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Los poco más de 8 millones de habitantes en Bogotá están expectantes por si deben asumir o no en su lista de obligaciones financieras nuevos impuestos a partir del 2027. La administración del alcalde Galán intenta, por segunda vez, la aprobación de una reforma tributaria, en cumplimiento del Artículo 230 de su Plan Distrital de Desarrollo.
El Proyecto de Acuerdo bautizado ‘Ciudad Inteligente’ fue presentado el pasado 3 de agosto al Concejo de Bogotá y pretende recaudar COP 1.2 billones para cumplir un único objetivo: que, en dos años, todas las luminarias de Bogotá cuenten con tecnología LED y 20 mil más sean telegestionadas.
La fuente de financiación detalla el texto, será a partir de cargos tributarios a los ciudadanos y comerciantes. A través del impuesto predial, los estratos 4, 5 y 6 tendrían un pago promedio anual de COP 132 mil, COP 228 mil y COP 348 mil, respectivamente. Mientras tanto, los estratos 1, 2 y 3 no serían objeto de cobro alguno, solo si el avalúo de su inmueble supera los cerca de COP 1.047 millones. La sobretasa también aplicará a predios comerciales, industriales, financieros, lotes y dotacionales, siempre con tarifas diferenciadas.
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En cuanto a los comerciantes, la Alcaldía de Bogotá propuso modificaciones en las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que representa casi la mitad de los ingresos tributarios de la ciudad. La tarifa para el sector financiero pasaría del 14 al 21 por mil; para el comercio de bebidas alcohólicas y tabaco, subiría del 13,8 al 21 por mil; y para la comercialización de vehículos, aumentaría del 6,9 al 11 por mil. La retención de este impuesto se excluiría en pagos con tarjetas débito y crédito a pequeños comerciantes.
El porqué de la reforma tributaria
Como lo mencionamos al inicio, la Secretaría de Hacienda, quien encabezó la propuesta, pretende que la ciudad modernice su alumbrado público. Este sería su tercer intento. En la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, el Concejo rechazó que el cobro directo se hiciera en la factura de energía de los hogares. Con algunas modificaciones, volvieron a presentarlo en la primera reforma tributaria en 2025, pero nuevamente despertó reticencia. Ahora, en este nuevo intento, la base gravable se trasladaría al impuesto predial para, aseguran, mitigar el impacto directo.
El argumento principal del Distrito es que Bogotá es una de las pocas ciudades capitales del país que no cobra este impuesto y, en cambio, se asume con el presupuesto distrital. “Más de 830 municipios del país cobran el alumbrado público y 30 ciudades capitales. ¿Por qué Bogotá no? Esto nos permitiría tener una red que atienda necesidades de iluminación que afectan la seguridad, movilidad, monitoreo de calidad de aire y hasta prevenir incendios en los cerros orientales”, manifestó el alcalde Galán.
En el otro paquete de razones, está el ayudar a crear más empleo formal en la ciudad y, para ello, el proyecto de acuerdo plantea beneficios tributarios a empresas como exención progresiva de ICA por 10 años (del 100% al 10%) para inversiones de mínimo COP $4.600 millones en activos fijos; exención del 100% de predial por 5 años para aportantes de predios a renovación urbana; incentivos para el desarrollo del Distrito Aeroportuario condicionados a la generación efectiva de empleo; y alivios para más de un millón de contribuyentes que tienen obligaciones tributarias pendientes. De acuerdo con el más reciente Boletín de Deudores Morosos del Estado, Bogotá tiene más de COP 7,6 billones en obligaciones en mora sin recuperar.
La necesidad de esta reforma tributaria, dicen desde la Alcaldía, no es para rescatar una ciudad endeudada, sino para fortalecer sus ingresos futuros y ser más competitiva con otras capitales del mundo. Sin embargo, como lo contamos en El Espectador, el proyecto de acuerdo también respondería a una necesidad de requerir recursos adicionales para garantizar que las obras de movilidad continúen ejecutándose. Esto, pues según lo denunciado desde el Concejo, el aumento del salario mínimo impactó en las finanzas de las carteras de la ciudad, sobre todo en la de movilidad.
Un asunto nada menor para el alcalde Galán y su Plan Distrital de Desarrollo. Él mismo ha vigilado e insistido al IDU en recuperar el ritmo de las obras. “Tramo que terminé. Tramo que se entrega”, ha dicho. Y así se hizo recientemente en la inauguración de uno de los carriles del puente de Venecia en la Autopista Sur o en la troncal de Transmilenio, Avenida Ciudad de Cali.
El pulso en el Concejo
La búsqueda de fuentes de financiación para el Distrito ha chocado con el análisis del Concejo de Bogotá. La primera propuesta se presentó el 5 de agosto de 2025, luego de que una comisión de expertos para la Secretaría de Hacienda revisó desde septiembre del 2024 hasta junio de ese año los impuestos vigentes para elaborar el texto final.
Sin embargo, el proyecto de acuerdo no llegó ni siquiera a presentación y mucho menos a discusión en el Recinto de los Comuneros. En Plenaria, las sesiones se estancaron por la votación de más de 40 impedimentos y tres recusaciones de concejales, y la recurrente pérdida de quórum. Al final, los tiempos ya no eran viables y terminaría tramitándose a las carreras. El 1 de septiembre, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, y el alcalde, Carlos Fernando Galán, retiraron el proyecto y optaron por tampoco presentarlo en sesiones extraordinarias.
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En este segundo intento, por ahora, parece ser diferente. Los impedimentos y recusaciones ya surtieron su trámite. Para esta semana, la realización de un foro en la Universidad EAN, convocado por el presidente de la Comisión de Hacienda, Rolando González, hizo parte del inicio del trámite. Allí, concejales, la administración distrital, expertos y agremiaciones de empresarios tuvieron la oportunidad de dar su punto de vista.
Desde la bancada del Centro Democrático, declarada independiente frente a la administración distrital, el concejal Julián Uscategui reiteró su petición a la Contraloría de Bogotá de revisar este cobro de alumbrado público, pues configuraría un detrimento patrimonial y una destinación indebida de recursos públicos.
De acuerdo con Uscategui, este nuevo impuesto se destinaría, en su gran mayoría, a una infraestructura que no es del Distrito, sino de un privado. “Según cifras oficiales, el 97,7% de las luminarias de Bogotá son hoy propiedad de ENEL Colombia; apenas el 2,3% pertenece al Distrito (…) Sería injusto para los contribuyentes, y jurídicamente riesgoso tanto para la Administración como para este Concejo, destinar recursos públicos a modernizar unos activos que van a seguir siendo de un privado (…) así el Distrito pague año tras año el arrendamiento, el suministro de energía y el mantenimiento”, sentenció el cabildante.
Pero la viabilidad de esta reforma ya no responde únicamente al trámite del Concejo, sino ahora a la compleja realidad social y económica derivada del terremoto del 10 de agosto. Fenalco, Cotelco y 13 concejales de la bancada del Pacto Histórico; además de Diana Diago y Julián Uscátegui (Centro Democrático), Angelo Schiavenato (Coalición Lara) Julián Espinosa (Alianza Verde) y Samir Bedoya Piraquive (MIRA), pidieron al alcalde Galán retirar el proyecto de acuerdo.
La petición en común es que se debe esperar cuánto es el impacto real de las medidas fiscales que adopte el Gobierno Nacional para financiar la emergencia, antes de discutir nuevas cargas fiscales para los hogares bogotanos. De no retirarlo, instan para que la administración distrital, antes del primer debate, “actualice los principales supuestos macroeconómicos y fiscales que sustentan el proyecto, con información disponible con posterioridad al 10 de agosto”.
Desde la Secretaría de Hacienda descartaron la petición de reiterar el texto y respondieron que iniciativas como modernizar el alumbrado público precisamente “pueden habilitar alertas oportunas ante sismos, incendios o inundaciones”. Es momento de avanzar”, justificó la secretaria, Ana María Cadena. El alcalde también manifestó lo propio. Desde el foro aseguró que están abiertos al diálogo, “y queremos conocer de ustedes (Concejo) qué nos proponen para ajustar esos incentivos”.
La presentación de la reforma tributaria a cargo del Distrito está agendada para el próximo 26 de agosto, si nada cambia. Tres son los concejales ponentes que están estudiando el contenido del texto: Armando Gutiérrez, coordinador (Partido Liberal), Julián Triana (Alianza Verde) y Juan Manuel Díaz (Nuevo Liberalismo). Fuentes de El Espectador aseguraron que el cabildante del partido de gobierno presentará una ponencia positiva. Gutiérrez y Triana, por su parte, continúan en estudio.
Los concejales pidieron prórroga para entregar sus conclusiones (positivas, positivas modificatorias o negativas) y lo harían el 28 de agosto, tres días después de que la Alcaldía presente al cabildo en pleno su proyecto de acuerdo. Los almuerzos y conversaciones con gremios empresariales también ya están agendados.
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En Comisión de Hacienda se dará inicio al debate, así como luego en plenaria. El trámite deberá realizarse antes del 10 de septiembre o, por el contrario, el Distrito puede convocar a sesiones extraordinarias que irían hasta el 31 de octubre.
La reforma tributaria 2.0 es también la evidencia de la más reciente fuerza política entre el Distrito y el Concejo. Ante la mirada crítica de los sectores independientes y la oposición, la capacidad del gabinete distrital para concertar posibles modificaciones sin desestructurar la meta de recaudo determinará si la iniciativa logra ver la luz como un acuerdo amplio o como una victoria ajustada y de alto costo institucional. El reloj ya comenzó a contar.
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Por María Angélica García Puerto
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