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Una cascada de renuncias del servicio diplomático llegó al despacho de la canciller Rosa Villavicencio con fecha del 6 de agosto como el día de final del cumplimiento de funciones. El Ministerio de Exteriores se prepara para recibir la administración de Abelardo de la Espriella —sin empalme de por medio— y finaliza unos cuatro de años del “Gobierno del cambio” marcados por señalamientos de cuotas políticas, peleas con altos tribunales y una rencilla con funcionarios de carrera a los que el presidente Gustavo Petro señaló, en varias ocasiones, de “oligarcas”.
Este último no ha sido el único ejecutivo que ha vivido bajo escrutinio por promesas incumplidas en la “profesionalización” de nombramientos en embajadas y misiones. La mirada de la Cancillería como un “fortín burocrático” viene de una larga fila de presidentes que han privilegiado las cuotas políticas sobre las designaciones de carrera. Pero si bien Petro prometió al inicio de su mandato que incrementaría la presencia de funcionarios de la Academia Diplomática al 50 % en esos puestos, el número fue el mismo que en los gobiernos anteriores y se estancó en el 30 %. Eso sí, como sus antecesores, superó el 20 % establecido por el decreto ley 274 de 2000.
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Esa misma norma fija los parámetros bajo los cuales todas las administraciones se han amparado para poner a figuras cercanas a los mandatario o a sus proyectos políticos en altos cargos. En su artículo 6, detalla que entre los cargos de libre nombramiento y remoción están viceministros, asesores cercanos al despacho de la cabeza del Minexteriores, embajadores y cónsules. Y en el caso de los últimos dos, también señala que para ocupar esos cargos “no será requisito pertenecer a la Carrera Diplomática y Consular”.
Por allí es que, frente a altos tribunales que en 45 ocasiones han tumbado nombramientos, la defensa de la Cancillería ha sustentado el pleno derecho del presidente para hacer este tipo de designaciones e incluso ha metido mano a las normas reglamentarias para este tipo de cargos y se han reducido los requisitos para ocuparlos. Argumenta, más allá de eso, que en algunos casos es necesario que las personas que encabezan las misiones diplomáticas demandadas sean de la plena confianza del mandatario. Así es, por ejemplo, que los embajadores en Estados Unidos no suelen ser de carrera: en el periodo de Iván Duque, por allí pasaron el exministro Juan Carlos Pinzón y Francisco “Pacho” Santos; y en el de Petro, Luis Gilberto Murillo y Daniel García-Peña, quien sigue en el cargo.
“El trabajo que este gobierno ha desarrollado con la mayoría de los funcionarios de carrera, ha sido un trabajo honesto y de articulación total. Incluso, este gobierno es el que más ha fortalecido la carrera diplomática y consular”, dijo Harol González, director de la Academia Diplomática, en una entrevista con El Espectador hace algunos meses.
De acuerdo con un mapeo que realizó La Silla Vacía con bases de datos de Diplomacia Abierta, son 484 los nombramientos que ha hecho el presidente Petro en estos cuatro años. En este siglo, ese número es superado con creces por los dos periodos de Juan Manuel Santos (596 y 678, respectivamente) y el de Duque, en el que hubo 524. En el “Gobierno del cambio”, el 73 % de los embajadores hacen parte de las designaciones de corte político y ese número aumenta en cargos como los de consejero de relaciones exteriores y de segundo secretario.
“¿Por qué ha habido más nombramientos diplomáticos de carrera en este gobierno, comparado con Santos, por ejemplo? Porque el número de funcionarios de carrera ha aumentado mucho en los últimos años. Entonces, a los funcionarios de carrera, por ley, al cumplir el periodo en Bogotá, los tienen que nombrar en el exterior. Es simplemente cumplimiento de la ley, de que ahora somos más diplomáticos”, señaló Andrés Ordóñez, presidente de Unidiplo. Y, punto seguido, reconoció que uno de los puntos positivos de este gobierno ha sido el de “descentralizar” el acceso a la carrera y mantener el número de personas que ingresan.
Todos los nombramientos políticos tienen un impacto en las arcas. El Espectador pudo confirmar que, al menos en los cargos de embajador, Colombia sí tiene líderes diplomáticos certificados para encabezar la totalidad de las misiones en el globo y a todos ellos se les paga de acuerdo con el escalafón en el que estén. Eso significa que hay embajadas en las que se paga a dos personas con el sueldo de embajador o ministro plenipotenciario: es decir, a quien es de la carrera diplomática y a quien fue designado por el mandatario sin tener esa experiencia acreditada.
Para noviembre del año pasado, como lo reveló este diario, los 46 cargos de embajador que en ese momento estaban ocupados por cuotas políticas —como la excanciller Laura Sarabia (Reino Unido), el exministro de Transporte Guillermo Reyes (Suecia) y el exministro del Interior Alfonso Prada (Francia)— generaban erogaciones mensuales adicionales de USD 596.850, pues los salarios se pagan en dólares. En pocas palabras, un promedio de COP 2.300 millones para una “nómina paralela”.
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A eso se suma un “vacío jurídico” que señala Ordoñez y que prende alertas por un posible “detrimento patrimonial”. Siguiendo la línea de sus antecesores, en los meses previos al cierre de gobierno, el presidente Petro nombró a varios funcionarios de misiones diplomáticas: entre ellos, al almirante Francisco Cubides, excomandante general de las Fuerzas Militares, en la embajada de Indonesia, que no tenía jefe desde octubre de 2022.
A designaciones como esta se les “se autoriza la asignación de pasajes, así como el reconocimiento de viáticos y transporte de menaje doméstico, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio”. Y como Cubides, hay cerca de otros 70 decretos con designaciones similares en el último año. Todos estos funcionarios habrían estado menos de un año en el cargo para el 7 de agosto, cuando entra un nuevo gobierno con plena potestad para hacer nombramientos y que ya confirmó recambios en las embajadas de México, Venezuela y España.
“Por un lado, la norma dice que no pueden renunciar antes de los 12 meses; pero, por otro lado, la misma norma obliga a que renuncien el 7 de agosto con la posesión del nuevo gobierno. Por eso no es prudente hacer ese tipo de nombramientos cuando ya está a puertas de finalizar el periodo de gobierno”, indicó el presidente de Unidiplo.
Lo cierto es que, a partir de la posesión de De la Espriella, viene otra sacudida para el servicio diplomático: la fecha, están firmes Carlos Felipe Mejía (España), Javier Jaller (Venezuela ) y Mauricio Tobón (México). Eso también genera incertidumbre entre los funcionarios de la Cancillería. Para enero de este año, ya había ocurrido, todo ad portas de las elecciones.
Documentos a los que accedió El Espectador señalan que fueron en total 54 movimientos los que tuvieron lugar en enero y la mayoría fueron de cargos de libre nombramiento y remoción, con la excepción de puestos administrativos que finalizaban su comisión en el exterior. Todo eso sigue teniendo consecuencias al día de hoy, pero el golpe más duro fue, precisamente, en los días previos a las elecciones, cuando varias sedes diplomáticas quedaron cortas de personal.
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Pero ese es un problema transversal en el servicio diplomático. De acuerdo con la Cancillería, “la mayoría de las embajadas, misiones diplomáticas y oficinas consulares cuentan con plantas reducidas de personal, en muchos casos iguales o inferiores a cinco funcionarios”. Solo la Embajada de Colombia en Barbados y la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma (Italia), tienen más de ese número. Ambas fueron reabiertas en este gobierno y son encabezadas por Elizabeth Taylor-Jay, exviceministra de Asuntos Multilaterales y parte del servicio diplomático desde junio de 2016, y Jhenifer Mojica, exministra de Agricultura.
En total, fueron 10 las embajadas que se abrieron o tuvieron una reapertura en estos cuatro años y que permitieron la profundización de la relación con esos respectivos países: Etiopía, Senegal, Guyana, República Checa, Rumania, Qatar, Nueva Zelanda, Arabia Saudita y Haití. Sin embargo, varias no cuentan con funcionarios suficientes para hacer frente a las necesidades de los connacionales en esos países. El problema del personal reducido también toca a consulados en Chile, Estados Unidos y España, que son las que atienden a un mayor número de colombianos en el exterior.
En lo que queda del gobierno Petro, la Cancillería tendrá que dar manejo a todas esas renuncias protocolarias. Sin embargo, la sacudida, además del servicio diplomático, también tocará al manejo de las relaciones exteriores con De la Espriella. Omar Bula será el encargado de asumir el Minexteriores, con miras a restablecer las relaciones con Israel —desestimando, de paso, las denuncias de genocidio en medio del conflicto en los territorios palestinos—, con una visión que se opone a las Naciones Unidas y sorteando la reciente imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. La incertidumbre marca la transición de gobierno.
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