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Carlos Sánchez Cortés es el director general de la firma de abogados De la Espriella Lawyers, la misma a través de la cual el recién posesionado presidente de la República, Abelardo de la Espriella Otero, construyó buena parte de su patrimonio y nombre como litigante. Además, está casado con Lilian Pineda, hermana de la nueva Primera Dama, Ana Lucía Pineda, que durante 20 años ofició como directora administrativa de ese bufete.
El abogado Carlos Sánchez, concuñado del jefe de Estado, se presenta en su página web así: “Su actividad como litigante se rige por la máxima: ‘No hay causas perdidas, ni batallas pequeñas’ porque en sus 22 años de labor jurídica ha liderado el litigio estratégico con tal precisión, rigor y excelencia que no hay entorno de alta complejidad que obstaculice su victoria”. Hoy, adelanta una demanda civil en contra de la única víctima acreditada en el sonado caso de Dololed: José Gregorio Uribe Acelas.
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El Espectador reconstruyó esta historia. La génesis de esta controversia jurídica se remonta a septiembre de 2018, cuando el técnico en negocios internacionales Uribe Acelas, para aliviar un dolor en una pierna, adquirió en una droguería de Bogotá una caja de Dololed que, en ese entonces, no tenía restricciones y se vendía como pan caliente como un supuesto fitoterapéutico natural a base de caléndula.
Cuando compró el producto, Uribe Acelas advirtió que no podía consumir Aines, pues era alérgico a esos antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenaco. Tras consumir Dololed en esa época fue internado de urgencia en una clínica en Bucaramanga y estuvo al borde de la muerte; luego demandó al laboratorio Pronabell y el 19 de diciembre de 2025 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga declaró en primera instancia que esa empresa le causó daños probados al concluir que Dololed tenía diclofenaco de forma oculta.
Es más, el juez Néstor Raúl Reyes sostuvo en su fallo que Dololed era un producto defectuoso y que su consumo pudo haber sido letal para Uribe Acelas, por lo que ordenó indemnizarlo a él y a su familia. Es la única sentencia en Colombia que ha concluido que el supuesto fitoterapéutico tenía diclofenaco como ingrediente oculto y la primera en reconocer a una víctima de este producto.
Aunque el fallo no está en firme y está siendo valorado por el Tribunal Superior de Bucaramanga, el abogado Carlos Sánchez, representante de Pronabell en este pleito, abrió otro frente legal. En marzo de 2026, es decir, tres meses después del fallo del juez de Bucaramanga, Sánchez instauró una demanda de responsabilidad civil extracontractual contra Uribe Acelas porque, según señaló, en medio de este caso se vio expuesto a “preocupaciones y zozobras” y a “una afectación a su tranquilidad personal y a su reputación como profesional del derecho”.
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Todo por cuenta de una queja disciplinaria que en su momento, junio de 2024, presentó Uribe Acelas en su contra por presuntas maniobras dilatorias en desarollo de este expediente. Sin embargo, hace cinco meses, la Comisión de Disciplina Judicial de Santander cerró el caso en favor del abogado Sánchez. Con esa decisión en la mano, el director del bufete De la Espriella Lawyers instauró la demanda contra la hoy reconocida víctima de Dololed ante el Juzgado 19 Civil de Bucaramanga. Ese despacho la aceptó el pasado 11 de mayo.
Con una particularidad: además de pedir que se condene a José Gregorio Uribe a pagar 40 salarios mínimos mensuales legales vigentes (unos COP 80 millones), Sánchez le solicitó al juzgado como medida cautelar que en los registros públicos de dos inmuebles de Uribe Acelas en Santander quedara constancia de esta demanda. Una forma de, eventualmente, asegurar el pago de la posible indemnización.
El origen del pleito
A mediados de 2024, en medio del pleito por el caso Dololed, José Gregorio Uribe Acelas pidió investigar a Carlos Sánchez porque, a su juicio, habría dispuesto una estrategia para dilatar el proceso contra Pronabell. La primera de esas supuestas jugadas jurídicas, advirtió, ocurrió en mayo de 2023, cuando el abogado Sánchez pidió que el caso fuera trasladado porque, según él, el juzgado de Bucaramanga no debía tramitarlo. Lo hizo tres meses después de que Pronablell fuera notificada del expediente y pocos días antes de la primera audiencia que, al final, tuvo que aplazarse.
El juez rechazó la petición porque Sánchez dejó pasar el momento procesal debido para discutir en qué ciudad debía adelantarse el pleito. El abogado insistió y llevó el asunto ante el Tribunal Superior de Bucaramanga, pero tampoco le dieron la razón. Para Uribe Acelas, aquello no fue una discusión jurídica válida, sino una movida que retrasó la sentencia.
De hecho, el abogado suyo, Jorge Cáceres, denunció en su momento que el abogado Sánchez pidió aplazar una audiencia programada porque tenía una cita odontológica y, en otra ocasión, porque el representante de Pronabell sufría migraña, aunque ambos podían ser reemplazados. Como respuesta a esas quejas de presuntas maniobras dilatorias, el abogado Sánchez respondió e instauró una queja disciplinaria contra Cáceres y contra el propio juez del caso, a quien acusó de cometer irregularidades.
José Gregorio Uribe Acelas interpretó la suma de estos episodios como un intento de intimidar a quienes intervenían en el caso y de acomodar su desarrollo a los intereses de Pronabell. Por eso, le pidió a la Comisión de Disciplina Judicial de Santander que investigara a Carlos Sánchez. No obstante, en marzo pasado esa instancia archivó el proceso en favor de Sánchez al no encontrar razones para sancionar al abogado.
Con esa decisión en mano, el concuñado del Presidente recurrió a la justicia civil para pedir que fuera reparado económicamente por lo que considera una afectación hacia su vida, su integridad profesional y su reputación jurídica. En otras palabras, el abogado Sánchez, que suma 22 años de ejercicio profesional y dirige hoy una firma de abogados que ha llevado procesos del más alto perfil en Colombia, como el del empresario Alex Saab (señalado testaferro de Nicolás Maduro) o el de David Murcia de DMG, exige que la única víctima acreditada del caso Dololed le pague cerca de COP 80 millones por haber puesto en duda su honorabilidad como abogado.
Con otra particularidad: en el fallo de primera instancia en contra de Pronabell, la indemnización estimada a favor de Uribe Acelas ronda los COP 100 millones. Y todavía está lejos de materializarse, en tanto el Tribunal de Santander aún está revisado la segunda instancia.
En el escrito de Sánchez contra José Gregorio Uribe Acelas, el abogado aseguró que ese proceso disciplinario que se le abrió por esa queja pudo afectar la imagen que jueces y autoridades tienen de él y que, durante el tiempo que duró, estuvo expuesto a “preocupaciones y zozobras de un procedimiento disciplinario” ante la posibilidad de una sanción que pudiera suspenderlo del ejercicio profesional.
Con esos argumentos, Sánchez acusó a Uribe Acelas de haber usado de manera abusiva su derecho a denunciar y de haber actuado con negligencia al presentar una queja que, a su juicio, carecía de respaldo suficiente. Para sustentar ese señalamiento, la demanda civil sostuvo que Jose Gregorio Uribe no conocía directamente varios hechos que denunció ni aportó las conversaciones de WhatsApp con las que decía que podía probar supuestas amenazas contra su abogado. Además, insistió en que los aplazamientos del proceso obedecieron a decisiones ajenas al abogado de Pronabell.
En síntesis, la demanda resaltó lo siguiente a manera de conclusión: “Se puede evidenciar entonces que la queja presentada carecía de fundamentos fácticos reales que justificaran la activación del aparato disciplinario del sistema judicial, circunstancia que dio lugar a que el doctor Carlos Sánchez fuera sometido a un proceso disciplinario que finalmente concluyó con la terminación anticipada de la investigación y el archivo definitivo de las diligencias”.
Por esa razón, el abogado Carlos Sánchez pidió COP 40 millones como reparación por la afectación profesional a la honra y el buen nombre, y COP 40 millones más derivados del “perjuicio moral sufrido por las preocupaciones, zozobra y afectaciones personales propias de verse sometido a un trámite disciplinario que podía derivar en una sanción que comprometiera el ejercicio de su profesión”.
Jorge Cáceres, en defensa de Jose Gregorio Uribe Acelas, contestó uno a uno los cuestionamientos del concuñado del Presidente y dejó clara su posición: no hay ningún fundamento para seguir adelante con el proceso y mucho menos para condenar a la única víctima reconocida del caso Dololed, dijo. Para empezar, sostuvo que el archivo de la queja disciplinaria en favor de Sánchez no convierte la denuncia de su cliente en falsa ni abusiva.
Además, recalcó que Uribe Acelas es “un hombre campesino, no habituado a los litigios y sin formación jurídica”, y que acudió a la Comisión de Disciplina aportando correos, providencias y actuaciones que conoció dentro del pleito contra Pronabell. La defensa subrayó que “la decisión del 3 de marzo de 2026 no declaró que el quejoso (Uribe Acelas) hubiera mentido, actuado temerariamente o causado un daño”. Tampoco le impuso multa por presentar una queja falsa.
Así mismo, el abogado Cáceres indicó que su cliente, en su derecho por obtener justicia, aportó fechas concretas a su queja e identificó personas, expedientes y decisiones judiciales claves para probar su teoría, como la propia queja disciplinaria que el abogado Carlos Sánchez le interpuso al juez que finalmente determinó que el laboratorio Pronabell sí le había causado un daño a José Gregorio Uribe Acelas.
Y algo más: Cáceres también atacó el centro de la demanda al asegurar que su contraparte, el abogado Sánchez, no probó que la queja dañara su nombre ni le causara una angustia indemnizable. Y añadió que ese presunto daño era todavía más difícil de evidenciar teniendo en cuenta que se trata de “un abogado del bagaje, carácter e influencia, hoy director general de una firma de reconocida proyección nacional y concuñado del presidente de la República”.
Y fue más allá: “Pareciera, por el contrario, que un profesional situado en semejante posición tendría asuntos de mayor entidad a los cuales dedicar sus energías —y mejores maneras de contribuir a la descongestión judicial— que perseguir el exiguo patrimonio de la víctima de uno de sus clientes por haber osado formular una queja ante la autoridad competente”.
Por estas razones, la defensa de José Gregorio Uribe Acelas pidió negar las peticiones del abogado Carlos Sánchez y absolver a su cliente. Entre las pruebas que solicitó para probar la inocencia de su cliente pidió que rinda testimonio el presidente Abelardo de la Espriella. Según explicó, se trata de una persona muy cercana a Carlos Sánchez y, por lo tanto, serviría para detallarle a la justicia cuál fue realmente el daño que vivió su colega por cuenta de la queja disciplinaria que le interpuso la víctima de Dololed Uribe Acelas.
En diálogo con El Espectador, José Gregorio Uribe relató que recibió con gran sorpresa la demanda civil y que la interpreta como un intento de desviar la atención sobre el proceso principal, que está pendiente de fallo en segunda instancia. “Se está entorpeciendo la justicia con cosas que no tienen sentido”, afirmó.
A sus 58 años, este hombre vive modestamente con su hija en Bucaramanga, no trabaja y sigue en tratamientos médicos por cuenta de las secuelas psicológicas y físicas del choque anafiláctico que le produjo la ingesta de Dololed en el año 2018. “Los últimos ocho años han sido un infierno por Dololed. Desde que tomé esas pastillas no pude volver a trabajar como antes, y luego he tenido que afrontar el estrés de encarar distintos procesos judiciales por mi deseo de reclamar justicia. Esta pelea es de David contra Goliat. Pero estamos convencidos de que saldremos victoriosos”, contó confiado.
Por su parte, el abogado Cáceres manifestó que la demanda de Carlos Sánchez no tiene ningún sustento, pero sus implicaciones van más allá de una discusión sobre supuestos daños al buen nombre. “Es un acto que tiende a amedrentar y perseguir a una víctima porque cree que no tiene los medios para defenderse, tal como ha venido ocurriendo con todos los periodistas que en su momento fueron demandados o perseguidos judicialmente por la firma De La Espriella Lawyers”, aseguró.
La Silla Vacía documentó que Carlos Sánchez lidera las demandas civiles de Abelardo de la Espriella contra comunicadores y que allí también suelen solicitar medidas cautelares sobre sus bienes. Fue lo que ocurrió en los casos de los periodistas Ignacio Gómez, Carlos Cortés y Cecilia Orozco, entre otros. “Eso tiene un efecto de autocensura”, dijo Cáceres. En el caso Dololed, agregó, podría disuadir a otras potenciales víctimas de reclamar.
El Espectador consultó al abogado Carlos Sánchez para obtener su versión sobre este pleito, pero dijo que no se pronunciaría sobre el tema. Por ahora, todos los procesos están en manos de jueces santanderaneos. El caso contra Pronabell por el presunto diclofenaco oculto en el expediente de José Gregorio Uribe ya está para fallo de segunda instancia en el Tribunal Superior de Bucaramanga. Las partes ya presentaron sus alegatos de conclusión.
Entre tanto, el otro proceso apenas comienza: un juzgado definirá si acoge los argumentos con los que Sánchez busca que la víctima lo indemnice o si el expediente termina cerrado como alegan la víctima y su abogado Jorge Cáceres. Entre ambos expedientes apareció un elemento que no existía cuando empezó esta historia: Abelardo de la Espriella, fundador del bufete que representa al laboratorio y concuñado de Sánchez, es hoy el jefe del Estado.
Cáceres asegura que ese cambio no debería alterar el rumbo de los procesos. “Creo que la justicia en Colombia es lo suficientemente independiente. No creo que haya un juez que se deje llevar por presiones políticas, aunque el concuñado del Presidente quiere quitarle la casa a víctima de Dololed” afirmó.
José Gregorio Uribe Acelas, mientras tanto, espera dos fallos: uno que confirme su condición de víctima y otro que determine si deberá responder o no por haberse quejado del abogado Carlos Sánchez y, eventualmente, responder con su patrimonio; esto es, dos bienes en Santander que hoy tienen anotaciones en la Oficina de Registros Públicos y la indemnización que ni siquiera le ha llegado de la sentencia de primera instancia.
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