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Un disparo de un agente de Servicio de Aduanas y Control de Inmigración de Estados Unidos (ICE) en Houston le costó la vida a Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano, durante un operativo migratorio realizado esta semana. Según la versión oficial, Lorenzo intentó escapar en su auto, un gesto que el agente interpretó como una agresión directa y que lo llevó a disparar alegando defensa propia.
Sin embargo, testigos y videos del hecho contradicen parcialmente esa versión y han generado un llamado creciente a que se abra una investigación independiente. Lorenzo no es un caso aislado: se suma a otros 17 mexicanos que han muerto bajo custodia de ICE en sus centros de reclusión de migrantes.
Los casos de migrantes latinos asesinados por agentes del ICE han sido cada vez más frecuentes, pintando un panorama preocupante para los gobiernos latinoamericanos, que ahora se preguntan qué pueden hacer para investigar estos hechos y evitar que sus connacionales sigan siendo víctimas de las medidas migratorias de Donald Trump. Este es el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien llamó a cerrar filas en defensa de los mexicanos en Estados Unidos tras las muertes de connacionales, y anunció que México presentará denuncias ante las autoridades de ese país para que se investiguen los casos.
Esto aumenta las tensiones entre ambos países, que desde el inicio de la segunda administración de Trump ya venían estando altas por temas ligados al narcotráfico y la seguridad. Este llamado de atención por parte de México eleva los cuestionamientos hacia el gobierno estadounidense, que defiende sus medidas como algo necesario para garantizar la seguridad en su territorio.
Para el profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales (FIGRI) de la Universidad Externado de Colombia, Alejandro Bohórquez-Keeney, este episodio pone de manifiesto la creciente fragmentación política y social que atraviesan países como México, Estados Unidos e incluso Colombia. A su juicio, esa polarización ha dificultado la construcción de consensos, al punto de que principios que antes parecían incuestionables, como los derechos humanos, hoy son objeto de disputa.
Sheinbaum se pronunció frente a la muerte de Salgado y dijo que su gobierno iba a “ir más allá de las notas diplomáticas” y que preparaba “medidas jurídicas más importantes” por la muerte de su connacional. Sin embargo, esto generó una polémica interna en México: la oposición protestó por el repentino llamado a la unidad de la presidenta, denunciando que ha sido relegada por el Gobierno y que este llamado no debería responder a una “conveniencia política”.
La presidenta de México buscó convertir la muerte de sus connacionales bajo custodia migratoria en una causa de Estado, con un llamado a la unidad política para respaldar las acciones del Gobierno en defensa de los mexicanos en el exterior. Sin embargo ese consenso no se materializó, y el caso terminó abriendo un nuevo frente de confrontación entre el oficialismo y la oposición.
“Por eso, a pesar de este hecho tan deleznable relacionado con el ICE, México no adopta una postura clara. Se muestra dubitativo y evita una respuesta contundente, algo que el presidente Trump aprovecha para continuar impulsando sus políticas”, afirmó Bohórquez-Keeney.
En estos casos, cuando un mexicano muere en otro país, hay pasos a seguir, pero concretamente, ¿qué se puede hacer cuando la muerte ocurre en Estados Unidos a manos de un agente federal? Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, explica que México puede recurrir a la protección diplomática, un mecanismo del derecho internacional que permite a un Estado reclamar a otro por los daños causados a uno de sus nacionales a raíz de un hecho internacionalmente ilícito. Aunque su uso es discrecional, esta herramienta permite respaldar las reclamaciones de las familias y exigir al Estado responsable el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Además, desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, México también puede invocar las obligaciones internacionales asumidas por Estados Unidos, particularmente las derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención contra la Tortura, que obligan a proteger el derecho a la vida y la integridad personal, y a garantizar investigaciones efectivas cuando una persona fallece bajo custodia estatal.
El caso de Estados Unidos es particular en esta coyuntura, ya que este país no ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que no está sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana. Sin embargo, Prieto-Ríos explica que sí es miembro de la Organización de Estados Americanos y está sujeto a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuya interpretación corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el caso de los inmigrantes detenidos, el Estado también tiene la obligación fundamental de respetar y proteger sus derechos humanos. Dentro del Sistema Interamericano, la CIDH ha señalado que las personas privadas de la libertad se encuentran en una condición de especial vulnerabilidad, por lo que el Estado actúa como su garante.
En ese sentido, la Comisión ha establecido, tanto en sus Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas como en su informe sobre esta población, que los Estados deben asegurar condiciones de detención acordes con la dignidad humana, garantizar el acceso oportuno a servicios de salud y adoptar mecanismos eficaces para prevenir muertes bajo custodia.
“Aunque ninguno de estos mecanismos garantiza por sí solo una sanción internacional inmediata, sí pueden contribuir significativamente a establecer la verdad, fortalecer la rendición de cuentas, aumentar la presión diplomática y facilitar medidas de reparación para las familias”, concluyó Prieto-Ríos.
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Por Laura Henao Arévalo
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