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La invasión rusa transformó la vida de Olena Yahupova, una madre ucraniana de tres hijos que llevaba una vida tranquila como administradora de oficina en el sur de Ucrania. La guerra la convirtió en una activista comprometida con la búsqueda de justicia, tanto para ella como para otros civiles que fueron sometidos a detención ilegal, tortura y trabajos forzados por las fuerzas rusas.
Los fiscales ucranianos han registrado más de 220.000 presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia. El principal obstáculo no es la falta de pruebas ni la dificultad para identificar a los responsables, sino la enorme magnitud de la evidencia acumulada. A pesar del apoyo brindado por numerosas organizaciones de derechos humanos, la escala de estos crímenes hace que, con frecuencia, la carga de buscar justicia recaiga sobre las propias víctimas, tanto para sus casos individuales como para los de otras personas afectadas. Aunque la mayoría de estos delitos deberían ser procesados por los tribunales nacionales, muchas víctimas recurren también a mecanismos internacionales, ya que el volumen de casos ha superado la capacidad que cualquier país podría gestionar de manera realista por sí solo.
Antes de ser enviada a un campo de trabajo forzado, Olena Yahupova estuvo detenida en uno de los centros temporales ubicados en la entonces ocupada región de Zaporiyia. Allí, uno de los guardias rusos le entregó en tono de burla un libro sobre los juicios de Núremberg contra los nazis. “Léelo. Puede que te sea útil”, le dijo.
Sin embargo, para Olena aquel libro adquirió un significado profundamente simbólico. Y, de hecho, terminó siéndole útil, porque le dio la convicción de que, pese a todos los obstáculos, los responsables rusos de los crímenes cometidos durante la guerra acabarían rindiendo cuentas ante la justicia, tal como ocurrió con los nazis.
En julio de 2025, vestida con jeans y una camiseta, Olena Yahupova —una mujer de baja estatura, cabello castaño y poco más de 50 años— se detuvo frente a la puerta de una sala judicial en Kiev, la capital de Ucrania. Estaba reuniendo fuerzas antes de escuchar el veredicto en el juicio contra un agente de inteligencia ruso que la había sometido a abusos y torturas. Desde que logró escapar de la parte de Ucrania ocupada por Rusia, dos años antes, todos sus esfuerzos habían estado dirigidos hacia ese momento.
“Vi y soporté demasiado como para que mi historia —y las historias de miles de otras personas— quedaran guardadas en un cajón”, afirmó Olena al recordar el sufrimiento que vivió bajo la ocupación rusa.
El tribunal de Kiev condenó al agente de inteligencia ruso en ausencia. Entre las pruebas que contribuyeron al caso figuraban varios videos grabados por el propio agente y publicados por él en internet. En dos de ellos aparecía abusando física y psicológicamente de Olena.
El veredicto representó una reivindicación de su sufrimiento y una prueba para otras víctimas de que también es posible buscar justicia. Su caso constituye el inicio de lo que probablemente será una ola de procesos judiciales en Ucrania y en otros países contra responsables rusos de crímenes de guerra durante la próxima década.
“Yo no elegí esto y nunca quise esta vida. Antes de la ocupación de mi ciudad natal llevaba una vida normal con mi familia: trabajábamos, descansábamos y grabábamos nuestros momentos felices en familia. Ahora recopilo fotografías de documentos perdidos y de criminales de guerra”, afirmó Olena sobre el trabajo que financia con sus propios recursos para reunir pruebas contra los responsables rusos.
LA TORTURA DE UNA MADRE DE 50 AÑOS
Antes de la invasión a gran escala, Olena había trabajado durante más de 20 años como administradora en la central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania.
Cuando Rusia lanzó la invasión, se encontraba sola en casa. Su esposo, militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, combatía en otra región del país, mientras que sus hijos adultos estaban al otro lado de la línea del frente.
Aunque en aquel momento existía un estrecho corredor por el que los civiles podían cruzar la línea del frente, situado a unos 100 kilómetros de su vivienda, el trayecto era extremadamente peligroso. Olena decidió quedarse, con la esperanza de que las fuerzas ucranianas liberaran pronto la zona.
Sin embargo, en octubre de 2022, mientras esperaba en su hogar, soldados rusos irrumpieron en su apartamento después de que algunos residentes locales, hostiles a Ucrania, les informaran que ella apoyaba a Ucrania y que su esposo servía en el ejército ucraniano.
Yan Zanevsky, el hombre que luego lograría identificar y cuya condena conseguiría impulsar ante la justicia, le mostró una credencial del FSB con su nombre. Otro de los hombres le apuntó con un arma a la cabeza mientras registraban minuciosamente su vivienda. Después la obligaron a subir a un automóvil estacionado frente al edificio. Olena vestía únicamente una bata de casa y pantuflas cuando fue llevada por la fuerza.
Fue trasladada a la comisaría de policía de su localidad, que había sido ocupada por las fuerzas rusas. Allí le confiscaron su bolso y su teléfono móvil y la condujeron a una oficina. Tras revisar el contenido de su teléfono, Zanevsky, el agente del FSB, encontró mensajes dirigidos a su esposo, así como comentarios críticos que ella había hecho sobre algunos de sus colegas prorrusos. Entonces comenzó la sesión de tortura.
“Lo tenían todo preparado: una botella de plástico de dos litros para golpearte en la cabeza”, recordó Olena al describir los abusos. “Alternaban los golpes con colocar una bolsa de plástico sobre tu cabeza, sellarla con cinta adhesiva y luego poner otra tira de cinta sobre la nariz para que no pudieras respirar dentro de la bolsa… Zanevsky lo hacía como si fuera un juego. Decía: ‘Probemos esto, probemos aquello… Probemos con descargas eléctricas’”.
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Zanevsky intentó obligarla a confesar que pertenecía a una “organización terrorista”, término con el que se refería a una organización militar ucraniana.
“Tenías que confesar o señalar a alguien que conocieras”, relató Olena al recordar aquellos interrogatorios.
Al día siguiente, Zanevsky llevó a Olena —cubierta de moretones tras la tortura sufrida en la comisaría y aún vestida únicamente con una bata y pantuflas— a registrar su casa de verano. En un cuarto de almacenamiento encontró una bandera ucraniana. La simple visión de los colores azul y amarillo desató su furia.
Zanevsky extendió la bandera sobre el suelo, empujó a Olena boca abajo sobre ella y le apoyó una bota en la espalda mientras le gritaba que la mataría, apuntándole con una pistola a la cabeza.
Sin embargo, Zanevsky también grabó toda la escena y posteriormente la publicó en su canal de Telegram. Ese video, realizado por el propio presunto perpetrador, se convertiría más tarde en una prueba clave que contribuiría a su condena.
Una segunda prueba surgió cuando Zanevsky obligó a Olena a comparecer ante un equipo de televisión de propaganda rusa en la comisaría. Situado frente a ella con un fusil cargado, la forzó a conceder una entrevista. Le advirtió que, si decía todo “correctamente”, estaría de regreso en casa esa misma noche; de lo contrario, la mataría. Bajo amenaza, Olena declaró falsamente ante los periodistas rusos que había colaborado con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Posteriormente, las imágenes fueron editadas y utilizadas en un reportaje propagandístico para la televisión rusa.
Tras pasar tres semanas en la comisaría, Olena fue trasladada a un centro de detención preventiva donde compartía una celda con otras 15 mujeres. Como el número de espacios para dormir era insuficiente, las detenidas tenían que turnarse para descansar.
Olena permaneció durante dos meses en ese centro hasta que un día fue sacada de su celda y subida a un vehículo junto con dos hombres civiles que también estaban detenidos.
El automóvil llegó a un cruce de caminos. Allí, un soldado ruso apodado “Batman”, luego identificado por periodistas ucranianos como Roman Vnukov, leyó en voz alta una orden de deportación dirigida a Olena y a los otros dos prisioneros. Un equipo de periodistas rusos filmaba toda la escena, generando sin saberlo otra pieza de evidencia audiovisual que más tarde sería utilizada por Olena.
El soldado les ordenó caminar hacia un puesto de control visible en la distancia. Olena, junto con dos hombres civiles, obedeció.
Pero mientras caminaban por la carretera en dirección a la Ucrania bajo control ucraniano y a la libertad, los rusos les ordenaron regresar. Aquel día debía haber marcado el final de su calvario, pero en realidad fue solo el comienzo de un nuevo capítulo de sufrimiento. Los tres fueron subidos a un camión y trasladados a la línea del frente controlada por las fuerzas rusas.
LA CASA ABANDONADA
Era pleno invierno de 2023. Olena y los dos hombres fueron abandonados junto con otros quince civiles ucranianos para trabajar como mano de obra forzada cerca de la línea del frente rusa en la región de Zaporiyia.
Durante el día, las mujeres se encargaban de limpiar y mantener los comedores militares, mientras que los hombres cavaban trincheras y realizaban trabajos pesados. Pero el trabajo no terminaba al caer la noche.
Los trabajadores forzados ucranianos vivían en el sótano de una casa abandonada. Según relató Olena, las mujeres eran llevadas por las noches para limpiar las viviendas de oficiales rusos, mientras que los hombres eran obligados a realizar diversas tareas nocturnas. Ellos excavaban trincheras, transportaban troncos pesados y construían refugios fortificados para los soldados rusos; ellas limpiaban y cocinaban para el ejército ruso.
Serhiy, que tenía 21 años en aquel momento y cuyo nombre ha sido cambiado por razones de seguridad, recordó que en una ocasión un soldado ruso le ordenó a él y a otros detenidos ucranianos enterrar una consola PlayStation 5 saqueada junto con otros aparatos electrónicos que los soldados habían robado.
Después de tres meses, Olena, Serhiy y un pequeño grupo de personas lograron escapar de los trabajos forzados. Sin embargo, Olena está convencida de que existen muchas otras víctimas ucranianas sometidas a trabajo forzado, incluidas algunas en otros sectores del frente controlado por Rusia, que nunca consiguieron escapar.
UCRANIA: EL MEJOR LUGAR PARA JUZGAR A LOS RESPONSABLES RUSOS
Olena es una de las pocas decenas de víctimas que no solo han iniciado un proceso judicial contra un perpetrador ruso, sino que también han logrado llevarlo hasta una sentencia.
Los fiscales ucranianos afirman haber registrado más de 2.000 casos penales relacionados con el secuestro y la detención ilegal de civiles. En total, hasta finales de 2025, las autoridades habían presentado cargos contra 519 integrantes de las fuerzas rusas por actos de crueldad cometidos contra civiles y militares ucranianos. Hasta el momento, 125 de ellos han sido condenados.
La complejidad burocrática de llevar adelante un caso en Ucrania, sumada a los miles de procesos por crímenes de guerra que saturan el sistema judicial del país, convierte a Olena en una verdadera pionera, señaló su abogada, Yulia Polyekhina.
Según Polyekhina, Olena se encuentra impulsando otros tres procesos judiciales en Ucrania relacionados con su sometimiento a trabajos forzados, su detención ilegal y los daños psicológicos sufridos durante su cautiverio. Olena también ha manifestado su intención de llevar sus casos ante instancias internacionales, incluida la Corte Penal Internacional.
Kareem Asfari, analista jurídico de The Reckoning Project, advirtió que las realidades procesales y logísticas hacen que las víctimas no siempre puedan acceder a mecanismos internacionales de justicia y reparación.
“La Corte Penal Internacional considera que los tribunales nacionales son el foro principal y preferente para exigir responsabilidades, y solo interviene cuando los sistemas judiciales nacionales no están dispuestos o no son capaces de procesar a los presuntos responsables”, explicó Asfari. Según señaló, existe una división de funciones: los tribunales nacionales suelen juzgar a los responsables de nivel bajo e intermedio, mientras que la Corte Penal Internacional, gracias a sus facultades especiales para superar obstáculos relacionados con inmunidades, se centra en quienes tienen la mayor responsabilidad, como comandantes militares y líderes políticos.
Asfari explicó además que el hecho de que el acusado en este caso ya haya sido juzgado y condenado por un tribunal nacional hace que la revisión del mismo caso por muchos organismos internacionales resulte innecesaria. No obstante, añadió que jurisdicciones extranjeras podrían estar dispuestas a ejecutar una eventual orden de detención contra el perpetrador, dependiendo de factores como los tratados y acuerdos internacionales vigentes.
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Sin embargo, Asfari destacó que existen otras vías fuera de los principales mecanismos judiciales a través de las cuales las víctimas pueden buscar reparación. Entre ellas figuran los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas y las comisiones regionales de derechos humanos.
En noviembre de 2025, Olena presentó una denuncia ante la Sección de Peticiones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este organismo examinará las pruebas aportadas y publicará sus conclusiones. Aunque no emitirá una sentencia jurídicamente vinculante, el proceso puede contribuir a generar presión moral y política en favor de la rendición de cuentas.
OLENA TOMA LA INICIATIVA
Olena fundó la organización no gubernamental “Free Civilians” (“Liberen a los civiles”), mediante la cual ayuda a cinco de sus compañeros que también fueron víctimas de trabajos forzados, entre ellos Serhiy, al mismo tiempo que impulsa una segunda demanda relacionada con su propio caso de trabajo forzado.
Los sobrevivientes acudieron a Olena para recibir orientación sobre cómo documentar adecuadamente sus experiencias ante las autoridades competentes, y ella los ayudó a encontrar representación legal.
“No puedo actuar de otra manera. Decidí obtener otro título universitario, esta vez en derecho, porque veo fallas en la forma en que se aplica la justicia a personas como nosotros. ¿Y saben cuál es mi mayor sueño? Reunir nuestras historias y llevarlas ante la justicia penal internacional. Zanevsky, Batman y los demás torturadores rusos no deberían poder vivir tranquilos en el extranjero”, afirmó Olena.
Su perseverancia ya ha dado resultados. Un tribunal de apelación en Ucrania confirmó la condena de Zanevsky y aumentó la indemnización otorgada a Olena en más de diez veces, elevándola de 8.824 a 91.344 jrivnias (aproximadamente de USD 210 a USD 2.180).
Olena considera que documentar los crímenes de guerra rusos es una obligación urgente, ya que cuanto más tiempo transcurra entre la comisión del delito y el inicio de un proceso judicial, más difícil será demostrar los hechos.
“Las consecuencias de una actitud pasiva, de no documentar estos crímenes, serán que algunas personas no serán reconocidas como criminales de guerra y nunca rendirán cuentas por lo que hicieron”, advirtió.
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