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Entre Leticia y Puerto Nariño (Amazonas) hay una distancia de 80 kilómetros. La única forma de llegar al llamado “pesebre natural de Colombia” es recorriendo ese tramo río arriba por el Amazonas en un viaje en lancha que puede ser de hasta dos horas y media. Es uno de los destinos turísticos sostenibles del país. No hay carros ni motos. Pero tampoco hay un colegio con las condiciones necesarias para que niños y jóvenes de 22 comunidades indígenas puedan recibir clases de forma digna, sin que las paredes se les caigan a pedazos o se desplomen por un derrumbe. La Corte Constitucional acaba de emitir una sentencia con la que ordena solucionar ese problema y construir una nueva sede de un colegio que costará casi COP 15.000 millones.
Se trata de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria José Celestino Mutis (Ineagro), un colegio fundado en 1989 y el primero en ofrecer cursos de secundaria para los jóvenes de Puerto Nariño. En 2020, las directivas del colegio denunciaron serios problemas relacionados con la infraestructura del colegio, que tiene 386 estudiantes matriculados: “Deterioro estructural, distribución inadecuada de espacios, riesgo de deslizamiento, falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida y el incumplimiento de normas técnicas exigidas para instituciones educativas”, según se lee en la sentencia. Para la fecha, el gobernador de Amazonas era Jesús Galdino Cedeño, a quien la Procuraduría sancionó en abril de 2025 por entregarle de forma irregular un millonario contrato a un financiador de su campaña política.
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El gobernador Cedeño incluyó en su plan de desarrollo un proyecto de inversión para la nueva sede del colegio, pues las condiciones en las que estaba la estructura estaban provocando deserción escolar y disminución de la calidad educativa. En diciembre de 2022, la Asamblea de Amazonas le autorizó al gobernador hacer un préstamo por COP 15.000 millones para construir la nueva sede. Y en abril de 2023, el contrato le fue asignado a la empresa Amazonas Desarrollo Inteligente ADI S.A.S. Su responsabilidad era construir 12 aulas de clase, una biblioteca, una sala TIC, una cocina comedor, baterías sanitarias, placa polideportiva cubierta, zonas verdes, subestación eléctrica, accesos y espacios para personas con movilidad reducida.
Las obras tendrían una duración de 16 meses y debían ser entregadas antes del 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, el proyecto no avanzó ni un milímetro. A septiembre de 2025, la obra estaba paralizada y los estudiantes de Puerto Nariño seguían recibiendo clases en la antigua sede educativa, con la amenaza de que en cualquier momento la estructura se desplomara a mitad de cualquier jornada de clases. Fue por eso que la Procuraduría Judicial Primera para Asuntos de Conciliación Administrativa de Leticia y el Procurador Regional de Instrucción del Amazonas interpusieron una tutela en contra del Ministerio de Educación, la Gobernación y la Asamblea de Amazonas, la Alcaldía y el Concejo de Puerto Nariño.
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El recurso argumentaba una “presunta vulneración de los derechos a la educación, a la dignidad humana y a la igualdad de los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa”, por cuenta del abandono de las obras y las preocupantes condiciones en las que los estudiantes estaban tomando clases. La obra tenía un retraso de 21 meses en su entrega y la tutela pedía que se tomaran medidas urgentes para mejorar de forma provisional las condiciones de la institución, mientras se destrababa la construcción de la nueva sede educativa. La tutela no tuvo respuesta favorable en primera instancia. El 29 de septiembre de 2025, el juez segundo penal de Leticia declaró improcedente ese recurso.
¿La razón? El juez encontró que las autoridades de Amazonas ya habían hecho obras de instalaciones eléctricas y adecuaciones de espacios que permitían, de forma provisional, que los estudiantes recibieran clases. No importaba que la obra del nuevo colegio estuviera por convertirse en un elefante blanco. “La prestación del servicio de educación no se ha interrumpido y los estudiantes continúan recibiendo clases en la antigua sede, cumpliéndose con normalidad el calendario escolar”, señaló el juez de tutela. Agregó que, si bien el colegio está ubicado en un sitio geológicamente inestable, no había pruebas que indicaran que más de 300 estudiantes estaban en riesgo de que cualquier día, mientras estudiaban, la tierra cediera.
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El expediente escaló hasta la Corte Constitucional, a donde llegó para su revisión el 18 de diciembre de 2025. La ponencia le correspondió al magistrado Héctor Carvajal, quien examinó que, como lo argumentaban los tutelantes, no eran suficientes las obras de mitigaciones traducidas en “pañitos de agua tibia” de la Gobernación de Amazonas para atender la situación del colegio Ineagro. Uno de los puntos claves de la sentencia es que, según el alto tribunal, el juez de tutela pasó por encima del carácter de doble protección constitucional de las personas interesadas en la construcción de la nueva sede del colegio: menores de edad e indígenas que gozan de amparo especial por parte del Estado.
“La adopción de una acción preventiva, por sí sola, no exime a las autoridades de garantizar materialmente que los niños, niñas y adolescentes, en su calidad de sujetos de especial protección, puedan ejercer su derecho a la educación en todas sus dimensiones”, señala la decisión de la Corte. Agrega que la función del juez de tutela era velar por la protección de los estudiantes y de su derecho a la educación: “Le era exigible verificar, con el rigor que demanda la protección reforzada de esta población, que la obra sí era capaz de superar los riesgos identificados al punto de descartar, en cualquier escenario, una amenaza real al ejercicio del derecho a la educación”.
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Contrario a lo que sostenía el juez que resolvió la tutela en primera instancia, para la Corte “las malas condiciones de muchos ambientes escolares, incluidos los problemas de infraestructura física, vulneran los derechos fundamentales de los niños y niñas”. Esto abarca los casos en los que no hay en absoluto infraestructura educativa o cuando sus fallas ponen en riesgo la vida de los estudiantes, cuando los espacios de educación o recreación son insuficientes y cuando hay problemas de saneamiento básico que puedan afectar la salud de los estudiantes. En ese sentido, el alto tribunal encontró que las acciones de la Gobernación de Amazonas han sido insuficientes para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la educación en Puerto Nariño.
“Las acciones preventivas sobre la sede antigua, como las gestiones orientadas a materializar la nueva sede, han sido manifiestamente tardías”, dice la sentencia. Y agrega: “Solo mediante la construcción de la nueva sede en un plazo cierto y definido puede materializarse esa protección, pues la administración no puede sustituir su compromiso de brindar una infraestructura educativa definitiva con medidas de carácter transitorio”. Ahora, por orden del alto tribunal, la Gobernación de Amazonas tendrá 60 días para adoptar un plan de intervención de la sede actual del colegio Ineagro, mientras se destraba el contrato que ya habían celebrado para construir y entregar la nueva sede del único colegio que tiene el llamado “pesebre de Colombia”.
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Por Gustavo Montes Arias
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