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La imagen impresiona: en el sur de Cali, en los límites entre las zonas urbana y rural, un rastro de árboles talados abre paso a una vía. El trazado aún no está terminado, pero un tramo ya empezó a pavimentarse.
Las obras se realizan dentro de un humedal, el Zanjón del Burro, un relicto boscoso de 44,82 hectáreas (dos veces el estadio Pascual Guerrero), que está dentro de la zona protegida de la cuenca media del río Lili, en el corregimiento La Buitrera, justo al lado del humedal La Babilla, pero también de un proyecto urbanístico que se ha venido desarrollando por años. La vía no es más que la continuidad de una que ya es transitada —la ampliación de la calle 13 (avenida Pasoancho), la cual conectaría con la calle 12—, pero su terminación implicaría la ruptura de la conexión de los dos humedales con el resto de la estructura ecológica de la ciudad.
No se trata de algo menor, según ha explicado la ecologista Luna Vanegas, vocera de quienes se han unido contra las obras en el humedal, ya que en la zona se han identificado más de 900 especies de flora y fauna. Esto lo corroboran estudios de la Escuela de Ingeniería de Recursos Naturales y del Ambiente de la Universidad del Valle, que en el pasado han advertido que las únicas actividades que se deben realizar allí son de protección y conservación, por lo que se ha pedido desde hace casi 10 años suspender cualquier plan en la zona.
El origen del problema
Todo comenzó con una solicitud que hizo la urbanización Villas del Río Lili en 1996, para desarrollar varios proyectos urbanísticos que se han ido construyendo por etapas. Actualmente, se lleva a cabo la número 12, sobre la que, según explicó ante el Concejo distrital la secretaria de Planeación de Cali, Vanessa López Rojas, se incluye la ampliación de la avenida Pasoancho.
El problema surgió cuando las obras avanzaron sobre el humedal. En 2018, la comunidad interpuso acciones judiciales alegando que no se estaban teniendo en cuenta las afectaciones que esta vía provocaría sobre el humedal. Fue así como el Juzgado 21 Contencioso-Administrativo de Cali dio la orden de suspender la intervención mientras se verificaba el cumplimiento de los requisitos legales y ambientales.
En los años siguientes se autorizaron las siguientes etapas de la obra urbanística, pero la ciudad también incluyó en el Sistema Municipal de Áreas Protegidas (Simap) los humedales y áreas conexas, lo que limitó un nuevo intento de los urbanistas de construir la vía durante la pandemia. En 2021, la Corporación Autónoma Regional del Valle (CVC) expidió una resolución en la que prohibió la ampliación de la avenida, pero desde hace algunas semanas se advirtió que la constructora comenzó a talar árboles dentro del humedal.
Primero llegaron alertas de concejales que presentaron sobrevuelos en la zona, donde se evidenciaba la magnitud de la intervención, luego llegaron manifestaciones de la comunidad que ha defendido el Zanjón del Burro y un debate de control político en el Concejo, donde hablaron todas las autoridades involucradas, ya que las dudas se centraron en quién está llamado a proteger el humedal.
El tire y afloje institucional
Desde el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma), su directora Lina Marcela Botía explicó ante el cabildo que las obligaciones urbanísticas de la Urbanización Villas del Río Lili se encuentran completamente en zona rural de la ciudad, por lo que la competencia sobre su intervención le corresponde a la CVC.
Por su parte, Luis Guillermo Parra, funcionario de la Corporación Autónoma, señaló que en busca de la protección de la zona enviaron comunicaciones a la Secretaría de Planeación de Cali, “que se debería suspender la obligación de ampliación de la vía, porque en las indagaciones que hemos hecho con el constructor evidenciamos que ellos tienen unas obligaciones dadas por la Curaduría No. 3, que lo faculta a intervenir una vía pública, que ya es propiedad del Distrito, y cumplir la obligación de pavimentar. No obstante, hicimos una suspensión preventiva todas las veces que ha querido intervenir, advirtiendo que no puede tocar los determinantes ambientales”.
La solución entonces pasaría a la Secretaría de Planeación, pero la respuesta que dio la secretaria es que las obras estarían fuera del humedal, lo que no concuerda con las imágenes difundidas en los últimos días.
Desde la CVC, aunque se señaló que se suspendieron las obras por la falta de permisos ambientales, no se aclaró si se adelantan acciones sancionatorias contra los urbanistas.
Al respecto, el concejal Roberto Ortiz, uno de los que ha impulsado la denuncia, advierte que “realmente pareciera que no hubiera responsabilidad de nadie. Aquí parece que la ciudad se manejara sola; entonces, si no hay autorización, un privado viene y desbarata un ecosistema y no pasa nada. ¿Dónde está la autoridad en esta ciudad?”.
Los argumentos del privado
Sobre las intervenciones, el administrador de las obras en la urbanización Altos de Ciudad Jardín, José Ramón Vásquez, dijo hace unos días al noticiero 90 minutos que en noviembre del año pasado el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca le dio la razón al urbanista, por lo que continuaron con las obras.
Además, indicó que: “Se escribió una carta a la Secretaría de Infraestructura Vial y a la CVC diciendo que se iban a empezar los trabajos por contar con todos los permisos (…), solo se hace la intervención en los predios del proyecto, ya de ahí para allá es tierra del municipio y ahí ellos deciden si la construyen o no”, añadió Vásquez.
La directora del Dagma aseguró que en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial que presentará la Alcaldía al Concejo, la zona del humedal pasará de urbana a rural, por lo que su vigilancia y protección quedarían en manos de la entidad distrital. Desde el Concejo pidieron acciones previas, pues el vacío legal continúa y al privado le queda un año para cumplir con las obligaciones urbanísticas, por lo que el humedal sigue en riesgo de perder su conectividad ecológica.
