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¿Ha tenido algún diálogo con alguien del equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para entregar los informes relacionados con la política de paz?
Eso no ha sido posible porque el Gobierno entrante ha planteado que esta Consejería desaparece, de tal manera que no hay un homólogo al cual entregarle ningún informe. Como Consejería dependemos administrativamente del Departamento Administrativo de la Presidencia y nuestro jefe político es el propio presidente de la República. El presidente es el encargado de la paz en Colombia y nosotros somos eso. Simplemente estamos en una comisión como consejeros de paz, pero no somos una entidad autónoma de la Presidencia de la República.
¿Ya tienen informes listos sobre lo que ha sido su gestión?
Sí, claro. Tenemos documentos en los que se muestra algo que es importante mostrar, que son todo el tema administrativo y financiero. Eso lo tenemos al día. También toda la gestión que se hizo. Nosotros tenemos una gestión que es inconclusa, como todo lo que se hace de paz, donde existen acuerdos, protocolos y unos desarrollos en cerca de diez regiones del país; en algunas avanzamos más que en otras en los distintos aspectos que son los componentes del actual proceso de la paz total. Está trabajada sobre tres elementos fundamentales; uno es un triángulo virtuoso, cuyo vértice fundamental son las transformaciones territoriales. Otro es el de la disminución o el desescalamiento de las violencias. Y otro triángulo tiene que ver con la posibilidad de que transiten los ilegales e incluso las comunidades hacia la legalidad.
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¿Hay algún proceso que tenga un resultado concreto?
La opinión pública colombiana todavía mira los aspectos de paz y hace la contabilidad de los aspectos de paz en el desarme. Y claro, logramos en el caso del Valle del Guamuez, un municipio del Putumayo, que ingresaran a la zona de ubicación temporal cerca de 100 miembros de la organización Coordinadora Bolivariana; dejaron los uniformes, entregaron las armas y están allá. Ya el destino de esas personas queda en manos del próximo gobierno y eso nos preocupa un poco. Queremos, incluso, que la Fiscalía también intervenga ahí. Pero hemos tenido dificultades con la Registraduría, que no quiere cedularlos a algunos de ellos, lo cual pues me parece que es atentar contra el derecho de la gente a tener una identidad formalmente establecida.
¿Y qué le responden desde la Registraduría?
No hay una explicación clara, porque para que intervenga y que sea posible que la Agencia Nacional de Reincorporación actúe y tenga acción para ellos, pues necesitan la identificación plena. Hemos venido diciendo que, si la Registraduría no opera, ellos hagan una declaración extrajudicial de quiénes son y poderlos identificar de alguna manera. Eso se haría teniendo en cuenta que sería un acto de buena fe que ellos van a decir cuál es su nombre, cuál es su fecha de nacimiento y demás. Pero, desde luego, eso es una ineficiencia de un sector del Estado que no debería ocurrir, más allá de las diferencias políticas y de los cambios del gobierno. Las instituciones estatales deben operar no teniendo en cuenta esas diferencias y esos elementos políticos, sobre todo si perjudican a las comunidades o a las personas que en este caso están haciendo una transición hacia la civilidad.
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¿Por qué le preocupa que la suerte de estas personas quede en manos del próximo gobierno?
Me preocupa y nos preocupa porque no sabemos hasta dónde el gobierno entrante haya entendido o quiera entender qué es lo que hemos hecho. Nosotros hemos hecho distintos procesos con distintos énfasis, dentro de lo que hemos denominado triángulos virtuosos, y hemos avanzado en unos aspectos más que en otros. Por ejemplo, en la zona Mallama, en Nariño, hemos avanzado fundamentalmente en la transformación territorial: vías, escuelas, salud. Eso hace que la gente de allá, de la región, cada vez tenga mucha más confianza y más esperanza en el Estado colombiano. Porque llegó el Estado. Antes estaban totalmente en manos de la organización armada, que era la que ejercía justicia y proveía a la comunidad de las necesidades más importantes. Pero al llegar el Estado, no solamente la Consejería, sino las distintas ramas del Estado, se empezaron a hacer obras y se le fue quitando al armado la potestad de ser ellos los que hacen las cosas.
¿Su alerta es que no haya continuidad a ese tipo de procesos?
Esos elementos no sé hasta dónde esté dispuesto a mirarlos el gobierno entrante como un algo valioso que deba ser recogido y reconocido por el Estado mismo, por la institucionalidad misma. Claro, ahí ha habido otros elementos que tienen que ver con el desescalamiento de las violencias. El hecho solo de que haya mesas de negociación ha bajado considerablemente el número de homicidios en estos territorios.
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Pero, comisionado, los críticos de la saliente administración dicen todo lo contrario…
En todas las partes donde hay mesas de negociación, la violencia medida en número de homicidios disminuye. Por supuesto que hay otros delitos, como la extorsión que en algunas partes se mantiene. Ahora, en algunas partes, por ejemplo, el reclutamiento de menores o no ha existido o también ha bajado. Por ejemplo, en la Sierra Nevada, los Conquistadores de la Sierra prefieren no reclutar menores, y no porque tengan un sentido compasivo, sino porque les resulta mucho más caro reclutar a un menor, entrenarlo, en fin. Entonces, prefieren, frente a tanta mano de obra mercenaria que hay, comprar con desmovilizados de otras organizaciones o en la misma Fuerza Pública la mano de obra combatiente. Claro que estas últimas personas también es que muchas veces no encuentran un empleo. El solo hecho de haber anunciado en muchas partes que se desarrolla una mesa, deriva en que cae verticalmente la violencia en esos sitios. Pero cuando el Estado empieza a no cumplir, a dilatar su cumplimiento, empieza otra vez a ascender la violencia.
¿Lo que usted está alertando es que, después del 7 de agosto, habría un recrudecimiento de la violencia?
Sí, eso es lo que me temo. Y quienes van a sufrir en un recrudecimiento violento son las comunidades donde han creído, han tenido alguna esperanza de que el Estado puede ser un instrumento útil para ellos y para sus derechos. Al fin de cuentas, la Constitución del 91 lo que trata es de que en todo el territorio nacional impere el Estado Social de Derecho. Una nueva decepción, como la que ya se dio durante el gobierno de (Iván) Duque, derivaría en un daño impensable con niveles de rebeldía y de dificultad para que la gente vuelva a creer en el Estado.
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¿También le genera alguna alerta que se busque revivir la Consejería de Seguridad y que se ajuste la institucionalidad relacionada con la paz?
Yo creo que no habría mucho problema. Si el énfasis va a ser seguridad, sí debe mirarse mucho el tema de justicia. Seguridad sin justicia, se convierte en un espacio de violación de derechos humanos muy problemático. Y, desde luego, justicia sin paz también puede terminar en que solamente el aspecto punitivo, no el aspecto humanitario de la violencia, en el cual se consideran las condiciones y la voluntad de quien haya incurrido en delitos, pueda ser tenido en cuenta para la aplicación de las penas. Justicia, paz y seguridad tienen que armonizarse. Si el presidente que entra decide darle mucha más fuerza a la seguridad, pero no tiene en cuenta los otros elementos, estaría cometiendo un grave error. Ni la justicia sola, ni la seguridad sola, ni la paz sola, puede desarrollar un proceso de convivencia, de restauración o de instauración del Estado Social de Derecho.
¿Comparte la postura de que dar ese paso pondría en riesgo la institucionalidad derivada del acuerdo de paz, como la JEP y otras instancias?
Sí, a mí me preocupa mucho ese reversazo que está planteando el gobierno entrante. Un reversazo que no solamente puede llegar al 2016, sino que puede llegar incluso a desconocer la Constitución del 91; es decir, un reversazo de más de 35 años. Todo eso de por sí es problemático. Nosotros estamos actuando bajo una metodología un poco distinta a la que se planteó con las Farc, que decía que nada está acordado hasta que todo esté acordado. Esa metodología tuvo de bueno que se hicieron acuerdos redondos, pero cuando se trató de implementarlos en ese momento, teniendo en cuenta que se había perdido el plebiscito, y que también se perdió la continuidad del gobierno de (Juan Manuel) Santos, pues ganó el uribismo que era un sector fuerte y crítico a los acuerdos de 2016, pues se creó una pausa de cuatro años bastante incómoda para empezar a implementar los acuerdos.
Pero es durante el saliente gobierno que se da el crecimiento de cultivos de uso ilícito y del número de integrantes de grupos narcocriminales…
Incluso, se perdió un año y medio que se demoró el gobierno de Santos en empezar a generar la arquitectura institucional para el cumplimiento de los acuerdos. Se perdió muchísimo tiempo. Y esas pérdidas de tiempo en términos políticos y sociales son muy costosas. Hacer que la gente vuelva a creer es muy tenaz. Que la gente haya aumentado los cultivos ilícitos en todo este periodo, que haya dificultad para que la gente crea de nuevo en programas de erradicación de cultivos, es complicadísimo. Por eso, achacar el crecimiento de los cultivos ilícitos a este gobierno, no solamente es injusto, sino que también no tiene una base en la realidad. Y no quiero con eso poner el retrovisor, sino dar una explicación lógica de por qué en todo este tiempo, después de los acuerdos de 2016, empezaron a crecer esos cultivos.
¿No hace falta autocrítica?
Otro tema también importante es el de la reivindicación de las zonas abandonadas por el Estado. Por eso, con el acuerdo con las Farc se crea el programa de desarrollo con enfoque territorial, que son los PDET; pero no se implementaron en todo ese tiempo. Ahora algo de esa implementación se está haciendo, pero ya empezamos con una deuda social derivada de los acuerdos de 2016 bastante grande. Además, este gobierno quiso no solamente cubrir esa deuda social, sino dar por terminada la violencia en otros territorios. Mejor dicho, se puso una carga en la espalda bastante fuerte y eso hace que, desde luego, el caminar hacia la paz sea mucho más lento. Pero aun así hemos caminado hacia la paz. La reforma agraria que no había caminado en todo este tiempo empezó a andar. Lo mismo los programas de desarrollo con enfoque territorial y la erradicación de cultivos. Teníamos todo ese acumulado, pero ahora sí avanzó.
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Comisionado, desde algunos sectores de las extintas Farc y otros afines al actual gobierno han alertado sobre cómo fue más lenta la implementación. ¿Qué les responde?
Hay una Unidad de Implementación de los acuerdos, que no nos correspondía exactamente a nosotros. Nosotros estábamos trabajando básicamente con los nuevos acuerdos. Con la implementación de esos acuerdos había otras personas, como Gloria Cuartas, quien estaba encargada de la Unidad de Implementación. Estaba Alejandra Miller en la Agencia Nacional de Reincorporación, que también mantuvo y desarrolló el cumplimiento de los acuerdos con los desmovilizados. Indudablemente, se disminuyeron los asesinatos notablemente contra los firmantes de los acuerdos de paz y también, dentro de eso, se cambió un tanto el programa de erradicación de cultivos. De tal manera que sí hubo avances considerables. Con esta Consejería realmente el diálogo no era viable, y con esta Consejería estábamos más ocupados en los nuevos acuerdos. Pero, desde luego, nosotros vivíamos echándole ojo a cómo estaban implementando los acuerdos de 2016.
Entonces, ¿qué pasó con la “paz total” que prácticamente se estancó?
Es como toda utopía. Es como cuando se habla de en qué consiste el Estado Social de Derecho; consiste en la satisfacción de las necesidades básicas de toda la gente. Y hay gobiernos en los cuales eso, que es ambicioso, no avanza o avanza a un ritmo que no necesariamente es el que uno quisiera. En este tiempo, la construcción del Estado Social de Derecho, tanto en los territorios abandonados como en los que normalmente el Estado sí opera, creo que se ha avanzado bastante. Hay menos pobreza, hay un Estado mucho más cercano a la gente. Lo mismo pasa con la violencia. La Constitución del 91 pretendió y sigue pretendiendo que haya una menor violencia. En un principio el impacto de la Constitución del 91 generó esa esperanza y sobre esa esperanza una disminución fuerte de las violencias. Luego, por otros efectos básicamente derivados de la economía del narcotráfico, empezaron a subir esos índices de violencia en muchos territorios.
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La misma institucionalidad reconoce un aumento de varios tipos de violencia…
Son fenómenos que han ocurrido donde la violencia ha encontrado un nuevo oxígeno con problemáticas que no se han tratado de la debida forma en muchas partes. No se puede decir que el Estado Social de Derecho fracasó, que la paz fracasó. Todos estos elementos tienen algo de utopía y la paz total tiene algo de utopía. Cualquier pronunciamiento y cualquier formulación tiene un elemento de mandato directo y otro elemento de utopía; es decir, de mandato a largo plazo. Sería una tontería decir que se fracasó si no todo se cumple de una manera rápida.
Pero, de forma concreta, ¿la “paz total” fracasó o no?
No, por supuesto que no. Ya dije que la paz total está cimentada sobre unas consideraciones que tienen que ver con la superación de las violencias. La paz de 2016 tiene que ver con la superación del conflicto armado interno. La Constitución del 91 tiene que ver con la consagración y la instauración del Estado Social de Derecho. Y si uno se pregunta si se ha logrado plenamente esas tres cosas, pues por supuesto que no. Son procesos que arrancaron; lo importante es reconocer dónde arrancaron, qué se ha hecho en función de eso y darle continuidad.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, dijo que todo lo derivado de la “paz total” será denunciado ante la justicia interna y en Estados Unidos. ¿Qué opina al respecto?
El presidente De la Espriella está manejando esto tratando de dar noticias. Pero hay cosas que él ha dicho y que no tienen un asidero real ni en la Constitución ni en las leyes. Me preocupa eso porque, incluso, la posibilidad de que cargue sobre las espaldas de la Fuerza Pública todos los esfuerzos de la seguridad es un complique grande. El general Hugo López, que fue comandante general de las Fuerzas Militares, decía, pensando en lo que está ocurriendo en El Plateado y en el Valle del Micay (Cauca), que el 30 % es el ejercicio de la fuerza, que lo ponía la Fuerza Pública; pero que el otro 70 % lo tenían que poner las otras instituciones del Estado. Si hoy se pretende cargar sobre la Fuerza Pública todo el tema de la seguridad, se está cometiendo una injusticia y es una falta de realismo de cómo se supera la violencia en esos territorios.
¿Por qué?
Esto también tiene que ver con el ejercicio de la justicia. Allá, en esos territorios, quienes ejercen la justicia y en algunos casos proveen la circulación del dinero con la gente, pues son los actores ilegales, son los actores criminales, que de alguna manera controlan esas economías. Pensar en que a punta de bala eso se destruye de un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, o en 100 días o menos, es actuar por fuera de la realidad. Y lo peor que puede pasarnos es que las fantasías que se venden en las campañas, cuando tropiezan con la realidad, con una realidad que es más dura que eso, puedan llevar a nuevas decepciones. Y no me gustaría que el gobierno entrante, así no comparta sus ideas, fracase. Pero hasta ahora, no he visto claridad en sus planteamientos.
“Ya hay experiencias, incluso durante este gobierno, en las que la sola presencia y acción de la Fuerza Pública puede ser una derrota demasiado rápida para el gobierno entrante. Y uno no quiere que a este gobierno, al entrante, debido a situaciones de falta de visión y de conocimiento de la realidad colombiana, colapse tan rápido“.
Otty Patiño, consejero Comisionado de Paz
¿Le preocupa en algo el tema de Estados Unidos?
Por supuesto que sí, porque Estados Unidos de alguna manera ha venido aupando todas estas expresiones de una derecha radical en estos países, tratando de recobrar una hegemonía perdida. Si bien logra éxitos momentáneos, no son éxitos sostenibles. Y no estoy pensando en el péndulo que a veces está a la derecha y a veces pasa a la izquierda; estoy pensando en que él (Donald Trump) va a tratar de mantener esa hegemonía por muy largo tiempo. Es probable que ahora, con las elecciones de medio término en Estados Unidos, el péndulo se devuelva y el presidente Trump pierda mucho control dentro de su propio país, dentro de su propio congreso. Eso va a generar también desajustes acá. Pero no podemos depender totalmente de lo que pase en Estados Unidos, aunque desde luego lo que plantea Estados Unidos y sus inclinaciones determinan la política colombiana.
Ya que es casi un hecho que no hablará directamente con el presidente De la Espriella, ¿qué le quisiera decir?
Que más que mire los programas, y más allá de las discusiones con el gobierno saliente, que mire la realidad, sobre todo de los territorios que han sido secularmente abandonados por el Estado colombiano. Que pueda dialogar con esas comunidades que hoy empiezan a sentir la mano del Estado. Y que sobre ese diálogo pueda elaborar un discurso en el que si bien la seguridad no está excluida, pues no puede ser simplemente el hecho de la presencia y la acción de la Fuerza Pública. Eso no va a solucionar las cuestiones. Ya hay experiencias, incluso durante este gobierno, en las que la sola presencia y acción de la Fuerza Pública puede ser una derrota demasiado rápida para el gobierno entrante. Y uno no quiere que a este gobierno, al entrante, debido a situaciones de falta de visión y de conocimiento de la realidad colombiana, colapse tan rápido.
Vea aquí la entrevista con Otty Patiño en video:
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