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El Gobierno Nacional puso en el centro del nuevo marco tarifario a las organizaciones de recicladores, con el fin de alcanzar, en estos 5 años de implementación, un servicio público de aseo más sostenible e integral. Y para lograrlo fija una serie de estrategias que apuntan a beneficiar a cerca de 74.000 recicladores registrados en el país, las cuales ya empezaron a generar disensos en la capital, entre las organizaciones, el Gobierno y las agremiaciones.
Durante la presentación de la nueva metodología tarifaria —a la que deben someterse los prestadores de aseo que atiendan municipios o distritos de más de 5.000 suscriptores— estuvo presente Nohra Padilla, representante de la Asociación de Recicladores de Bogotá. Con su venia, los ministros de Vivienda, Trabajo y Minas le agradecieron por acompañar la construcción de la Resolución 1040 de 2026 y enfatizaron en que esta hoja de ruta marcará, de la mano de los recicladores, una diferencia en la forma de disponer los residuos y en el reconocimiento de su labor, amparada por la Corte Constitucional.
De acuerdo con la ministra (e) de Vivienda, Ruth Quevedo, en el país se generan 12 millones de toneladas de residuos al año, de las cuales el 20 % corresponden a material aprovechable que terminan en rellenos sanitarios como Doña Juana donde, a pesar de tener vida útil hasta 2029, el actual ritmo de disposición derivaría ese año en “una crisis sanitaria incalculable”, según advirtió la Personería de Bogotá.
Por eso, en el cambio de la disposición final de los residuos hacia un modelo de economía circular —basado en la reducción, reciclaje, tratamiento y valorización de materiales—, los recicladores se posicionan como eje central a través del aseguramiento de su inclusión socioeconómica y una remuneración justa por sus labores de aprovechamiento.
En un documento de 223 páginas, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) orientó el nuevo modelo hacia “tarifas más justas y asequibles para toda la población”. El esquema abarca desde costos de comercialización por suscriptor hasta barrido, limpieza y aseo urbano —mediante la adopción de cestas de dos compartimentos (aprovechable y no aprovechable), rutas selectivas de orgánicos hacia plantas de tratamiento y cambios en la facturación para reflejar de manera detallada cada actividad—.
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Tras su expedición, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) emitió un comunicado en el que advirtió que la resolución no representa una reducción real en la tarifa, “fruto de un menor reconocimiento a actividades esenciales que ponen en riesgo la suficiencia financiera del sector y podría derivar en una crisis de basura en las ciudades […]. Los prestadores no tienen otra opción que ajustar o reducir su cobertura”.
La asociación también reclamó que se otorgue un reconocimiento a la actividad de aprovechamiento (recicladores) “por encima de las demás actividades del servicio […]. Privilegiar la remuneración de las actividades complementarias por encima de la actividad principal invierte la jerarquía y envía una señal contraria: entre más separe el usuario, más pagará. Un incentivo que va en contravía de la política pública de Basura Cero”, sentenciaron.
El gremio pidió a la CRA corregir la transición de los parámetros que, según sostienen, carecen de sustento técnico, y surtir un nuevo proceso de discusión “sobre los cambios sustanciales incorporados”. “En 2022 publicamos un estudio especializado para lograr una transición organizada hacia la economía circular, aportando propuestas técnicas para el mínimo vital”, concluyeron.
Así serán los cambios para los recicladores
Precisamente, la observación de Andesco responde a uno de los cambios de la norma que reconoce y remunera tarifariamente la “acción de recuperación” a las Organizaciones de Recicladores de Oficio (ORO) que perciban menos de un salario mínimo. Se trata de quienes históricamente se han encargado de identificar y separar los residuos sólidos, ordinarios y aprovechables en las calles o conjuntos residenciales, contribuyendo a extender la vida útil de los rellenos sanitarios.
Este costo se verá reflejado de manera explícita y cuantificada en la factura de aseo y tiene como objetivo, según la CRA, incentivar la separación en la fuente. No obstante, precisaron que este cobro puede evitarse si el usuario realiza una separación efectiva y entrega los materiales directamente a las ORO o a recicladores independientes. En el plano pedagógico, las ORO podrán recibir una remuneración adicional si realizan cuatro campañas educativas anuales dirigidas a usuarios que no separan y dos para quienes sí lo hacen.
Sin embargo, a los reconocimientos económicos se suman nuevas obligaciones. La resolución fijó que las organizaciones tienen el deber de trasladar mensualmente a sus asociados un valor específico por cada tonelada aprovechada. Para el segmento de Bogotá D. C., este valor se fijó en COP 137.173. En lo referente al Ingreso Mínimo Vital, deberán remunerar como mínimo el equivalente a una tonelada mensual a cada reciclador asociado que registre algún nivel de productividad, garantizando una base económica mínima. Este procedimiento deberá certificarse ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
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En materia de protección social, las ORO tendrán la obligación de garantizar afiliación a salud y pensión en el régimen subsidiado a sus asociados (en Bogotá, a través de Capital Salud), así como el acceso a ARL. Este último aporte, según explicó el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, “no lo pagarán las organizaciones de recicladores, sino el usuario” dentro de la estructura de costos de aprovechamiento. La norma ordena dar prioridad en la protección a aquellos recicladores que cuenten con especial protección constitucional, como adultos mayores o personas con discapacidad.
Para mejorar las condiciones de eficiencia, se creará un fondo destinado a la sustitución de vehículos de tracción humana por vehículos de tracción asistida o motorizada. Las organizaciones de recicladores deberán destinar un porcentaje (2 % para Bogotá) del recaudo del costo variable de aprovechamiento y certificar anualmente la ejecución de estos recursos.
Respecto a la garantía para recolectar residuos aprovechables directamente en la fuente (será por 15 años)—o acceso cierto y seguro, según estipuló la Corte Constitucional—, la resolución impone límites estrictos de participación (topes de toneladas y suscriptores) a las empresas privadas que compiten en la misma actividad.
Frente al cumplimiento de estas etapas, la CRA definió que el avance se medirá a través del indicador CFR; si la organización no cumple los plazos legales, se aplicarán descuentos tarifarios que afectarán sus ingresos.
Las observaciones del regulador y del sector
Antes de la publicación de la regulación, el pasado 16 de julio, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió un concepto de abogacía de la competencia dirigido a la CRA sobre el nuevo marco tarifario. En lo relativo a los cambios para las ORO, la SIC formuló cuatro observaciones centradas en la necesidad de equilibrar las acciones afirmativas con la libre competencia:
- Límites a la competencia: Para la Superintendencia, imponer topes de participación (toneladas y suscriptores) a empresas privadas (D-ORO) podría restringir la eficiencia y las economías de escala. Recomendó a la CRA justificar técnicamente la necesidad de estos límites y evaluar su temporalidad.
- Costo de Recuperación (CREA): Este componente remunera la separación de residuos cuando el usuario no la realiza en la fuente. La SIC cuestiona por qué este incentivo no se reconoce a los prestadores distintos a las ORO (D-ORO) si ejecutan la actividad, lo que podría generar un trato diferencial no justificado.
- Remuneración y tonelada mínima garantizada: El órgano de control señaló falta de sustento técnico en el cálculo de la “tonelada mensual” y advirtió sobre riesgos de doble remuneración en casos de multiafiliación (recicladores inscritos en varias organizaciones).
- Protección social u “organizaciones fachada”: La SIC valoró que la carga de seguridad social (ARL y BEPS) se incorpore en la tarifa, pues evita la competencia basada en la informalidad. No obstante, reiteró que la multiafiliación dificulta identificar qué organización debe asumir la afiliación y advirtió sobre el riesgo de “organizaciones fachada” que accedan a beneficios de acción afirmativa sin vincular realmente a población vulnerable.
En síntesis, la SIC recomendó fortalecer la justificación técnica de las medidas para evitar distorsiones que comprometan la eficiencia del servicio o la libre competencia.
Desde el sector operativo, Magda Bainas, representante de Ecolianza Estratégica, sostuvo que la norma requiere ajustes estructurales: “No son simples modificaciones de forma; alteran la operación, el reporte, la facturación, la remuneración y la administración de los recursos de las ORO, con consecuencias que inciden en su sostenibilidad”.
“Estos cambios, sumados a la dispersión de recursos a través del sistema financiero, las nuevas exigencias tecnológicas, la transformación de los mecanismos de pesaje y las nuevas condiciones contractuales, evidencian que la versión adoptada difiere sustancialmente de la sometida a consulta pública en 2025″
Magda Bainas
En Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) tiene hasta el próximo 30 de octubre para definir si presenta la solicitud de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) ante la CRA. De no hacerlo, la ciudad operará bajo el régimen de libre competencia. En dicho proceso, los cambios para cerca de 12.000 recicladores de la capital serán un punto central de debate, especialmente sobre la manera en que el Distrito armonizará el cumplimiento del régimen tarifario con las acciones afirmativas para una población recicladora que ya está dividida.
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Por María Angélica García Puerto
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