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El nuevo presidente de Colombia hizo campaña con promesas de derrotar a los grupos narcotraficantes de su país con la ayuda de Estados Unidos.
Asumió el cargo el viernes, pero sus planes de asociarse con las fuerzas estadounidenses ya están en marcha y podrían hacer de Colombia una pieza central de los esfuerzos del gobierno de Donald Trump para militarizar la lucha contra el narcotráfico en toda la región.
Luego de que funcionarios colombianos del gobierno entrante viajaran a Washington el mes pasado, un funcionario de alto rango de Defensa de Estados Unidos anunció un nuevo plan militar con Colombia que, según dijo, llevaría una alianza históricamente fuerte “a nuevos niveles”.
Y el presidente, Abelardo de la Espriella, nombró recientemente a Medellín como la sede regional de la nueva alianza regional contra el narcotráfico del presidente Trump, el Escudo de las Américas.
El gobierno de Trump ha convertido en prioridad el ataque a los narcotraficantes en América Latina. Culpando a los cárteles y a las bandas de narcotraficantes por la crisis de sobredosis en Estados Unidos y por avivar los delitos violentos, su gobierno ha designado a dos decenas de grupos en la región como organizaciones terroristas y ha autorizado el uso de fuerza letal en su contra.
Funcionarios estadounidenses han creado una coalición regional contra los cárteles y una fuerza especial militar que incluye a otras 18 naciones, y han comparado su iniciativa con las campañas militares de Estados Unidos contra Al Qaeda y el Estado Islámico.
El gobierno de Trump también ha presionado a los líderes latinoamericanos para que permitan a las fuerzas estadounidenses realizar ataques conjuntos dentro de su territorio, y Trump ha elogiado operaciones con participación de Estados Unidos que mataron a los líderes de un importante cártel en México y de una banda transnacional en Venezuela.
Las anteriores ofensivas de Estados Unidos contra el narcotráfico en América Latina han tenido un éxito limitado, y la ofensiva más reciente ha generado preocupaciones de que las operaciones militares podrían amenazar la soberanía nacional y poner en peligro a los civiles.
Antes del triunfo de De la Espriella en junio, el gobierno de Trump había logrado pocos avances con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína y tradicionalmente el aliado más cercano de Washington en la región.
El presidente saliente, Gustavo Petro, de izquierda, criticó la estrategia contra el narcotráfico de Trump y denunció como asesinato los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones que el gobierno de Trump ha afirmado, sin pruebas, que transportan drogas frente a la costa de América del Sur y que actualmente han matado a al menos 221 personas.
Las autoridades estadounidenses impusieron sanciones a Petro, descertificaron a Colombia como socio antinarcóticos y amenazaron con cortar la ayuda.
De la Espriella, un conservador que nunca había ocupado un cargo público, se perfila como un aliado mucho más dispuesto. En la campaña ral, elogió los ataques a embarcaciones de Trump y se ganó a muchos colombianos con promesas de caer sobre los narcotraficantes armados con “la ira de Dios”.
Los dos gobiernos no han perdido el tiempo. Luego de reunirse con funcionarios de Defensa en Washington, el ministro de Defensa entrante de Colombia, el general Jorge Eduardo Mora, dijo que la estrategia anunciada recientemente, llamada Plan Patriota 2.0, marca “una nueva etapa de cooperación, integración y acción conjunta”.
Los dos países han discutido planes para proporcionar inteligencia y apoyo de Estados Unidos a las fuerzas militares de Colombia para misiones antinarcóticos, para extraditar a narcotraficantes capturados y para reiniciar la fumigación aérea de plantas de coca, según funcionarios estadounidenses.
Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre los planes.
El cronograma de las operaciones conjuntas no está claro. Un exfuncionario de alto rango del gobierno de Trump dijo que había presión de la Casa Blanca y de los altos mandos del Pentágono para mostrar resultados inmediatamente después de que De la Espriella asumiera el cargo, pero señaló que los comandantes militares estadounidenses estaban aconsejando una mayor planificación.
El Departamento de Defensa se rehusó a hacer comentarios más allá de una declaración emitida el mes pasado. La Casa Blanca remitió las preguntas al Departamento de Estado, que dijo en un comunicado: “Estamos listos para apoyar los esfuerzos de Colombia para fortalecer sus fuerzas de seguridad, derrotar a los narcoterroristas y las organizaciones criminales y poner fin a los flujos de inmigración ilegal”.
Los grupos armados de Colombia, que incluyen a antiguos ejércitos rebeldes de izquierda y grupos paramilitares de derecha, han estado involucrados durante mucho tiempo en el narcotráfico, pero se han expandido de manera significativa en años recientes en medio de una creciente demanda global de cocaína.
Los grupos se han multiplicado y propagado hacia más partes del país, y el número de combatientes ha aumentado de alrededor de 13.000 en 2022 a casi 27.000 el año pasado, según investigadores del conflicto.
Las operaciones militares se detuvieron durante gran parte del mandato de Petro, ya que su gobierno buscó diálogos de paz con grupos armados, una medida que, según los críticos, permitió a los grupos expandirse.
“¿Es este el momento adecuado para un enfoque más cinético?”, dijo Kevin Whitaker, embajador de Estados Unidos en Colombia de 2014 a 2019. “Mi respuesta es ‘sí, pero’”.
A pesar de que el narcotrafico iba aumentando, apuntó Whitaker, el ejército de Colombia se vio obstaculizado por recortes de financiamiento y porque decenas de generales fueron depurados durante el gobierno de Petro.
Planificar y ejecutar operaciones es un ciclo que mejora con la repetición, dijo, “y esta es una fuerza armada que sencillamente no lo ha estado haciendo durante los últimos cuatro años al mismo nivel que lo había hecho antes”.
Agregó: “No puedes simplemente chasquear los dedos”.
Reiniciar la fumigación aérea de coca, la planta usada para fabricar cocaína, también requiere planificación, dicen los expertos. La erradicación usando glifosato, un herbicida, fue prohibida por Colombia en 2015 en respuesta a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud sobre los efectos para la salud en los seres humanos.
Ambos gobiernos estarán ansiosos por una muestra temprana de fuerza, dijo Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
El gobierno de Estados Unidos, que ha promocionado imágenes dramáticas de operaciones militares contra presuntos traficantes, podría estar buscando más de ese tipo de imágenes en el periodo previo a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Por su parte, es probable que De la Espriella “actúe a lo grande”, dijo Sánchez, y que inicie su mandato con “acciones llamativas”.
Se ha demostrado que atacar a los líderes de los grupos de traficantes tiene poco efecto a largo plazo en el comercio de drogas, dijo.
La oficina presidencial de De la Espriella no respondió a una solicitud de comentarios.
El Plan Patriota original fue una ofensiva militar en la década de los 2000 respaldada por Estados Unidos que desplegó a miles de soldados colombianos contra grupos de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC. Fue parte del Plan Colombia, un programa estadounidense de miles de millones de dólares para proveer ayuda militar y otro tipo de asistencia.
Asestó golpes significativos a las FARC, que finalmente acordaron disolverse y firmaron un acuerdo de paz histórico en 2016. Pero una comisión de la verdad descubrió que el Plan Patriota también resultó en actos de violencia extrema por parte de las fuerzas del Estado, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.
Aplastar a los traficantes ha sido durante mucho tiempo un desafío para el ejército de Colombia. Los grupos operan en terrenos accidentados y a veces viven entre las poblaciones civiles. Para sumar al desafío, ahora se han extendido más allá de las fronteras de Colombia hacia Venezuela y Ecuador.
Otro obstáculo, según expertos en conflictos, es que muchos menores han sido reclutados por grupos de traficantes, en parte para evitar los ataques aéreos.
No se sabe con certeza cuánta ayuda podría fluir ahora hacia Colombia. En el pasado, Colombia era el mayor receptor en la región de asistencia de seguridad de Estados Unidos, pero durante el primer año del segundo mandato de Trump, esa asistencia se recortó en más de la mitad, pasando de 400 millones de dólares a alrededor de 187 millones de dólares, según un informe entregado al Congreso por el gobierno de Trump. Con De la Espriella en el cargo, dicen los expertos, el grifo podría volver a abrirse.
Mora, el ministro de Defensa entrante, ha dicho que el Plan Patriota 2.0 ayudaría a restaurar las capacidades militares de Colombia. Según el periódico colombiano El Tiempo, se espera que la asociación refuerce la flota de helicópteros de Colombia y proporcione tecnología de protección contra drones, ya que los grupos armados están recurriendo cada vez más a la guerra con drones.
El plan ha provocado críticas por parte de la izquierda. El senador Iván Cepeda, a quien De la Espriella derrotó por un estrecho margen en las elecciones de junio, dijo a un entrevistador: “Está hablando la estrategia de someter a Colombia a otra soberanía, convertirlo realmente en una especie de protectorado”.
Originalmente, De la Espriella había planeado celebrar su toma de posesión en una base militar en una zona de conflicto, en lugar de en la capital. Los legisladores finalmente aprobaron trasladar el evento a Cali, una ciudad cercana a la zona.
Esta semana, las autoridades colombianas informaron que habían interceptado un autobús que transportaba 420 kilogramos de explosivos destinados a atacar instalaciones militares y policiales durante la toma de posesión. La policía dijo que el ataque había sido planeado por un grupo disidente de las FARC.
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