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En la recta final del Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que tendrá que ejecutar la administración de Abelardo de la Espriella. Por tercera vez consecutiva, la propuesta no se compadece con la realidad fiscal: los gastos ascienden a COP 575,7 billones, pero para financiarlos hay un hueco de COP 30,2 billones.
El Gobierno argumentó que su presupuesto va en línea con el camino de retorno a la regla fiscal, que se suspendió el año pasado. Según las cuentas del Ministerio de Hacienda, los límites de esta herramienta volverán a cumplirse a partir de 2028. En el papel, suena a responsabilidad fiscal, pero el camino a esa meta está plagado de dificultades, específicamente, de 30 billones de obstáculos.
¿De dónde plantea el Gobierno Petro que salgan los COP 30 billones que faltan? Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, explica que estos son ingresos que dependen de que el Congreso apruebe, por separado, nuevas rentas o modificaciones tributarias, como permite el artículo 347 de la Constitución.
La semana pasada, el Gobierno Petro radicó una reforma tributaria para recaudar COP 21,9 billones, que revive varias medidas a las que el Congreso ya les dijo no: como cambios en el impuesto al patrimonio, el impuesto de renta para personas naturales y empresas, así como en el IVA. Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por Abelardo de la Espriella, dijo que ese proyecto debería archivarse y que la nueva administración llevará al Congreso su propuesta en septiembre.
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Pero como dice Mejía, incluso si se aprobara la reforma que radicó Petro, todavía quedarían cerca de COP 8,3 billones sin una fuente claramente establecida. Esa diferencia tendría que cubrirse con ingresos adicionales, un recorte del presupuesto o una ampliación de la reforma.
Un ajuste “titánico”
Según los cálculos del Gobierno contenidos en documentos como el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el jarabe para mejorar la salud fiscal tiene en la receta un incremento en ingresos (tributarios, particularmente) de 1,4 % del PIB en este año. Según esa fórmula, en el mediano plazo esta cifra debería subir a 1,6 % del PIB y mantenerse estable año a año. Justamente, los COP 30 billones que le faltan al presupuesto equivalen exactamente a ese 1,4 % de recursos extra diagnosticado.
Pero una cosa es plantear una estrategia de este calibre y otra, bien distinta, es poder materializarla. Con tres reformas tributarias implementadas entre 2019 y 2025 (por dos gobiernos muy distintos), el recaudo creció apenas 0,4 % del PIB, según cálculos de la Red de Trabajo Fiscal.
Además, el Gobierno Petro propone una receta que ya usó dos veces y que hasta ahora le ha salido cara a las finanzas públicas. En 2025, el Ejecutivo propuso un presupuesto que dependía de COP 12 billones de una ley de financiamiento que se hundió. En 2026 ocurrió una situación similar: aunque el Congreso aprobó el presupuesto, rechazó la ley de financiamiento, dejando un faltante de COP 16,3 billones.
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Alejandro Rojas, economista senior de Investigaciones Económicas de Banco de Bogotá, dice que si bien el proyecto radicado deja en evidencia la necesidad de un ajuste fiscal, el Gobierno Petro le pone la tarea a la nueva administración sin dejar bases claras.
En los cálculos de Rojas, es necesario aumentar recursos por COP 28 billones y ajustar el gasto en cerca de COP 36 billones. “Es decir, la administración saliente espera que la nueva haga en 2027 un ajuste fiscal de, por lo menos, COP 64 billones, una labor que, como hemos definido desde Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, es titánica”, dijo el economista.
Es cierto que la propuesta da una señal de contención del gasto, que crecería 3,6 %, por debajo de la inflación prevista, y, sin considerar la deuda, apenas aumentaría 0,5 %, pero Mejía y Sebastián Correa, socio de Serrano Martínez CMA y experto en Derecho Tributario, coinciden en que no podría calificarse como “plenamente responsable” porque para financiar los COP 30,2 billones que faltan se necesita una reforma tributaria y un ajuste fiscal muy exigente. Mejía lo resume así: “Es una propuesta de austeridad en el papel, pero con riesgos importantes de credibilidad y financiación”.
El proyecto de presupuesto para 2027, en el momento fiscal que atraviesa el país, es “un absurdo económico”, según Marc Hofstetter, profesor de la U. de los Andes y columnista de este diario. El experto agrega que, si se quiere hacer la tarea fiscal, es necesario un ajuste desde el lado del gasto: “No tiene ni pies ni cabeza, entonces, presentar otro presupuesto con COP 30 billones de hueco. Y eso sin saber si el recaudo tributario está sobreestimado otra vez”.
Las alertas por la deuda
Los gastos del presupuesto radicado se dividen en COP 367,7 billones de funcionamiento, COP 118 billones al servicio de la deuda y COP 89,9 billones de inversión. Aunque el presupuesto crecería 3,6 % frente al vigente para 2026 (COP 555,8 billones, que incluye los nuevos impuestos por la emergencia económica por el frente frío), el principal motor del aumento no es una mayor inversión social, sino el costo de la deuda pública.
Para el presupuesto de 2027, el servicio de la deuda pasaría de COP 100,4 billones en 2026 a COP 118 billones en 2027, un incremento de 17,5 %, mientras la inversión y el funcionamiento solo crecieron 0,5 %. Mejía sostiene que lo más preocupante es que ese incremento no corresponde principalmente a amortizaciones, sino a intereses, que aumentarían 27,6 % hasta casi COP 88 billones. Aunque el Gobierno de Gustavo Petro proyecta que la deuda neta se mantendrá en 58,9 % del PIB, todo depende de que se materialice el fuerte ajuste fiscal que, como ya se dijo, es difícil de hacer.
Si bien la inversión se mantiene alrededor de COP 90 billones, cae como porcentaje del PIB de 4,4 % a 4,2 %. Para los analistas, el presupuesto evidencia que el pago de la deuda y las inflexibilidades del funcionamiento están desplazando el espacio de la inversión, que es el motor del crecimiento económico. Correa resalta que el Fondo de Contingencias se redujo, lo que limita el margen para atender riesgos fiscales imprevistos.
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¿Qué viene para el presupuesto?
El tamaño del hueco actual ha llevado a que algunas voces cuestionen la conveniencia del mecanismo con el cual se tramita el Presupuesto en un año electoral: una semana antes de que entre una administración nueva, la saliente deja amarradas, de cierta forma, las cuentas del próximo año.
De hecho, uno de los ejercicios clásicos de este momento del calendario son las quejas de cada gobierno entrante acerca de cómo el anterior le quita alas, le amarra recursos, le juega sucio, lo paraliza y demás formas retóricas para empezar gobernando con la mirada convenientemente en el retrovisor, como para no aterrarse tanto con lo que hay en el vidrio delantero. Esto pasó en la administración Petro y en la de Duque, como para citar los ejemplos recientes.
¿Es necesario que el gobierno entrante quede amarrado al presupuesto que presenta el saliente? La respuesta tiene matices.
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Correa explica que si De la Espriella no está de acuerdo con la propuesta radicada, no puede retirarla ni reescribirla por su cuenta, pero durante el trámite en el Congreso, su ministro de Hacienda podrá solicitar cambios, como nuevas rentas, ajustes de tarifas o traslados de partidas. “Una vez aprobado, sí puede, con el visto bueno del Consejo de Ministros, recortar o congelar apropiaciones si los ingresos no alcanzan o la economía lo exige”.
Mejía considera que el nuevo Gobierno tiene margen de maniobra porque el trámite del presupuesto apenas comienza. Al posesionarse, la nueva administración puede presentar, a través del ministro de Hacienda, una carta amplia de modificaciones para reducir el monto, redistribuir partidas y ajustar las fuentes de financiación. También puede buscar que las comisiones económicas devuelvan el proyecto antes del 15 de agosto por no ajustarse al Estatuto Orgánico del Presupuesto, en ese caso tendría plazo hasta el 30 de agosto para presentarlo nuevamente con enmiendas. El monto definitivo debe acordarse antes del 15 de septiembre.
Si se devuelve el presupuesto para un cambio de monto, las cartas comenzarán a cambiar, sostiene Diego Guevara, exministro de Hacienda del gobierno saliente. “El faltante obliga a tener una discusión sobre la tributaria”, añade el exfuncionario.
Algunos analistas consideran posible que el gobierno De la Espriella realice un recorte en el monto de entre COP 15 y COP 20 billones (lo cual ayuda a darle sustento al discurso de austeridad de la campaña), con un complemento de tributaria, por unos COP 15 billones.
De todas formas, los analistas coinciden en que las opciones para ajustar el presupuesto no son ilimitadas. Por el lado del gasto, Rojas explica que con las obligaciones de ley, como el caso del Sistema General de Participaciones, pensiones, salud, vigencias futuras y otros, hay poca flexibilidad en los grandes rubros de gasto. En ingresos, tendrá en sus manos la radicación de una nueva reforma tributaria.
El último campo de maniobra, dice Rojas, es en el de manejo de la deuda donde, frente al proyecto de presupuesto radicado, puede cambiar las fuentes de financiación dando más prioridad a recursos provenientes del exterior si así lo desea. “El Gobierno saliente ha cargado sus necesidades de financiación en el mercado local y ha dejado espacio para tomar deuda externa”, dijo el economista. En esa línea, Correa agrega que las iniciativas de renegociación de la deuda que pueda concretar el nuevo gobierno serán claves.
En últimas, el margen es estrecho, pero no inexistente. Para los expertos consultados, las decisiones que tome De la Espriella en las primeras semanas serán determinantes.
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