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Luis Alfonso Plazas Vega, el coronel retirado del Ejército que participó la retoma del Palacio de Justicia en Bogotá durante los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985, tendrá que responder ante la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en la tortura y ejecución extrajudicial del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, víctima de los hechos que se desataron tras la toma armada de la cúpula de la justicia por parte de la guerrilla del M-19.
El exmilitar fue llamado a juicio y a partir del próximo 8 de septiembre tendrá que responder ante el Tribunal del Distrito Sur de Florida en una investigación que busca llegar a la verdad y a la justicia que durante más de 40 años le ha sido esquiva en Colombia a la familia del jurista.
Su llamado a juicio se da después de una pelea judicial que durante años han llevado las hermanas Helena, Xiomara y Mairée Urán Bidegain, quienes en febrero de 2022 demandaron a Plazas Vega, radicado en la ciudad de Weston (Estados Unidos), por presuntamente actuar junto a otros integrantes del Ejército para torturar y ejecutar extrajudicialmente a 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia.
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Entre ellas, Urán Rojas, quien era magistrado auxiliar del Consejo de Estado y hace parte de casi un centenar de víctimas que dejaron los sangrientos hechos de noviembre de 1985. Según la demanda, Plazas Vega tuvo un rol clave al dirigir la retoma del edificio en el que fallecieron magistrados, funcionarios, civiles y guerrilleros.
“Como comandante de la operación para romper las puertas del Palacio de Justicia y dirigir las operaciones una vez que los militares ingresaron al edificio, el acusado tenía autoridad sobre el personal militar involucrado, incluidas las tropas de la Escuela de Caballería, y se coordinaba con otras unidades que también ingresaron al Palacio de Justicia, incluidas las unidades de la Escuela de Artillería”, señala la demanda civil de las hermanas Urán Bidegain.
En este proceso, que lleva más de cuatro años caminando en la justicia de Estados Unidos, la familia del magistrado Urán Rojas ha estado representada por el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, una de las organizaciones de derechos humanos con mayor peso en Estados Unidos.
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Los procesos de Plazas Vega en Colombia
Mientras que un tribunal de Estados Unidos llama a juicio a Plazas Vega, en Colombia la Corte Suprema de Justicia cerró su caso hace más de diez años. En junio de 2010, el Juzgado Tercero Penal Especializado de Bogotá condenó al exmilitar a una pena de 30 años de prisión por las desapariciones de 11 civiles que estaban en la cafetería del Palacio de Justicia cuando los guerrilleros del M-19 se tomaron el edificio y el Estado respondió a sangre y fuego.
La investigación inicial puso sobre el coronel retirado toda la responsabilidad del manejo de tanquetas y artillería durante la retoma militar, así como la salida de personas vivas hacia la Casa del Florero, donde luego fueron torturadas, y al Cantón Norte.
Entre las personas desaparecidas y por cuyos crímenes fue condenado en su momento Plazas Vega, están Carlos Augusto Rodríguez, el administrador de la cafetería, y la guerrillera Irma Franco. La jueza que tomó la decisión fue recusada en siete oportunidades durante el proceso y su vida se vio amenazada al punto de que tuvo que redoblar su esquema de seguridad.
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El expediente pasó por las manos de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que el 30 de enero de 2012 confirmó de manera parcial el fallo en contra de Plazas Vega al darle crédito solo a su vinculación con las desapariciones de Carlos Augusto Rodríguez e Irma Franco.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que el 16 de diciembre de 2015 tumbó por completo la decisión y absolvió a Plazas Vega al señalar que no había pruebas suficientes que lo vincularan con estos dos casos de desaparición forzada. El alto tribunal señaló que no se le pueden atribuir labores de inteligencia en la Casa del Florero, donde ocurrieron las torturas, por incoherencias y contradicciones en los testimonios que soportaban la investigación.
El alto tribunal limitó su revisión a las desapariciones forzadas y se extendió a la posible responsabilidad de Plazas Vega en los crímenes del Palacio de Justicia, pese a haber estado al frente de la retoma militar con una frase con la que, cuando se dirigió a los periodistas durante los hechos de noviembre de 1985, intentó justificar lo que sucedía allí: “Mantener la democracia, maestro”.
Hoy, la investigación sobre esa posible responsabilidad está en manos de la justicia de Estados Unidos, que se moverá con el inicio del juicio en el que se presentarán pruebas relacionadas con lo que pasó en el centro de la justicia colombiana, para esclarecer, en principio, el crimen del magistrado Urán Rojas.
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El juicio contra Plazas Vega
La demanda que se está moviendo ahora señala que el magistrado Urán Rojas es una de las 11 personas que habrán salido vivas del Palacio de Justicia, pero que luego aparecieron muertas dentro del edificio. Informes elaborados por instituciones como la Comisión de la Verdad señalan que estas personas fueron sacadas por militares durante la retoma militar comandada por Plazas Vega, que inició el 6 de noviembre y se extendió hasta las 4:00 de la tarde del día siguiente.
De allí fueron llevadas a la Casa del Florero, torturadas y trasladadas a guarniciones militares como el antiguo Batallón Charry Solano (hoy protegido con medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz), donde finalmente fueron asesinadas o desaparecidas forzosamente.
En el caso puntual del magistrado Urán Rojas, lo que sostiene la demanda civil interpuesta por sus hijas y que se sustenta en informes institucionales y de peritaje, como uno que hicieron en 2021 la Comisión de la Verdad y la agencia de investigación Forensic Architecture, es que salió vivo del Palacio de Justicia sobre las 2:19 de la tarde del 7 de noviembre de 1985. Al parecer, estaba herido en un de sus piernas y hombres vestidos con uniformes de color naranja le ayudaban a sostenerse en pie y caminar.
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La reconstrucción con imágenes de tercera dimensión fue contrastada con documentos, fotografías y videos, y apunta que el magistrado auxiliar pudo ser llevado a la Casa del Florero o que lo subieron a una ambulancia que estaba ubicada cerca.
Pero luego de que las cámaras de los medios de comunicación como el Noticiero 24 Horas registraran su salida con vida del Palacio de Justicia, el cuerpo del magistrado Urán Rojas apareció dentro del edificio, con un impacto de arma de fuego. Pero la versión oficial que han sostenido las autoridades colombianas durante cuatro décadas es muy distinta.
La Fiscalía dice que el jurista fue tomado como rehén y que estuvo durante las 28 horas de la toma y retoma en el baño del tercer piso, que murió por una bala perdida en medio del fuego cruzado entre la guerrilla y el Ejército y que el levantamiento de su cuerpo fue a las 4:00 de la tarde del 7 de noviembre de 1985. Para el ente investigador, Urán Rojas no salió vivo del Palacio.
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“Durante años, las autoridades colombianas sostuvieron que Urán había muerto dentro del Palacio, como una desafortunada víctima del fuego cruzado. Sin embargo, en las décadas posteriores (…), surgieron nuevas pruebas que indicaban que el magistrado Urán salió con vida del Palacio bajo custodia militar. Los demandantes sostienen que el cuerpo del magistrado fue encontrado nuevamente dentro del Palacio, con una herida de bala en la cabeza producida a corta distancia”, señaló el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas en su pronunciamiento sobre el llamado a juicio de Plazas Vega. Una movida judicial que fue calificada por esa organización como “el comienzo de un juicio histórico”.
Plazas Vega, por su parte, se ha defendido diciendo que la demanda no debería avanzar porque en la justicia colombiana (que lleva 40 años investigando el Palacio de Justicia sin mayores avances) aún no se han agotado todos los recursos. Las hermanas Urán Bidegain demostraron que ya habían hecho, sin éxito, todo lo posible para lograr justicia en Colombia.
En julio de 2024, la justicia de Estados Unidos le dio luz verde a la demanda bajo la Ley de Protección de Víctimas de Tortura de los Estados Unidos, que permite investigar a personas que vivan allí por hechos ocurridos fuera de ese país. Ahora Plazas Vega tendrá que responder por un caso por el cual había sido condenado y absuelto en Colombia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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