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“Funcionarios del gobierno de los EE. UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar”. Así se refirió el presidente Gustavo Petro el pasado mes de octubre al caso del colombiano, un samario de 42 años, que habría sido víctima de uno de los bombardeos que Estados Unidos ha perpetrado en aguas del Caribe y el Pacífico desde el año pasado.
El mandatario exigió explicaciones a Washington, que en distintos escenarios ha defendido sus ataques bajo el argumento de estar combatiendo el narcotráfico. El presidente, de hecho, ha hablado del caso varias veces, como en mayo de este año. En esa ocasión, lo hizo en un encuentro con pescadores, en Ciénaga (Magdalena), en donde afirmó que la familia de Carranza, quien habría sido asesinado el 15 de septiembre en el segundo bombardeo reportado por Estados Unidos, debía ser indemnizada. En noviembre siguiente, Petro publicó una foto de una reunión suya con la familia del pescador samario, quien habría muerto junto con otras dos personas, cuyas identidades se desconocen.
Sin embargo, la propia Cancillería dice no tener registro de ninguna víctima de origen colombiano en los ataques de Estados Unidos, como tampoco hay información de que la soberanía nacional haya sido vulnerada. En respuesta a un derecho de petición enviado por este diario, el Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que “no se cuenta con información oficial que confirme la existencia de víctimas colombianas en los ataques referidos”.
Para esta publicación, consultamos varias veces a la Presidencia de la República para conocer el porqué de la inconsistencia entre el discurso público del presidente y la información oficial, pero no recibimos respuesta.
Estados Unidos ha llevado a cabo más de 60 bombardeos, en los que ha matado a por lo menos 221 personas desde septiembre de 2025. Líderes políticos y distintas organizaciones han denunciado la ilegalidad de estas acciones por ir en contra de la Constitución de ese país y del derecho internacional. Incluso, las han catalogado de ejecuciones extrajudiciales, con hechos que podrían constituir crímenes de guerra.
La familia del pescador, por su parte, trascendió a los titulares internacionales al presentar la “primera queja formal sobre los ataques aéreos de la administración Trump contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes”, como reportó The Guardian en diciembre pasado.
La petición fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington. “Buscaremos una compensación para la familia. Queremos que se ordene a Estados Unidos que cese estos ataques con embarcaciones. Puede que sea un primer paso, pero creemos que es un buen primer paso”, le dijo al medio británico el abogado Dan Kovalnick, que asumió la representación de la familia en ese caso. Kovalnick, por cierto, también ha defendido al presidente Petro, incluido por el Departamento del Tesoro en la llamada Lista Clinton.
Para este artículo también contactamos a Kovalnick, pero no habíamos recibido respuesta al momento de la publicación.
Si bien la CIDH no se pronuncia sobre casos particulares mientras están en curso, el organismo ha llevado a cabo audiencias públicas sobre la situación de los derechos humanos en torno a los bombardeos de Estados Unidos. En una llevada a cabo en marzo pasado, en la que las organizaciones de la sociedad recordaron que entre los sobrevivientes a los bombardeos hay al menos un colombiano y un ecuatoriano, la CIDH reconoció la importancia de identificar a las personas que han sido afectadas.
Si bien el presidente Donald Trump ha dicho que su gobierno sabe todo de las embarcaciones a las que bombardea, “el secretario [de Defensa, Pete] Hegseth ha admitido haber dado dichas órdenes a pesar de desconocer la identidad de las personas a las que iban dirigidas estos bombardeos”, dice la denuncia presentada por Kovalnick, citada por The Guardian.
En medio de la opacidad, buena parte de lo que se sabe ha provenido del propio Pentágono: ese departamento ha publicado las evidencias en video de los bombardeos. De hecho, fue en uno de ellos que los familiares de Carranza pudieron identificar su embarcación, aparentemente averiada en altamar tras haber zarpado de La Guajira, siendo bombardeada con él a bordo, según han dicho en medios de comunicación.
El gobierno de Trump, sin embargo, no ha dado a conocer ubicaciones exactas, al tiempo que se le acusa de no presentar ninguna evidencia que pruebe que las embarcaciones atacadas estuvieran vinculadas con el narcotráfico. Pero, incluso si lo estuvieran, expertos en derecho internacional y derechos humanos han insistido en que eso no justifica el uso de la fuerza letal de la manera en que se ha hecho.
Si bien no hay certeza sobre dónde han ocurrido, organizaciones como InSight Crime se han dado a la tarea de mapearlos a partir de bases de datos, información de las autoridades y de los medios de comunicación, que han logrado contactar a testigos y familias de las víctimas. La mayoría de los ataques, como muestra el mapa de InSight Crime, han ocurrido en el Pacífico, cerca de Ecuador y Colombia.
Sin embargo, por el momento no habría evidencia de que algún ataque haya ocurrido en aguas colombianas. “De acuerdo con lo expresado por el Sector Defensa, no se cuenta con información oficial sobre los hechos o su ubicación, más allá de lo que es de conocimiento público por medios abiertos. Señalaron que tienen métodos para verificar la soberanía en nuestras aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo, y que a la luz de los hechos disponibles nuestra soberanía no ha sido vulnerada”, explicó la Cancillería en su respuesta.
Es decir, no se habría violado la soberanía, como lo sostuvo el presidente al referirse al caso de Carranza.
A la pregunta de si el gobierno colombiano está acompañando el caso de Carranza ante la CIDH u otros casos que se hayan llevado a instancias internacionales, la Cancillería trasladó la competencia a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, entidad que le contestó a este diario que no está facultada para “representar a sujetos diferentes al Estado colombiano y entidades públicas que lo conforman. Por esta razón, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no se encuentra acompañando los casos relacionados con los bombardeos estadounidenses en el Pacífico y el Caribe presentados por las víctimas ante los órganos del SIPDH (Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos)”.
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