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Detrás de la imagen de un kiosko de ventas en el espacio público o un señor o señora en semáforos vendiendo bebidas energizantes o helados hay una realidad que no se puede obviar en Bogotá: la prevalencia del vendedor informal, personaje que envejece, pero se niega a desaparecer en medio de las dinámicas y las tensiones en un espacio público cada vez más saturado. Si bien, la ciudadanía crece a pasos agigantados y pide a gritos más espacio, las ventas informales también, siendo el sustento de 95.000 personas, gran parte ellas, mayores de 60 años.
Pero es una población de contrastes: mientras el 38 % quiere seguir trabajando en las calles, otro 38 % desea constituir su negocio, según datos del IPES. De igual manera, su exigencia de condiciones laborales dignas choca hoy con la necesidad de orden en la ciudad representada en los decretos distritales que exigen un mínimo de 1.20 metros libres de andén para la ciudadanía.
Nueva ‘cara’
Bogotá ya está en fase de “reorganización” del espacio público. La ciudad se encuentra implementando los decretos 117 de 2026 y 670 de 2025, nuevas reglas del juego que buscan garantizar el derecho al trabajo de los vendedores informales. Darle una “nueva ‘cara’” a ciertos lugares es como denomina el IPES su estrategia que busca equilibrar la balanza: el derecho a que los vendedores sigan trabajando, pero al mismo tiempo busca proteger el derecho de transitar por el espacio público cómodamente. Una tensión que precisamente, ha causado ya protestas del gremio y críticas del Concejo.
En ese proceso de cumplir los decretos, el IPES ha fortalecido la implementación del Protocolo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público, que faculta a la entidad para otorgar autorizaciones a quienes desean desarrollar actividades económicas en áreas públicas. No obstante, la radiografía es compleja: con más de 95.000 vendedores que se estima ejercen trabajo informal, la mayoría adultos de la tercera, la implementación tendrá diversos retos. (Ver infografía completa al final del artículo)
Jorge Luis Bejarano, subdirector de Gestión de Redes Sociales e Informalidad del IPES tiene a cargo la atención de los vendedores informales. Realizan los procesos de identificación y caracterización de quienes ejercen su actividad en el espacio público y les ofrece distintas alternativas para mejorar sus condiciones de vida. Manejan también los característicos kioscos grises distribuidos en distintos sectores de la ciudad, especialmente sobre la carrera Séptima e implementan los protocolos.
La tarea que imponen los decretos no es menor. En coordinación con el DADEP, se encuentran en otro importante proceso: determinan los lugares donde sí será posible ejercer la venta informal, mediante estudios de carga que definirán cuántos vendedores puede soportar cada zona.
“La idea es que en las zonas de aprovechamiento económico solo ejerzan la actividad quienes cuenten con autorización, mientras que en las zonas de manejo especial no haya ocupación del espacio público. Ese será un reto importante, pero estamos trabajando articuladamente con las alcaldías locales, la Secretaría de Seguridad y las demás entidades para reducir los riesgos y garantizar que las medidas puedan mantenerse en el tiempo”, dijo Bejarano a El Espectador.
Además, de acuerdo con el Distrito uno de los objetivos es combatir las mafias que actualmente cobran a los vendedores por permitirles ocupar determinados espacios. “Con la implementación de estos protocolos buscamos recuperar esos lugares y evitar que esas estructuras continúen intimidando y extorsionando a los vendedores informales”, añadió el subdirector.
Aunque el IPES cuenta con alternativas para quienes quieren emprender como la posibilidad de reubicarlos en puntos comerciales o puntos de encuentro y existe la Subdirección de Emprendimiento y Servicios de Comercialización, que ofrece acompañamiento para que puedan crear y fortalecer sus negocios mediante asesoría permanente, reconocen que el impacto, en corto plazo, es para más de 10.000 vendedores, cuando se estima que son muchos más.
En concreto, la ciudad cuenta con 31 puntos comerciales oficiales, que funcionan como pequeños centros comerciales administrados por el Instituto, como Guasca o Plaza España. “También contamos con cuatro puntos de encuentro ubicados en Aguas, Alcalá, Tintal y Mundo Aventura, vinculados al sistema Transmilenio, donde los vendedores pueden desarrollar su actividad”.
Estas son las zonas priorizadas
Como parte de la implementación de los nuevos protocolos, la entidad también organizará el espacio público en zonas de alta concentración de ventas informales y puntos críticos de la ciudad. Entre los lugares priorizados están San Andresito, Suba, Usme, los portales y puentes de Transmilenio, la Plazuela Las Aguas, Monserrate, la Clínica Méderi, los eventos masivos y los puntos comerciales Furatena, Flores de la 68 y Kennedy Plaza Central.
Asimismo, el Instituto intervendrá los alrededores de ocho plazas distritales de mercado: Las Ferias, 20 de Julio, Restrepo, Samper Mendoza, 12 de Octubre, Fontibón, Los Luceros y Quirigua, con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad y fortalecer el aprovechamiento de los residuos orgánicos. En total, se implementarán cuatro planes de intervención en zonas de aglomeración del espacio público.
Preocupaciones del Concejo
La concejala Quena Ribadeneira, del Pacto Histórico, ha sido crítica de las medidas adoptadas, al considerar que la estrategia de reorganización del espacio público estigmatiza y criminaliza a los vendedores informales sin resolver de fondo la problemática.
Ribadeneira aseguró que ha promovido mesas de diálogo con organizaciones de vendedores para conocer sus necesidades y construir propuestas conjuntas. En octubre de 2025 se instaló una comisión accidental que derivó en compromisos institucionales que, según ella, no fueron cumplidos por la Administración. También advirtió que las medidas podrían terminar en desalojos y reubicaciones en lugares que no garantizan los ingresos de esta población.
“La reorganización del espacio público no puede ser el pretexto para despojar de sus derechos a los vendedores informales debe hacerse con garantías, sin dejar de lado que son sujetos de especial protección constitucional”, señaló a este diario.
La concejala sostuvo que la reorganización del espacio público debe respetar el principio de confianza legítima establecido por la Corte Constitucional y garantizar el derecho al trabajo de los vendedores informales. En ese sentido, pidió que la Administración fortalezca políticas de inclusión con oportunidades productivas y modelos de negocio que faciliten la transición hacia la formalidad, sin afectar el sustento de quienes dependen de las ventas en el espacio público.
Asimismo, enfatizó que tanto el derecho al trabajo como el derecho al espacio público tienen rango constitucional, por lo que cualquier proceso de regulación debe construirse sobre la base del diálogo, la progresividad y la protección de derechos. “No es aceptable pretender reorganizar el espacio público en un plazo de seis meses sin acuerdos previos ni rutas claras para quienes hoy viven de esta actividad”, agregó.
Aún queda mucho trecho para materializar la ansiada organización de espacio público. Mientras avanzan los estudios de carga para definir dónde se podrá vender (y dónde no), el Distrito ya se encuentra socializando los protocolos que se deben cumplir, aún cuando esto genere más tensiones o abra la puerta a una nueva etapa de concertación con los vendedores informales, una población cuya presencia sigue constituyendo el ADN de Bogotá.
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Por Juan Camilo Parra
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