En salud, el paciente no ha estado bien tratado

Durante los últimos cuatro años, el sistema de salud colombiano ha transitado de un malestar crónico a una sala de cuidados intensivos. El diagnóstico inicial y el tratamiento ordenado, aunque pudieron estar cargados de buenas intenciones —especialmente en lo relacionado con la población vulnerable—, el fortalecimiento de la rectoría y de la atención primaria, y la mejora en la prestación de servicios, se distorsionaron en el camino y han llevado a resultados contrarios a los esperados, lo que a la postre puede significar un retroceso en indicadores clave sobre el estado de salud. La falta de consensos y la subvaloración del conocimiento, sumados a una gestión errática en las entidades rectoras y a la confrontación permanente, han derivado en una crisis profunda que hoy golpea con crudeza a los pacientes y a sus familias.

No todo ha sido negativo, así que conviene reconocer los activos y promesas a mitad de camino que deja la administración saliente. Entre los avances que merecen continuidad y fortalecimiento, se destacan: la consolidación de la ADRES como fondo único del sistema, con capacidad para realizar giros directos a prestadores y operadores logísticos, así como el desarrollo de un sistema de información que aporta trazabilidad y transparencia sobre el gasto; el impulso al discurso y la práctica de la atención primaria en salud, incluidos los equipos básicos de salud como apuesta que amerita revisar para fortalecer o reconducir; la preocupación por la red pública, que más allá de requerir más recursos necesita también poner en marcha prácticas de buen gobierno; y las propuestas orientadas a ganar soberanía sanitaria, en particular mediante la producción nacional de medicamentos (Documento CONPES 4170 de 2025).

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Sin embargo, el saldo en rojo es abrumador y exige un examen cuidadoso para establecer el estado real de las cosas y apostar por la recuperación o la reconfiguración. El primer gran fallo radica en la suficiencia de recursos. La discusión sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) sigue sin zanjarse, pero diversas aproximaciones señalan un desfase de al menos el 10 % en su monto, lo que se traduce en un déficit cercano a los COP 10 billones. Si el sistema sangra por esta herida financiera, cualquier otra intervención resulta meramente paliativa.

Pero el mayor desacierto ha sido, sin duda, la obsesión por desmontar el modelo de aseguramiento basado en el pluralismo estructurado o competencia administrada. Convencido de que la intermediación financiera era el cáncer del sistema, el Gobierno intentó dinamitar el rol de las EPS. Al no lograr una reforma por vía legislativa, con tres intentos fallidos en el Congreso y unos más frustrados por decreto, se optó por la intervención de gigantes como Nueva EPS, Sanitas y Savia Salud. El Estado acumuló el mando de aseguradoras que agrupan a cerca de la mitad de la población nacional y, lejos de traer alivios, estas intervenciones empeoraron los indicadores financieros y de acceso, y estuvieron acompañadas de malas prácticas de gobierno, reflejadas en la alta rotación de interventores y directivos y en una preocupante falta de transparencia.

A esta situación se suman declaraciones y acciones que erosionaron la legitimidad del sistema y pusieron en jaque el Estado de derecho. Iniciando su gobierno, el presidente Gustavo Petro afirmó que el sistema de salud colombiano era “uno de los peores del mundo”, un diagnóstico que, lejos de ser constructivo y sin tener bases en una comparación internacional rigurosa, minó la confianza de pacientes, prestadores y demás actores, en un sector que ya venía cuestionado.

El desafío a la institucionalidad estuvo presente en la discusión de la reforma. Ante la imposibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso de la República, el gobierno optó por radicalizarse y romper la coalición de la que hacían parte ministros con amplia trayectoria y trabajo técnico, además de dar paso a las intervenciones de EPS en una actitud que pareció ser más una revancha ante la no aprobación del proyecto gubernamental. Precisamente, la Corte Constitucional ordenó en 2025 la devolución de la EPS a sus propietarios, por considerar que se había vulnerado el debido proceso, y algo similar sucedió en 2026 ante fallos judiciales que ordenaron devolver las EPS Savia Salud y Coosalud.

Más allá del escenario político, en el marco de los pesos y contrapesos que han caracterizado a las democracias modernas, la rama jurisdiccional mantuvo un rol activo en la defensa del estado de derecho, como lo han padecido diferentes gobiernos, y fue así como frenó varios intentos del ejecutivo por legislar mediante decreto o adoptar medidas que irían en contra de la Constitución y de la ley. Así sucedió con el intento por destinar el 5% de la UPC para financiar los equipos básicos de salud, cuya inaplicación ordenó la Corte Constitucional, y la adopción de varios puntos de la reforma que naufragó en el Congreso, mediante los decretos 858 de 2025 y 182 de 2026 que fueron suspendidos por el Consejo de Estado.

A pesar de los fallos judiciales destinados a la inaplicación o la derogatoria de normas y decisiones que van en contra del estado de derecho, la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la Corte Constitucional realizó varias audiencias y dictó autos destinados especialmente a corregir la insuficiencia de recursos (UPC), pero el gobierno no dio cumplimiento cabal y mantuvo una postura negacionista ante la necesidad de revisar los cálculos y asegurar la participación. Tal fue el caso del Auto 2049 de 2025, mediante el cual la Corte Constitucional declaró incumplimiento general en la definición de la UPC y abrió desacato contra el Ministerio porque el ajuste de 2025 solo se hizo teniendo en cuenta el IPC, sin sustento técnico.

Mientras tanto, las modificaciones al modelo de salud del magisterio, a cargo del FOMAG, que el propio gobierno quiso mostrar como modelo de lo que sería la reforma que proponía, resultaron un fracaso anunciado por el diseño improvisado y los negativos resultados para los maestros.

La corrupción, por su parte, no ha dado tregua. En 2024, el superintendente de Salud anunció auditorías a cuatro EPS que evidenciaron irregularidades mayúsculas en la gestión de recursos públicos. Los casos de Coosalud, con más de COP 200 mil millones en manejos irregulares, y del propio FOMAG, donde la Supersalud encontró diferencias cercanas a los COP 210 mil millones entre sus propios reportes financieros, son solo la punta del iceberg de un problema estructural que exige cirugía mayor.

Bases para un decálogo de Buen Gobierno

A falta de un informe oficial de empalme, y recogiendo las voces de expertos y actores del sector, el nuevo gobierno debería desplegar esfuerzos inmediatos en seis frentes prioritarios para restaurar la confianza, la transparencia y la viabilidad del sistema:

1. Instalar un Consejo Nacional de Salud. Existe un consenso amplio sobre la necesidad de una instancia formal de participación y concertación. Esta debe ser la primera medida de gobierno, encomendándole la discusión sobre la transformación del sistema y recogiendo las lecciones de los intentos fallidos anteriores.
2. Potenciar la Comisión Intersectorial de Salud Pública, creada en la Ley 1438 de 2011, y asegurar su articulación efectiva con los niveles territoriales.
3. Presentar al país un informe de cuentas claras, con el apoyo de expertos nacionales e internacionales, que establezca una línea de base sólida sobre la situación financiera del sistema, las necesidades de financiamiento, el estado de las deudas y los mecanismos, incluyendo una posible inyección de recursos para cubrir el déficit corriente (COP 10 billones).
4. Definir la UPC para 2027 con la participación de un equipo de expertos independiente y acogiendo las órdenes emanadas de la Corte Constitucional.
5. Blindar el fondo único de salud. Entre menos manos toquen el dinero del sistema, menor será el riesgo de corrupción y mayor la claridad en el flujo de recursos.
6. Conformar un equipo directivo con altas capacidades técnicas e idoneidad ética al frente de las principales entidades del sector: la ADRES, la Superintendencia Nacional de Salud, el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud.

El país no puede permitirse otro cuatrienio de experimentos ideológicos ni de pulsos políticos estériles. El paciente, el sistema y, sobre todo, los 52 millones de colombianos que dependen de él y no merece más tratamientos improvisados. Exige un diagnóstico certero, un tratamiento basado en la evidencia y, por encima de todo, un pacto nacional que anteponga la vida y el bienestar a cualquier bandera partidista.

* Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas – U. de Antioquia (@jairoudea)

** Profesor de la Escuela de Gobierno – U. de los Andes (@obernal3)

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