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A finales de la semana pasada, dos publicaciones levantaron las alarmas entre miles de indígenas de la Amazonia colombiana y de varias organizaciones de la sociedad civil que en las últimas décadas han luchado para que el Estado colombiano cumpla un compromiso de la Constitución Política de 1991.
En la primera de ellas, el senador electo por el partido Movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, dedicó un video de poco más de dos minutos a denunciar (con varias imprecisiones) que un decreto expedido por el gobierno de Gustavo Petro en mayo de 2025 (el 488) creó “municipios ‘sin ley’”, “regaló” el 15 % de territorio nacional en “zonas donde no rige la Constitución ni el Código Penal”, entre otras cosas.
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El decreto citado por Gómez dictó las “normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento” de las entidades territoriales indígenas (ETI), las únicas entidades territoriales contempladas por la Constitución Política (además de los departamentos, distritos y municipios) que no existían hasta ese momento.
Horas después del video de Gómez, El Colombiano publicó que una de las primeras medidas que tomaría el presidente electo Abelardo de la Espriella sería derogar las ocho ETI que formalizó el gobierno de Gustavo Petro.
Paulo Bacca, director de la línea Justicia Ambiental de Dejusticia, reconoce que recibió con mucha preocupación las declaraciones de Gómez. “Primero, porque dice un montón de mentiras, hay muchas imprecisiones y eso no genera confianza”, señala.
Para Bacca, abogado con un PhD en etnografía, los recientes pronunciamientos del próximo gobierno alrededor de las ETI “apuntan a un retroceso muy fuerte respecto a luchas históricas”. La actitud, resume, “es de borrón y cuenta nueva en un tema que los pueblos indígenas vienen luchando desde hace 35 años”.
Justamente, Antonio Matapi Yucuna, de la ETI Mirití Paraná, materializada en diciembre de 2025, insiste en que la formalización de estas entidades “es un asunto de derecho constitucional de los pueblos indígenas en la que el Estado estaba en deuda hace más de tres décadas”.
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Por su parte, Alejandro Ballesteros, administrador público y asesor para la implementación de las ETI, apunta que un gobierno que llega bajo las consignas de defensa constitucional debería, contrario a lo señalado por Gómez y otros funcionarios del gobierno entrante, como el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, “defender el proceso reglamentario que es la formalización de las entidades territoriales indígenas”.
Acá desmenuzamos lo que dijo Gómez, director nacional del Movimiento Salvación Nacional y quien fue jefe de debate de De la Espriella
Las imprecisiones de Enrique Gómez sobre las ETI
En el video que publicó el 9 de julio, y que a la fecha acumula más de 490.000 visualizaciones en Instagram y más de 200.000 en X (antes Twitter), el senador electo Gómez empieza asegurando que el Gobierno de Gustavo Petro puede crear un municipio en menos de 15 días hábiles “y entregarle todo el territorio que quiera y que ahí no se aplique ni la Constitución, ni la ley, ni el Código Penal, ni las normas generales que rigen los entes territoriales”.
Lo primero que aclaran Ballesteros y Bacca es que bajo el gobierno de Gustavo Petro sí se dieron avances históricos en la materialización de las ETI, pero reconocen que esta ha sido una deuda que por más de 34 años tuvo el Estado colombiano con los pueblos indígenas.
Para entenderlo, Bacca se remite al artículo 286 de la Constitución Política. Allí se establece que son entidades territoriales los departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Más adelante, el artículo 329, señaló que la reglamentación de las ETI quedaría en manos del Congreso de la República conforme a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), mientras que la delimitación estaría en manos del Gobierno Nacional con participación de los representantes de las comunidades indígenas.
Sin embargo, recuerda Ballesteros, tras 35 años y 14 proyectos de ley, el Congreso no avanzó en la reglamentación de las ETI. Por eso, tanto el gobierno de Juan Manuel Santos como el de Gustavo Petro echaron mano del artículo transitorio 56 de la Constitución Política que definió que el Gobierno podría dictar las normas fiscales para el funcionamiento de los territorios indígenas.
Bajo el gobierno de Santos, señalan Bacca y Ballesteros, se expidió el Decreto 632 de 2018, que estableció las fases para que se pudieran poner en funcionamiento las ETI en tres departamentos de la Amazonia colombiana. En mayo de 2025, el gobierno Petro publicó el Decreto 488 (el mencionado por Gómez) que, en términos simples, dice Ballesteros, fue el último paso para formalizar las ETI.
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A mediados de diciembre del año pasado, el Gobierno Nacional firmó ocho decretos que pusieron en marcha igual cantidad de ETI en la Amazonia colombiana. Este hecho fue calificado como histórico por los pueblos indígenas y por las organizaciones de la sociedad civil, como la Fundación Gaia Amazonas y Etnollano, que han acompañado por décadas a los territorios que se formalizaron como entidades territoriales indígenas.
Aunque algo extenso, Ballesteros realiza este recorrido normativo para enfatizar en un punto: “Esta no es una reivindicación de las entidades territoriales indígenas del gobierno de Petro, sino que es un mandato constitucional en el que se viene avanzado y que, además, es uno de los que particularmente tiene mucha deuda; son 35 años sin su cumplimiento”.
¿Todo el territorio que quieran, sin Constitución ni Código Penal?
Según Gómez, estos “municipios” tendrán “todo el territorio que quieran”. En este punto, Ballesteros hace dos aclaraciones. La primera de ellas tiene que ver con que no es preciso señalar que las ETI son municipios (o “neomunicipios al estilo Petro”), pues estas son otro tipo de entidades territoriales reconocidas por la misma Constitución Política.
“Ese es un marco conceptual errado porque ellos no son municipios, son una figura distinta de ordenamiento territorial. Se podría decir que es la misma categoría de entidad territorial, pero de carácter especial por ser entidades territoriales indígenas”, agrega Ballesteros.
De hecho, continúa el administrador público y asesor para la implementación de las ETI, varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas la C-054 de 2023, que declaró inexequibles dos artículos de la Ley 2200 de 2022, que permitía la conversión de áreas no municipalizadas (la mayoría de ellas territorios indígenas) en municipios, han recalcado la importancia de las entidades territoriales indígenas.
En esa sentencia, en la que el alto tribunal exhortó al Gobierno Nacional y al Congreso a expedir la conformación de las ETI tras una demora que calificó como “irrazonablemente extensa”, la Corte señaló que estas entidades territoriales indígenas tienen por finalidad “garantizar que las autoridades tradicionales administren los territorios legalmente constituidos o ancestralmente ocupados por los pueblos indígenas; salvaguardar la supervivencia de estos últimos y preservar sus cosmovisiones”.
En palabras de Ballesteros, estas entidades deben responder “a sus estructuras de gobierno propio, que respeten la diversidad étnica y cultural del país”.
La segunda aclaración al respecto corresponde a que las ETI no reciben “todo el territorio que quiera”, sino que responden a áreas que eran resguardadas como propiedad colectiva de la tierra y que cuentan con una delimitación por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).
En lo que sí acierta Gómez, reconoce Ballesteros, es que las ocho ETI ya formalizadas, más otros 17 territorios indígenas que han mostrado interés en avanzar en este mismo proceso, abarcan 17 millones de hectáreas de la Amazonia oriental colombiana, de acuerdo con cálculos realizados por la Fundación Gaia Amazonas.
A lo largo del video, Gómez insiste en una idea: en las ETI no aplica ni la Constitución Política, ni el Código Penal y que no habrá supervisión del dinero que llegue del Sistema General de Participaciones (SGP) al cual pueden acceder estos territorios indígenas. Esto, en palabras del senador electo, las convierte en “repúblicas autónomas en donde no rija la ley”. De hecho, El Colombiano las calificó como “territorios federales”.
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Sobre este asunto, Ballesteros insiste en una claridad: “las entidades territoriales indígenas son entidades territoriales del Estado colombiano que ejercen autonomía, como cualquier otra entidad territorial. Es decir, autonomía fiscal, política y administrativa”.
Esto es clave, continúa, porque quiere decir que la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía son responsables de la vigilancia del control de cualquier actuación de una entidad territorial indígena ya que hacer parte constitucionalmente del ordenamiento político administrativo.
Una forma clara de ver esto, explica Ballesteros, tiene que ver justamente con los recursos del Sistema General de Participaciones, el mecanismo mediante el cual el Gobierno Nacional transfiere a las entidades territoriales los recursos para atender temas de educación, salud, agua y saneamiento básico. Las ocho ETI formalizadas pueden acceder a estos recursos.
“El control que tiene hoy actualmente el Estado para esos recursos del SGP siguen siendo los organismos de control en todo lo que tiene que ver con el control fiscal, disciplinario y penal. Y estos van a tener cabida en estas entidades territoriales indígenas, pues no son islas aparte, no son guetos”.
En resumen, apunta Ballesteros, “las ETI entran en coordinación con todo el Estado colombiano, no están aislados ni tienen que decidir autónomamente todo, sino que hay un nivel de decisión propia y autónoma de sus territorios, pero se sabe que en el marco de este Estado unitario de Colombia ellos van a coordinar esos procesos de transición”.
El camino a la derogación de las ETI
Según dio a conocer El Colombiano, Abelardo de la Espriella viajará a La Guajira el 8 de agosto, un día después de posesionarse como presidente de Colombia, para derogar las entidades territoriales indígenas creadas por el gobierno de Gustavo Petro.
Para Bacca, de Dejusticia, los decretos que formalizaron las ETI y los que establecieron las bases para su formalización surtieron su trámite “y ahí tienen una protección constitucional y legal”, por lo que no se anima a anticipar cuál sería el camino elegido por el nuevo gobierno para derogarlos. Una alternativa, considera el abogado, es que se les hagan reformas, las cuales tendrían que pasar por debates en el Congreso de la República.
Tanto Bacca, como Ballesteros y Matapi coinciden en un punto: el gobierno de de la Espriella, que ha asegurado que respetará y defenderá la Constitución Política, no puede, de manera regresiva, incumplirla.
“Plantear acciones en el desconocimiento de este proceso de las entidades territoriales indígenas va en contravía directa de cumplir la Constitución Política de Colombia”, apunta Ballesteros, quien agregar que también estaría incumpliendo desarrollos jurisprudenciales que ha realizado la Corte Constitucional en diferentes sentencias a lo largo de los últimos años.
Bacca, por su parte, cree que de materializarse la derogación de las ETI, también se estaría incumpliendo el reconocimiento que la misma Constitución Política hizo de Colombia como un país pluriétnico y multicultural. Por eso, le hace una invitación al gobierno entrante para que se siente a hablar con las autoridades indígenas.
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“El discurso de gobernar para todos debe ser para todos: que se siente a hablar con los pueblos indígenas y que esté abierto a entender que esto es una historia muy larga y que hace parte de la Constitución”.
Desde el Mirití Paraná, Matapi es claro: “Que el gobierno entrante se remita a la Constitución Política donde están consagrados los derechos de los pueblos indígenas. La formalización no es un invento del gobierno saliente”. Matapi, de hecho, va más allá: “Existen diferentes herramientas jurídicas que orientan la formalización de los territorios como ETI”. Por eso le hace una invitación a Abelardo de la Espriella: debería formalizar más territorios indígenas.
*Este artículo es publicado gracias a una alianza entre El Espectador e InfoAmazonia, con el apoyo de Amazon Conservation Team.
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