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“La ropa sale amarilla, el agua llega con sedimentos y ahora la factura llegó más cara”. La queja, repetida por algunos habitantes del norte de Bogotá, resume un malestar que se afianza entre algunos usuarios por el reciente aumento en las tarifas del servicio.
Si bien, la situación no es generalizada (ya que la calidad del agua en la capital es alta), el aumento sí cobija a toda la ciudadanía, que empezó a recibir en las últimas semanas sus facturas con un nuevo incremento promedio del 6,67 %, que varía según el estrato y la actividad del inmueble.Dicho incremento no es arbitrario.
Es producto de la entrada en vigor de la Resolución CRA 1032 de 2026, que recientemente emitió la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA). En este punto, la entidad hace una precisión: la norma no decretó un alza directa de tarifas, sino que ajustó la metodología a través de la cual las grandes empresas prestadoras pueden calcular sus costos. En otras palabras, la Comisión definió una nueva fórmula, pero el incremento final depende de las condiciones de cada prestador, teniendo en cuenta sus inversiones, costos operativos, infraestructura y eficiencia.
Esta decisión, según la Comisión, tiene una justificación: el esquema tarifario llevaba 12 años sin modificaciones y se había quedado rezagado frente a las exigencias actuales del sector: el cambio climático, la protección de las cuencas, la necesidad de reducir pérdidas operativas y la urgencia de modernizar redes obsoletas. La premisa ahora es que el ciudadano pague solo por costos eficientes y obras reales, y no por ineficiencias de las empresas.
¿Cuánto cambia la factura según el estrato y la zona?
En la práctica, la fórmula combinada de un cargo fijo más el cargo por consumo se recalculó sobre los valores reales de operación de 2024 y junio de 2026. Tomando como referencia un hogar estrato cuatro, con un consumo mensual promedio de ocho metros cúbicos (m3), el aumento será en promedio de COP 5.000 mensuales. No obstante, entre más consuma agua, el golpe al bolsillo será mayor. Eso sí, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) aclaró que la estructura de subsidios para los estratos 1, 2 y 3, así como las contribuciones de los estratos 5, 6, comercio e industria definidos por el Concejo Distrital, permanece intacta, al igual que el beneficio del mínimo vital. Lo que modificaron fueron los costos de referencia sobre los cuales se calcula el valor del metro cúbico (m3) que consumen los usuarios.
El cambio no solo lo sentirán los usuarios de Bogotá. Aunque la norma regulatoria es la misma para todo el país, el incremento final cambiará significativamente entre los municipios abastecidos por la EAAB. En Soacha, por ejemplo, el alza promedio fue de apenas 2,3 %, mientras que en Gachancipá se elevó al 11 %. En áreas rurales de Tocancipá y Zipaquirá, donde la empresa atiende a pocos suscriptores, la variación estimada alcanzó el 28,8 % y el 23,5 % respectivamente. La EAAB sostiene que estas diferencias obedecen a los diferentes volúmenes de consumo por usuario y a las dinámicas de infraestructura de cada Área de Prestación del Servicio. En total, el ajuste impactará a más de 2,2 millones de usuarios en Bogotá y casi 200.000 en los otros municipios.
Las obras que respaldan la tarifa
Como ya se indicó. la modificación de la fórmula para el cálculo de la tarifa tiene en cuenta las inversiones, los costos operativos, la infraestructura y los niveles de eficiencia de cada empresa. Sin embargo, la EAAB resalta que el nuevo esquema no cobra promesas futuras, sino inversiones que ya están operando y beneficiando a la ciudad. La regulación prohíbe incluir proyectos en fase de planificación. Para incluirlos en la tarifa, los activos deben estar construidos, en operación y contabilizados de acuerdo con las Normas Internacionales, verificación que estará a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En este caso, según la EAAB, la actualización incorpora obras ejecutadas entre 2016 y 2026, como los interceptores del sistema Fucha-Tunjuelo-Canoas (incluyendo el Interceptor Río Bogotá y Tunjuelo Bajo) y colectores como Buenavista en los Cerros Orientales, orientados a reducir riesgos de inundación y transportar aguas servidas para descontaminar los ríos. En cuanto a agua potable, está la modernización de la Planta Tibitoc, la rehabilitación de la conducción matriz Tibitoc-Casablanca y el revestimiento de túneles en el sistema Chingaza (sector Chuza-Ventana). La empresa proyecta que el ajuste aumentará sus ingresos brutos en un 2 % en 2026, recursos destinados a la operación, el mantenimiento y la gestión ambiental del sistema.
La promesa regulatoria
A pesar de las explicaciones técnicas, en algunos los barrios hay reproches. Habitantes de sectores como Nueva Autopista, Santa Bárbara y Santa Bárbara Occidental aseguran llevar meses reportando ropa manchada por sedimento amarillo, cobros que aumentaron por encima de la media de su consumo y pérdidas de presión que averían calentadores.
Carlos Losa, residente del barrio Nueva Autopista, por ejemplo, asegura que desde la época del racionamiento comenzó a notar cambios en la calidad del agua. “Sale amarilla y casi todos los meses hay cortes por mantenimientos y llegó una factura más alta. Uno espera que, si va a pagar más, el servicio también mejore”, afirma. Por su parte, Carolina Vargas, habitante de Santa Bárbara, cuenta que desde hace cerca de dos años tiene que comprar agua embotellada para el consumo. A eso, asegura, se sumó un incremento cercano al 26 % en su factura frente a la de hace dos meses, pese a que vive sola y su consumo es bajo. Patricia Franco, residente de Santa Bárbara Occidental, resalta la baja presión, al punto de que el calentador de su apartamento no funciona con normalidad. Aunque presentó una queja ante la EAAB, aseguran que, inicialmente, les atribuyeron el problema a las tuberías del edificio. “Después hablé con varios vecinos y todos tenían exactamente la misma situación”, afirma.
Frente a estas críticas, la CRA indica que el propósito de la reforma es que las empresas solo puedan mejorar sus ingresos cuando también mejoren la prestación del servicio. La entidad asegura que el nuevo esquema busca incentivar inversiones oportunas, reducir las pérdidas de agua, fortalecer la infraestructura y garantizar la seguridad hídrica del país en el largo plazo. El Espectador consultó a la Superintendencia de Servicios Públicos sobre los controles que ejercerá con el nuevo esquema, las garantías para los usuarios y los mecanismos para verificar que el incremento se traduzca en mejoras reales del servicio, pero al cierre de esta edición, no había respondido.
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Con la resolución en marcha, es clave resaltar que a partir de 2027 la tarifa se revisará cada año, para fijar el incremento. No obstante, la CRA aclara que eso no significa que necesariamente el monto suba todos los años. Los ajustes dependerán de variables como los costos eficientes de prestación, las inversiones ejecutadas y el desempeño de cada empresa. Además, la regulación incorpora incentivos y descuentos asociados al cumplimiento de metas relacionadas con la continuidad del servicio, la reducción de pérdidas de agua, la calidad y la eficiencia operativa. Esa información se publicará a través del Sistema Único de Información (SUI), administrado por la Superintendencia.
La promesa del nuevo modelo es que el aumento se traduzca, con el tiempo, en un servicio más eficiente y una infraestructura más robusta. Sin embargo, para algunos usuarios esa promesa no se refleja al abrir la llave de sus casas. Mientras persistan los problemas, el incremento seguirá alimentando la misma pregunta: ¿cuándo empezarán a sentirse las mejoras que justifican pagar más por el agua?
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Por Ana Rodríguez Novoa
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