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Con el nombramiento de buena parte del gabinete, el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella sigue poniendo las fichas sobre el tablero de lo que será su administración.
En términos económicos, hablando solamente de las cabezas grandes de sector (los ministerios), el presidente electo ya tiene prácticamente toda la titular lista; al cierre de esta edición faltaba por confirmar quién liderará el renglón de Trabajo.
Cada sector enfrenta retos particulares, sin duda: problemas y complejidades propias de cada actividad y ramo. Sin embargo, hay asuntos comunes a todas las carteras que atravesarán todo el mandato de De la Espriella.
El primero y más importante de estos son los problemas fiscales, que determinarán, al final de cuentas, los recursos con los que contará cada sector no solo para seguir la inercia operativa, sino para invertir, crecer y tomar las acciones necesarias para corregir y mejorar las condiciones de empresas y ciudadanos.
Pero el panorama fiscal está lleno de agujeros y abismos: no solo por la escala del reto (enderezar un déficit fiscal histórico, encontrar nuevos ingresos y racionalizar el gasto), sino por el enorme capital político que requerirán algunas de las acciones que analistas y expertos recomiendan para este tema.
Si algo ha ido quedando en claro en los días previos a la instalación del nuevo Congreso es que, en el escenario político, acomodar las fichas con los intereses del nuevo Gobierno no será una tarea fácil.
En conjunto con el escenario fiscal, otro de los grandes retos de la administración entrante está en el escenario energético, pues las decisiones en términos de exploración de hidrocarburos, así como el manejo de El Niño, tendrán impactos en las finanzas del Estado y, en general, la productividad de todo el país (especialmente si logramos evitar problemas en el suministro eléctrico por cuenta de la variabilidad climática).
Todo esto irá acompañado con una agenda de reducción del gasto público (y de, se dijo en campaña, el tamaño del Estado). Sin embargo, aunque es necesario ajustar las tuercas desde la perspectiva del gasto, no solo de los ingresos, la viabilidad de algunas de estas medidas está en veremos no solo porque involucran la participación del Congreso, sino porque en ciertos casos podrían encontrar frenos y contrapesos en la legislación vigente.
A modos de resumen, estos son los principales retos del gabinete económico que entrará a la cancha con el gobierno entrante luego de la posesión del 7 de agosto.
Miguel Gómez Martínez, Ministerio de Hacienda
Colombia enfrenta el déficit fiscal más profundo de su historia reciente, sin contar los años de pandemia. El deterioro llega acompañado de una caída sostenida en el recaudo tributario, presupuestos desfinanciados, recortes y rebajas en las calificaciones crediticias, mientras la inflación se aleja de la meta del Banco de la República y vuelve a acelerarse. El contraste es notable: el crecimiento económico ha mejorado, el desempleo está en mínimos históricos y la pobreza monetaria y multidimensional ha caído.
Según el Ministerio de Hacienda, el déficit cerraría 2026 en 5,3 % del PIB, por encima del 5,1 % proyectado a comienzos de año. La meta es bajarlo al 4,5 % en 2027, 3,6 % en 2028 y 2,7 % hacia 2037. Pero esa trayectoria depende de decisiones que involucran no solo a la Casa de Nariño, sino al Congreso y a los intereses de los partidos.
El Ministerio calcula que se necesitan cerca de COP 30 billones para estabilizar el frente fiscal y financiar las inversiones del nuevo gobierno, una cifra que solo alcanzaría para cubrir 2027. Para retomar la regla fiscal hacia 2028, los ingresos tributarios tendrían que crecer 1,4 % del PIB al año, un ritmo muy superior al 0,4 % que se registró entre 2019 y 2025.
El ministro de Hacienda actual, Germán Ávila, anunció que el Gobierno radicará una nueva ley de financiamiento que buscaría unos COP 21,8 billones. Ávila insiste en que el margen de maniobra está del lado de los ingresos, pues el gasto tiene una rigidez legal superior al 90 %.
No todos coinciden. Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, sostiene que el ajuste debe recaer sobre el gasto: la nómina estatal creció 30 % real entre 2022 y 2025, y subsidios como el de combustibles siguen mal focalizados. El problema es que buena parte de ese gasto está blindado por protecciones constitucionales y solo puede tocarse vía Congreso.
María Noemí Arboleda, Ministerio de Minas y Energía
El sector energético enfrenta uno de los frentes más calientes de la agenda del próximo gobierno, empezando por El Niño. El Ideam estima más del 80 % de probabilidad de que el fenómeno sea “muy fuerte” en el segundo semestre, una amenaza directa para un país que genera más del 70 % de su electricidad con hidroeléctricas. La meta es llegar a diciembre con los embalses por encima del 80 %, lo que obligaría a las plantas térmicas a operar a mayor capacidad desde ya.
Ahí surge el problema del gas: Naturgás calculaba a finales de 2025 un déficit de suministro nacional en firme del 26 %. Las reservas del país cayeron de 13,6 años en 2010 a 5,9 años actualmente, según Tomás González, director del CREE. El proyecto Sirius, que promete aliviar el panorama, no entraría en operación antes de 2030, y las primeras terminales de regasificación adicional, Puerto Bahía y Buga, apenas se esperan para diciembre de este año (si todo sale bien).
El petróleo tampoco da tregua. Las reservas probadas cayeron a 2.020 millones de barriles en 2025, con un horizonte de 7,4 años de producción. Ecopetrol, además, cerró el primer trimestre con utilidades de COP 2,9 billones, una caída del 7,7 % frente al año anterior, aunque mejores precios del crudo por la guerra en Irán abrieron algo de margen. La petrolera arrastra también cuestionamientos por su gobierno corporativo, agravados por los procesos legales contra su presidente, Ricardo Roa.
Sobre ese telón de fondo se libra la pelea por el “fracking”. El gobierno entrante ha planteado abrir la puerta a una explotación “responsable”, mientras la administración saliente radicará el 20 de julio un proyecto de ley para prohibirlo, dejando la decisión en manos del nuevo Congreso.
Indalecio Dangond, Ministerio de Agricultura
El agro fue el motor de la economía colombiana entre 2024 y 2025 y, pese a una desaceleración reciente, sigue creciendo por encima del promedio del PIB. El reto para el próximo gobierno es sostener ese dinamismo, diversificar las exportaciones más allá del café y lograr que los mayores ingresos lleguen a los productores y no se queden en los eslabones de comercialización.
El sector también carga con el mayor porcentaje de empleo informal del país: 84,4 % de los trabajadores agropecuarios, según el DANE, con corte a mayo de 2026. Erminsu David Pavón, directivo del Instituto Mayor Campesino (Imca), señala retos adicionales: acceso a información para llegar a nuevos mercados, agregación de valor poscosecha para reducir pérdidas de materias primas y fortalecimiento de la producción agroecológica.
Desde el Imca esperan que el nuevo gobierno mantenga el acceso a tierras y la inversión productiva, en un sector cuyos sistemas siguen siendo frágiles frente al cambio climático, y que sostenga las políticas de apoyo a la economía campesina y la agricultura familiar.
Uno de los temas centrales sigue siendo la reforma rural integral, que nace del punto uno del Acuerdo de Paz con las extintas FARC. Contempla la compra y redistribución de tres millones de hectáreas, la formalización de siete millones de hectáreas adicionales, el ordenamiento social de la propiedad rural, la adecuación de infraestructura y tierras, y la garantía del derecho a la alimentación. Precisamente en ese último punto persiste una paradoja: las zonas rurales, donde se producen los alimentos del país, son también las que registran mayor inseguridad alimentaria y menor acceso a servicios como salud y educación.
Mauricio Gómez Amín, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El país lleva años diversificando su canasta exportadora, de la mano de la transición energética y el freno a las industrias extractivas durante la administración Petro. Las exportaciones no tradicionales, que incluyen las ventas de oro, pasaron de representar el 37 % del total en 2022 al 53 % en 2025.
Sin embargo, ese giro no se ha traducido en mejores cifras globales: 2022 sigue siendo el mejor año para las ventas internacionales del país, con USD 56.957 millones, impulsado por los precios del petróleo y el carbón de ese momento. El primer trimestre de 2026 arrancó con fuerza, con un promedio de USD 4.603 millones, el mejor desempeño para ese período desde 2022. El Gobierno proyecta que el PIB cierre el año con una expansión del 2,6 %.
La apuesta oficial ha sido fortalecer sectores como la agricultura y la agroindustria, que han ganado peso en las exportaciones en detrimento de las industrias extractivas. Pero varios analistas advierten que el agro, aunque necesario, difícilmente representa el salto productivo y de ingresos que la economía colombiana requiere.
De cara al futuro, algunos expertos señalan que el verdadero margen de crecimiento está en el sector servicios —particularmente el turismo— y en avanzar hacia una economía del conocimiento, con menos peso de la manufactura tradicional.
Jaime Beltrán, Ministerio de Vivienda
El entrante titular de Vivienda hereda un sector constructor que lleva tres años consecutivos contrayéndose, con las ventas de vivienda nueva sin lograr despegar y un mercado de arriendo cada vez más grande por cuenta de las altas tasas hipotecarias.
Según el informe “Situación inmobiliaria 2026”, de BBVA Research, la construcción hoy representa el 4,1 % de la economía y emplea a 1,6 millones de personas, pero ese peso viene cayendo desde el 7,3 % del PIB que alcanzó en 2016. En el primer trimestre de 2026, el PIB de edificaciones residenciales se contrajo 8,6 % frente al año anterior, mientras la economía nacional crecía 2,2 %, según el DANE y Camacol.
Las ventas de vivienda nueva mostraron cierto repunte en los últimos 12 meses a mayo (5,7 % más), aunque más débil que el 8,8 % registrado un mes atrás. Entre enero y mayo de 2026, las ventas cayeron 8 % frente al mismo período de 2025, los lanzamientos de proyectos bajaron 17,5 % y las iniciaciones de obra —el indicador que anticipa la oferta futura— se desplomaron 17,6 %.
La vivienda de interés social (VIS) concentra el 60 % del inventario disponible y enfrenta tres presiones. Los costos de construcción tuvieron en 2026 su alza más pronunciada en tres años, según Mauricio Hernández, de BBVA Research. Los precios de la VIS siguen atados al salario mínimo, así el Gobierno contemple desligarlos. Y los subsidios para adquisición de vivienda cayeron de 86.000 en 2021 a 43.000 en 2025.
A esto se suma el costo del crédito: la tasa hipotecaria promedio se ubicaba en 14,39 % efectivo anual al 3 de julio, según la Superintenencia Financiera, un nivel que no ha bajado al ritmo del Banco de la República porque, desde finales de 2024, sigue más de cerca el comportamiento de los TES que la tasa de referencia del Emisor (que hoy se encuentra en 12 %).
Elsa Noguera, Ministerio de Transporte
El sector de obras civiles opera hoy al 64 % de su capacidad prepandemia, según Corficolombiana, y caería 10 puntos más sin el impulso de la primera línea del metro de Bogotá, que ya lleva un avance del 77 %. Fuera de la capital, la ejecución cae al 54 %. Las concesiones 4G, que transformaron la red vial en la última década, están llegando a su fin constructivo: la ejecución de su inversión pasó de COP 10,9 billones en 2019 a COP 200.000 millones en 2026.
Su reemplazo, la primera ola de proyectos 5G, avanza lento: cuatro obras en construcción con un progreso promedio del 33 % y 11 en preconstrucción que concentran COP 49 billones en cartera, la única palanca de inversión que no depende de la capacidad ejecutora del Estado.
Antes de anunciar proyectos nuevos, la ministra entrante deberá resolver las deudas del Invías con contratistas y los laudos arbitrales pendientes en la ANI, señales que hoy alejan al capital privado. La ejecución presupuestal del Invías tocó su mínimo histórico en abril de 2026, con apenas COP 55.717 millones frente a COP 670.419 millones en el mismo mes de 2023.
Persisten además los cuellos de botella en licencias ambientales y consultas previas: proyectos como el Canal del Dique y la vía Mulaló-Loboguerrero acumulan décadas de discusión sin resolverse, en parte, según Darío Hidalgo, de la U. Javeriana, por la mala calidad de los estudios que llegan a licenciamiento.
El reto va más allá de las carreteras, por donde hoy viaja el 90 % de la carga nacional con un costo logístico del 15,6 % del valor de los productos, más del doble del promedio de la OCDE. De 3.522 kilómetros de red férrea, solo 1.266 operan de forma continua, casi toda para exportar carbón, mientras que apenas el 2 % de la carga se mueve por los ríos navegables del país.
Alexandra Falla, Ministerio de las TIC
El Ministerio de las TIC deberá acelerar el despliegue de infraestructura digital, consolidar la adopción del 5G, fortalecer la ciberseguridad, administrar los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) y recuperar la confianza del sector privado para sostener las inversiones que requiere la expansión de las redes de telecomunicaciones.
La cartera se ha vuelto una de las más estratégicas del país, pues de su gestión depende buena parte del cierre de la brecha digital. El acceso a la tecnología sigue siendo desigual: no es lo mismo para un estudiante en una gran ciudad que para quien vive en zonas rurales o apartadas, donde la conectividad continúa siendo limitada. Uno de los mayores obstáculos es el alto costo de desplegar infraestructura en una geografía tan accidentada como la colombiana.
En ese despliegue han sido protagonistas tanto los grandes operadores —Claro, Tigo, Movistar y WOM— como los proveedores de internet, que han ampliado cobertura mediante inversión propia o en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por la asignación del espectro. Sostener un diálogo transparente con estos actores será clave para avanzar en el cierre de la brecha digital.
Fuentes del sector han manifestado preocupación por la tendencia, en los últimos años, a nombrar fichas políticas en lugar de profesionales con trayectoria en el sector TIC, lo que en ocasiones se traduce en ministros que llegan a capacitarse en el cargo y en renovaciones de nómina que afectan la continuidad de los proyectos en curso.
Otro reto es impulsar la adopción real del 5G, más allá de la subasta de espectro realizada en 2023, con oportunidades particulares en infraestructura corporativa, sensores y dispositivos conectados. Y aunque se habla menos de ello, la seguridad informática —prevención, detección y respuesta ante ataques dirigidos tanto al Estado como al sector privado— es otro frente de creciente relevancia para la cartera.
Ministerio de Trabajo, por confirmar nombramiento
Esta cartera ha sido una de las más visibles del gobierno de Gustavo Petro, con avances como las reformas laboral y pensional, mínimos históricos en la tasa de desempleo y el incremento del salario mínimo, este último celebrado por las centrales obreras.
Pero el mercado laboral colombiano arrastra desafíos de fondo. El más protagónico es la informalidad, que en mayo se ubicó en 54,3 %: más de la mitad de los trabajadores del país sigue siendo informal, lo que equivale a más de 13 millones de personas sin salario fijo (la mayoría por debajo del mínimo) ni acceso a seguridad social.
A esto se suman las barreras que enfrentan las mujeres para acceder al mercado laboral, muchas veces condicionadas por labores de cuidado no remuneradas, y una brecha creciente entre lo que piden las empresas y lo que ofrece la fuerza laboral: cada vez hay más demanda de habilidades como programación, análisis de datos e inteligencia artificial. Cerrar esa brecha exige una mejor articulación entre la academia y el sector empresarial.
Expertos consultados coinciden en que el Ministerio deberá reforzar sus labores de inspección y vigilancia, tanto en el cumplimiento de la ley laboral como en la lucha contra la contratación informal, con atención particular a los territorios más rezagados: por ejemplo, en Sincelejo y Valledupar la informalidad supera el 62 %, mientras Quibdó y Cartagena registran tasas de desempleo del 23,9 y 12,8 %, respectivamente.
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