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Este 6 de agosto culminarán cuatro años del primer gobierno de izquierda que, para bien o para mal, dejarán una profunda huella en el rumbo político de Colombia. Gustavo Francisco Petro Urrego cumplirá 1.460 días dictando el rumbo del país en medio de un discurso enfocado en el cierre de brechas sociales, la recuperación de los derechos para “el pueblo” y la apuesta de convertir a Colombia en “la potencia mundial de la vida”.
Pero ese mandato también se caracterizó por sus reiterados episodios de choques con la institucionalidad, una serie de políticas fallidas que repercutieron en el rumbo social y económico en el grueso de las regiones, y un radicalizado discurso que agudizó la polarización y provocó el retorno del péndulo del poder a la derecha. Así fue la gobernabilidad de un mandato que será el retrovisor para la llegada de Abelardo de la Espriella al poder.
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El contraste entre la llegada de Petro a la Presidencia y su salida es claramente notorio. Mientras en su discurso de victoria el saliente jefe de Estado se acompañaba de la vicepresidenta Francia Márquez; su esposa, Verónica Alcocer; sus hijas Sofía y Antonella; y más de un centenar de figuras que le rodearon el 19 de junio del 2022 en el Movistar Arena de Bogotá, su salida de la Casa de Nariño lo hace con un círculo de confianza cerrado, hermético e incluso en medio de acusaciones por corrupción y disputas judiciales con rostros que llegaron a ocupar posiciones preponderantes y que le hablaron al oído.
“Aquí lo que viene es un cambio, un cambio de verdad, un cambio real”, fueron las primeras palabras de un Petro victorioso tras la segunda vuelta de hace cuatro años. Tanto en ese discurso como en su posesión del 7 de agosto habló de “unidad” y bajo ese precepto conformó un gabinete que tuvo una amplia participación de partidos políticos. Ahora, en su salida del poder, el discurso ha tomado tintes confrontativos hacia varios sectores –en especial al nuevo gobierno– y de acusación a un sistema electoral que no fue favorable para las intenciones reeleccionistas de su proyecto, pero que es el mismo que le dio la victoria en 2022.
Son varios ejes clave que trascienden la forma de gobernar del presidente electo, iniciando por su relación con las otras ramas del poder. Un grueso de sus pretensiones para gobernar pasó por las manos del Congreso, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. De forma inicial, la “aplanadora” que consolidó en campaña caminó durante sus primeros meses en el poder. La luz verde la tuvo en iniciativas como esa primera reforma tributaria de casi COP 20 billones o el Plan Nacional de Desarrollo (PND). La primera, pese a las críticas, pasó casi que sin inconvenientes por el Capitolio. El segundo tuvo ajustes, aunque otorgó varios “superpoderes” al Jefe de Estado con los que aprovechó para impulsar numerosas iniciativas.
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Ahora bien, la denominada “luna de miel” de esos doce meses iniciales y su relación con el Congreso se deterioró rápidamente. En ese momento era Alfonso Prada quien articulaba las relaciones con el Legislativo desde el Ministerio del Interior, que se rompieron con el intento de avanzar con una reforma a la salud. La falta de consensos y su negativa a cambios puntuales en ese proyecto le costaron las mayorías en una coalición de gobierno que, además del Pacto Histórico, integraron liberales, conservadores y La U. No obstante, aunque la relación con las cabezas de esos partidos se rompieron, los votos los mantuvo en algunas iniciativas de su agenda, señalando que en su gabinete siempre existió cuota de esos partidos hasta el último día de su mandato. Por esas mismas fechas llegó el primer remezón ministerial.
Desde el saliente gabinete se han reconocido parte de esos errores. En diálogo con El Espectador el ministro del Interior, Armando Benedetti reconoció que el gobierno “falló en comunicación y en experiencia durante el primer año o año y medio. El primer año y medio pasó de todo por falta de experiencia”. Aunque resaltó que Petro “siempre gobernó con los de abajo, y no hizo como todos los gobiernos y todos los congresos que siempre se entienden es con los dueños y los empresarios”, manifestó que esa falta de experticia pasó factura en el ecuador del mandato, pero principalmente en su cierre.
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Y es que tras solo siete meses de haber llegado al poder, Petro se vio obligado a apostar nuevamente por las plazas como principal altavoz de su gobierno, como ya lo hacía en campaña. El denominado “balconazo” de 2023 fue crucial en el relacionamiento con el Legislativo, pues confrontó una oposición que ya se extendía, a pesar del reparto burocrático que entonces prevalecía. “Aquí llegó el momento de levantarse. El presidente de la República de Colombia invita a su pueblo a levantarse y a convertirse en una multitud consciente”, dijo Petro en ese discurso.
Y aunque el camino se intentó enderezar, manteniendo esa participación de partidos en su gabinete, a la puerta también tocaron los escándalos que tuvieron alto coste político. Mientras en el Congreso se buscaba impulsar las reformas a los sistemas pensionales, de salud y el laboral, los audios de Laura Sarabia y Armando Benedetti fueron un cimbronazo que alteró parte de la gobernabilidad y siguió deteriorando un mandato que apenas iniciaba. Esos dos nombres serían recurrentes en escándalos, así como en cargos dentro del equipo de gobierno.
Paralelamente también se cocinaba el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) que tiene en líos con la justicia a dos exministros del gabinete, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Incluso hay prófugos como Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, o César Manrique, exdirector de Función Pública. También quedaron enredados los entonces presidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle.
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Por esas mismas fechas otro de los puntos que tocó al mandatario fueron las dudas sembradas sobre la financiación de su campaña. Algunos sectores alertaron por dineros irregulares que ingresaron en la ruta a la Presidencia del 2022. En ese caso su hijo, Nicolás Petro, quedó inmerso. Para 2025 el Consejo Nacional Electoral también concluyó que se violaron los topes electorales –caso diferente al del hijo del mandatario– y sancionó a varios de sus cercanos, entre ellos a Ricardo Roa quien gerenció la campaña. Ese caso se convirtió en una sombra recurrente en su mandato.
Pese a las confrontaciones, el Congreso caminaba en algunos aspectos. Aún así, su estrategia en las calles se reforzó; el gabinete también tuvo cambios sustanciales y, pese a tener nuevas victorias como la reforma pensional o la agraria, ninguna se llegó a concretar en su totalidad. Hoy las dos dependen de decisiones tanto en las ramas Legislativa como Judicial. Esto, sumado al doble hundimiento de la reforma a la salud y en primera instancia, la caída de la reforma laboral, fueron un combustible con el que Petro reforzó su discurso de “bloqueo institucional”. El presidente señaló de forma directa al Congreso y a las casas políticas tradicionales de querer entorpecer su proyecto del cambio.
Inestabilidad ministerial
Perdiendo los primeros pulsos en el poder y con un estrecho margen de maniobra, los primeros timonazos en la Casa de Nariño tocaron al gabinete. Entre febrero y julio de 2023 se presentaron 12 cambios en la mesa de los ministros. Sin embargo, algunas figuras que precisamente integraron ese círculo cercano de poder con Petro señalan la fecha del 4 de febrero del 2025 como la jornada en la que definitivamente todo cambió.
La noche de ese martes, el país fue testigo de las numerosas heridas dentro de un gabinete que ya había tenido severos cambios en dos años y medio de gestión y en el que ya había luces de una radicalización con la que el presidente Petro emprendería el tramo final de su gobierno.
Para esa jornada a su mano derecha se encontraba Jorge Rojas, quien en ese momento era director del Dapre, pero que duraría solo cuatro días en el cargo. A la izquierda, el asiento era para Armando Benedetti, entonces jefe de Despacho, que llegaba con serios cuestionamientos, incluso dentro del mismo gabinete, pero que tras un nuevo remezón ministerial –provocado precisamente por este primer consejo de ministros televisado al país– recaló en el Ministerio del Interior. Esa noche se cobraron las cabezas de hasta nueve ministros incluyendo la de la vicepresidenta Francia Márquez, quien para la fecha lideraba el Ministerio de Igualdad.
Para entonces, ya se hablaba de una profunda inestabilidad en los ministerios, de los cuales algunos cambiaron como “castigo político” al no ver aprobación de las reformas del gobierno. En 30 meses de mandato, por el gabinete ministerial ya habían circulado 25 ministros y pocas eran las carteras que daban muestras de solidez. Además, esa misma jornada también tumbó a los pocos ministros que habían iniciado en el gabinete dos años y medio atrás. Al final, serán 66 jefes de cartera los que pasaron durante esta administración.
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De esa inestabilidad habló María José Pizarro, una de las principales senadoras que tuvo el Pacto Histórico y de las voces más cercanas a Petro quien, a modo de reflexión, resaltó que “faltó un gabinete mucho más estable. No podemos tener tantos cambios porque no le permite al Gobierno ejecutar con toda diligencia sus programas, ralentiza y genera un poco de inestabilidad”.
En entrevista con este diario, Pizarro dijo que “tenemos muchas cosas positivas por contar y muchas reflexiones sobre lo que definitivamente debe corregirse. La izquierda que el país conoció en 2022 es muy distinta a la de 2026, hemos cambiado en el camino también como fuerzas políticas progresistas y hemos crecido”.
Tensa relación regional
Ya con un panorama adverso para reformas puntuales y una gobernabilidad desgastada en tan solo unos meses de mandato, la apuesta por las plazas tuvo un componente regional. Más de un centenar de giras por municipios y departamentos. Su foco fue, por lo general, la costa Caribe y el Pacífico, aunque también recorrió de forma constante zonas de Antioquia, Santander, Meta, Tolima y el eje Cafetero.
Ahora bien, su relación con las estructuras políticas de las regiones, pero en especial con los gobernadores y alcaldes de turno, nunca fue la más sólida. Tanto con las administraciones que le recibieron en su llegada al poder como aquellas que tomaron posesión en enero de 2024 los choques fueron permanentes. Aunque protocolarios, los encuentros con mandatarios regionales eran puntuales y para abordar temas específicos. No obstante, organizaciones como la Federación Nacional de Departamentos (Fededepartamentos), la Federación Nacional de Municipios (Fedemunicipios) o la Asociación Colombiana de Capitales (Asocapitales) cuestionaron la articulación que tuvo el gobierno con las regiones.
A pesar que entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) o el Departamento de Prosperidad Social (DPS) fortalecieron su presencia regional, la constante de los mandatarios fue argumentar un “abandono estatal”, esto ante el crecimiento de la criminalidad y la expansión de grupos al margen de la ley.
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El principal cuestionamiento se situó en la política de “Paz Total”. Todas las voces regionales criticaron la política de Estado con la que Petro buscó negociar con grupos al margen de la ley. Y es que mientras se instauraron políticas como ceses al fuego, cifras como el reclutamiento de menores o la extorsión tuvieron crecimientos exponenciales. Este último flagelo es uno de los delitos con mayor crecimiento en los últimos cuatro años. En efecto, desde las regiones se clamó por emprender acciones contra los grupos, a pesar que el presidente justificaba resultados como la extradición de capos a los Estados Unidos o la incautación de estupefacientes.
Las disputas trascendían las diferencias en concepciones de políticas de Estado y proyectos puntuales con departamentos. No obstante, sí hubo un “castigo” por esa oposición que algunos mandatarios ejercieron desde el territorio. Por ejemplo, en Antioquia, tanto el gobernador, Andrés Julián Rendón, como el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tuvieron enfrentamientos constantes con el jefe de Estado. “Lastimosamente, la nación no ha honrado los compromisos con Antioquia y anunció que esos recursos de vigencias futuras por ley no entrarían, justamente, a una obra que es fundamental para el país. Antioquia no puede seguir aislada de las decisiones nacionales”, dijo Gutiérrez a finales del año pasado.
En ese contexto, proyectos como el Túnel del Toyo quedaron en el limbo y vieron como la participación del gobierno nacional central se reducía. Lo mismo sucedió con el Valle del Cauca de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien pasó de aliada a fuerte contradictora. Su disputa culminó con la no financiación del Tren de Cercanía y que tuvo un directo cobro político: “Me preguntó: ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces?”, dijo Petro en un mensaje del 8 de noviembre de 2025. Para entonces, la nueva reforma a la salud seguía en el Congreso, pero meses después se volvió a hundir.
Las puertas de escape
Denunciando un supuesto “bloqueo institucional” e incluso una censura –pues el Consejo de Estado limitó los consejos de ministros que Petro denominaba alocuciones– y ya con un círculo cercano y un gabinete mucho más radicalizado, el presidente Gustavo Petro adoptó mecanismos para su gobernanza que, aunque están contemplados institucionalmente, buscaban eludir el control y/o aprobación que requerían de Congreso o las cortes.
Allí entró en juego la apuesta por la consulta popular, que fue la respuesta del jefe de Estado al hundimiento de su reforma laboral. Con la espada de Bolívar enarbolada, reluciendo la bandera de guerra o muerte y un discurso fuerte, Petro llevó ante el Congreso el 1 de mayo de 2025 –misma jornada del día del trabajador– una apuesta de consulta popular para restablecer derechos a los sectores trabajadores.
Y aunque la misma se hundió, logró el objetivo de reformar ese sistema. A partir de allí el jefe de Estado exploró mecanismos con los que pudiera dar cumplimiento a sus promesas de campaña. También se puso en la mesa una intención de asamblea constituyente, mecanismo con el que buscó presionar para tener nuevas victorias.
Es entonces cuando salen a relucir los más de 4.700 decretos expedidos por la administración Petro. Esa cifra, que si bien incluye nombramientos o cambios de funcionarios, tiene en su mayoría una intención de eludir las barreras interpuestas por otras ramas para poder. A través de esa figura, el jefe de Estado buscó implementar su reforma pensional, la reforma a la salud o iniciativas en materia energética o agrícola que deben pasar por el Congreso y tener, además, revisión desde las cortes.
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Al momento de implementar estas medidas, las tensiones con ambas ramas se agudizaron. Asimismo se ahondó en el deterioro de la gobernabilidad que llegó en septiembre del 2025, con una derrota más en el Congreso con la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional. Según dijo Benedetti a este diario, ese punto fue el final para las relaciones de Petro con el Legislativo.
Ya mirando el ocaso de su mandato en el horizonte, Petro priorizó encaminarse en la ruta de campaña para heredar el poder a uno de los suyos. El ungido por el Pacto Histórico fue Iván Cepeda, quien finalmente no lograría obtener el triunfo en las presidenciales. En esa ruta, Petro no escatimó en gastos para promover la reelección de su proyecto. Incluso dejó de lado esa apuesta constituyente que impulsó desde la Casa de Nariño y en la que se involucraron de lleno varios miembros del gabinete. Una semana antes de la primera vuelta emprendió una correría por el Caribe para impulsar a Cepeda. Este quedó segundo y tres semanas después perdería ante Abelardo de la Espriella, quien ya cuenta las horas para su posesión.
La derrota agudizó los señalamientos de Petro sobre un fraude electoral que se orquestó, según dijo, desde Estados Unidos. Incluso llegó a afirmar que Donald Trump fue determinante para la victoria de De la Espriella. Aunque mantiene el relato, la postura, a días de dejar el poder, es de desgaste, pero también de proyección como el principal líder de la oposición.
Emulando casos como los de César Gaviria o Álvaro Uribe que, tras dejar el poder se mantuvieron activos en política, Gustavo Petro ya mueve fichas dentro del Pacto Histórico para organizar ese partido en torno a una fuerte oposición contra el gobierno entrante, la defensa de su legado y lo que desde la derecha se ha catalogado como “una guerra de símbolos”. Además, el propio Pacto ya allana camino para lo que sería una izquierda nuevamente liderada por Petro una vez deje el poder.
Los momentos clave en la gobernabilidad de Petro
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
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