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La Procuraduría General de la Nación empezó a hacerle seguimiento a una serie de proyectos de contratación del Ministerio de Defensa por COP 13 billones, para el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la Policía. El Ministerio Público adelantó una visita de seguimiento a las oficinas de la cartera de gobierno como parte de sus acciones preventivas.
“En el marco de sus acciones preventivas, el ente de control solicitó información sobre la gestión contractual de la entidad, particularmente respecto de los procesos estratégicos y de contratación adelantados o proyectados en desarrollo de los objetivos previstos para la operación y funcionamiento de las capacidades de la fuerza pública”, señalaron desde la Procuraduría.
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La visita del Ministerio Público fue atendida por la ministra encargada de Defensa, Angélica Verbel López, los mandos de la Policía y de las Fuerzas Militares. El principal tema sobre la mesa fue la forma en la que la cartera de Defensa, pocos días del cambio de gobierno, invertirá los COP 13 billones aprobados mediante el CONPES 4187 del 27 de marzo de 2026.
Ese dinero, según han explicado desde el Ministerio de Defensa, estará dirigido al fortalecimiento de capacidades de la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Policía. Puntualmente, irá a asuntos como adquisiciones de helicópteros, aviones y un sistema de defensa antidrones en un momento en el que la guerra con drones de grupos ilegales exige acciones urgentes.
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También contempla la adquisición de equipos para inteligencia y tecnología para seguridad. Además, está previsto que estos recursos se ejecuten en un plazo de entre cuatro y ocho años. La Delegada Primera para la Vigilancia de la Función Pública de la Procuraduría señaló que los seguimientos al uso de estos recursos seguirán por medio de las visitas al Ministerio de Defensa.
Según indicaron desde la entidad, la delegada “hará parte de las mesas técnicas para realizar un seguimiento riguroso y exhaustivo a los procesos de licitación pública, contratación directa y convenios interadministrativos que surjan con el objetivo de proteger la correcta ejecución de los recursos públicos”, para garantizar su transparencia.
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