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A casi dos semanas de que termine el periodo de Gobierno, la administración de Gustavo Petro radicó un paquete de proyectos en el Congreso, incluyendo una reforma tributaria para recaudar COP 21,9 billones en 2027. Petro presentó su primera tributaria el 8 de agosto de 2022, solo un día después de su posesión. En noviembre de ese año, el Legislativo le dio el visto bueno a la iniciativa. Desde ahí, el camino de las propuestas para cambiar impuestos ha sido pedregoso: al Ejecutivo se le hundieron dos leyes de financiamiento (que en la práctica son tributarias, pero para sumarle recursos al Presupuesto) y en al menos cuatro ocasiones decretó impuestos acudiendo a estados de excepción, algunos de los cuales fueron declarados inconstitucionales.
Si bien el momento político indica que esta reforma tendrá el mismo destino que los últimos dos intentos de Petro por ajustar los impuestos, Germán Ávila, ministro de Hacienda saliente, dijo en el Congreso que el país enfrenta un importante problema fiscal que, sostiene, es el resultado de cuatro años de “acciones” para frenar las propuestas del Ejecutivo. El jefe de la cartera explicó que este es un “mensaje” para la administración de Abelardo de la Espriella de que si bien es necesario aumentar los ingresos, hay caminos para hacerlo sin afectar a las personas de menores ingresos ni tocar la canasta básica.
“Proponemos una reforma tributaria progresiva. La idea es que los que tienen más y los que ganan más aporten más, y los que tienen menos y ganan menos aporten menos. La idea es recaudar COP 21,9 billones en 2027, COP 32,7 billones en 2028, COP 34,9 billones en 2029 y COP 37 billones en 2030”, dijo Carlos Emilio Betancourt, director de la DIAN.
En la exposición de motivos de la nueva reforma tributaria, radicada el 20 de julio, el Ministerio de Hacienda sostiene que la aprobación del proyecto permitiría retomar la senda de equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos a partir de 2028, teniendo en cuenta que el año pasado se activó la cláusula de escape para suspender temporalmente el cumplimiento de la regla fiscal. “Posponer este proceso no sólo agravaría los desequilibrios fiscales, sino que limitaría el margen de maniobra futura del Estado, obligando a tomar decisiones más drásticas y con mayores costos económicos y sociales”, advirtió la cartera en el documento.
¿Qué propone el Gobierno Petro?
El proyecto radicado no es una ley de financiamiento, sino una reforma tributaria. Aquí hay una diferenciación importante: al ser una tributaria, no va amarrada a la presentación y discusión del Presupuesto General, que debe entrar al Congreso antes de finales de este mes.
La propuesta recoge varios elementos que estaban en las leyes de financiamiento que se hundieron. La reducción del gasto tributario, es decir, de las deducciones, exenciones, tarifas preferenciales y otros beneficios fiscales, es uno de los ejes centrales de la reforma.
Datos del Ministerio de Hacienda indican que en 2023 el gasto tributario asociado al IVA representó COP 88 billones. Por eso, uno de los principales focos es eliminar algunas exenciones a este impuesto. Entre las propuestas está aplicar una tarifa del 19 % de IVA a los juegos de suerte y azar operados por internet, una medida que ya estuvo vigente el año pasado en el marco de la conmoción interior y que, según el Gobierno, no generó un deterioro significativo en el sector. De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Hacienda, este cambio permitiría recaudar COP 1,7 billones en 2027.
La reforma también propone gravar con la tarifa general del 19 % a los vehículos híbridos, que actualmente pagan un IVA del 5 %, y a los licores, vinos aperitivos y similares. Además, plantea aumentar gradualmente el IVA en distintas etapas de la cadena de producción de la gasolina y diésel, así como eliminar la exención para los servicios turísticos para no residentes en Colombia.
Otros de los grandes cambios que trae la reforma tributaria es el incremento en el impuesto al consumo, para pasar de una tarifa máxima de 16 % a una de 19 % (la misma que el IVA). La propuesta propone gravar con impuesto al consumo de 19 % las entradas a eventos culturales y deportivos que superen los COP 500.000.
El corazón de la reforma, según Ávila, son los cambios en el impuesto al patrimonio y en el impuesto a la renta. En patrimonio, el objetivo es ampliar la base gravable, es decir, que más personas tengan que pagar. Hasta ahora, el umbral está en 72.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), con la propuesta, bajaría a 40.000 UVT. Hacienda explicó que aún con el cambio solo pagarían este tributo 105.332 contribuyentes, que equivale al 1,7 % del total de declarantes.
La tributaria también plantea ajustes a las tarifas para la población con más patrimonio. “Una ampliación progresiva del impuesto al patrimonio, como la que se propone, impulsará una mayor dinámica económica y un uso más eficiente de los recursos”, sostiene la cartera.
En el impuesto de renta para personas naturales, se proponen incrementos en la tarifa para rentas líquidas superiores a 1.700 UVT, alcanzando una tarifa máxima de 41 % para quienes tienen ingresos superiores a 31.000 UVT.
Entre otros puntos, la propuesta del Gobierno Petro incluye eliminar un beneficio para deducción por dependientes que se creó en la tributaria de 2022; derogar el descuento a dividendos y gravar el componente inflacionario de rendimientos financieros. Además, el documento plantea una subida en la tarifa de ganancias ocasionales por rifas y apuestas, que pasaría del 20 % al 30 %.
Para empresas, el Gobierno propone igualar la sobretasa del sector carbón con la de petróleo; implementar una sobretasa al sector financiero de 15 puntos porcentuales para una tarifa total del 50 % (actualmente la sobretasa es de 5 puntos porcentuales) y crear un impuesto especial para la extracción de petróleo crudo y carbón.
Una de las novedades (considerando que varias de las propuestas ya se habían puesto sobre la mesa) son ajustes en los aportes a seguridad social. Michelle Visbal, experta en derecho tributario y socia de Serrano Martínez CMA, explicó que actualmente hay una exoneración de aportes a salud, SENA e ICBF para los trabajadores que reciben menos de 10 salarios mínimos, pero con la reforma propuesta, este umbral se reduciría a tres salarios mínimos. “Significa que los empleadores tendrían que retomar el pago total de estos aportes para los trabajadores que ganen entre tres y 10 salarios mínimos. En la práctica, incrementaría los costos laborales para las empresas que cuentan con trabajadores en ese rango salarial”, dijo a El Espectador.
Tras analizar la propuesta en general, Visbal sostiene que si bien reconoce los ajustes en materia de progresividad y la ampliación en la base gravable, “no contempla medidas significativas orientadas a estimular la formalización o a ofrecer incentivos fiscales adicionales para el sector empresarial”.
A fin de cuentas, como advierte Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, la propuesta del Gobierno saliente probablemente no tendrá luz verde en el Congreso. En cambio, se espera que la nueva administración, ante el complejo panorama fiscal, presente una reforma que se alinee con su visión de país.
“Una reforma tributaria tiene que ser integral, abarcando varios frentes. El primero y quizás más importante es una simplificación del estatuto tributario, así mismo, debemos empezar a pensar en eliminación de exenciones que reducen el recaudo y empezar a ampliar la base de contribuyentes”, concluyó Pérez.
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