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“Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra (de Estados Unidos) se sume en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terrorista”. Estas palabras, de Pete Hegseth, secretario de Guerra de ese país, se conocieron este 12 de agosto de 2026 en Panamá y se empezaron a regar como pólvora entre las redes sociales, que por estos días están inundadas de videos y campañas de solidaridad, pero también del drama que se vive en Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. En medio del contexto de esa calamidad pública, así decretada por la Presidencia, el anuncio de Hegseth no escapó del ojo crítico de un país que conoce bien los alcances de un anuncio de esta naturaleza.
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Todavía no se conocen mayores detalles de cuáles son los alcances reales de las palabras de Hegseth. No es claro si significan la presencia de tropas estadounidenses en el país o si más bien se trata de un fortalecimiento de las alianzas ya tendidas). Sin embargo, lo que sí traen consigo son varias certezas políticas y preguntas jurídicas que vale la pena explicar. Según el alto funcionario, el gobierno de Abelardo de la Espriella pidió apoyo para combatir el llamado narcoterrorismo y autorizó operaciones militares conjuntas en Colombia. Sin embargo, hasta ahora no se conocen el documento que sustentaría ese compromiso, las misiones previstas, los grupos que serían perseguidos, el número de efectivos ni las reglas bajo las cuales actuarían.
Esa ausencia impide afirmar que tropas estadounidenses estén habilitadas para desplegarse y combatir en territorio nacional. Lo anunciado puede abarcar desde inteligencia, asesoría y apoyo tecnológico hasta acciones con participación directa de uniformados extranjeros. Cada modalidad tiene consecuencias distintas y, por eso, la declaración de Washington no basta para saber qué fue acordado. La frontera decisiva está en quién ejecutaría las acciones. Colombia y Estados Unidos intercambian información y capacidades para localizar embarcaciones, laboratorios y redes del narcotráfico desde hace más de cuatro décadas. Uno de los ejemplo más claros de esta cooperación fue el Plan Colombia.
Esa estrategia, creada en 1999, le ha otorgado al país aproximadamente US 9.940 millones en apoyos, según cifras del gobierno. Con buena parte de esos insumos, y otros más, la Policía o las Fuerzas Militares colombianas pueden realizar operaciones usando personal y medios propios, sin que ello convierta la misión en una operación extranjera. Javier Flórez, director de conflicto y seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), considera que el pronunciamiento de Hegseth apunta a profundizar ese modelo, que se fortaleció con el Plan Colombia, continuó durante la implementación del Acuerdo de Paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos y tampoco desapareció bajo Gustavo Petro.
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“Quizás a eso se debe referir el funcionario, porque, entre otras cosas, no puede hacer más”, sostiene Flórez. Una cooperación reforzada podría traducirse, entonces, en inteligencia, tecnología, entrenamiento o planeación, pero no autoriza a militares estadounidenses a actuar como fuerza combatiente dentro del país. Ahora bien, si lo acordado con Estados Unidos supone el ingreso de tropas para participar en operaciones, la decisión no depende de la voluntad de De la Espriella o de Donald Trump. El artículo 173 de la Constitución atribuye al Senado la competencia de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio. Además. el artículo 237 ordena escuchar al Consejo de Estado cuando se trate de buques o aeronaves de guerra.
En consecuencia, una declaración del Ejecutivo no reemplaza los controles constitucionales. En palabras más sencillas: para que un militar estadounidense pise tierra colombiana para hacer operaciones, el Congreso debe aprobarlo. “Yo celebro que haya más cooperación con Estados Unidos. Si este anuncio se va a traducir en mejorar las capacidades de diálogo que ya existen para, por ejemplo, reforzar el intercambio de información de inteligencia, eso hay que promoverlo. Considero que lo más importante es que esos esfuerzos se puedan utilizar para perseguir el capital que está detrás de las economías criminales. Ahí esté el motor de todo y hay que atacarlo con mayor firmeza”, agregó Flórez.
Por su parte, Andrés Macías, profesor del Externado y doctor en Estudios de Paz y Conflicto, señaló que el anuncio del secretario de Guerra puede leerse como un cambio de enfoque después de la descertificación de Colombia, pero también de la nueva realidad política del país y la región: una búsqueda de convergencia con las prioridades antidrogas estadounidenses y de reconstrucción de la confianza entre ambos gobierno. Sobre este último asunto, una de las primeras decisiones del presidente De la Espriella fue sumar a Colombia al llamado Escudo de las Américas, una coalición que creó Trump para unir a país de la región en la lucha contra el crimen organizado y trasnacional.
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En todo caso, sobre este acuerdo tampoco están las cosas claras. Especialmente porque no se sabe todavía si se trata de un tratado internacional, que debe recibir aprobación del Congreso mediante ley y pasar por el control de la Corte Constitucional, o si es más bien una declaración de voluntades o un mecanismo sobre convenios vigentes. Sin embargo, sin saber realmente frente a qué estamos parados, resulta imposible saber si el Gobierno anunció una orientación diplomática, amplió programas existentes o comprometió al Estado en un esquema que exige controles. El contraste con el Plan Colombia permite dimensionar qué podría ser nuevo frente a estos anuncios diplomáticos.
Adam Isacson, director de la veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), recuerda que esa estrategia movilizó miles de millones de dólares, asesores y contratistas, pero no involucró a estadounidenses en combates contra colombianos. Su lectura de la política de Trump es distinta: Washington busca no solo entregar ayuda militar, sino enviar soldados e involucrarlos hasta donde lo permita cada gobierno, incluso en acciones contra organizaciones calificadas como narcoterroristas. Isacson advierte que experiencias en Venezuela y Ecuador muestran esa intención, aunque persisten dudas sobre las funciones de las tropas.
Su análisis no demuestra que ese sea el acuerdo entre los presidentes Trump y De la Espriella, pero sí explica por qué la expresión “operaciones militares conjuntas” exige respuestas antes de normalizar su alcance. En este contexto, el componente financiero es una incógnita. De la Espriella ha planteado recuperar niveles de asistencia del Plan Colombia, pero los expertos puntualizan que prometer recursos no equivale a tenerlos aprobados ni a contar con canales para ejecutarlos. Javier Flórez, de la FIP, recuerda que buena parte del apoyo histórico se distribuyó mediante programas dirigidos a la Policía, mientras el componente destinado a las Fuerzas Militares fue menor.
Además, recordó que estructuras que administraban cooperación estadounidense en ese momento, como la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y otros operadores, han perdido toda su presencia o capacidad. En medio de estas discusiones y preguntas sobre el alcance de las declaraciones de Pete Hegseth, su mensaje deja por fuera cualquier duda sobre a dónde se dirige la política de seguridad de De la Espriella. Ya le dio el guiño a la incorporación de Colombia al Escudo de las Américas y, con el anuncio en Panamá, ya trasladó sus planes a una señal concreta: privilegiará la cooperación militar, buscará recursos para la fuerza pública y empleará la categoría de narcoterrorismo para definir a sus adversarios.
El giro marca distancia frente a los desencuentros que dominaron la relación bilateral durante el gobierno Petro. Para Macías, el anuncio puede leerse como un cambio de enfoque después de la descertificación de Colombia: una búsqueda de convergencia con las prioridades antidrogas estadounidenses y de reconstrucción de la confianza entre ambos gobiernos. Falta por ver en qué se traducen los anuncios porque lo que está claro, al menos en el papel, es que cualquier decisión que se traduzca en presencia militar extranjera, requiere controles constitucionales y legislativos. Todo está por verse en este panorama diplomático y militar que plantea De la Espriella, en medio de la calamidad pública del terremoto que ya reporta más de 200 muertes.
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