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El 6 de febrero de 2003, durante una incursión armada de los paramilitares en Tame (Arauca), fue desaparecido el ciudadano Alejandro Santiesteban Alarcón, quien se encontraba jugando cartas con dos amigos en un establecimiento de comercio ubicado en el barrio La Unión. Sobre las diez de la noche de ese día, un grupo de unos 20 hombres uniformados y armados efectuaron disparos al aire y, tras identificarse como miembros del Bloque Vencedores de Arauca, se llevaron a Santiesteban Alarcón y a sus contertulios, Otoniel Díaz Cepeda y Luis Elicio Díaz, quienes horas después fueron liberados. Desde entonces se perdió todo rastro de Santiesteban Alarcón. Por estos hechos, años después, terminó vinculado al expediente José Vicente Carreño Castro, hasta hace una semana senador del Centro Democrático. En aquella época era policía en Tame y, según varios testigos, habría facilitado la operación ilegal de las autodefensas.
Durante años la investigación por la desaparición de Alejandro Santiesteban dio tumbos, a pesar de que varios desmovilizados de las autodefensas durante el proceso de Justicia y Paz dieron pistas puntuales contra José Vicente Carreño Castro. En mayo de 2017, es decir, catorce años después de los hechos, la Fiscalía pidió investigar al entonces dirigente político de Arauca que, en 2019, daría su salto al Congreso. Los testimonios señalaban que la arremetida paramilitar en esa región tuvo el aval de miembros de la fuerza pública y poderosos alfiles políticos que allanaron el camino de la toma de las autodefensas. En concreto, se advirtió que, supuestamente, Carreño tenía relaciones con el Bloque Vencedores y que habría permitido la incursión al barrio La Unión en 2003. Con una particularidad: Campo Elías Carreño, hermano de José Vicente Carreño, es desmovilizado de los paramilitares y fue sentenciado por la justicia.
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El expediente contra el excongresista Carreño, sin embargo, empezó mal: terminó en las manos de la exfiscal Hilda Niño Farfán, quien años después resultó condenada por aceptar sobornos de dos exjefes del Bloque Vencedores de Arauca: Miguel Ángel Mejía Múnera, alias “El Mellizo”, y Orlando Villa Zapata, alias “Rubén”. A pesar del clamor de justicia que pidieron desde el primer momento María Dominga Alarcón y Ana Rubiela Castro, madre y pareja sentimental de la víctima, en lo que tiene que ver con la posible participación de José Vicente Carreño apenas hubo avances en mayo de 2019, cuando el proceso le fue asignado por reparto a la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana Velásquez. Pero durante 22 meses el expediente estuvo quieto. Finalmente, el 11 de marzo de 2021 ese despacho dispuso la apertura de investigación previa. El tiempo seguía corriendo.
El 24 de marzo de 2022, exactamente un año después, tras revisar las pruebas que desde 2019 le había enviado la Fiscalía 174 de la Unidad de Derechos Humanos que llevaba el caso, la Sala de Instrucción dispuso la apertura de instrucción del caso y llamó a indagatoria al entonces parlamentario José Vicente Carreño Castro por el presunto delito de desaparición forzada. En ese auto de 21 páginas, en poder de este diario, se detallan las principales pruebas del caso y las menciones que salpican al entonces agente de policía Carreño Castro, que portaba la placa número 71017, con las autodefensas. Pero algo ocurrió con el expediente porque, aunque se ordenaron algunas pruebas, tan solo se programó la diligencia de indagatoria contra Carreño Castro el 2 de abril de 2025. Es decir, tres años después. A pesar de la gravedad de los hechos, durante ese tiempo el parlamentario siguió sin apuros en su labor legislativa.
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A pesar de la lentitud, el caso por fin cobraba forma. Y lo que seguía era, en teoría, resolver la situación jurídica del entonces senador. Pero aquello no pasó y, en cambio, en febrero pasado, la magistrada Lombana Velásquez llevó una ponencia que sorprendió a la mayoría de la Sala de Instrucción. En ese documento, conocido por El Espectador, pidió decretar la preclusión de la investigación en favor de José Vicente Carreño. No solo eso: en el proyecto de archivo ya no se hablaba de que era investigado como presunto responsable del delito de desaparición forzada, sino que ahora estaba en calidad de cómplice. De acuerdo con esa ponencia, para la magistrada Lombana Velásquez, aunque había señalamientos contra el hoy excongresista, estos eran de oídas. Después de un intenso debate, la Sala de Instrucción no acogió esta tesis y le pidió seguir indagando el caso, en tanto determinó muchos huecos en esas pesquisas y en esa conclusión.
La ponencia cuestionada
El documento que elaboró la magistrada Lombana Velásquez y que favorecía a Carreño Castro ni siquiera reseña en sus consideraciones lo que dijo en su indagatoria el excongresista para defenderse. Antes de entrar a cuestionar las pruebas del caso, la ponencia recoge un contexto de los patrones macrocriminales de las autodefensas en Arauca y cómo a principios de los años 2000 ejecutaron distintos asesinatos selectivos en la región para instaurar el terror. Crímenes que habrían sido permitidos por miembros de la fuerza pública. Ana Rubiela Castro, esposa de Alejandro Santiesteban Alarcón, declaró en su momento que horas después de su desaparición, el 7 de febrero 2003, se desplazó junto a su suegra hasta la finca El Morichal, en área rural de Tame, para preguntarle a los paramilitares por la suerte de Alejandro y allí uno de los hombres uniformados le dijo que no lo buscaran más porque él ya estaba muerto.
Según su relato y el de María Dominga Alarcón, el día de su secuestro, Alejandro Santiesteban fue llevado ante los comandantes conocidos como “El Cantante” y “Cero Tres”, quienes lo acusaron falsamente de ser auxiliador de la guerrilla y, luego de asesinarlo, lo habrían tirado al río Tame. Así lo declararon dos exparamilitares del Bloque Vencedores de Arauca: Norberto Casas Sánchez, alias “Boyaco”, y Julio César Contreras, alias “Chapulín”. Este último, por ejemplo, declaró que el crimen ocurrió en un lugar conocido como “La Gorgona” y que, aunque hubo una búsqueda de su cuerpo, no fue posible encontrarlo. A su turno, alias “Boyaco” indicó ante la Fiscalía que uno de sus compañeros, alias “Mocho”, le confesó que “había matado a Alejandro Santiesteban, que le habían cortado la garganta y lo habían desmembrado; nosotros se lo habíamos entregado amarrado”.
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Tanto “Boyaco” como “Chapulín” confesaron este crimen y fueron condenados por una Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. Sin embargo, al detallar sus versiones, para la magistrada Lombana Velásquez no resultó clara la presunta responsabilidad del excongresista José Vicente Carreño, a pesar de que fue referenciado en reuniones con paramilitares. “En una reunión con un sargento de la Policía y dos agentes, entre ellos el patrullero José Vicente Carreño, el sargento y los patrulleros nos dieron 20 minutos para hacer la incursión (…) Yo nunca hablé con el patrullero Carreño, se veía que tenía más poder que el sargento y también sabía lo de la vuelta; él era el que más hablaba. El contacto directo del comandante mío, alias “Cero Tres”, era el patrullero Carreño vía telefónica. No tengo conocimiento si al patrullero le daban dinero o no. Únicamente vi a Carreño en esta oportunidad”, confesó alias “Boyaco”.
Así mismo, alias “Chapulín” contó que un policía de apellido Carreño, que “ahora es político de Arauca, colaboró con la organización”, según consta en un informe de policía judicial de mayo de 2017. Además, recalcó que sus jefes, alias “Cantante” y “Cero Tres”, hablaban con Carreño y así se lo hacían saber. De hecho, narró que tuvo noticia de la supuesta reunión que tuvieron el entonces policía Carreño y los entonces comandantes paramilitares para facilitar esa incursión armada en Tame. Sin embargo, la magistrada Lombana Velásquez consignó en su ponencia que tanto “Cantante” como “Cero Tres” están muertos y que los testimonios de “Boyaco” y “Chapulín” no tienen la fuerza suficiente para acusar al hoy excongresista. El documento también menciona supuestas contradicciones de esos testigos con lo dicho por el exparamilitar Leonardo Corrales, quien dijo no haber visto a Carreño en la mencionada reunión.
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En esa vía, sostiene la ponencia que, al revisar los registros documentales de la Policía, el entonces patrullero Carreño en esa época no estuvo destacado en Tame, sino en la capital, Arauca. “Las declaraciones de alias ‘Boyaco’ y ‘Chapulín’, quienes ubican a José Vicente Carreño en Tame para el momento de los hechos objeto de esta investigación, no tienen el suficiente valor suasorio en contraste con los documentos obtenidos del Departamento de Policía de Arauca y las declaraciones de los comandantes de las estaciones, quienes corroboraron que el aforado para esa época se encontraba en Arauca capital”, se lee en la ponencia, que remata diciendo que, así las cosas, no hay pruebas para acreditar una posible participación criminal de Carreño Castro. Por esas razones, la magistrada Lombana Velásquez solicitó la preclusión del caso. No obstante, su ponencia fue derrotada.
La mayoría de sus colegas de la Sala de Instrucción no estuvo de acuerdo con sus argumentos y le hicieron saber que faltaba mucha más investigación. Así mismo, criticaron que en esas pesquisas jamás se indagó el posible delito de concierto para delinquir, en tanto varios exparamilitares relacionaron a José Vicente Carreño con una organización armada que cometió innumerables delitos en Arauca. En síntesis, le expresaron sus reparos en torno a episodios insuficientemente explicados y referencias que fueron pasadas por alto en el expediente. Fuentes cercanas al proceso señalaron que, además de los vacíos en la investigación, el caso de Carreño Castro llegó al despacho de la magistrada Lombana Velásquez en mayo de 2019, es decir, tuvo más de siete años para adelantar un proceso extremadamente sensible por el delito que se indaga: ni más ni menos que una desaparición forzada.
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El problema es que la Sala de Instrucción no va a poder resolver el caso. ¿La razón? José Vicente Carreño Castro dejó su cargo en el Congreso el pasado 20 de julio, por lo cual su expediente deberá ser devuelto a la Fiscalía en las próximas semanas, donde ha dado tumbos desde hace 23 años. Así las cosas, un fiscal especializado deberá resolver si lo acusa o no por el delito de desaparición forzada. Con otra perla más: en el despacho de la misma magistrada también se investiga al mismo exsenador por el delito de tráfico de influencias y cohecho. Según la denuncia, a través de un miembro de su Unidad de Trabajo Legislativo, Julián Forero, Carreño Castro le habría ofrecido un soborno de COP 3.500 millones al entonces subdirector de la Policía, el general Nicolás Zapata, para que direccionara una contratación en esa institución. En junio de 2025 se vinculó a Carreño al caso, pero no ha habido mayores avances desde entonces.
En octubre próximo vence el periodo de la magistrada Lombana Velásquez en la Corte. Consultado por El Espectador, el excongresista Carreño Castro señaló: “Siempre he sido un hombre respetuoso de la ley y he acudido a todos los llamados de la justicia. Mi defensa ha presentado todas las pruebas para demostrar mi inocencia de los hechos por los que se me acusa y estoy esperando con tranquilidad el fallo”. Sobre la decisión de seguir con la investigación en su contra, Carreño aseguró que no conocía los detalles. En todo caso, agregó que se siente tranquilo porque “por supuesto no cometí esos delitos”. Y remató: “Dios sabe el corazón de cada persona y conoce su actuar. Eso me da tranquilidad de haber hecho las cosas bien cuando fui policía. Ahora tengo 53 años y lo que tengo es mucho reconocimiento en el departamento de Arauca, especialmente en Tame. Allí la gente reconoce mi trabajo y gracias a eso es que, en las dos veces que he aspirado al Congreso, he tenido el gran apoyo del pueblo”.
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