tiene dos mecanismos claves para respaldar o limitar una guerra, según explicó el consultor. El primero es el control del presupuesto militar, una facultad exclusiva del Legislativo, aunque advirtió que bloquear esos recursos requiere un respaldo político significativo, algo que hasta ahora no se ha visto. El segundo es la War Powers Act, que obliga al presidente a notificar al Congreso dentro de las 48 horas posteriores al inicio de acciones militares y a obtener su autorización en un plazo de 60 días para continuar las operaciones.
Las sanciones en el mapa geopolítico
En este caso el mapa geopolítico también queda en medio, ya sea por sus intereses comerciales como por los diplomáticos. Países como China e India, que son de los compradores más importantes del petróleo iraní, se han visto afectados de una manera u otra por estos bloqueos.
Según explicó el profesor, China ha aprovechado las sanciones contra Irán para comprar petróleo iraní a precios inferiores al mercado mediante mecanismos como la “flota fantasma” y transferencias entre embarcaciones. En el caso de India, señaló que, aunque en algunos períodos obtuvo facilidades para adquirir crudo iraní, también ha expresado su preocupación porque muchas de las embarcaciones y tripulaciones que transitan por el estrecho de Ormuz son de nacionalidad india.
Sobre la posición de la Unión Europea, Ospina explicó que el bloque ha insistido en la necesidad de retomar la vía diplomática ante la escalada militar. Según señaló, Bruselas ha manifestado su preocupación por el recrudecimiento de los enfrentamientos y ha pedido mantener abiertas las negociaciones para evitar un mayor deterioro de la seguridad marítima y prevenir una nueva crisis energética.
El endurecimiento de sanciones y las medidas unilaterales anunciadas por Washington han reavivado tensiones en una región ya frágil, poniendo en evidencia la capacidad del Ejecutivo estadounidense para actuar sin consenso legislativo y las limitaciones prácticas del Congreso para revertir esas decisiones, ese dinamismo eleva el riesgo de una escalada militar y de rupturas en las cadenas comerciales y energéticas que afectan a actores claves como China, India y la Unión Europea, por lo que cualquier solución durable requerirá no solo presión económica, sino un renovado esfuerzo diplomático multilateral que restaure canales de negociación y reduzca la posibilidad de confrontación abierta.
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Por Laura Henao Arévalo
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