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La decisión de quitar un escolta, retirar un vehículo blindado o desmontar un esquema de protección puede resumirse en apenas unas páginas de una resolución administrativa. Pero, para un líder social amenazado, un defensor de derechos humanos o un periodista, ese documento puede marcar la diferencia entre regresar a su territorio o seguir desplazado; entre continuar denunciando o guardar silencio; incluso, entre vivir o morir. Aunque el Estado destina billones de pesos cada año en proteger a personas en riesgo, poco se conoce sobre cómo decide quién sigue bajo ese amparo y quién deja de estarlo. Esa falta de transparencia sobre un asunto vital llegó hasta la Corte Constitucional.
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Al revisar dos casos, el de una lideresa social reclamante de tierras a la que le redujeron su esquema de seguridad y el de un defensor de derechos humanos al que se lo retiraron por completo, el alto tribunal concluyó que la UNP no explicó de manera suficiente por qué tomó esas decisiones. Aunque ordenó restablecer provisionalmente ambos esquemas, la Corte fue más allá y lanzó una advertencia sobre el funcionamiento del sistema con el que el Estado evalúa el riesgo de quienes enfrentan amenazas por su labor. No solo porque deja claro que el sistema que usa para evaluar riesgos no es transparente, sino porque advirtió que no se trata de errores aislados, sino de un patrón que el alto tribunal viene identificando desde hace varios años.
El fallo conocido por este diario tuvo como ponente al magistrado Juan Carlos Cortés y a sus colegas de la sala de revisión de tutelas, los magistrados Vladimir Fernández y Lina Marcela Escobar. Los tres revisaron con detalle las dos tutelas y concluyeron que el Estado está fallando en la manera en que protege a quienes resultan amenazados por sus oficios. La Corte encontró que la UNP omite explicar cómo califica el riesgo de cada solicitante, qué puntaje obtiene en las variables de la matriz con la que se mide ese peligro y por qué un determinado resultado justifica reducir o desmontar un esquema de protección. Esa falta de motivación, concluyó el alto tribunal, impide que los beneficiarios comprendan y controviertan las decisiones que pueden comprometer su seguridad.
Además, se lee en el fallo, esta manera de operar de la Unidad desconoce reglas que la propia Corte Constitucional ha fijado para proteger el derecho fundamental a la seguridad personal. En ese contexto, el alto tribunal le hizo un fuerte llamado de atención a la UNP y ordenó una serie de medidas urgentes para que quede claro qué criterios utiliza la entidad para concluir que una persona ya no necesita el mismo nivel de protección; cómo se construyen las matrices de riesgo que pueden significar la pérdida de un escolta o de un vehículo blindado o qué tanto pesan las denuncias, el contexto territorial o la persistencia de los grupos armados.
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Aunque el jalón de orejas de la Corte a la UNP quedó condenado en la sentencia, lo cierto es que la falta de transparencia y reglas claras por parte de la Unidad son asuntos que organizaciones sociales llevan años denunciando. El Programa Somos Defensores, enfocado en la lucha contra la violencia selectiva en el país, expuso en su más reciente informe sobre agresiones contra defensores de derechos humanos que la operatividad de la entidad también resulta problemática. Por ejemplo, la oenegé sostiene que los tiempos para el estudio de riesgo pueden tardar más de tres meses y “que analistas de la UNP en muchas ocasiones no reconocen los riesgos de los contextos, pero tampoco los riesgos estructurales”.
Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, explicó que, aunque la Corte Constitucional ha trazado las líneas que la entidad debe seguir, “la UNP no está cumpliendo con esos parámetros y eso es muy grave, porque, por ejemplo, el año pasado tuvimos más de 169 asesinatos de personas defensoras y en los últimos tres años más de 167 atentados contra ellas”. En diálogo con este diario, la vocera agregó que las cifras dan cuenta de que “la UNP no está entendiendo el nivel de riesgo permanente y continuado al que están sometidas las personas defensoras, líderes y lideresas en Colombia”. El informe reconoce que aunque la entidad sigue trabajando en la protección, “mientras dichas problemáticas no se enfrenten, el programa continuará siendo limitado y con pocas capacidades de responder a los riesgos”.
Más allá de las cifras, cada líder social, defensor de derechos humanos y periodista, enfrenta particularidades a la hora de buscar su protección. Ramiro*, un líder social del Chocó que ha sido víctima del conflicto desde 2002 y ha recibido amenazas de todos los actores armados, seguimientos y presiones para que frene su trabajo por los derechos de las poblaciones afro, palenquera y raizal, habló con El Espectador sobre la efectividad de los esquemas de protección. “Más que burocracia administrativa, los líderes enfrentamos una humillación”, expresó. Él tiene un esquema de protección desde 2019 y, en varias oportunidades, la UNP lo ha modificado sin explicarle la razón y sin que sepa a ciencia cierta cuál es su nivel de riesgo.
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Hace casi un año, dice, le envió a la Unidad una solicitud para que reforzara su esquema de seguridad porque sigue sus labores de liderazgo social en una zona donde el Clan del Golfo y disidencias de las Farc se disputan corredores estratégicos para sus negocios criminales y ponen a la población civil en medio de esa guerra. “Lo más característico de la UNP en estos casos es no responder las comunicaciones de manera formal o demorarse en las respuestas”, aseguró el líder a este diario. “En este caso, por ejemplo, se demoraron más de seis meses para responder la solicitud y básicamente la respuesta fue que mi petición no cumple los requisitos, pero sin explicarme las razones de por qué no los cumple”, cuestionó.
Esas dificultades también las viven los periodistas que son amenazados por su oficio. Por ejemplo, Edgard*, un periodista bogotano que hasta hace dos meses tuvo esquema de protección de la UNP por amenazas de las que fue objeto por investigar temas relacionados con comerciantes, le relató a este diario su caso. “Cuando yo inicié mi proceso, aunque era la UNP la que se tenía que encargar de mi esquema que era prioritario por tener un riesgo considerado inminente, me lo dieron solo hasta un mes después de haber denunciado las amenazas. La Fiscalía terminó asumiendo mi protección que era urgente. Si era un caso de alto riesgo, ¿por qué la UNP se demoró un mes en valorar el caso?”, relató el periodista a este diario.
El comunicador resalta que si su caso, que transcurrió en la capital del país, fue demorado, en las regiones resulta más problemático. “Los tiempos de la UNP no se ajustan a cómo se mueve el crimen. Van muy lentos y eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, sostiene. Por otra parte, el periodista se refirió a otro punto clave que también resaltó la Corte en la sentencia: la idoneidad de quienes evalúan los riesgos y emiten su evaluación que, en últimas, define qué tipo de protección reciben los ciudadanos. “Yo nunca supe cuáles fueron los criterios que tuvieron en cuenta en mi caso. Me hicieron preguntas de todo tipo y que, incluso, creo que podían poner en riesgo a personas de mi círculo más cercano”, agregó.
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En su caso, aun cuando fue calificado como extraordinario, el esquema solo se activó seis meses después de la primera denuncia y estuvo vigente dos años y un mes. Cuando fue momento de realizar una nueva evaluación, la UNP resolvió que su riesgo ya no justificaba ninguna medida de protección. “El problema no solo fue que no me explicaron por qué consideraron que ya no necesitaba seguridad, sino que la investigación para dar con los responsables nunca avanzó. Además, pasó otra cosa particular: según la entidad, la Policía debía reportar a diario que yo estaba a salvo. Pero eso no ocurrió. Uno queda con la incertidumbre de si realmente la evaluación del riesgo fue la adecuada y qué estándares usaron”, puntualizó el periodista.
Sobre esas dificultades en las regiones, otro periodista relató la dimensión del problema. Aunque también prefirió reservar su nombre por seguridad, explicó que lleva dos décadas como reportero en Arauca, una de las regiones históricamente atravesadas por el conflicto armado, y que, desde 2003, está amenazado. Con el paso de los años, los autores de esas misivas han cambiado, pero sus riesgos no. El nivel de riesgo lo obligó a salir de su tierra y buscar refugio en Bogotá. Pero incluso esa medida de protección fue “castigada” por la UNP. “Cuando me hicieron una de las evaluaciones, me dijeron que, como yo vivía en la capital, entonces ya no tenía riesgo. Pero nunca entendieron que yo me tuve que esconder allá por supervivencia”, relató.
El corresponsal en Arauca ha vivido todos los obstáculos de la UNP. Hoy, amenazado de muerte por las disidencias de las Farc y el Eln, buscó asesoría en la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) “porque duré casi un año tratando de que me hicieran el estudio de riesgo. A los ocho meses me asignaron el esquema. Luego, me lo redujeron sin ninguna explicación. He tenido que recurrir a las tutelas y otras acciones legales para buscar protección. Ha sido a través de órdenes judiciales que la UNP me ha asignado seguridad. Eso sí, me tocó regresar a Arauca para que me la asignaran. Es increíble. Y ya con ella, también es un problema para mi oficio porque no me puedo mover de la capital”, explicó.
El periodista agregó: “Yo cubro temas de todo tipo, pero, sobre todo, de orden público por las características de la tierra donde vivo. Para moverme de la zona donde vivo, debo pedir permiso 24 horas antes. Y yo pregunto: ¿Si tengo que cubrir un atentado en Arauquita, por ejemplo, cómo hago yo para saber cuándo lo van a realizar los grupos armados? La UNP no tiene en cuenta nuestro contexto. La vida es una sola y yo me protejo para cuidarla, y por eso he buscado todas las salidas judiciales. Pero mientras la UNP se mueve, a uno le toca esconderse. Tienen que venir al territorio para que entiendan las situaciones. Las evaluaciones de riesgo no se pueden hacer a través de una videollamada”.
Este diario se comunicó con la UNP para preguntarle sobre los procedimientos que utiliza para medir riesgos y atender solicitudes, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta. No obstante, la Corte Constitucional ya le ordenó a explicar cómo toma decisiones que pueden significar la pérdida de un escolta o un vehículo blindado. Sin embargo, el reto va mucho más allá de cumplir un fallo. En un país donde líderes sociales, periodistas y defensores de derechos humanos son blanco de amenazas y asesinatos, la confianza en el sistema de protección depende de que quienes acuden a él entiendan por qué el Estado decide protegerlos o modificar sus esquemas. Detrás de cada evaluación de riesgo no hay solo porcentajes o resoluciones: hay personas cuya vida puede depender de una decisión que, hasta ahora, ha permanecido en una caja negra.
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Por Jhordan C. Rodríguez
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