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El proyecto de reforma tributaria que acaba de radicar la administración del alcalde Carlos Fernando Galán ante el Concejo, con el que pretende recaudar anualmente COP 1,2 billones con sobrecargos a los ciudadanos, a través del predial, y a los comerciantes, a través del ICA, abre un debate que va más allá de los impuestos, las tarifas y los incentivos para la inversión ¿cómo garantizar la financiación de proyectos estratégicos en medio de las presiones al presupuesto, sin que esto se traduzca en más cargas para la ciudadanía?
El proyecto del Distrito la refuerza una situación: el aumento del salario mínimo en 2026 que, según el concejal Juan David Quintero, generó un impacto de COP 1,69 billones sobre las finanzas de Bogotá, los cuales no se contemplaron el año pasado cuando se aprobó el presupuesto. Este cálculo supera incluso la advertencia que hizo en en febrero la propia Secretaría de Hacienda, quien estimó el déficit en COP 1,45 billones.
De acuerdo con Quintero, el mayor impacto ha recaído sobre el sector movilidad, donde la presión presupuestal superaría los COP 755.000 millones. De ese monto, COP 654.734 millones corresponderían al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad encargada de buena parte de las obras de infraestructura en la capital.
Las obras que concentran las preocupaciones
Entre los proyectos que podrían requerir recursos adicionales aparecen algunas de las principales apuestas de movilidad de la ciudad, como el Grupo 2 de la Troncal de la avenida Ciudad de Cali y los lotes 2 al 7 de la nueva Troncal de la Calle 13. A ellas se suman intervenciones como el ciclopuente de la avenida Boyacá con calle 127, la ciclorruta del Canal Córdoba, la intervención del Centro Fundacional de Usaquén, la red peatonal de Venecia, el intercambiador vial de la calle 80 y diferentes obras relacionadas con puentes vehiculares.
Según lo denunciado en el Concejo, los costos directos de los proyectos habrían aumentado alrededor de un 12 %, cifra que no incluye gastos administrativos ni otros costos indirectos asociados a la ejecución de las obras. De confirmarse, esto implicaría una presión aún mayor sobre los recursos disponibles para garantizar la continuidad de las obras que, de atrasarse, podrían prolongar las dificultades de movilidad que enfrenta Bogotá.
Más allá de la discusión sobre el origen de ese impacto fiscal, el debate se ha concentrado en la estrategia que adoptará la administración distrital para absorber esos mayores costos sin sacrificar inversiones consideradas prioritarias para la ciudad.
La propia Secretaría de Hacienda ha reconocido previamente que el incremento del salario mínimo obligará al Distrito a priorizar, reorganizar y reordenar parte de los gastos previstos para 2026. Sin embargo, hasta ahora no se conocen en detalle las medidas específicas que implementará la administración para evitar que las presiones presupuestales se traduzcan en aplazamientos, retrasos o ajustes sobre proyectos estratégicos.
En ese contexto aparece la nueva reforma tributaria que ya comenzó su trámite en el Concejo y que arrancaría formalmente en 2027.
Cómo busca recaudar el Distrito
Según la administración distrital, el principal objetivo de la iniciativa es financiar la modernización del alumbrado público mediante la implementación de una red inteligente que permita incorporar nuevas tecnologías para la gestión urbana. La apuesta incluye sistemas de monitoreo para inundaciones e incendios, cámaras conectadas para fortalecer la seguridad y herramientas para optimizar la movilidad y otros servicios de la ciudad.
La principal fuente de financiación será una sobretasa al impuesto predial. La propuesta establece que los predios residenciales de estratos 1, 2 y 3 con avalúos inferiores a 20.000 UVT (Unidad de Valor Tributario), equivalentes a cerca de COP 1.047 millones, no pagarán el nuevo cobro. En contraste, los predios de estratos 4, 5 y 6 asumirán tarifas diferenciadas, al igual que los inmuebles comerciales, industriales, financieros, lotes y equipamientos.
El proyecto también contempla modificaciones en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA). Entre los cambios propuestos está el aumento de la tarifa para el sector financiero, que pasaría del 14 al 21 por mil; para el comercio de bebidas alcohólicas y tabaco, que subiría del 13,8 al 21 por mil; y para la comercialización de vehículos, que aumentaría del 6,9 al 11 por mil.
Además, la iniciativa incluye alivios para contribuyentes en mora, como descuentos del 50 % en intereses y sanciones para quienes paguen la totalidad de sus obligaciones pendientes antes del 18 de diciembre de 2026. También se anunciaron incentivos tributarios para atraer nuevas inversiones, especialmente para empresas que destinen más de COP4.600 millones a activos fijos dentro de actividades consideradas estratégicas por el Distrito.
Las proyecciones oficiales señalan estos beneficios permitirían atraer cerca de COP 78 billones en inversión privada y generar alrededor de 215.000 empleos. Sin embargo, varios de esos incentivos se han convertido en uno de los principales puntos de discusión política alrededor del proyecto.
Beneficios e impuestos, el otro debate
Voces de la oposición aseguran que, aunque la nueva propuesta elimina algunas de las medidas más controvertidas que incluía la reforma tributaria hundida anteriormente en el Concejo, mantiene buena parte de su estructura original. Entre los cuestionamientos que advierte la cabildante del Pacto Histórico Heidy Sánchez figuran los beneficios tributarios para nuevos inversionistas, los incentivos asociados al Distrito Aeroportuario y algunos ajustes en el ICA y el Régimen Simple de Tributación.
Advierte que la iniciativa continúa privilegiando la atracción de nuevos capitales mediante exenciones tributarias mientras mantiene incrementos o ajustes que terminan impactando a algunos sectores productivos y contribuyentes ya establecidos en la ciudad.
La administración distrital, por el contrario, sostiene que esos incentivos son necesarios para fortalecer la competitividad de Bogotá, atraer nuevas inversiones y ampliar la generación de empleo en sectores estratégicos de la economía.
El panorama adquiere mayor relevancia porque las presiones sobre las finanzas distritales no son nuevas. Desde comienzos de año, la administración ha advertido sobre las dificultades que enfrenta para acomodar nuevos gastos dentro del presupuesto aprobado para 2026, una situación que se profundizó tras el incremento del salario mínimo y que ahora coincide con la necesidad de financiar proyectos estratégicos, mantener el ritmo de ejecución de las obras y sacar adelante nuevas apuestas de inversión.
En ese escenario, la discusión sobre la reforma tributaria trasciende el debate sobre quién pagará más impuestos o qué sectores recibirán beneficios. Lo que está en juego es la capacidad del Distrito para encontrar recursos suficientes sin frenar proyectos clave para la ciudad.
Mientras el Concejo inicia el estudio de la iniciativa y persisten las dudas sobre el alcance real de las presiones fiscales, tampoco hay claridad sobre si Bogotá podrá sostener sin sobresaltos el cronograma de obras que hoy tiene en marcha o si algunas terminarán enfrentando ajustes, aplazamientos o nuevas necesidades de financiación. Una respuesta que, por ahora, el Distrito aún no ha precisado.
El Espectador consultó a la Secretaría Distrital de Hacienda sobre el impacto del aumento del salario mínimo en la financiación de proyectos estratégicos. Al cierre de esta edición, la entidad no había respondido las solicitudes de información.
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